Ciudad
¿Quién se va? Arcadia o Sebastián Pérez deberían renunciar
Tras el desalojo de la exoficial Teresa Carrizales ambos funcionarios deberían estar en la cuerda floja, pero a 15 días del hecho no ha habido destituciones
Por: Redacción
Han pasado 15 días desde el desalojo de la oficial del Registro Civil María Teresa Carrizales, el pasado 2 de julio. En ese lapso, pese a la gravedad del caso, no ha habido destituciones en el gabinete del alcalde Xavier Nava Palacios.
El desalojo representó una evidente violación a los derechos humanos de la funcionaria pública. Llevó a la descalificación de representantes de proyectos políticos contrarios a Nava Palacios, una trifulca en una sesión de Cabildo, el rompimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el Ayuntamiento y hasta con regidores del PAN, el mismo partido que propuso al presidente municipal.
El lunes pasado, Verónica Rodríguez Hernández, coordinadora de regidores y síndicos del PAN en San Luis Potosí, dio a conocer que los integrantes panistas del Cabildo solicitarán al alcalde Xavier Nava la destitución del secretario general Sebastián Pérez García.
Rodríguez Hernández apuntó que dicha solicitud se da debido a que Pérez García no ha informado a la ciudadanía sobre los avances en trámites para sancionar a los elementos responsables.
Según la regidora panista, estas omisiones “mandan un mal mensaje a la ciudadanía sobre los ejes de respeto a la ley de dignidad de las personas bajo los que se rigen las administraciones panistas”.
“Definitivamente el presidente municipal debe tomar medidas precisas en torno a lo ocurrido la semana pasada; es urgente y necesario que se dé un cambio de timón, pues queda claro que en este caso no se están dando resultados favorables al gobierno municipal, ese es el sentir no sólo de los que trabajan para él, sino también de los ciudadanos”, añadió Rodríguez Hernández.
Otros dos regidores panistas, Jaime Uriel Waldo y Christian Iván Azuara Azuara se unieron a la solicitud de cese para Pérez García.
Waldo Luna consideró inhumano y denigrante el trato que le dieron a la Carrizales Hernández, “ya que no es una delincuente, y los hechos que fueron grabados y trascendieron en redes sociales y medios nacionales, dejan ver una clara falta de capacitación del personal de seguridad pública para tratar a la ciudadanía”.
Azuara Azuara dijo que el hecho ha trascendido a medios nacionales y necesita ser atendido con la seriedad que exige el caso, e insistió en que deben ser sancionados quienes hayan instruido el desalojo: “esto dará garantías a los potosinos de que un hecho parecido no vuelva a repetirse jamás”.
Por su parte, el síndico Víctor José Ángel Saldaña aseguró que la decisión de solicitar la renuncia del secretario ha sido tomada por la mayoría de los regidores del PAN, “para nosotros es un acto de congruencia con nuestros estatutos”.
El presidente del PRD municipal, Ernesto Barajas Ábrego, pidió que el Cabildo llame a declarar a Sebastián Pérez García: “A pesar de que se conoce por medios de comunicación que el propio alcalde Xavier Nava Palacios reconoció que quien dio ‘luz verde’ para tales agresiones fue el citado secretario Pérez García, no obstante, no hemos escuchado declaración alguna de él, y queremos que se pronuncie sobre cuáles fueron los hechos”.
Además, Barajas Ábrego adelantó que si el secretario no asiste el día citado o pretendiera esconderse “llevarían eso a las siguientes instancias”.
Pero el secretario general del Ayuntamiento no es el único que debería explicar qué ocurrió ese 2 de julio. Otro señalado es el director de Seguridad Pública municipal, Edgar Jiménez Arcadia, quien participó en el desalojo y es señalado como quien dio la orden a los policías municipales de actuar con violencia y abuso de poder contra Teresa Carrizales.
El diputado Rubén Guajardo Barrera envió un oficio a Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal capitalina, para que informe sobre el procedimiento de desalojo en contra de la exoficial del registro civil, Teresa Carrizales.
De acuerdo con el documento, el congresista le solicita a Jiménez Arcadia informar por escrito si los actos desplegados tanto por él como por agentes de la corporación fueron ordenados por un juez mediante un escrito y, de ser así, informar sobre el número de expediente y oficio que emane dicho mandato.
Además, pidió al director de la Policía Municipal detallar el nombre y cargo de los funcionarios que ordenaron el desalojo de Teresa Carrizales y su detención el 2 de julio pasado. También se pide informar el nombre de los elementos policiacos que participaron en este operativo y el protocolo a seguir.
El diputado dijo que el Congreso local está interesado en saber cómo fue el proceder del desalojo de la oficial del Registro Civil, toda vez que han circulado varias versiones tanto por parte del Ayuntamiento, como de la oficial agredida.
