Estado
Empresarios impulsan reformas a Ley de Bebidas Alcohólicas en SLP
El diputado José Antonio Zapata Meraz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social presentó la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2019; de la Ley de Hacienda del Estado; y de la Ley de Bebidas Alcohólicas.
Acompañado de Juan Carlos Banda Calderón, dirigente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, (Canirac); de Armando Reyes, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, (Canacope); y Jorge Viramontes, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, SEDECO, el legislador manifestó que esta propuesta nació de las mismas asociaciones, para facilitar la venta de bebidas alcohólicas de mediana graduación.
El diputado Zapata Meráz detalló que la iniciativa, que será presentada de manera oficial este jueves en sesión ordinaria, considera otorgar una mayor equidad en los costos de licencia de bebidas alcohólicas, permitir la solicitud de ampliación de horarios en fechas especiales, la reducción de periodos de respuesta para licencias y la redefinición los criterios de graduación en la Ley, para apoyar la simplificación administrativa y el consumo de productos locales.
Agregó que de manera específica, se prevé modificar la Ley de Ingresos del Estado para reducir el costo de la constancia de condiciones sanitarias y verificaciones para los establecimientos para la venta y suministro de bebidas alcohólicas para consumo inmediato efectuado por la Cofepris de 25 a 20 UMAS; mientras que para el trámite de opinión técnica de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se propone una reducción para los locales menores a 50 metros cuadrados de 20 a 13 UMAS; y para los mayores de esa extensión, para quedar de 30 a 25 UMAS.
En la Ley de Hacienda se propone que el costo de la licencia temporal para bebidas alcohólicas se tome a cuenta para el pago del costo de una licencia definitiva; además, que la licencia para expender bebidas de alta graduación se cobre de acuerdo al tamaño del establecimiento, esto es, que los superiores a 50 metros cuadrados pagan completo, y los locales menores a esta extensión pagarían 30% menos del total del precio actual.
En los trámites de cambio de titular y cambio de domicilio de la licencia para venta de bebidas alcohólicas, se propone que se rebajen en un 30%, respecto de su precio actual; y que para las licencias para bebidas de baja graduación alcohólica se extienda de su definición actual: de 0 a 6 grados, para quedar en 0 a 15 grados, lo que dejaría solamente licencias de baja y alta graduación.
Con lo anterior, aseguran, se busca impulsar la venta de cerveza artesanal local, y la accesibilidad de productos como el vino de mesa en los establecimientos como abarrotes, ya que con esto se incrementarían enormemente las plataformas de venta para estos productos que en muchos casos son originarios del estado.
Finalmente, en la Ley de Bebidas Alcohólicas, se propone reformar la definición de las bebidas de baja y alta graduación, eliminando la categoría de las bebidas de media graduación.
En lo referente a la opinión sobre las condiciones de los establecimientos, que ésta pueda ser emitida por la Dirección General de Protección Civil, o bien por la Dirección Municipal de Protección Civil, ampliando las opciones.
Además, se propone que una vez reunidos los requisitos de la solicitud de otorgamiento de licencia, las autoridades competentes tendrán un plazo de un mes, para resolverla, en vez de dos, como actualmente se señala.
También se propone extender los horarios de venta, de acuerdo con fechas especiales del año, lo que actualmente solo abarca centros nocturnos, para restaurantes-bar, y eliminar la clausura total de establecimiento donde se expendan bebidas alcohólicas abiertas, contemplada como sanción en la Ley de bebidas, con el fin de no cesar por completo las actividades de los negocios.
Los representantes de Canirac y Canacope indicaron que trabajarán en conjunto con la Comisión de Desarrollo Económico para impulsar reformas que permitan mejorar la actividad comercial en San Luis Potosí.
https://laorquesta.mx/nomasmanazo-no-hay-multas-por-ser-detenido-en-alcoholimetro-de-slp-sspe/
Estado
Sin lineamientos, INE SLP no puede actuar contra campañas anticipadas
El Consejo General del INE rechazó regular los actos anticipados de campaña; en San Luis Potosí, el órgano local dice que no puede actuar mientras no existan lineamientos.
Por: Redacción
La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí no puede actuar contra los actos anticipados de campaña mientras el Consejo General no apruebe lineamientos para regularlos, luego de que el órgano central rechazó normarlos en su sesión más reciente.
Patricia Santos Quevedo, encargada de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidad, explicó que, al ser un órgano desconcentrado, la Junta Local se limita a difundir y aplicar los acuerdos ya aprobados por el Consejo General. “No podemos hacer ninguna acción o actividad en concreto por parte de los órganos desconcentrados”, afirmó.
