Se darán hasta 8 años de prisión a agresores

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este lunes reformas al Código Penal estatal para tipificar como delito la violencia vicaria, una forma extrema de agresión de género que utiliza a las hijas e hijos como herramientas para dañar a las mujeres. La iniciativa, promovida por la diputada Roxanna Hernández Ramírez, fue avalada por unanimidad durante la sesión ordinaria del pleno.

Con la adición del Capítulo VIII “Violencia Vicaria” al Título Sexto del Código Penal y la incorporación del Artículo 207 Ter, se establece que comete este delito cualquier hombre que, con intención dolosa y de manera directa o a través de terceros, cause daño a una mujer con la que haya tenido una relación —ya sea por parentesco, matrimonio, concubinato o convivencia— utilizando a sus hijos o hijas como medio para hacerlo.

Las sanciones contempladas para este delito van de dos a ocho años de prisión, además de una multa de 140 a 200 unidades de medida de actualización (UMA). También se faculta a las autoridades judiciales para aplicar otras penas complementarias, como la pérdida de la patria potestad, custodia, derechos hereditarios y pensión alimenticia, así como la prohibición de acudir a ciertos lugares. Además, el agresor deberá participar en servicios de reeducación y recibir tratamiento psicológico, sin exceder el tiempo impuesto en prisión. Cuando la violencia vicaria se comete mediante una persona intermediaria, la pena podrá aumentarse hasta en una tercera parte.

Durante la presentación de la reforma, la diputada Hernández Ramírez subrayó que la violencia vicaria representa una de las formas más crueles y despiadadas de violencia de género

“El objetivo del agresor es destruir emocional y psicológicamente a la mujer, ejercer un dominio absoluto sobre ella y mantener una relación de poder basada en la desigualdad”, denunció la legisladora. La aprobación de esta iniciativa representa un avance histórico para el marco legal de protección a las mujeres y sus hijas e hijos en San Luis Potosí, alineándose con las demandas de colectivos feministas y expertos en derechos humanos.

Con esta medida, el Congreso del Estado busca dar respuesta a una deuda legislativa pendiente y garantizar el acceso a la justicia de mujeres que han sido invisibilizadas dentro del sistema judicial por no contar con un tipo penal específico para sancionar este tipo de violencia.

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Alejandro Henriquez realizaba la defensa de habitantes de “Cooperativa El Bosque”, sitio donde se pretende un desalojo; UASLP calificó la detención de “arbitraria”

Por: Redacción

Elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron esta mañana a Alejandro Antonio Henriquez Flores, abogado salvadoreño, egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y asesor de “Ecos El Salvador”, una organización dedicada a la preservación del medio ambiente en aquel país.

De acuerdo a medios de comunicación locales, habitantes de la Cooperativa El Bosque –comunidad localizada en el cantón El Triunfo, de Santa Tecla, La Libertad– realizaron una manifestación pacífica el día de ayer, para evitar el desalojo (considerado como ilegal) de unas 300 familias de esa zona. Sin embargo, la Policía Nacional Civil detuvo a cinco líderes comunitarios de esta Cooperativa, en una detención que califican como arbitraria.

El portal Bálsamo Radio TV dio a conocer el momento en que Alejandro Henriquez fue llevado por elementos de la misma corporación, y que pudiera estar relacionado con las mismas acciones cometidas el día de ayer, luego de darse a conocer que Henriquez Flores funge como abogado de la Cooperativa en el litigio legal que sostienen, y en el que ha acompañado a las familias, presumiblemente reprimidas el día de ayer.

Junto a él, ha sido detenido el presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez

La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, emitió un comunicado en el que condenó la detención del abogado, quien es egresado de este programa de estudios. Así mismo, se mostraron preocupados por el contexto de persecución política contra activistas y defensores de los derechos humanos, los pueblos y la tierra en El Salvador.

Habitantes de la Cooperativa El Bosque se han visto presionados ante el intento de desalojo de sus viviendas, en un proceso que consideran como fraudulento, pues se trata de un sitio con tierras fértiles y recursos hídricos. El desalojo fue decretado por mandato judicial emitido por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla con fecha límite del 22 de mayo de este mes.

Esta tarde se prevé una manifestación frente al consulado de El Salvador, ubicado en la capital de San Luis Potosí, para exigir la liberación inmediata del abogado y defensor de derechos humanos.

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El magistrado Arturo Morales aseguró que sí hay interés por participar, pero se necesita mayor claridad sobre el procedimiento

Por: Redacción

A menos de un mes de las elecciones del 2 de junio, el

En entrevista, Morales Silva señaló que en el contacto que ha tenido con distintos sectores de la población ha detectado una preocupación recurrente respecto al número de boletas que se entregarán y el

“Sí existe una necesidad de que se explique un poco más cómo se va a votar. Las personas con las que he hablado coinciden en que tienen muchas dudas de cómo será el proceso el 1 de junio”, afirmó.

El magistrado explicó que cada votante recibirá seis boletas para elegir a integrantes del Poder Judicial Federal, así como por lo menos tres boletas adicionales para cargos del fuero común, lo cual representa una logística electoral más compleja de lo habitual.

Pese a ello, destacó que sí percibe un genuino interés ciudadano por acudir a las urnas, por lo que hizo un llamado a las autoridades electorales para reforzar la difusión y orientación sobre el proceso electoral.

“Si se trabaja un poco más en ese rubro, creo que las personas podrían ejercer su derecho al voto con mayor facilidad”, concluyó Morales Silva.

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