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¿Quién quiere urbanizar la Sierra de San Miguelito ?

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Comuneros, activistas, autoridades e investigadores coinciden en que el proyecto “Las Cañadas le causaría un daño a SLP”

Por: Itzel Márquez

La creación de un Área Natural Protegida (ANP) en la Sierra de San Miguelito ha generado controversia, esto luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consideró dejar fuera de la protección a mil 805 hectáreas que los comuneros de San Juan de Guadalupe pretenden vender al empresario Carlos López Medina para la construcción del proyecto “Las Cañadas”, días después el presidente Andrés Manuel López Obrador y María Luisa Albores, titular de la dependencia aseguraron que no se permitirá ninguna clase de plan inmobiliario. Esto ha generado dudas entre los activistas de cuál es el verdadero destino de ese espacio.

La Orquesta conversó con investigadores de la Sierra, activistas y comuneros para conocer todas las posturas que existen sobre el tema.

Claudia Hernández, es maestra en ciencias del hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctoranda en ciencias ambientales, ha trabajado en el territorio de la Sierra desde el 2013: “la urbanización de la Sierra desde hace mucho tiempo ha sido sujeta de discusión, yo estoy en contra de esto por todas las características y cualidades de la Sierra, en cuanto al ambiente, es una de las áreas de recarga más importantes del acuífero profundo, está sobreexplotado y si seguimos pavimentando este sitio, el agua menos va a llegar, este es uno de los temas más importantes que justifican por qué no construirse sobre ella”.

Claudia dijo que en el estudio previo justificativo para el establecimiento del área natural protegida realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene buenos sustentos para declarar esta área como tal, pero recalcó que depende de trabajo con los comuneros.

Hernández detalló que se siguen varios pasos y agregó que la información obtenida por la Conanp es lo que se presenta en la consulta pública con los habitantes de la Sierra y se evalúa si la propuesta se ajusta a los intereses de la comunidad.

Por otro lado, el comunero Noé de la Rosa mencionó que él no está de acuerdo en que el fraccionamiento se realice en la Sierra, porque les afectaría, “nosotros vamos caminando muy bien, pero ellos tienen mucho dinero y vamos a ver si puede más el dinero o la ley, conforme a lo que se enmarca en el reglamento de protección de tierras y mantos acuíferos se debe cuidar el medio ambiente, pero vamos a ver qué hacen”. Opinión que deja ver que no todos los integrantes de la comunidad están de acuerdo en vender a López Medina.

El comunero agregó que en este momento están pendientes de las mesas de trabajo acordadas con María Luisa Albores, pero aún no hay nada seguro, pues podrían realizarse hasta septiembre.

Noé de la Rosa aseguró que, a pesar de que hay opiniones divididas, la mayoría comparten un descontento en torno a la situación en la Sierra de San Miguelito.

Por último, Carlos Covarrubias, activista en favor de la Sierra de San Miguelito, también aportó su punto de vista y un panorama sobre lo que ocurre en el sitio: “después de lo que ocurrió en la Ciudad de México, platicamos con la maestra Albores, secretaria de medio ambiente, y se realizó una exposición general sobre el problema de la Sierra, en donde el principal es la información, en dicha reunión estuvo también el procurador agrario, quien reconoció que los mecanismos de difusión de la consulta a la población del territorio no son exhaustivos”.

El activista agregó que “quedó claro que el presidente de la República dijo que no le iban a ver la cara al gobierno de la República” y, de tal forma sintió el planteamiento de María Luisa Albores, quien reconoció el acoso inmobiliario, agregó: “no es asunto de asambleas ni grupos, sino de orden público e interés social”.

Carlos Covarrubias dijo que entre los acuerdos de dicha reunión, estuvo llevar a cabo la socialización del resultado de la consulta y, hacer un planteamiento para cerrar la posibilidad de especialización urbanas en el territorio, también diseñar mecanismos para que los habitantes tengan beneficios de la ANP y reabrir el capítulo de Cerro de San Pedro.

