Tras el desalojo de la exoficial Teresa Carrizales ambos funcionarios deberían estar en la cuerda floja, pero a 15 días del hecho no ha habido destituciones

Por: Redacción

Han pasado 15 días desde el desalojo de la oficial del Registro Civil María Teresa Carrizales, el pasado 2 de julio. En ese lapso, pese a la gravedad del caso, no ha habido destituciones en el gabinete del alcalde Xavier Nava Palacios.

El desalojo representó una evidente violación a los derechos humanos de la funcionaria pública. Llevó a la descalificación de representantes de proyectos políticos contrarios a Nava Palacios, una trifulca en una sesión de Cabildo, el rompimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el Ayuntamiento y hasta con regidores del PAN, el mismo partido que propuso al presidente municipal.

El lunes pasado, Verónica Rodríguez Hernández, coordinadora de regidores y síndicos del PAN en San Luis Potosí, dio a conocer que los integrantes panistas del Cabildo solicitarán al alcalde Xavier Nava la destitución del secretario general Sebastián Pérez García.

Rodríguez Hernández apuntó que dicha solicitud se da debido a que Pérez García no ha informado a la ciudadanía sobre los avances en trámites para sancionar a los elementos responsables.

Según la regidora panista, estas omisiones “mandan un mal mensaje a la ciudadanía sobre los ejes de respeto a la ley de dignidad de las personas bajo los que se rigen las administraciones panistas”.

“Definitivamente el presidente municipal debe tomar medidas precisas en torno a lo ocurrido la semana pasada; es urgente y necesario que se dé un cambio de timón, pues queda claro que en este caso no se están dando resultados favorables al gobierno municipal, ese es el sentir no sólo de los que trabajan para él, sino también de los ciudadanos”, añadió Rodríguez Hernández.

Otros dos regidores panistas, Jaime Uriel Waldo y Christian Iván Azuara Azuara se unieron a la solicitud de cese para Pérez García.

Waldo Luna consideró inhumano y denigrante el trato que le dieron a la Carrizales Hernández, “ya que no es una delincuente, y los hechos que fueron grabados y trascendieron en redes sociales y medios nacionales, dejan ver una clara falta de capacitación del personal de seguridad pública para tratar a la ciudadanía”.

Azuara Azuara dijo que el hecho ha trascendido a medios nacionales y necesita ser atendido con la seriedad que exige el caso, e insistió en que deben ser sancionados quienes hayan instruido el desalojo: “esto dará garantías a los potosinos de que un hecho parecido no vuelva a repetirse jamás”.

Por su parte, el síndico Víctor José Ángel Saldaña aseguró que la decisión de solicitar la renuncia del secretario ha sido tomada por la mayoría de los regidores del PAN, “para nosotros es un acto de congruencia con nuestros estatutos”.

El presidente del PRD municipal, Ernesto Barajas Ábrego, pidió que el Cabildo llame a declarar a Sebastián Pérez García: “A pesar de que se conoce por medios de comunicación que el propio alcalde Xavier Nava Palacios reconoció que quien dio ‘luz verde’ para tales agresiones fue el citado secretario Pérez García, no obstante, no hemos escuchado declaración alguna de él, y queremos que se pronuncie sobre cuáles fueron los hechos”.

Además, Barajas Ábrego adelantó que si el secretario no asiste el día citado o pretendiera esconderse “llevarían eso a las siguientes instancias”.

Pero el secretario general del Ayuntamiento no es el único que debería explicar qué ocurrió ese 2 de julio. Otro señalado es el director de Seguridad Pública municipal, Edgar Jiménez Arcadia, quien participó en el desalojo y es señalado como quien dio la orden a los policías municipales de actuar con violencia y abuso de poder contra Teresa Carrizales.

El diputado Rubén Guajardo Barrera envió un oficio a Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal capitalina, para que informe sobre el procedimiento de desalojo en contra de la exoficial del registro civil, Teresa Carrizales.

De acuerdo con el documento, el congresista le solicita a Jiménez Arcadia informar por escrito si los actos desplegados tanto por él como por agentes de la corporación fueron ordenados por un juez mediante un escrito y, de ser así, informar sobre el número de expediente y oficio que emane dicho mandato.

Además, pidió al director de la Policía Municipal detallar el nombre y cargo de los funcionarios que ordenaron el desalojo de Teresa Carrizales y su detención el 2 de julio pasado. También se pide informar el nombre de los elementos policiacos que participaron en este operativo y el protocolo a seguir.

El diputado dijo que el Congreso local está interesado en saber cómo fue el proceder del desalojo de la oficial del Registro Civil, toda vez que han circulado varias versiones tanto por parte del Ayuntamiento, como de la oficial agredida.

Sobre el hecho de que el Ayuntamiento capitalino no ha respondido a varias instituciones sobre este caso, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el diputado Rubén Guajardo Barrera afirmó que el artículo 8 constitucional ampara este oficio: “Procederemos conforme a derecho, nos deben responder porque es un derecho constitucional”.

Pese a todos estos antecedentes, ni Sebastián Pérez García ni Édgar Jiménez Arcadia han peligrado en sus puestos a quince días del desalojo. Es más, ni siquiera han dado explicaciones al Cabildo.

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