julio 16, 2026

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Empresarios impulsan reformas a Ley de Bebidas Alcohólicas en SLP

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Ley de Bebidas Alcohólicas

El diputado José Antonio Zapata Meraz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social presentó la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2019; de la Ley de Hacienda del Estado; y de la Ley de Bebidas Alcohólicas.

Acompañado de Juan Carlos Banda Calderón, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, (Canirac); de Armando Reyes, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, (Canacope); y Jorge Viramontes, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, SEDECO, el legislador manifestó que esta propuesta nació de las mismas asociaciones, para facilitar la venta de bebidas alcohólicas de mediana graduación.

El diputado Zapata Meráz detalló que la iniciativa, que será presentada de manera oficial este jueves en sesión ordinaria, considera otorgar una mayor equidad en los costos de licencia de bebidas alcohólicas, permitir la solicitud de ampliación de horarios en fechas especiales, la reducción de periodos de respuesta para licencias y la redefinición los criterios de graduación en la Ley, para apoyar la simplificación administrativa y el consumo de productos locales.

Agregó que de manera específica, se prevé modificar la Ley de Ingresos del Estado para reducir el costo de la constancia de condiciones sanitarias y verificaciones para los establecimientos para la venta y suministro de bebidas alcohólicas para consumo inmediato efectuado por la Cofepris de 25 a 20 UMAS; mientras que para el trámite de opinión técnica de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se propone una reducción para los locales menores a 50 metros cuadrados de 20 a 13 UMAS; y para los mayores de esa extensión, para quedar de 30 a 25 UMAS.

En la Ley de Hacienda se propone que el costo de la licencia temporal para bebidas alcohólicas se tome a cuenta para el pago del costo de una licencia definitiva; además, que la licencia para expender bebidas de alta graduación se cobre de acuerdo al tamaño del establecimiento, esto es, que los superiores a 50 metros cuadrados pagan completo, y los locales menores a esta extensión pagarían 30% menos del total del precio actual.

En los trámites de cambio de titular y cambio de domicilio de la licencia para venta de bebidas alcohólicas, se propone que se rebajen en un 30%, respecto de su precio actual; y que para las licencias para bebidas de baja graduación alcohólica se extienda de su definición actual: de 0 a 6 grados, para quedar en 0 a 15 grados, lo que dejaría solamente licencias de baja y alta graduación.

Con lo anterior, aseguran, se busca impulsar la venta de cerveza artesanal local, y la accesibilidad de productos como el vino de mesa en los establecimientos como abarrotes, ya que con esto se incrementarían enormemente las plataformas de venta para estos productos que en muchos casos son originarios del estado.

Finalmente, en la Ley de Bebidas Alcohólicas, se propone reformar la definición de las bebidas de baja y alta graduación, eliminando la categoría de las bebidas de media graduación.

En lo referente a la opinión sobre las condiciones de los establecimientos, que ésta pueda ser emitida por la Dirección General de Protección Civil, o bien por la Dirección Municipal de Protección Civil, ampliando las opciones.

Además, se propone que una vez reunidos los requisitos de la solicitud de otorgamiento de licencia, las autoridades competentes tendrán un plazo de un mes, para resolverla, en vez de dos, como actualmente se señala.

También se propone extender los horarios de venta, de acuerdo con fechas especiales del año, lo que actualmente solo abarca centros nocturnos, para restaurantes-bar, y eliminar la clausura total de establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas abiertas, contemplada como sanción en la Ley de bebidas, con el fin de no cesar por completo las actividades de los negocios.

Los representantes de Canirac y Canacope indicaron que trabajarán en conjunto con la Comisión de Desarrollo Económico para impulsar reformas que permitan mejorar la actividad comercial en San Luis Potosí.

 

https://laorquesta.mx/nomasmanazo-no-hay-multas-por-ser-detenido-en-alcoholimetro-de-slp-sspe/

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Hablo por mí. Apuntes de Jorge Saldaña

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Intervención para el foro sobre libertad de expresión · San Luis Potosí

Jorge Saldaña · Director general de LaOrquesta.mx

Sabemos perfectamente por qué estamos aquí. No hace falta el eufemismo.

Una reforma al Código Penal —que alguien bautizó “Ley Serrano“, aunque no es una ley, es apenas una reforma— derivó en la detención de tres personas. Lo digo así, sin adjetivo: tres personas. Y a eso se sumó la filtración de una lista de supuestos nombres con órdenes de aprehensión. Sacado de contexto, aquello encendió una percepción local y nacional: que el poder salió a cazar voces críticas.

Voy a ser franco, y empiezo por la casa incómoda. Esa reforma quizá no fue correcta. No fue acertada, ni fue precisa. No la justifico.

