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#Retrospectiva | Edificio Ipiña a sus 115 años podría convertirse en hotel
Este año se retomaría su remodelación y aquí te contamos su historia
Por: Ana G Silva e Itzel Márquez
Uno de los espacios arquitectónicos más importantes del Centro Histórico potosino es el Edificio Ipiña, ubicado en la Plaza de Fundadores desde hace 115 años. En el 2020 se habló sobre su remodelación, proyecto que fue detenido por la pandemia de covid-19, pero ahora la iniciativa de convertirlo en un hotel se ha retomado.
Antes de que eso ocurra, La Orquesta presenta una retrospectiva por uno de las construcciones más icónicas de San Luis Potosí: La construcción de este espacio comenzó en 1906 y concluyó en 1913, su primer propietario fue José Encarnación Ipiña, quien ordenó su construcción partiendo de la idea de un edificio que conoció mientras estudiaba en la Universidad de la Sorbona, en París; su edificación estuvo a cargo de Octaviano Cabrera y los responsables fueron: José Jasso, Luis Aguilar, Atanasio Orta, Rafael Zepeda y Nicolás Carrillo.
Según el portal Cronologías San Luis Potosí, la descripción del edificio Ipiña es la siguiente: “las fachadas sur y oriente tienen porticadas con arcos de medio punto, todo el edificio contiene cornisa; en la calle de Venustiano Carranza los balcones tienen barandilla de herrería, así como el pretil. Por la Plaza de los Fundadores hay un pretil de cantera, en el que se intercalan unos macetones de cantera. Cada esquina de la planta alta que da a la Plaza tiene terraza con barandal de cantera. En la parte central del edificio, entre la calle de Venustiano Carranza y la de Álvaro Obregón, existen dos pasajes de acceso peatonal que atraviesa el edificio, denominados Cristóbal Colón e Isabel la Católica, actualmente clausurados. Al nivel de los pasajes se encuentra una tercera planta por la calle de Carranza, el edificio se considera de arquitectura europea de tipo francés del Siglo XX”.
José Encarnación Ipiña, fue presidente municipal de San Luis Potosí en dos ocasiones, senador de la República en tres ocasiones y gobernador interino por renuncia de José María Espinosa y Cuevas; también fue propietario de varias haciendas en el estado, tales como La Parada, Pozo del Carmen, Monte Bello, Poblazón, Valle Umbroso, Santa Teresa, Huaxcamá, Rancho de Vielma, EI Tanquito y Bledos.
En mayo del 2020, en algunos medios de comunicación se hizo público que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la remodelación del edificio Ipiña, a lo cual, el ahora alcalde con licencia, Xavier Nava, mencionó que planeaba la construcción de un hotel y un estacionamiento; sin embargo, tuvo que ser detenido un mes después como consecuencia de la pandemia por el covid-19.
Hace unos días, se anunció que se retomó la remodelación de este edificio, la cual consistirá en un estacionamiento y un hotel con 40 habitaciones, área de alimentos y un mercado y, pareciera que está a cargo de una inmobiliaria de la familia Payán. Además se destacó que este proyecto se combinará con la remodelación de la Plaza de Fundadores en donde se busca la recuperación de las manzanas, de piezas desgastadas y la peatonalización de la calle Díaz de León.
LEYENDA DEL EDIFICIO
Este edificio ha sido sede de una de las leyendas potosinas más importantes, como es la historia de La Maltos, una supuesta bruja de la época colonial que tenía un importante puesto en la Inquisición en la que podía decidir sobre la vida de las personas condenándolas a la tortura o la muerte.
La Maltos habría vivido en el Edificio Ipiña, donde practicaba las artes oscuras. La historia dice pesar de que la gente conocía su poder, nadie se atrevía a enfrentarla pues gozaba de la protección de las autoridades, hasta el día que cometió un error: asesinó a dos personas de las familias más influyentes de San Luis Potosí, se le condenó en la Plaza Fundadores de haberlos matado y de practicar brujería. Ella aceptó los cargos y antes de ser liquidada pidió dibujar su vida en un mural de su casa.
La Maltos aprovechó para pintar un caballo y una carreta, ante el asombro de todos este cobró vida y salió de la pared, ella utilizó el revuelo para subir a la carreta que regresó a la pared, mientras La Maltos se despidió con una horrible risa.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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