El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.

Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.

El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.

Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días

para licitar, por lo que los trabajos arrancarían en enero. Dijo no saber si la Contraloría actuó por decisión propia o por orden de alguien.

Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.

Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.

Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.

Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.

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Los trabajos incluyeron la reconstrucción de más de 2 mil 995 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico

Por: Redacción

Con una vialidad renovada que fortalece la movilidad y mejora la conexión con la zona urbana, la presidenta concejal de Villa de Pozos entregó la rehabilitación integral de la calle Galeana, una de las vías de acceso a la cabecera municipal que durante años presentó condiciones de deterioro y afectaciones para quienes transitan diariamente por la zona.

La obra, realizada a través de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, comprende una intervención de 6 mil 730 metros cuadrados y representa un avance en la modernización de las vialidades y la atención al rezago en infraestructura, en b eneficio de mas de 3 mil familias.

La presidenta concejal destacó que la rehabilitación de esta calle, en el tramo comprendido entre Tercera Privada de Galeana y Segunda Calle de Villa de Guadalupe, permitirá mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal, al tratarse de una vialidad fundamental por su función como uno de los principales accesos a la cabecera municipal y su conectividad con la zona urbana, lo que facilitará los traslados cotidianos de las familias y fortalecerá la comunicación entre distintos sectores de Villa de Pozos.

Los trabajos incluyeron la reconstrucción de más de 2 mil 995 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, además de la rehabilitación de banquetas, guarniciones y alumbrado público, así como mejoras en la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario.

Interapas reconoce solo los 296 millones por saneamiento y rechaza 584.3 millones por operación y mantenimiento de Tenorio que no están sustentados en ningún convenio previo

Por: Jorge Saldaña

La Comisión Estatal del Agua (CEA) elevó de 296.3 millones a 880.65 millones de pesos su reclamo contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (INTERAPAS) entre el 13 y el 21 de octubre, al añadir 584.3 millones por operación y mantenimiento de la planta Tenorio.

El comunicado del 21 de octubre fija el total en 880 millones 650 mil 492.19 pesos: los adeudos por saneamiento más 584 millones 333 mil 116.50 pesos por operación y mantenimiento de 2021 a 2026.

De acuerdo a información oficial de la CEA identifican a Interapas como deudor y responsabilizan políticamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos por presidir su Junta de Gobierno.

En respuesta, Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de Interapas, reconoció que el organismo adeuda aproximadamente 296.3 millones por saneamiento, pero rechazó los 584.3 millones adicionales. Sostuvo que la revisión jurídica del organismo no encontró un convenio o decreto que establezca esa obligación.

El 20 de octubre tras su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado de San Luis Potosí tienen adeudos con Interapas y volteó las cifras exponiendo a medios de comunicación que era el Interapas el que debía no 200 sino 900 mdp.

En la reseña oficial del Congreso se recogió una estimación de 184 millones de pesos correspondiente a 2025 que debe gobierno al organismo aún con inconsistencias.

En este sentido, la funcionaria expuso un gasto mensual de 12 millones de pesos a cargo de la CEA y estimó un adeudo de Interapas superior a 900 millones. Esa cifra no coincide con los 880.65 millones que la dependencia publicó al día siguiente, sin embargo no se ha dado explicación al respecto.

Días antes de la comparecencia, el 14 de octubre, el alcalde Galindo afirmó que el Estado se acercaba a 300 millones de pesos de deuda con Interapas y propuso compensar saldos y liquidar la diferencia.

En los documentos públicos consultados no se encontró convenio o acuerdo que sustente la integración de los 584.3 millones que aumentó el gobierno estatal ni el importe conciliado que deben los inmuebles estatales de manera desglosada, por lo que no es posible establecer un saldo neto definitivo.

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