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Purata aceptó compra de camionetas pese a crisis en Interapas
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, Ricardo Purata también habló sobre la cartera vencida de Interapas, la operación de El Realito y los deudores del organismo
Por: Redacción
Ricardo Fermín Purata Espinoza, titular de Interapas, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión del Agua, para actualizar la información sobre cartera vencida, operación de la Presa El Realito, deudores y quejas ciudadanas por deficiencias en la prestación del servicio.
En lo relacionado al agua que se recibe en El Realito, que representa el 15 por ciento del volumen total de la red de la ciudad, el funcionario detalló que se entrega un caudal de 20 millones de metros cúbicos, de los cuales la mitad se pierde en la red.
Indicó que para el organismo, la operación de El Realito representa un alto costo, ya que le cuesta a 18 pesos el metro cúbico para el sector doméstico, y se cobra en 5 pesos.
Agregó que por ello, se está busca recobrar la eficiencia en pozos para su rehabilitación, además de que se ha solicitado el apoyo del gobierno del estado, para comercializarla en zona industrial y que permita recuperar parte del costo.
ACEPTÓ LA COMPRA DE 15 VEHÍCULOS, PESE A ESTAR EN CRISIS
Los diputados Isabel González Tovar, Consuelo Carmona, Mario Lárraga Delgado, Martín Juárez señalaron la discordancia entre la difícil situación económica que enfrenta el organismo, donde incluso derivó de un corte de energía eléctrica en sus oficinas, con la noticia compra de 15 vehículos nuevos que se dio a conocer en días pasados.
Sobre el punto, Purata Espinoza señaló que para la adquisición de estas unidades se realizó una licitación pública abierta, en la que participaron 5 distribuidores de automóviles, y cuyo monto de inversión general fue de 3 millones 930 mil pesos.
Explicó que estos vehículos, camionetas pick up, fueron adquiridas para uso de cuadrillas de reparación de infraestructura hidráulica, reparación de fugas y bacheo, ya que los vehículos con que se contaba al inicio de la administración eran de modelos muy antiguos, y con lo cual se busca brindar eficiencia física y atención a los usuarios.
En relación al adeudo con Comisión Federal de Electricidad, indicó que, dado que subió considerablemente la tarifa para el organismo, siendo el principal insumo para el funcionamiento de bombas, se buscó el apoyo del titular de la dependencia Manuel Barlett para lograr el acuerdo de reducción en el pago y contar con recursos que le permitan al organismo hacer inversiones en infraestructura.
Además, los diputados Isabel González, Marite Hernández y Consuelo Carmona, solicitaron se haga público el listado de los 100 mayores usuarios que adeudan al organismo 
En relación a la cartera vencida, respondió a los cuestionamientos de los diputados Angélica Mendoza y José Antonio Zapata, y señaló que la eficiencia comercial se encuentra en un 60 por ciento, lo que quiere decir que, de cada 10 usuarios, solamente pagan 6.
Agregó que, al corte de mayo de 2019, la cartera vencida suma un total de 780 millones 657 mil 738 pesos, de un total de 113 mil 128 usuarios.
Para la recuperación de cartera vencida, se contrataron dos despachos de cobranza, que, al corte del 15 de mayo, lograron la recuperación de 6 millones de pesos que fueron ingresados al organismo. Reconoció que el reto para la recuperación de adeudos será difícil ya que el 50 por ciento tiene una antigüedad mayor a 5 años.
La diputada Marite Hernández Correa solicitó se atienda la situación de abastecimiento en la zona norte de la ciudad, donde los habitantes siguen padeciendo la falta de líquido, siendo éste un derecho humano.
Las diputadas Paola Arreola, Angélica Mendoza, y María Isabel González Tovar solicitaron se atiendan las quejas de los usuarios de Soledad quienes, además de sufrir la falta de abastecimiento de agua, sufren malos tratos por parte de la delegada de la zona, a lo cual el funcionario se comprometió a atender la situación.
El diputado José Antonio Zapata solicitó se presente a la Comisión del Agua los 26 proyectos que tiene previstos el Interapas para modernización de infraestructura hidráulica.
Finalmente, a petición de la diputada María Isabel González, Purata Espinoza dijo que el compromiso del Interapas es continuar con los trabajos para una buena gestión administrativa y compra a proveedores, mantener los acuerdos con CFE, y atender las deficiencias físicas en infraestructura, así como el acercamiento con el alcalde de Soledad para atender las deficiencias en abastecimiento de agua.
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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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