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Purata aceptó compra de camionetas pese a crisis en Interapas
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, Ricardo Purata también habló sobre la cartera vencida de Interapas, la operación de El Realito y los deudores del organismo
Por: Redacción
Ricardo Fermín Purata Espinoza, titular de Interapas, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión del Agua, para actualizar la información sobre cartera vencida, operación de la Presa El Realito, deudores y quejas ciudadanas por deficiencias en la prestación del servicio.
En lo relacionado al agua que se recibe en El Realito, que representa el 15 por ciento del volumen total de la red de la ciudad, el funcionario detalló que se entrega un caudal de 20 millones de metros cúbicos, de los cuales la mitad se pierde en la red.
Indicó que para el organismo, la operación de El Realito representa un alto costo, ya que le cuesta a 18 pesos el metro cúbico para el sector doméstico, y se cobra en 5 pesos.
Agregó que por ello, se está busca recobrar la eficiencia en pozos para su rehabilitación, además de que se ha solicitado el apoyo del gobierno del estado, para comercializarla en zona industrial y que permita recuperar parte del costo.
ACEPTÓ LA COMPRA DE 15 VEHÍCULOS, PESE A ESTAR EN CRISIS
Los diputados Isabel González Tovar, Consuelo Carmona, Mario Lárraga Delgado, Martín Juárez señalaron la discordancia entre la difícil situación económica que enfrenta el organismo, donde incluso derivó de un corte de energía eléctrica en sus oficinas, con la noticia compra de 15 vehículos nuevos que se dio a conocer en días pasados.
Sobre el punto, Purata Espinoza señaló que para la adquisición de estas unidades se realizó una licitación pública abierta, en la que participaron 5 distribuidores de automóviles, y cuyo monto de inversión general fue de 3 millones 930 mil pesos.
Explicó que estos vehículos, camionetas pick up, fueron adquiridas para uso de cuadrillas de reparación de infraestructura hidráulica, reparación de fugas y bacheo, ya que los vehículos con que se contaba al inicio de la administración eran de modelos muy antiguos, y con lo cual se busca brindar eficiencia física y atención a los usuarios.
En relación al adeudo con Comisión Federal de Electricidad, indicó que, dado que subió considerablemente la tarifa para el organismo, siendo el principal insumo para el funcionamiento de bombas, se buscó el apoyo del titular de la dependencia Manuel Barlett para lograr el acuerdo de reducción en el pago y contar con recursos que le permitan al organismo hacer inversiones en infraestructura.
Además, los diputados Isabel González, Marite Hernández y Consuelo Carmona, solicitaron se haga público el listado de los 100 mayores usuarios que adeudan al organismo 
En relación a la cartera vencida, respondió a los cuestionamientos de los diputados Angélica Mendoza y José Antonio Zapata, y señaló que la eficiencia comercial se encuentra en un 60 por ciento, lo que quiere decir que, de cada 10 usuarios, solamente pagan 6.
Agregó que, al corte de mayo de 2019, la cartera vencida suma un total de 780 millones 657 mil 738 pesos, de un total de 113 mil 128 usuarios.
Para la recuperación de cartera vencida, se contrataron dos despachos de cobranza, que, al corte del 15 de mayo, lograron la recuperación de 6 millones de pesos que fueron ingresados al organismo. Reconoció que el reto para la recuperación de adeudos será difícil ya que el 50 por ciento tiene una antigüedad mayor a 5 años.
La diputada Marite Hernández Correa solicitó se atienda la situación de abastecimiento en la zona norte de la ciudad, donde los habitantes siguen padeciendo la falta de líquido, siendo éste un derecho humano.
Las diputadas Paola Arreola, Angélica Mendoza, y María Isabel González Tovar solicitaron se atiendan las quejas de los usuarios de Soledad quienes, además de sufrir la falta de abastecimiento de agua, sufren malos tratos por parte de la delegada de la zona, a lo cual el funcionario se comprometió a atender la situación.
El diputado José Antonio Zapata solicitó se presente a la Comisión del Agua los 26 proyectos que tiene previstos el Interapas para modernización de infraestructura hidráulica.
Finalmente, a petición de la diputada María Isabel González, Purata Espinoza dijo que el compromiso del Interapas es continuar con los trabajos para una buena gestión administrativa y compra a proveedores, mantener los acuerdos con CFE, y atender las deficiencias físicas en infraestructura, así como el acercamiento con el alcalde de Soledad para atender las deficiencias en abastecimiento de agua.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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