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¿Quién quiere urbanizar la Sierra de San Miguelito ?
Comuneros, activistas, autoridades e investigadores coinciden en que el proyecto “Las Cañadas le causaría un daño a SLP”
Por: Itzel Márquez
La creación de un Área Natural Protegida (ANP) en la Sierra de San Miguelito ha generado controversia, esto luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consideró dejar fuera de la protección a mil 805 hectáreas que los comuneros de San Juan de Guadalupe pretenden vender al empresario Carlos López Medina para la construcción del proyecto “Las Cañadas”, días después el presidente Andrés Manuel López Obrador y María Luisa Albores, titular de la dependencia aseguraron que no se permitirá ninguna clase de plan inmobiliario. Esto ha generado dudas entre los activistas de cuál es el verdadero destino de ese espacio.
La Orquesta conversó con investigadores de la Sierra, activistas y comuneros para conocer todas las posturas que existen sobre el tema.
Claudia Hernández, es maestra en ciencias del hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctoranda en ciencias ambientales, ha trabajado en el territorio de la Sierra desde el 2013: “la urbanización de la Sierra desde hace mucho tiempo ha sido sujeta de discusión, yo estoy en contra de esto por todas las características y cualidades de la Sierra, en cuanto al ambiente, es una de las áreas de recarga más importantes del acuífero profundo, está sobreexplotado y si seguimos pavimentando este sitio, el agua menos va a llegar, este es uno de los temas más importantes que justifican por qué no construirse sobre ella”.
Claudia dijo que en el estudio previo justificativo para el establecimiento del área natural protegida realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene buenos sustentos para declarar esta área como tal, pero recalcó que depende de trabajo con los comuneros.
Hernández detalló que se siguen varios pasos y agregó que la información obtenida por la Conanp es lo que se presenta en la consulta pública con los habitantes de la Sierra y se evalúa si la propuesta se ajusta a los intereses de la comunidad.
Por otro lado, el comunero Noé de la Rosa mencionó que él no está de acuerdo en que el fraccionamiento se realice en la Sierra, porque les afectaría, “nosotros vamos caminando muy bien, pero ellos tienen mucho dinero y vamos a ver si puede más el dinero o la ley, conforme a lo que se enmarca en el reglamento de protección de tierras y mantos acuíferos se debe cuidar el medio ambiente, pero vamos a ver qué hacen”. Opinión que deja ver que no todos los integrantes de la comunidad están de acuerdo en vender a López Medina.
El comunero agregó que en este momento están pendientes de las mesas de trabajo acordadas con María Luisa Albores, pero aún no hay nada seguro, pues podrían realizarse hasta septiembre. 
Noé de la Rosa aseguró que, a pesar de que hay opiniones divididas, la mayoría comparten un descontento en torno a la situación en la Sierra de San Miguelito.
Por último, Carlos Covarrubias, activista en favor de la Sierra de San Miguelito, también aportó su punto de vista y un panorama sobre lo que ocurre en el sitio: “después de lo que ocurrió en la Ciudad de México, platicamos con la maestra Albores, secretaria de medio ambiente, y se realizó una exposición general sobre el problema de la Sierra, en donde el principal es la información, en dicha reunión estuvo también el procurador agrario, quien reconoció que los mecanismos de difusión de la consulta a la población del territorio no son exhaustivos”.
El activista agregó que “quedó claro que el presidente de la República dijo que no le iban a ver la cara al gobierno de la República” y, de tal forma sintió el planteamiento de María Luisa Albores, quien reconoció el acoso inmobiliario, agregó: “no es asunto de asambleas ni grupos, sino de orden público e interés social”.
Carlos Covarrubias dijo que entre los acuerdos de dicha reunión, estuvo llevar a cabo la socialización del resultado de la consulta y, hacer un planteamiento para cerrar la posibilidad de especialización urbanas en el territorio, también diseñar mecanismos para que los habitantes tengan beneficios de la ANP y reabrir el capítulo de Cerro de San Pedro.
“Se puede poner complicado el tema, porque hay comunidades sometidas al yugo inmobiliario por los intereses, como el Ejido de San Juan de Guadalupe, este es un movimiento muy amplio con mucha gente involucrada, desde personas del campo hasta académicos, músicos, poetas, amas de casa, de todas las clases sociales”, agregó el activista.
“Si hoy se votara por la sierra o la urbanización, te aseguro que serían cientos de miles de potosinos los que votarían por la sierra y un puñado que ambicionan zonas de urbanización por el fraccionamiento”, agregó Covarrubias.
Finalmente, en torno a las acciones en el ámbito local que van a realizar, el activista apuntó que, van a buscar al gobernador electo, Ricardo Gallardo para plantearle su postura y ver cuál es su comportamiento ante dicha situación.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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