“Se puede poner complicado el tema, porque hay comunidades sometidas al yugo inmobiliario por los intereses, como el Ejido de San Juan de Guadalupe, este es un movimiento muy amplio con mucha gente involucrada, desde personas del campo hasta académicos, músicos, poetas, amas de casa, de todas las clases sociales”, agregó el activista.

Si hoy se votara por la sierra o la urbanización, te aseguro que serían cientos de miles de potosinos los que votarían por la sierra y un puñado que ambicionan zonas de urbanización por el fraccionamiento”, agregó Covarrubias.

Finalmente, en torno a las acciones en el ámbito local que van a realizar, el activista apuntó que, van a buscar al gobernador electo, Ricardo Gallardo para plantearle su postura y ver cuál es su comportamiento ante dicha situación.

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Federico Garza renunció a la Fiscalía General del Estado

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José Luis Contreras, quien actualmente se desempeña como vicefiscal jurídico, ocupará temporalmente este cargo

Por: Redacción

Esta mañana, Federico Arturo Garza Herrera presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) al Congreso del Estado, argumentando que se trata de motivos personales.

Su lugar quedará temporalmente a cargo de José Luis Ruiz Contreras, quien se desempeña como Vicefiscal Jurídico.

Garza Herrera fue el último procurador general de justicia de la entidad hasta el 26 de octubre de 2017 y una vez que se conformó la FGESLP, fue el primer fiscal general desde el 27 de octubre de ese mismo año hasta ahora que deja ese encargo. 

Se especula que la terna que mandaría el Ejecutivo del Estado, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, estaría integrada por Leonel Serrato, recientemente anunciado titular de la SCT; Candido Ochoa, ex diputado local; y Juana María Castillo, vicefiscal especializada en delitos sexuales y atención a la mujer.

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Ricardo Gallardo mudaría su oficina; Palacio de Gobierno se convertiría en museo

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El despacho del gobernador estaría ubicado en el Centro de Convenciones y la Sedeco pasaría al Centro Histórico

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona tomará protesta como gobernador de San Luis Potosí el próximo domingo, y uno de los primeros cambios que implementaría, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, sería mudar su despacho del Palacio de Gobierno a la Torre Corporativa del Centro de Convenciones, lugar en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El Palacio de Gobierno se convertiría en un museo abierto a la ciudadanía, mientras que las oficinas de Sedeco serían establecidas en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Turismo, dependencia que será trasladada a la Huasteca.

Trabajadores y trabajadoras de la Sedeco se instalaron temporalmente en uno de los salones del Centro de Convenciones, pero han informado que desde este viernes se les dio la indicación de volver a sus labores hasta nuevo aviso.

Otro de los cambios que hará Gallardo, el cual ya está confirmado, es el traslado de la Secretaría de Cultura al Altiplano, por lo que su icónica casona de la Plaza de San Francisco quedaría vacante.

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#LaHerenciaDeCarreras | Las cruces rosas del feminicidio

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El empoderamiento de las mujeres en SLP no responde a un esfuerzo del gobierno estatal, sino a la incansable lucha de activistas y organismos civiles

Por: Karina González

En marzo de 2016 ocurrió el primer feminicidio catalogado como tal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador de San Luis Potosí. Desde entonces 116 mujeres han perdido la vida a manos de feminicidas en crímenes de odio y violencia de género, según la organización Semáforo Delictivo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un análisis sobre los casos ocurridos entre octubre de 2015 y abril de 2021, fecha de su última actualización.

En 2019 se registró el mayor número de feminicidios en el estado con 28 asesinatos de mujeres; en 2018 y 2020 la cifra fue menor solo por un número, ambos años registraron 27 feminicidios; en 2017 se contabilizaron 18, en 2016 se tiene registro de 7 y actualmente, de enero a abril de este 2021, se han cometido 9 asesinatos de mujeres en el estado potosino.