Pero tampoco me voy a hacer tonto con lo que vino después. Porque la narrativa que se construyó —local, nacional— fue una sola, la de la cacería, y esa narrativa fue aprovechada por intereses políticos muy identificados para derogar una norma y poner al estado en la mira internacional. Las personas no respondemos a términos jurídicos. Respondemos a emociones. Y alguien supo exactamente qué emoción encender.

Hubo hasta una manifestación que se atrevió a hablar “por todos los periodistas”. Con todo respeto: nadie me consultó. Así que quede claro desde mi primera línea. Yo hablo por mí. No me atrevo a hablar por ningún otro medio, ni por ningún otro colega. Vengo a poner mi nombre sobre la mesa, no el de un gremio que no me nombró vocero.

Y ya que hablamos de nombres, conviene fijar algo que no está a debate, porque no depende de este gobierno ni de ninguno.

El Estado no tiene facultad para decidir quién es periodista y quién no. Tampoco quién es medio y quién no. No es cortesía: es doctrina asentada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió hace cuarenta años, en la Opinión Consultiva 5 de 1985: exigirle a alguien un certificado o una colegiación para ejercer el periodismo es incompatible con la libertad de expresión. El día que el poder reparte credenciales de periodista, ese día decide a quién silencia.

Que quede grabado: aquí nadie pide esa facultad. Y si alguien la ofreciera, habría que rechazarla.

Entonces vamos al grano, porque para eso me invitaron.

En San Luis hay medios anónimos. De un lado y del otro, de todos los colores. Páginas sin dueño, sin domicilio, sin firma, que golpean y desaparecen. A esos no los podemos regular. No está en nuestras manos, y qué bueno que no lo esté.

Pero lo que sí está en nuestras manos es distinguir. Porque ya no existe solo “el periodismo” y “el medio”. El terreno se pobló de figuras nuevas que se disfrazan unas de otras a propósito. Yo encontré siete y las voy a nombrar una por una:

Medio de comunicación. Propiedad y financiamiento identificables, alguien que firma, corrige y da la cara.

Periodista. Lo define el método —fuentes, contraste, contexto—, no el gafete.

Generador de contenido. Audiencia sin método periodístico. Legítimo, valioso, pero no es lo mismo.

Personaje de opinión. Habla en primera persona, sin disfraz de neutralidad. Como yo, en este momento.

Canal de propaganda. Dinero encubierto, agenda de un tercero, cero responsabilidad editorial.

Ecosistema de golpeteo. Cuentas coordinadas, el pasamontañas que se renta para pegar con la cara tapada.

Replicador de mentiras. El que amplifica una falsedad demostrable, con inteligencia artificial o sin ella.

Ninguna de esas siete definiciones dice una palabra sobre el contenido de la crítica. Se distingue por transparencia, método y responsabilidad. Nunca por lo incómoda que resulte la nota.

Y ahora la parte que a nadie le gusta oír, empezando por mí. Todos —todos— sabemos quién está detrás de los medios anónimos de esta ciudad. Los de un bando y los del otro, de todos los colores. Sabemos quién los paga, quién los opera y para quién golpean…y callamos.

Nos decimos a nosotros mismos que callar es “solidaridad gremial”, que colega no muerde a colega. Con todo respeto: es una postura absurda e hipócrita. Eso no es solidaridad. Es complicidad. Cada silencio nuestro engorda un ecosistema de mentiras donde cada vez cuesta más trabajo distinguir al que hace periodismo del que hace daño con disfraz de periodismo.

Y la factura ya nos llegó. Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, la confianza de los mexicanos en las noticias es de apenas 36 por ciento. En 2017 era del 49

. Trece puntos de credibilidad perdidos en menos de una década, y buena parte la perdimos nosotros solos, por tapar lo que había que nombrar.

Pónganlo en términos de barrio.

No creo que tengamos que reescribir las leyes de San Luis. Pero sí creo que tenemos una oportunidad enorme: ser, quizá, el primer estado de Latinoamérica que ponga a debate serio tres temas distintos y no los revuelva. Uno, la libertad de expresión. Dos, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Tres, cómo desenmascarar a las páginas que mienten desde el anonimato: qué son, quién las paga y qué mentiras fabrican.

Traigo tres propuestas concretas.

Primera, un acuerdo con las universidades.

Catedráticos y especialistas potosinos construyendo, como ya existe en otros países, una herramienta de verificación con inteligencia artificial: un fact-check al que todos los medios de San Luis podamos acceder para que un tercero imparcial valide, o no, lo que publicamos en caso de haber controversia.

¿Quién entra? Voluntario. Sin premio para el que se apunte, sin castigo para el que no, así la sociedad sabrá quién está dispuesto a que lo revisen y quién prefiere quedarse en la sombra. Esa sola diferencia ya dice mucho.

