Estado
¿Qué es una controversia constitucional?
El Ayuntamiento de San Luis Potosí dijo que interpondrá dicho recurso ante la Suprema Corte, pero… ¿en qué consiste?
Por: Bernardo Vera
En el pasado mes de diciembre de 2024, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó la modificación en el cambio de uso de suelo para la Zona Industrial, que permitiría a giros comerciales su instalación en esta parte de la ciudad. Dicha aprobación provocó reacciones del sector empresarial y del propio Ayuntamiento de San Luis Potosí, quien el día de ayer dio a conocer que interpondrán una controversia constitucional, al considerar que invade las facultades exclusivas del municipio para planear el desarrollo urbano.
Pero… ¿en qué consiste una controversia constitucional?
Consiste en un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelve cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia , vulnerando el orden Constitucional.
Este recurso puede ser presentado por cualquiera de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los estados; por los ayuntamientos; el Poder Ejecutivo Federal; las Cámaras del Congreso de la Unión; así como órganos constitucionales autónomos federales y estatales.
Ruben Guajardo Barrera, diputado local en el Congreso de San Luis Potosí, simplificó el asunto, y dijo que se trata de someter a juicio las posturas de una autoridad u otra, para dar la razón a alguna de las partes.
“Es cuando dos entes tienen diferentes puntos de vista; en este caso, el Congreso tiene un punto de vista y el ayuntamiento tiene otro; solamente requiere la firma del síndico, representante jurídico del ayuntamiento. Presentará la controversia, que lo que quiere decir es ‘yo no estoy de acuerdo con lo que el Congreso legisló y aprobó’ . Esta controversia la va a atender la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Este proceso, declaró Guajardo Barrera, solamente implica otorgar la razón a una de las partes tras una serie de defensas jurídicas presentadas por los involucrados, por lo que no conlleva ningún otro tipo de sanción ni repercusiones de otra índole. Incluso, se posicionó a favor de este tipo de recursos en los que el máximo ente jurisdiccional puede intervenir.
Además, recordó que no es la primera vez que se interpone este recurso en la capital potosina.
“Te pongo un ejemplo, la controversia para la venta de terrenos que tenga cada ayuntamiento; en su momento Jorge Lozano presentó una, en la que la SCJN le dio la razón al ayuntamiento. No es la primera vez que se hace una controversia por parte del ayuntamiento ante un decreto aprobado por el Congreso del Estado. Está en su derecho y vamos a esperar a ver qué resuelve la SCJN.
Finalmente, advirtió que existe riesgo de que la SCJN alargue la resolución en este tema, dado que ante la reforma al Poder Judicial, se celebrarán elecciones de jueces y magistrados, lo que implica una renovación de quienes podrán resolver esta controversia.
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Congreso del Estado
Congreso se matendrá al pendiente de avances en auditorías de obra municipal
Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones
Por: Redacción
La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.
Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.
“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.
Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.
“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.
Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.
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Estado
IFSE va contra proveedores de gobierno implicados en corrupción
Podrían estar involucrados en delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o uso indebido de recursos públicos
Por: Redacción
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) anunció que continúa el proceso de auditorías a las Cuentas Públicas 2025, donde se encargan de evaluar resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de objetivos, dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas no graves y promover denuncias e imposición de sanciones administrativas y penales en caso de faltas graves
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del Estado, detalló que los auditores siguen en los municipios y dependencias del estado, ejecutando el primer momento de los procedimientos de auditoría de campo a la obra pública, confrontando la información que proporcionan los entes públicos, con la que se requiere a terceros y proveedores, para verificar que todo coincida conforme a las leyes.
El procedimiento también integra la revisión por pares con cruce de datos, para la ejecución de las auditorías 2026. En este sentido, el titular del IFSE señaló que los auditores tienen la facultad de requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, para realizar las investigaciones que se estimen necesarias.
Al respecto, Rodrigo Lecourtois puntualizó que es la autoridad judicial la responsable de imponer las sanciones correspondientes. “Las penas pueden ser económicas, pero también abarcan castigos como inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios al patrimonio público; suspensión de actividades; y disolución de la sociedad en caso de tratarse de personas morales”.
Finalmente, el titular del IFSE llamó a los funcionarios públicos y particulares relacionados contractualmente con los entes obligados, a brindar las facilidades y accesos necesarios al personal del organismo fiscalizador para que efectúen las inspecciones en el lugar, recolecten evidencias y verifiquen el cumplimiento puntual de procesos y normas.
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Ciudad
Villa de Pozos clausura granja avícola
La clausura fue por una denuncia ciudadana y la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo
Por: Redacción
Villa de Pozos realizó la clausura parcial de las fosas de disposición final de residuos de una granja avícola ubicada en el municipio, tras detectarse la operación sin dictamen de ecología ni autorizaciones ambientales para el manejo de residuos.
El titular de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa explicó que, esta clausura derivó de un procedimiento administrativo iniciado el pasado 04 de mayo del presente año; las instalaciones operan desde hace varios años en un predio cercano a la planta de tratamiento de Tanque Tenorio, situación que representa un riesgo potencial de contaminación en caso de un manejo inadecuado de residuos avícolas, por lo que se actuó de manera preventiva y conforme a la normatividad ambiental vigente.
Detalló que la clausura fue resultado de una denuncia ciudadana y de la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo, entre ella la licencia de funcionamiento, licencia de uso de suelo, dictamen de ecología y manifestación de impacto ambiental, documentos que no fueron presentados dentro del plazo establecido por la ley.
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