El consejero Martín Faz calificó como un retroceso la decisión del Consejo General de no regular las campañas anticipadas.
Ante la falta de lineamientos, dijo Santos Quevedo, las quejas por actos anticipados de campaña quedan en manos del Tribunal Electoral , local o federal, según el cargo implicado. El INE, agregó, primero analiza si la denuncia tiene repercusiones en una contienda federal o local antes de turnarla al organismo público correspondiente.
La Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí ha recibido, hasta ahora, una sola queja por este tema: la presentada por Somos México contra el Partido Verde, turnada a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, órgano central del INE que determinará lo procedente.
Santos Quevedo dijo que la Junta Local Ejecutiva aún no ha sido notificada sobre las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la ley electoral, ni sobre los alcances que estas impugnaciones podrían tener en el proceso.
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Estado
Las fronteras estatales que frenan los operativos de seguridad
El secretario de seguridad reconoce que prófugos radicados en otros estados generan dificultades operativas inmediatas, aunque relativiza la magnitud del problema al invocar factores de salud mental.
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de seguridad pública del Estado reconoció que órdenes de captura contra personas prófugas residentes en otras entidades ralentizan la capacidad de respuesta inmediata del estado. Esa condición trasnacional genera limitaciones jurisdiccionales que impiden operativos rápidos, aunque el funcionario indicó que esto no releva de responsabilidad estatal en materia de seguridad.
Ante cuestionamientos sobre avances en investigaciones de casos críticos, el secretario explicó que la información que comparte respeta límites jurídicos estrictos. “No podemos dar información confidencial porque luego la Fiscalía reclama“, expresó, aludiendo al riesgo legal de exponer detalles de investigaciones en proceso.
Confirmó que evaluaciones internas indican que varios prófugos están alojados en otra entidad y provienen de otra jurisdicción. “Tendríamos que trasladarnos a otro estado”, señaló, lo que ralentizan respuestas inmediatas. Sin embargo, relativizó el problema al introducir un factor adicional: “El problema es de salud psicotóxica”. No especificó a qué se refiere exactamente ni cuántos casos involucra este factor.
En paralelo, el secretario reportó que en la zona de La Pila se mantiene patrullaje intensificado, especialmente en madrugadas, con bases operativas móviles interinstitucionales. Afirmó que la estrategia genera “contención” del delito, aunque reconoció que requiere equilibrio para no descuidar otras zonas del estado.
El secretario no cuantificó cuántos prófugos están en otras entidades ni proporcionó datos sobre el componente de salud mental que menciona. Tampoco aclaró si la dificultad jurisdiccional afecta a decenas o a unos pocos casos específicos.
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Estado
SLP no tiene escuelas militarizadas registradas, pero dos las promocionan
La SEP ordenó a los estados revisar el RVOE de los planteles con modelo militar antes del ciclo escolar 2026-2027
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, incluida San Luis Potosí, a revisar las autorizaciones y el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los planteles que operan bajo modelos militarizados, con el fin de que ninguno continúe así cuando arranque el ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto.
En San Luis Potosí, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) confirmó que no existe ningún plantel con RVOE registrado bajo un esquema militarizado, dijo su titular, Deysi Maribel López Sierra. La funcionaria explicó que el reconocimiento se otorga de manera general, solo para garantizar que los colegios cumplan los planes de estudio oficiales, y que la dependencia no avala nombres comerciales ni perfiles ligados al ámbito castr ense.
Pese a esa aclaración, colegios privados de la capital potosina, como el Colegio Exton Militarizado y el Instituto Militarizado Anglo Americano, promocionan abiertamente su oferta académica bajo esquemas de disciplina militar.
El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo en un video difundido en sus redes sociales que la formación militar corresponde de manera exclusiva a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán en las Fuerzas Armadas
y la Guardia Nacional. “El modelo militar no forma parte del sistema educativo nacional para niñas, niños y adolescentes”, afirmó.Delgado advirtió que los planteles que incumplan la disposición podrían ser suspendidos o enfrentar procedimientos de clausura o regularización, y que las autoridades educativas deberán garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos inscritos, incluida la entrega de documentos académicos y, en su caso, el reembolso de pagos.
La instrucción se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de los modelos de educación militarizada, al señalar que la formación de niñas, niños y adolescentes debe basarse en principios pedagógicos y de respeto a los derechos humanos.
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