Segunda, una comisión ciudadana y académica.

Un comité con criterio propio que defienda al lector y sepa dirimir qué es un ataque disfrazado y qué es crítica legítima. Que no dependa del gobierno ni de los medios: de la sociedad.

Tercera, esta sí tendría que ir tipificada en la ley.

Dinamarca abrió el camino: reconocerle a cada persona derechos sobre su propia imagen y su propia voz. Que quien las use sin mi consentimiento —una cara sintética, una voz clonada— pueda ser denunciado, y que me pague, porque mi rostro es mío. Sé que es un reto para nuestro sistema judicial, donde no hay nada expedito, ni siquiera para el que se roba un Oxxo. Por eso mismo hay que explorar cómo hacerlo posible. La pregunta no es si es difícil. La pregunta es por qué.

Y termino con lo que de verdad me trajo aquí.

Estoy en contra de la cárcel por daño moral, calumnia o por ejercer el periodismo. Que quede clarísimo.

Pero no me pidan que confunda dos cosas por comodidad política. Una es el periodista incómodo; otra, muy otra, es quien usa una imagen falsa para destruir una vida.

Si lo que hubo detrás de algún caso fue suplantación dolosa —no reportaje, no opinión, sino una mentira fabricada para arruinar a alguien—, eso no es periodismo, y cobijarlo bajo la libertad de expresión insulta a los que sí la ejercen, nos pone en un nivel muy bajo.

Insisto, no pido prisión. Pido algo más simple: que quien me arruine la vida con una imagen falsa no quede impune, y que yo tenga herramientas para poder denunciarlo.

El derecho a criticar no puede ser la coartada del que difama sin cara.

Porque —y aquí no hay matiz que valga— yo estoy a favor de toda la crítica. De la más dura. De la que despierta al poder a media noche. Incomodar al poder es inherente al periodismo, y una democracia sin ese contrapeso no es democracia, es escenografía con bonita letra.

Pero la crítica que respeto es la que firma. La que da la cara.

Ese es todo el punto. No pedimos que nadie apruebe lo que decimos. Pedimos que se sepa quién lo dice y se haga con método. Yo ya dije mi nombre al principio, y lo repito al final, porque es la única credencial que reconozco:

Yo soy Jorge Saldaña.

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Ruth González reconoce labor del personal de la SEGE

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La senadora del Partido Verde destacó que su trabajo es fundamental para que las y los docentes puedan desempeñar su labor en las aulas y garantizar una educación de calidad

Por: Redacción

Ruth González Silva, senadora de la República por San Luis Potosí, reconoció el compromiso y la dedicación del personal de apoyo y asistencia a la educación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), al destacar que su trabajo es indispensable para el funcionamiento del sistema educativo y para que miles de docentes puedan concentrarse en la formación de niñas, niños y jóvenes potosinos.

Al participar como invitada en la “Ceremonia de Entrega de Estímulos por Antigüedad y Premios Municipales y Estatales al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 2026”, la senadora afirmó que el esfuerzo diario del personal administrativo representa uno de los pilares que sostienen la educación pública en San Luis Potosí.

Ruth González comentó que este reconocimiento tiene un significado especial para ella, ya que antes de incursionar en la vida pública se desempeñó como profesora de inglés en nivel secundaria, experiencia que le permitió conocer de cerca la importancia del trabajo coordinado entre docentes y personal administrativo.

“Reconozco profundamente la gran labor que realizan las y los maestros al frente de las aulas, formando a las nuevas generaciones con entrega y vocación; este esfuerzo no sería posible sin el trabajo diario de todas y todos ustedes, quienes desde las áreas administrativas hacen posible que las escuelas funcionen y que la educación llegue a miles de estudiantes”, expresó.

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Protección Civil prepara operativo integral para la Fenapo 2026

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El dispositivo abarcará el Teatro del Pueblo, juegos mecánicos, restaurantes, pabellones, así como todas las zonas de mayor concentración

Por: Redacción 

 

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) prepara el operativo Fenapo Segura 2026, que contempla inspecciones permanentes, acciones preventivas y una amplia coordinación institucional para brindar condiciones de seguridad a las familias potosinas y visitantes durante el desarrollo de la Feria Nacional Potosina.

La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, informó que el dispositivo abarcará el Teatro del Pueblo, juegos mecánicos, bares, restaurantes, establecimientos, pabellones comerciales y artesanales, así como todas las zonas de mayor concentración de visitantes, donde se verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección civil.

Explicó que en el operativo participarán autoridades de los tres órdenes de Gobierno, cuerpos de emergencia, paramédicos, voluntarios y personal de seguridad interna, quienes trabajarán de manera coordinada para atender cualquier eventualidad y mantener un ambiente seguro durante la edición 2026 de la Fenapo.

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