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¿Qué oferta turística tienen los nuevos Pueblos Mágicos de San Luis Potosí?
Juan Carlos Machinena aseguró que ya se trabaja en accesos a Tierra Nueva y Ciudad del Maíz; además invitó a empresarios a invertir
Por: Ana G Silva
El 26 de junio, la Secretaría Federal de Turismo (Sectur) dio a conocer que San Luis Potosí consiguió el nombramiento de los municipios de Tierranueva y Ciudad del Maíz, como los nuevos Pueblos Mágicos. Luego de esto, La Orquesta conversó con Juan Carlos Machinena Morales, secretario de Turismo estatal, sobre la oferta que tienen estos sitios para los visitantes.
El secretario mencionó que hay varios retos para estos nuevos pueblos mágicos, como es el caso de la accesibilidad, la infraestructura hotelera y la restaurantera, en los que ya se trabaja. En el caso de la accesibilidad, dijo, que Tierranueva se encuentra muy cerca de la capital potosina y su conectividad es buena; mientras que en Ciudad del Maíz, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la carretera que conecta a una parte de la cabecera con Palomas, lugar donde vivió el general Saturnino Cedillo y donde se dieron muchos acuerdos nacionales e históricos:
“Para Tierranueva van personas de la capital a paseos en lancha y a disfrutar de la presa La Muñeca, incluso tienen casa construida por las actividades que da, como ir a comer, ir a comprarse un sombrero o recorrer su parroquia. Y en el caso de Ciudad del Maíz, en la época de Lázaro Cárdenas, tenía una gran conectividad, había trenes y autobuses, era un sitio privilegiado en cuestión de ubicación, y hubo un problema en ese entonces, que es parte de las historias que tenemos que contar ahora como Pueblo Mágico, entre el presidente y el subsecretario de guerra y eso provocó que se pararan esas comunicaciones. Hoy tenemos que retomar y traemos el tema del Tren Huasteco, que conecta a varios municipios”.
En cuanto a infraestructura hotelera y restaurantera, Machinena Morales señaló que se debe incrementar en ambos lugares; añadió que en Tierranueva está el sistema de Airbnb, aunque aún no es suficiente, por lo que hizo un llamado a empresarios a invertir en estos nuevos Pueblos Mágicos:
“Señores inversionistas es el momento, con el nombramiento de Ciudad del Maíz y de Tierranueva, de invertir en ambos lugares, en hotelería y restaurantes sería muy bueno, seguro éxito para quienes lo hagan. Será una tarea que la Secretaría de Turismo obviamente gestionará, dará las facilidades para efectos de permisos, tanto municipales como estatales a quienes inviertan”.
El funcionario estatal subrayó que otro reto que enfrentarán Tierranueva y Ciudad del Maíz con los nuevos nombramientos serán las capacitaciones a los prestadores de servicio para incrementar la capacidad de atención al turista.
Juan Carlos Machinena resaltó que un nombramiento de Pueblo Mágico activa la economía, lo cual “ya se ha comenzado a mover” en estos municipios, pues ya hay más visitantes y comenzaron a asistir posibles inversionistas; también están colocados en la página de la Secretaría de Turismo Federal y estatal; sin contar que se generan empleos.
“Pensemos solamente en un paraje natural de una comunidad, la comunidad se ve beneficiada, ahí en ambos municipios hay parajes; por ejemplo, en Tierranueva el tema de avistamiento de aves. También puede beneficiarse una comunidad que hoy a lo mejor está en asuntos de pobreza y que gracias al turismo podrán generar economía y tener una mejor calidad de vida”.
El secretario de Turismo destacó que Tierranueva y Ciudad del Maíz son pueblos históricos de San Luis Potosí, con legado en la época prehispánica con el caso de la etnia Pame en Ciudad del Maíz; también de la Independencia y de la Revolución: “en épocas del general Saturnino Cedillo, secretario de Guerra, contribuyó a que en Ciudad del Maíz se tomaran decisiones muy importante para el país; además de que fue un sitio donde llegaron familias de origen italiano, árabe o japonés una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. En Tierranueva fue un lugar donde se hicieron acuerdos, en épocas del general Carrera Torres, quien era el que controlaba todo una región hoy este parte de la zona media, parte de la Huasteca y parte de Tamaulipas, con varias batallas”.
Machinena Morales puntualizó que estos lugares son ricos en artesanías como el sombrero en Tierranueva y la creación de máscaras en Ciudad del Maíz; agregó que sus tradiciones son dignas de conocer.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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