Estado
Se aprueba evaluación de integración del Comité Legislativo
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tomó protesta al Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo que participará en la evaluación y selección de quienes participarán en el proceso
Por: Redacción
En Sesión Extraordinaria, fue aprobada por mayoría, la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Estatal, que habrán de convocar a profesionales del derecho en San Luis Potosí a participar en la elección de personas que integrarán diversos cargos del Poder Judicial del Estado.
Este Comité quedó integrado por los siguientes profesionistas: Juan Manuel Arias González, Esther Maldonado Castillo, y Dulcinea Xuvaret Castillo Herrera.
El acuerdo fue presentado por las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
De acuerdo a los plazos descritos en la convocatoria para la integración de los Comités de Evaluación en los Tres Poderes del Estado, deberán emitir sus reglas de funcionamiento dentro del periodo comprendido del 14 al 18 de enero de 2025, y emitirán y publicarán en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, en los periódicos de mayor circulación en las cuatro regiones del Estado, dentro de los tiempos oficiales de radio y televisión y en el micrositio que se cree dentro de sus páginas institucionales de internet, las convocatorias públicas dirigidas a personas profesionales del derecho del pueblo de San Luis Potosí que estén interesadas para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones, dentro del periodo comprendido del 19 al 23 de enero de 2025.
El plazo para que las personas interesadas se inscriban en las convocatorias emitidas por los Comités de Evaluación de los tres Poderes Constitucionales del Estado, comprenderá del 24 de enero al 02 de febrero de 2025. Si alguna de las personas interesadas pretende inscribirse fuera de los plazos establecidos, los Comités de Evaluación le negarán legalmente su solicitud.
Estado
UASLP reitera apertura al diálogo y cumple con pliego petitorio del alumnado de la Facultad de Derecho
La institución garantizó protección y no represalias para la víctima, sus acompañantes y quienes participen en movilizaciones o denuncias
Por: Redacción
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reafirma su voluntad de escucha, diálogo y acción ante las inquietudes legítimas de la comunidad estudiantil, las cuales fueron presentadas el pasado lunes 20 de octubre en el Edificio Central y recibidas por el rector doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra. En ese contexto, la institución informa sobre las labores emprendidas para atender al pliego petitorio de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija.
Con relación al primer punto, que refiere a la exigencia de destitución inmediata de los representantes de la Federación Universitaria Potosina (FUP) en la Facultad de Derecho, por omisión y encubrimiento ante el caso de abuso denunciado, se precisa que dentro del marco institucional sólo existen dos figuras reconocidas y electas por la comunidad estudiantil: la presidencia y la vicepresidencia de dicha federación. Las demás delegaciones o representaciones que pudieran estar presentes en entidades académicas no cuentan con reconocimiento formal en el Estatuto Orgánico.
Respecto a la demanda de asumir responsabilidad institucional por la falta de actuación efectiva, revictimización y ausencia de protocolos con perspectiva de género, se aceptó la renuncia del director de la Facultad y se destituyó del cargo a otros funcionarios de la entidad académica, así como a la titular de la Defensoría de Derechos Universitarios.
En el tercer punto d el pliego
En materia de transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones adoptadas, mencionado en el cuarto punto
Sobre las garantías de seguridad y no represalias para la estudiante afectada, sus acompañantes y quienes participen en procesos de denuncia o movilización, esta institución mantiene un compromiso firme con el respeto a la libre manifestación, la protección integral de la víctima y la política de cero tolerancia a represalias.
Respecto al sexto punto, la UASLP ratifica la continuidad de los procesos formativos en derechos humanos y perspectiva de género dirigidos a personal docente, administrativo y estudiantil de la Facultad de Derecho, como parte de una estrategia de prevención y transformación institucional de largo alcance, a cargo de la Defensoría de Derechos Universitarios.
Finalmente, como séptimo punto, sobre brindar espacios seguros para la organización estudiantil y fortalecer los mecanismos de representación legítima, la Universidad reconoce el derecho de asociación y reunión. Por lo que, en las entidades académicas, se fortalecerá el reconocimiento de la pluralidad de grupos estudiantiles organizados para que tengan oportunidades de desarrollo en las áreas sustantivas de la institución.
La UASLP reitera su disposición a mantener un diálogo permanente con su comunidad, para consolidar un ambiente universitario autónomo, libre de violencia, justo, plural y respetuoso de la dignidad humana.
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La negativa impidió que se le diera acceso a servicios médicos al menor, que había sido ingresado a terapia intensiva por complicaciones de salud
Por: Angel Bravo
La organización Todes Trans SLP, a través de sus redes sociales, denunció que una pareja de mujeres recibió la negativa de servicio al querer registrar el nacimiento de su hijo recién nacido en la Oficialía del Registro Civil No. 2 de la capital del estado.
La servidora pública del Registro Civil, después de negar el servicio, retuvo el acta de nacimiento, violentó verbalmente y ordenó dar de baja el registro ya concluido. Esta situación se agravó por las condiciones de salud que enfrentaba el recién nacido, ya que había sido ingresado a terapia intensiva tras una cesárea de emergencia.
La negativa del servicio impidió que se le diera acceso inmediato a los servicios médicos, poniendo en riesgo la vida y bienestar del recién nacido.
La organización indicó que negar el registro de nacimiento a un bebé por el hecho de tener dos madres
Si bien hubo intervención inmediata de las autoridades, lo que permitió completar el trámite correctamente y dar acceso a los servicios necesarios, las colectivas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, exigen una sanción para la servidora pública que vulneró los derechos humanos, además de una disculpa pública y capacitación urgente en todas las oficialías.
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Torres Cedillo también pidió una ley que defienda a los docentes ante denuncias injustas
Por: Redacción
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, hizo un llamado a “recuperar el equilibrio” entre la protección de los estudiantes y los derechos de los docentes, al advertir que muchos profesores hoy temen perder su empleo por simples malentendidos dentro del aula.
El funcionario expuso que, en lo que va de la administración, 11 trabajadores de la educación han sido separados definitivamente del cargo y 33 casos en total han recibido algún tipo de sanción por conductas relacionadas con abuso de autoridad, discriminación o acoso. Sin embargo, aclaró que no todos los casos derivan en despido, ya que algunos se resolvieron con medidas correctivas tras una revisión jurídica.
Torres Cedillo aseguró que desde marzo de 2022, cuando asumió el cargo, la dependencia mantiene una política de “cero tolerancia” hacia cualquier forma de violencia en el entorno escolar. A la par, se han impulsado capacitaciones, pláticas y actualizaciones normativas para prevenir abusos.
Pese a ello, reconoció que existe un clima de inseguridad laboral entre los maestros
“El avance en la protección infantil es positivo, pero también ha generado miedo en el magisterio. Hoy un maestro prefiere no corregir por temor a una denuncia”, señaló.
Como ejemplo, mencionó el caso de un profesor denunciado por discriminación luego de llamar “chaparrito” a un estudiante durante una dinámica recreativa: “Son situaciones que no tienen una intención negativa, pero que podrían terminar con la carrera de un docente”, dijo.
El titular de la SEGE adelantó que se trabaja con la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México, en una iniciativa de ley que garantice la defensa del profesionalismo docente, sin que ello signifique relajar las sanciones a quienes cometan abusos reales.
“Necesitamos una ley que defienda a los maestros sin poner en riesgo la protección de los alumnos”, concluyó.
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