En la Zona Huasteca es escenario de métodos depredatorios de pesca y el río Axtla sufre de contaminación indiscriminada

Por: Redacción

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado a fin de dotar al Estado de instrumentos penales específicos y reforzados para combatir la contaminación, la modificación ilícita de cauces y la pesca ilícita en ríos y cuerpos de agua interiores, con énfasis en la Huasteca potosina y en particular en la cuenca del río Axtla, sin perder de vista el conjunto de ríos y sistemas acuáticos que bañan a los municipios de la región.

Con esta reforma, se busca desalentar el uso de métodos de pesca depredatorios, promover el respeto a las vedas establecidas para especies como la acamaya, proteger la biodiversidad acuática y garantizar la continuidad de actividades económicas y culturales vinculadas al agua, en beneficio de las generaciones presentes y futuras del Estado de San Luis Potosí.

La legisladora presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social manifestó que la región huasteca es reconocida a nivel nacional e internacional por sus ríos de aguas claras, cascadas y atractivos ecoturísticos, entre los que sobresalen los sistemas de los ríos Axtla, Tampaón, Gallinas y Moctezuma, que constituyen un patrimonio natural fundamental para el Estado y para el país.

Dentro de este sistema hídrico, la cuenca del río Axtla se ha convertido en un caso emblemático por la creciente presión que enfrenta, no solo por descargas y contaminación, sino también por prácticas de pesca indiscriminada y métodos depredatorios empleados por particulares en sus márgenes y afluentes. Diversas notas periodísticas y reportes ciudadanos recientes han documentado mortandad de peces, deterioro de la calidad del agua y preocupación social  por las afectaciones al río Axtla, lo que ha motivado incluso la instalación de comités de cuenca e intervenciones de autoridades ambientales para atender la problemática.

La iniciativa contempla incorporar un tipo penal de pesca ilícita dentro del Capítulo relativo a los delitos contra el ambiente, como artículo 295 Bis, a continuación del actual artículo 295 que ya tutela cuerpos de agua, humedales y cauces. Asimismo, se propone una reforma al artículo 295 para visibilizar de forma expresa la protección reforzada que merecen los ríos, lagunas, humedales y cuerpos de agua de la región Huasteca Potosina, sin alterar el catálogo de conductas punibles ya previstas en dicho artículo.

Las sanciones propuestas en el nuevo artículo 295 Bis —uno a cuatro años de prisión y trescientos a dos mil días multa en su tipo básico; tres a ocho años de prisión y mil quinientos a cuatro mil días multa en los supuestos agravados— guardan proporcionalidad con el resto de los delitos ambientales previstos en el Código Penal estatal y con el estándar federal para delitos contra la biodiversidad.

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La dirigente estatal priista no descartó la posibilidad de ir en coalición en el 2027, pero recalcó que no es su actual prioridad

Por: Redacción

Sara Rocha Medina, dirigente estatal del PRI, aseguró que si bien desde su partido han tenido negociaciones para una posible coalición de cara a las Elecciones del 2027, “no están urgidos de alianzas”, por lo que podrían lanzarse en solitario.

Rocha Medina recalcó que en estos momentos, en su movimiento tienen “perfectamente claro” que su enfoque debe de estar en el trabajo en su estructura interna, así como cumplir con las acciones que están realizando a nivel estatal.

Resaltó que no descartan la posibilidad de aliarse con algún otro partido para el ejercicio electoral del próximo año

Esto no va acorde a lo que anteriormente había comentado, ya que hace unas semanas, la dirigente estatal priista declaró en conferencia de prensa que “era necesario” que diversos movimientos políticos ajenos a Morena se unieran con el objetivo de “buscar lo mejor para México”.

Extendió la invitación principalmente a Movimiento Ciudadano y al PAN, e incluso se negó a descartar la posibilidad de establecer una potencial coalición con el Partido Verde.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo un llamado similar para establecer esta alianza a nivel federal, pero fue rechazado contundentemente por los demás partidos políticos.

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José Guadalupe Torres Sánchez plantea debate sobre delitos graves y responsabilidad de padres o tutores

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, consideró necesario abrir un debate “con mucha responsabilidad” sobre la posibilidad de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos graves, aunque advirtió que el análisis debe contemplar múltiples factores legales y sociales.

El funcionario estatal señaló que este tema no puede resolverse de manera simplista ni a partir de declaraciones aisladas, sino mediante una revisión integral del marco jurídico y sus implicaciones.

“Es un debate que hay que tener con mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista”, afirmó.

Torres Sánchez explicó que uno de los elementos centrales en esta discusión debe ser el nivel de violencia ejercida en los delitos, al referirse a casos recientes en el país donde menores han cometido actos de extrema gravedad.

“Tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Michoacán, donde un menor de edad agredió a dos maestras, provocándoles la muerte, hecho que calificó como una “brutalidad” y que, dijo, evidencia la necesidad de revisar los alcances de la legislación actual.

“Por supuesto que es una brutalidad y frente a ello parecieran demasiado flexibles”, expresó en referencia a las sanciones vigentes.

No obstante, el secretario general de Gobierno subrayó que cualquier modificación legal debe contemplar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores, particularmente padres o tutores.

“La responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores o a sus padres”, indicó, al señalar que en muchos casos estos actores no son considerados dentro de las consecuencias legales.

Torres Sánchez recordó que, a diferencia de los menores, los padres sí están sujetos a la legislación penal ordinaria, lo que abre la posibilidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad más estrictos.

“Estos no olviden que sí son sujetos de una ley ordinaria o común que inclusive permite la reclusión”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que el debate debe analizar todas las aristas antes de plantear cambios legales, especialmente ante propuestas impulsadas a nivel federal sobre el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alto impacto.

“Cualquier idea que tienda o sume para poder erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, afirmó.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que será necesario esperar a que se formalicen las iniciativas desde el ámbito federal para poder fijar una postura más concreta en San Luis Potosí, aunque adelantó que el estado se mantendrá atento a cualquier propuesta que busque fortalecer la seguridad y la justicia.

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