Estado
Empresarios impulsan reformas a Ley de Bebidas Alcohólicas en SLP
El diputado José Antonio Zapata Meraz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social presentó la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2019; de la Ley de Hacienda del Estado; y de la Ley de Bebidas Alcohólicas.
Acompañado de Juan Carlos Banda Calderón, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, (Canirac); de Armando Reyes, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, (Canacope); y Jorge Viramontes, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, SEDECO, el legislador manifestó que esta propuesta nació de las mismas asociaciones, para facilitar la venta de bebidas alcohólicas de mediana graduación.
El diputado Zapata Meráz detalló que la iniciativa, que será presentada de manera oficial este jueves en sesión ordinaria, considera otorgar una mayor equidad en los costos de licencia de bebidas alcohólicas, permitir la solicitud de ampliación de horarios en fechas especiales, la reducción de periodos de respuesta para licencias y la redefinición los criterios de graduación en la Ley, para apoyar la simplificación administrativa y el consumo de productos locales.
Agregó que de manera específica, se prevé modificar la Ley de Ingresos del Estado para reducir el costo de la constancia de condiciones sanitarias y verificaciones para los establecimientos para la venta y suministro de bebidas alcohólicas para consumo inmediato efectuado por la Cofepris de 25 a 20 UMAS; mientras que para el trámite de opinión técnica de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se propone una reducción para los locales menores a 50 metros cuadrados de 20 a 13 UMAS; y para los mayores de esa extensión, para quedar de 30 a 25 UMAS.
En la Ley de Hacienda se propone que el costo de la licencia temporal para bebidas alcohólicas se tome a cuenta para el pago del costo de una licencia definitiva; además, que la licencia para expender bebidas de alta graduación se cobre de acuerdo al tamaño del establecimiento, esto es, que los superiores a 50 metros cuadrados pagan completo, y los locales menores a esta extensión pagarían 30% menos del total del precio actual.
En los trámites de cambio de titular y cambio de domicilio de la licencia para venta de bebidas alcohólicas, se propone que se rebajen en un 30%, respecto de su precio actual; y que para las licencias para bebidas de baja graduación alcohólica se extienda de su definición actual: de 0 a 6 grados, para quedar en 0 a 15 grados, lo que dejaría solamente licencias de baja y alta graduación.
Con lo anterior, aseguran, se busca impulsar la venta de cerveza artesanal local, y la accesibilidad de productos como el vino de mesa en los establecimientos como abarrotes, ya que con esto se incrementarían enormemente las plataformas de venta para estos productos que en muchos casos son originarios del estado.
Finalmente, en la Ley de Bebidas Alcohólicas, se propone reformar la definición de las bebidas de baja y alta graduación, eliminando la categoría de las bebidas de media graduación.
En lo referente a la opinión sobre las condiciones de los establecimientos, que ésta pueda ser emitida por la Dirección General de Protección Civil, o bien por la Dirección Municipal de Protección Civil, ampliando las opciones.
Además, se propone que una vez reunidos los requisitos de la solicitud de otorgamiento de licencia, las autoridades competentes tendrán un plazo de un mes, para resolverla, en vez de dos, como actualmente se señala.
También se propone extender los horarios de venta, de acuerdo con fechas especiales del año, lo que actualmente solo abarca centros nocturnos, para restaurantes-bar, y eliminar la clausura total de establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas abiertas, contemplada como sanción en la Ley de bebidas, con el fin de no cesar por completo las actividades de los negocios.
Los representantes de Canirac y Canacope indicaron que trabajarán en conjunto con la Comisión de Desarrollo Económico para impulsar reformas que permitan mejorar la actividad comercial en San Luis Potosí.
https://laorquesta.mx/nomasmanazo-no-hay-multas-por-ser-detenido-en-alcoholimetro-de-slp-sspe/
El diputado descartó que las críticas a la ahora derogada normativa representen más que una opinión política, y remitió la definición de su legalidad a la Suprema Corte
Por: Redacción
El diputado local Héctor Serrano rechazó que las condenas de organismos internacionales contra la iniciativa que reguló la inteligencia artificial en San Luis Potosí —conocida como la Ley Serrano y derogada hoy por el Congreso del Estado— representen algo más que una opinión política, y afirmó que la legalidad de la propuesta solo puede determinarla la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Lo que yo le estoy diciendo a usted es que todo va en curso a la legalidad (…) están en su derecho de presentar cada instancia, cada institución y cada organización; ese es el derecho a la libertad de expresión con la que comulgo”, señaló el legislador, aunque advirtió que “en muchos de los casos hay opiniones” que no necesariamente definen la legalidad de una norma.
