julio 14, 2026

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¿Quién se va? Arcadia o Sebastián Pérez deberían renunciar

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Sebastián Pérez

Tras el desalojo de la exoficial Teresa Carrizales ambos funcionarios deberían estar en la cuerda floja, pero a 15 días del hecho no ha habido destituciones

Por: Redacción

Han pasado 15 días desde el desalojo de la oficial del Registro Civil María Teresa Carrizales, el pasado 2 de julio. En ese lapso, pese a la gravedad del caso, no ha habido destituciones en el gabinete del alcalde Xavier Nava Palacios.

El desalojo representó una evidente violación a los derechos humanos de la funcionaria pública. Llevó a la descalificación de representantes de proyectos políticos contrarios a Nava Palacios, una trifulca en una sesión de Cabildo, el rompimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el Ayuntamiento y hasta con regidores del PAN, el mismo partido que propuso al presidente municipal.

El lunes pasado, Verónica Rodríguez Hernández, coordinadora de regidores y síndicos del PAN en San Luis Potosí, dio a conocer que los integrantes panistas del Cabildo solicitarán al alcalde Xavier Nava la destitución del secretario general Sebastián Pérez García.

Rodríguez Hernández apuntó que dicha solicitud se da debido a que Pérez García no ha informado a la ciudadanía sobre los avances en trámites para sancionar a los elementos responsables.

Según la regidora panista, estas omisiones “mandan un mal mensaje a la ciudadanía sobre los ejes de respeto a la ley de dignidad de las personas bajo los que se rigen las administraciones panistas”.

“Definitivamente el presidente municipal debe tomar medidas precisas en torno a lo ocurrido la semana pasada; es urgente y necesario que se dé un cambio de timón, pues queda claro que en este caso no se están dando resultados favorables al gobierno municipal, ese es el sentir no sólo de los que trabajan para él, sino también de los ciudadanos”, añadió Rodríguez Hernández.

Otros dos regidores panistas, Jaime Uriel Waldo y Christian Iván Azuara Azuara se unieron a la solicitud de cese para Pérez García.

Waldo Luna consideró inhumano y denigrante el trato que le dieron a la Carrizales Hernández, “ya que no es una delincuente, y los hechos que fueron grabados y trascendieron en redes sociales y medios nacionales, dejan ver una clara falta de capacitación del personal de seguridad pública para tratar a la ciudadanía”.

Azuara Azuara dijo que el hecho ha trascendido a medios nacionales y necesita ser atendido con la seriedad que exige el caso, e insistió en que deben ser sancionados quienes hayan instruido el desalojo: “esto dará garantías a los potosinos de que un hecho parecido no vuelva a repetirse jamás”.

Por su parte, el síndico Víctor José Ángel Saldaña aseguró que la decisión de solicitar la renuncia del secretario ha sido tomada por la mayoría de los regidores del PAN, “para nosotros es un acto de congruencia con nuestros estatutos”.

El presidente del PRD municipal, Ernesto Barajas Ábrego, pidió que el Cabildo llame a declarar a Sebastián Pérez García: “A pesar de que se conoce por medios de comunicación que el propio alcalde Xavier Nava Palacios reconoció que quien dio ‘luz verde’ para tales agresiones fue el citado secretario Pérez García, no obstante, no hemos escuchado declaración alguna de él, y queremos que se pronuncie sobre cuáles fueron los hechos”.

Además, Barajas Ábrego adelantó que si el secretario no asiste el día citado o pretendiera esconderse “llevarían eso a las siguientes instancias”.

Pero el secretario general del Ayuntamiento no es el único que debería explicar qué ocurrió ese 2 de julio. Otro señalado es el director de Seguridad Pública municipal, Edgar Jiménez Arcadia, quien participó en el desalojo y es señalado como quien dio la orden a los policías municipales de actuar con violencia y abuso de poder contra Teresa Carrizales.

El diputado Rubén Guajardo Barrera envió un oficio a Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal capitalina, para que informe sobre el procedimiento de desalojo en contra de la exoficial del registro civil, Teresa Carrizales.