Sobre el hecho de que el Ayuntamiento capitalino no ha respondido a varias instituciones sobre este caso, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el diputado Rubén Guajardo Barrera afirmó que el artículo 8 constitucional ampara este oficio: “Procederemos conforme a derecho, nos deben responder porque es un derecho constitucional”.
Pese a todos estos antecedentes, ni Sebastián Pérez García ni Édgar Jiménez Arcadia han peligrado en sus puestos a quince días del desalojo. Es más, ni siquiera han dado explicaciones al Cabildo.
(VIDEO) Un hombre intentó suicidarse en un hotel en San Luis Potosí
La SSPC municipal informó que los detenidos descargaban maleza, ramas y muebles de una camioneta en un terreno al norte de la capital
Por: Redacción
Tres personas que manifestaron ser trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) fueron detenidas por policías municipales, luego de que presuntamente arrojaran residuos de manera clandestina en un lote baldío al norte de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este día, cuando los agentes detectaron a los individuos depositando desechos en una zona de terracería.
Las personas portaban chalecos correspondientes a Seduvop y descargaban de una camioneta Ford F-450, modelo 2011, residuos que incluían maleza, ramas y muebles, detalló la corporación municipal.
Los tres individuos fueron detenidos ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. La SSPC indicó que se realizaban las diligencias correspondientes para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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El servicio de agua comenzará a regularizarse gradualmente conforme se recuperen los niveles y la presión en la red de distribución
Por: Redacción
Interapas reactivó el pozo Villantigua, con lo que se restablece el suministro de agua potable por red en ocho colonias de la zona de influencia, informó el organismo este sábado 10 de octubre.
Las colonias beneficiadas son Garita de Jalisco, Colinas del Parque, Residencial del Parque, Loma Dorada, Loma Verde, Viveros, Villas del Pedregal y Villantigua.
El organismo señaló que el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de agua y la presión en la red de distribución
Interapas mantendrá el monitoreo del pozo para verificar su correcto funcionamiento. Para reportes o información, las y los usuarios pueden comunicarse a Acuatel, al 444 123 64 00, o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
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Ayuntamiento de SLP
Congreso suspende carrera atlética y acusa al Ayuntamiento de negar autorización
La SSPC capitalina rechazó autorizar el cierre de calles y asignar agentes para la carrera “Un Legado a la Nación”; el oficio oficial recuerda que este tipo de eventos debe tramitarse con 15 días de anticipación.
Por: Redacción
La suspensión de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, organizada por el Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), abrió un nuevo frente político entre el Poder Legislativo y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que el Congreso responsabilizara públicamente al gobierno capitalino de impedir la realización del evento programado para este domingo 11 de octubre.
En un comunicado, el presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, informó que la competencia sería suspendida temporalmente debido a la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal para autorizar el operativo vial y el cierre de calles requerido.
El Congreso destacó que más de mil personas se en contraban inscritas para participar en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros, incluyendo niñas, niños, familias y atletas de alto rendimiento, y anunció que la carrera será reprogramada, posiblemente en el Parque Tangamanga I o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Sin embargo, el propio oficio exhibido por el Congreso ofrece un elemento que no fue incluido en su comunicado.
En el documento SSPC/DGPVM/753/X/2026, fechado el viernes 9 de octubre, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad señala que no era posible autorizar el evento ni destinar agentes al operativo debido a que ya existían servicios y dispositivos de seguridad previamente programados, entre ellos otra carrera atlética.
Además, la autoridad municipal cita expresamente el artículo 133 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de San Luis Potosí, que establece que las solicitudes para caravanas, eventos deportivos y actividades que afecten la circulación deben realizarse por escrito y con 15 días de anticipación
De acuerdo con fuentes de la SSPCM consultadas sobre el caso, la solicitud del Congreso habría sido presentada apenas unas a las 18 horas del viernes, una circunstancia que habría hecho materialmente imposible organizar cierres viales, despliegue de agentes y medidas de seguridad para una carrera de esa magnitud.
El oficio municipal no precisa la hora exacta en que fue recibida la solicitud; sin embargo, el documento sí confirma que el trámite no cumplió con el plazo de 15 días previsto en el reglamento.
Pese a ello, en su comunicado el Congreso centró el señalamiento en la “negativa” del Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos, sin mencionar el requisito reglamentario de anticipación ni explicar cuándo fue presentada formalmente la petición.
El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación política entre actores del Congreso del Estado y el gobierno de la capital, por lo que la suspensión de la carrera terminó trasladándose rápidamente del terreno deportivo al de la disputa pública.
Mientras el Congreso presenta el caso como una negativa del Ayuntamiento para facilitar la realización del evento, la documentación oficial apunta a que la solicitud habría llegado fuera de los tiempos reglamentarios, cuando la Policía Vial ya tenía comprometido su personal en otros operativos.
Por ahora, el Congreso y el INPODE anunciaron que en los próximos días darán a conocer una nueva fecha y sede para la carrera.
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