El secretario Fernando Chavez Mendez aseguró que la ciudadanía no demanda confrontaciones: “la gente quiere acciones, coordinación y mejores servicios”

Por: Redacción

El Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, hizo un llamado firme al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ignacio Segura Morquecho, para que deje de politizar los servicios públicos municipales y la seguridad, además de que prioricen el trabajo conjunto en favor de la ciudadanía: “La división y el conflicto no ayudan; lo que la gente quiere son servicios que funcionen, obras útiles y resultados, no pleitos entre autoridades”, declaró.

Chávez Méndez advirtió que los intentos por sacar ventaja política en temas técnicos o de infraestructura sólo generan desinformación, duplicidad de funciones y uso ineficiente de los recursos públicos.

“Cuando cada institución actúa por su cuenta, sin coordinación y con ánimos de protagonismo, se avanza poco y se entorpece el servicio a la población. Lo que está en juego no es una disputa partidista, sino la calidad de vida de las y los potosinos”, afirmó.

El funcionario reiteró que el Ayuntamiento encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos mantiene una política institucional abierta, transparente y con disposición permanente al diálogo

. Sin embargo, recalcó que la colaboración sólo será efectiva si todas las instancias se conducen dentro del marco legal y con responsabilidad institucional: “El Gobierno de la Capital está abierto a sumar, pero con respeto a las funciones de cada quien”, subrayó.

Finalmente, Fernando Chávez hizo un llamado a evitar más confrontaciones estériles y enfocar los esfuerzos en una estrategia compartida que atienda las verdaderas necesidades de la Capital potosina: “San Luis Potosí necesita unidad, coordinación y soluciones reales. Los ciudadanos no votaron para ver pleitos, votaron para tener resultados. Dejemos la grilla y pongamos a la gente en el centro de nuestras acciones”, concluyó.

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Dirigente de AMOTAC acusa inacción de autoridades y corrupción en retenes carreteros

Por: Redacción

Rafael Hernández Montalvo, dirigente en San Luis Potosí de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), criticó el actuar de las autoridades de seguridad en la entidad y de la Guardia Nacional (GN). Señaló que en lo que va del 2025 ya se ha registrado gran cantidad de robos a transportes de carga, con más de 175 unidades asaltadas.

“Ellos —las autoridades de seguridad estatal y GN en SLP— anuncian con bombo y platillo que hay una lucha frontal contra el robo al autotransporte y nos presentan sus estrategias en cada reunión, pero nosotros vemos muy pocas acciones. Cuando acudimos a la estación de la GN en SLP, observamos infinidad de patrullas estacionadas. Pareciera que no hay elementos patrullando las carreteras del estado“, expresó Hernández Montalvo.

Consideró que en los tres puntos de revisión ubicados en el trayecto de San Luis Potosí a la Ciudad de México podría haber actos de corrupción por parte de malos elementos de seguridad, quienes retienen unidades, carga y operadores bajo supuestos reportes de robo. Esto, denunció, genera graves daños al patrimonio de los transportistas, pues las mercancías no llegan a tiempo a sus destinos.

Detalló que, al hablar con los operadores retenidos, estos confiesan que frecuentemente deben “arreglarse” con los agentes para poder continuar su camino.

Asimismo, denunció que en algunas situaciones, elementos de la Guardia Nacional han arrojado ácido a los vehículos con el argumento de que las unidades están “remarcadas”, acción que, según el dirigente, no le corresponde verificar a dicha corporación. Por ello, pidió al general Gaudencio Ramos de la GN aclarar si estas prácticas están permitidas por su mando.

Hernández Montalvo calificó como incalculables las pérdidas económicas derivadas de los robos: “Son cientos de millones de pesos. Las autoridades nos dicen en cada reunión que recuperan entre el 20% y 22% de las unidades, pero muchos vehículos son abandonados por los delincuentes al descubrir que no transportan lo que esperaban. Hasta ahora ha habido pocos detenidos, y esperamos que las capturas se realicen en flagrancia, no cuando los vehículos ya estén abandonados”.

Indicó que los principales objetivos de los asaltantes son cargas de acero, por su facilidad de venta como chatarra, así como alimentos perecederos. Las zonas más peligrosas para el transporte son los tramos Matehuala-Wizache, Guadalcázar-Santa María del Río, y los límites estatales con Guanajuato.

En sus palabras, el sector transportista se siente abandonado por las autoridades. Si bien reconoció que se realizan trabajos de seguridad, afirmó que no están a la altura de las necesidades del gremio.

Finalmente, informó que desde AMOTAC se ha enviado una carta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de llevar este tema al ámbito federal y solicitar más elementos de la Guardia Nacional para proteger a los transportistas en las carreteras del país.

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Esta condena penal por desvío de recursos se suma a la que recibió en octubre de 2024 por 38 años de prisión

Por Roberto Mendoza

Una corte civil del condado de Miami-Dade, en Florida, dictó este jueves una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, condenandolos a pagar 2,488 millones de dólares por su responsabilidad en un esquema de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza Lisa Walsh, García Luna deberá cubrir un monto de 748 millones 829 mil 626 dólares, mientras que Pereyra fue condenada a pagar 1,740 millones 540 mil dólares. La sentencia deriva de una demanda civil presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante su gestión como servidor público, García Luna habría facilitado contratos gubernamentales irregulares

por más de 250 millones de dólares a través de sus empresas vinculadas. Posteriormente, los fondos fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos con la finalidad de ocultar su origen ilícito.

Las investigaciones apuntan a que estos recursos fueron utilizados para adquirir diversos bienes inmuebles en el estado de Florida. Las propiedades fueron decomisadas, vendidas por las autoridades estadounidenses y los ingresos transferidos al gobierno mexicano como parte del proceso de restitución.

Este fallo se suma a la condena penal que García Luna recibió en octubre de 2024, cuando un tribunal de Nueva York lo sentenció a 38 años de prisión tras ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La UIF ha confirmado que continuará las acciones legales correspondientes para garantizar la recuperación integral de los recursos desviados y perseguir a los responsables del entramado financiero ilegal que operó durante el sexenio de Felipe Calderón.

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