Todo esto, pese a que el 21 de junio de 2017 se emitió la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios en San Luis Potosí: la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. Con este decreto el gobierno de Juan Manuel Carreras se comprometió a coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas; además, de ejercer algunas obligaciones, tales como:

Reforzar patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como videocámaras y postes de emergencia en puntos estratégicos; incrementar la vigilancia en el transporte público; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia; crear aplicaciones para teléfonos que permitan el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad; capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención; recuperación de espacios públicos; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata, así como la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; y la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.

De todas las anteriores, ninguna se logró acatar al 100 por ciento, tal como se refleja en los índices delictivos de los últimos seis años; pese a estos datos, en San Luis Potosí la figura de la mujer está cobrando importancia y se refleja en las posiciones de poder que poco a poco de conquistan dentro de la administración pública, la vida social y la industria, reconoció el doctor en criminalística Luis Alberto Osornio Saldívar, quien señaló que este logro, lamentablemente no se debe a las voluntades del gobierno del estado, sino a la incansable lucha de distintos organismos civiles que han alzado la voz para posicionar los derechos de las mujeres.

Indicó que la deuda que se queda en el gobierno estatal no es empoderar a la mujer porque ya existen mujeres empoderadas en San Luis Potosí, que han obtenido cargos de diputadas, senadoras, alcaldesas y actualmente es una mujer quien encabeza el Poder Judicial, “es histórico”, reconoció el experto; sin embargo, dijo, no es un resultado tangible para la lucha que exigen las mujeres y activistas en sus marchas; el reclamo social va mucho más allá que solo una posición laboral o económica; es la sed de justicia ante la indiferencia con las víctimas.

El experto mencionó que en feminicidios, no existe hasta el momento la operatividad adecuada en los elementos de seguridad para afrontar temas como la investigación y por tanto, no existen detenidos, culpables, procesados, ni casos cerrados. Pues según el “mapa de feminicidios” creado por el medio digital feminista La Alcantarilla y la consultoría de desarrollo de proyectos tecnológicos, software y mapas interactivos “Uxmalsoft” ningún caso ocurrido entre 2018 y 2021 ha sido considerado “concluido” por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

“Hemos tenido la capacidad activista enorme pero no hemos tenido una actividad operativa de investigación efectiva y eso es donde debemos de cambiar, por ejemplo la ministerial, los protocolos de investigación, las persecuciones, las pesquisas, las cuestiones periciales forenses, en estas debemos de avanzar”, consideró. Lo anterior se refleja en las marchas y movilizaciones feministas que año con año incrementan el número de participantes.

En 2020, antes de la pandemia de covid-19 se vivió la marcha más importante en conmemoración del 08 de marzo, miles de mujeres caminaron en una protesta por las víctimas de feminicidio y violencia de género que no recibieron justicia, víctimas de desaparición que no cuentan con carpetas de investigación o búsqueda de su paradero; familias que han perdido a una integrante porque en las calles no hay quien cuide el transitar de sus mujeres. En 2020 también se llevó a cabo por primera vez el movimiento “el nueve ninguna se mueve” que provocó que cientos de mujeres dejaran paradas sus labores por un día, visibilizando la fuerza laboral y económica que representan en la vida diaria.

Este 2021 debido a la pandemia las manifestaciones que exigen justicia se vieron limitadas, pero no silenciadas; incluso, el pasado 14 de mayo se conmemoró el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio donde se develó un memorial para recordar a las víctimas que siguen sin justicia. En este sitio se dejaron cruces rosas, flores y carteles donde se le recuerda al gobierno de Juan Manuel Carreras la deuda con la seguridad para las mujeres. Por tanto, sin soluciones ni un efectivo sistema de justicia, este problema será una de las herencias más sentidas que Juan Manuel Carreras dejará a San Luis Potosí.

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