Serrano sostuvo que el debate en torno a la iniciativa estuvo “politizado por parte de grupos que tienen interés político
El legislador insistió en que la intención de la iniciativa fue “privilegiar el derecho a la dignidad humana”, y reiteró su respaldo a la libertad de expresión y a la democracia, aunque distinguió entre la opinión pública y la legalidad: “cuando se trata de legalidad existe una instancia que es la que determina si es legal o no, para que quede perfectamente definida una y otra expresión”.
Después de estas declaraciones, el Congreso del Estado aprobó la derogación total de la reforma, tras una mesa con los tres poderes, medios de comunicación y academia, y anunció que una nueva ley sobre inteligencia artificial saldrá de foros de consulta.
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La CEA negocia sustituir entre 12 y 13 kilómetros con tubería de alta resistencia para disminuir fracturas y brindar mayor confiabilidad al abasto metropolitano
Por: Redacción
El Gobierno del Estado avanza en una solución de fondo para reducir las constantes fallas del acueducto de la presa El Realito, mediante la posible sustitución de entre 12 y 13 kilómetros de tubería en el tramo donde se concentra el mayor número de fracturas.
El director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, explicó que los estudios técnicos detectaron fuertes contrapresiones hidráulicas, conocidas como golpe de ariete, que superan la capacidad del material instalado originalmente. La propuesta contempla colocar tubería de polietileno de alta densidad, más flexible y resistente.
La CEA
Mientras avanzan los acuerdos, el Gobierno mantiene una ruta técnica para brindar mayor seguridad al sistema hidráulico y solicita al Interapas atender las fugas de su red de distribución, a fin de evitar pérdidas del recurso.
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El Congreso del Estado derogó este jueves con 22 votos la Ley Serrano, la reforma sobre inteligencia artificial que enfrentó críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte y meses de presión política
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este jueves, de manera unánime, con 22 votos a favor, la derogación total de la Ley Serrano, la reforma en materia de inteligencia artificial que en los últimos meses provocó una ola de críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presión de organismos de derechos humanos, colectivos de comunicadores y del propio alcalde de la capital.
La ley, impulsada por el diputado local Héctor Serrano y aprobada por mayoría del Congreso en un proceso que el diputado panista Rubén Guajardo calificó de “exprés” —de entre 10 y 11 días, sin un análisis profundo—, endureció las sanciones penales por manipulación de contenido digital y suplantación de identidad mediante inteligencia artificial.
La reforma fue impugnada ante la Suprema Corte por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que argumentó que vulneraba derechos humanos y la libertad de expresión, y motivó procesos penales contra al menos 10 personas señaladas como creadoras de contenido y comunicadores, de acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
La presión por derogarla escaló en julio. El 16 de julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que existía consenso entre los poderes del estado, medios de comunicación, academia y organismos descentralizados para derogar de manera “absoluta, total” la ley, y adelantó que una nueva legislación sobre inteligencia artificial se construiría en foros con todos los sectores.
Un día después, el Gobierno del Estado firmó formalmente la iniciativa de derogación, en acuerdo con el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía General, y la envió al Legislativo para su discusión.
Serrano, autor de la ley que coloquialmente fue nombrada con su apellido, defendió la reforma hasta el último momento. Horas antes de que el Congreso aprobara la derogación este jueves, el legislador había rechazado que las críticas internacionales representaran algo más que una opinión política, calificó el debate en su contra como “politizado por parte de grupos que tienen interés político” y remitió la determinación sobre la legalidad de la norma a la Suprema Corte.
Días antes, había insistido en que la Ley Serrano fue precursora de la regulación de la inteligencia artificial en el país, incluso cuando el propio Gobierno del Estado ya impulsaba su derogación.
El alcalde Galindo, uno de los principales críticos de la norma, había adelantado que la derogación debía significar la exención total de responsabilidad penal para los procesados, pues el tipo penal dejaría de existir, y que esas personas podrían exigir algún tipo de resarcimiento.
Con la derogación aprobada este jueves, el Gobierno del Estado deberá ahora avanzar en la construcción de la nueva ley de inteligencia artificial anunciada por Gallardo, que el mandatario señaló que “pondrá la dignidad humana por encima de cualquier cosa” y buscará proteger a periodistas, columnistas, caricaturistas e influencers, además de combatir a los llamados medios fake.
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