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Purata aceptó compra de camionetas pese a crisis en Interapas
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, Ricardo Purata también habló sobre la cartera vencida de Interapas, la operación de El Realito y los deudores del organismo
Por: Redacción
Ricardo Fermín Purata Espinoza, titular de Interapas, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión del Agua, para actualizar la información sobre cartera vencida, operación de la Presa El Realito, deudores y quejas ciudadanas por deficiencias en la prestación del servicio.
En lo relacionado al agua que se recibe en El Realito, que representa el 15 por ciento del volumen total de la red de la ciudad, el funcionario detalló que se entrega un caudal de 20 millones de metros cúbicos, de los cuales la mitad se pierde en la red.
Indicó que para el organismo, la operación de El Realito representa un alto costo, ya que le cuesta a 18 pesos el metro cúbico para el sector doméstico, y se cobra en 5 pesos.
Agregó que por ello, se está busca recobrar la eficiencia en pozos para su rehabilitación, además de que se ha solicitado el apoyo del gobierno del estado, para comercializarla en zona industrial y que permita recuperar parte del costo.
ACEPTÓ LA COMPRA DE 15 VEHÍCULOS, PESE A ESTAR EN CRISIS
Los diputados Isabel González Tovar, Consuelo Carmona, Mario Lárraga Delgado, Martín Juárez señalaron la discordancia entre la difícil situación económica que enfrenta el organismo, donde incluso derivó de un corte de energía eléctrica en sus oficinas, con la noticia compra de 15 vehículos nuevos que se dio a conocer en días pasados.
Sobre el punto, Purata Espinoza señaló que para la adquisición de estas unidades se realizó una licitación pública abierta, en la que participaron 5 distribuidores de automóviles, y cuyo monto de inversión general fue de 3 millones 930 mil pesos.
Explicó que estos vehículos, camionetas pick up, fueron adquiridas para uso de cuadrillas de reparación de infraestructura hidráulica, reparación de fugas y bacheo, ya que los vehículos con que se contaba al inicio de la administración eran de modelos muy antiguos, y con lo cual se busca brindar eficiencia física y atención a los usuarios.
En relación al adeudo con Comisión Federal de Electricidad, indicó que, dado que subió considerablemente la tarifa para el organismo, siendo el principal insumo para el funcionamiento de bombas, se buscó el apoyo del titular de la dependencia Manuel Barlett para lograr el acuerdo de reducción en el pago y contar con recursos que le permitan al organismo hacer inversiones en infraestructura.
Además, los diputados Isabel González, Marite Hernández y Consuelo Carmona, solicitaron se haga público el listado de los 100 mayores usuarios que adeudan al organismo 
En relación a la cartera vencida, respondió a los cuestionamientos de los diputados Angélica Mendoza y José Antonio Zapata, y señaló que la eficiencia comercial se encuentra en un 60 por ciento, lo que quiere decir que, de cada 10 usuarios, solamente pagan 6.
Agregó que, al corte de mayo de 2019, la cartera vencida suma un total de 780 millones 657 mil 738 pesos, de un total de 113 mil 128 usuarios.
Para la recuperación de cartera vencida, se contrataron dos despachos de cobranza, que, al corte del 15 de mayo, lograron la recuperación de 6 millones de pesos que fueron ingresados al organismo. Reconoció que el reto para la recuperación de adeudos será difícil ya que el 50 por ciento tiene una antigüedad mayor a 5 años.
La diputada Marite Hernández Correa solicitó se atienda la situación de abastecimiento en la zona norte de la ciudad, donde los habitantes siguen padeciendo la falta de líquido, siendo éste un derecho humano.
Las diputadas Paola Arreola, Angélica Mendoza, y María Isabel González Tovar solicitaron se atiendan las quejas de los usuarios de Soledad quienes, además de sufrir la falta de abastecimiento de agua, sufren malos tratos por parte de la delegada de la zona, a lo cual el funcionario se comprometió a atender la situación.
El diputado José Antonio Zapata solicitó se presente a la Comisión del Agua los 26 proyectos que tiene previstos el Interapas para modernización de infraestructura hidráulica.
Finalmente, a petición de la diputada María Isabel González, Purata Espinoza dijo que el compromiso del Interapas es continuar con los trabajos para una buena gestión administrativa y compra a proveedores, mantener los acuerdos con CFE, y atender las deficiencias físicas en infraestructura, así como el acercamiento con el alcalde de Soledad para atender las deficiencias en abastecimiento de agua.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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