De acuerdo con el documento, el congresista le solicita a Jiménez Arcadia informar por escrito si los actos desplegados tanto por él como por agentes de la corporación fueron ordenados por un juez mediante un escrito y, de ser así, informar sobre el número de expediente y oficio que emane dicho mandato.

Además, pidió al director de la Policía Municipal detallar el nombre y cargo de los funcionarios que ordenaron el desalojo de Teresa Carrizales y su detención el 2 de julio pasado. También se pide informar el nombre de los elementos policiacos que participaron en este operativo y el protocolo a seguir.

El diputado dijo que el Congreso local está interesado en saber cómo fue el proceder del desalojo de la oficial del Registro Civil, toda vez que han circulado varias versiones tanto por parte del Ayuntamiento, como de la oficial agredida.

Sobre el hecho de que el Ayuntamiento capitalino no ha respondido a varias instituciones sobre este caso, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el diputado Rubén Guajardo Barrera afirmó que el artículo 8 constitucional ampara este oficio: “Procederemos conforme a derecho, nos deben responder porque es un derecho constitucional”.

Pese a todos estos antecedentes, ni Sebastián Pérez García ni Édgar Jiménez Arcadia han peligrado en sus puestos a quince días del desalojo. Es más, ni siquiera han dado explicaciones al Cabildo.

(VIDEO) Un hombre intentó suicidarse en un hotel en San Luis Potosí

 

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SSPC reporta hasta siete detenciones por semana en el Centro Histórico

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Juan Antonio Villa atribuyó los resultados al fortalecimiento de la videovigilancia y a los operativos desplegados en el primer cuadro de la ciudad

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital reportó que el Centro Histórico concentra entre seis y siete puestas a disposición por semana, informó el titular Juan Antonio Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que estos resultados forman parte de la estrategia de vigilancia implementada en el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas, donde se ha reforzado el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y la presencia de grupos operativos especializados.

Villa destacó que la tecnología ha permitido responder con mayor rapidez a diversos incidentes, incluyendo casos de vandalismo y daños a vehículos, algunos de los cuales han derivado en detenciones en flagrancia pocos minutos después de cometerse los hechos.

Indicó que, en toda la ciudad, la corporación realiza entre 50 y 60 puestas a disposición del Ministerio Público cada semana, mientras que una parte importante corresponde al cuadrante Centro, que incluye sectores como San Miguelito, San Sebastián y Tlaxcala.

El secretario consideró que la combinación de videovigilancia, patrullajes y acciones preventivas ha contribuido a fortalecer la seguridad en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la capital potosina.

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Detalla SSPC cese de policía vial captado recibiendo una mordida

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Juan Antonio Villa informó que el elemento fue separado de la corporación tras concluir la investigación iniciada por Asuntos Internos luego de la difusión de un video en redes sociales

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital determinó el cese de un elemento de Policía Vial que fue exhibido en un video presuntamente recibiendo dinero de un automovilista para evitar una infracción.

El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la investigación fue iniciada desde el momento en que se conocieron los hechos y estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, que analizó las grabaciones de las cámaras corporales y de la unidad involucrada.

El funcionario señaló que la resolución ya fue emitida y derivó en la baja definitiva del agente, al reiterar que la corporación mantiene una política de cero tolerancia frente a actos que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.

Villa recordó que la dependencia cuenta con mecanismos de supervisión para detectar y sancionar conductas irregulares, además de exhortar a la población a denunciar cualquier posible acto de corrupción por parte de elementos municipales.

Asimismo, informó que desde 2021 a la fecha ocho policías han sido separados de sus cargos tras investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante las instancias internas de control.

El secretario sostuvo que la corporación continuará fortaleciendo los procesos de vigilancia y rendición de cuentas para garantizar un actuar profesional de sus elementos.

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Galindo: Estado construye sin permisos; municipio mantiene 600 millones parados

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Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado

Por: Haniel Valdés

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.

“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.

Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.

Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras

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El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.

Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.

Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.

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