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Protección para la Sierra de San Miguelito no está en riesgo: activistas
Los Guardianes de la Sierra aseguraron que el amparo, solicitado por algunos comuneros, no tiene efecto, pues a nadie se le va a despojar de su tierra
Por: Ana G Silva
El pasado lunes, el juzgado Cuarto de Distrito aprobó una suspensión en contra de la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, lo que fue celebrado por integrantes del Frente Agrario Pro-Familias de la Sierra; sin embargo, el movimiento Guardianes de la Sierra indicó que este amparo no pone en peligro el decreto emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Enrique Rivera, ciudadano solidario con la lucha de los Guardianes de la Sierra, explicó que el amparo estipula “una suspensión de plano para que las cosas se mantengan en el estado en el que actualmente guardan y que no se prive total o parcialmente tierra de uso común pertenecientes a la comunidad, por lo que siempre y cuando se demostrara el despojo, y no hay uno, podrían tener razón”.
Rivera destacó que el decreto de ANP no contempla expropiación de tierras, sino que solo hay reglas, por lo que comuneros podrán dedicarse a seguir haciendo uso de su propiedad, ya que sigue siendo suya, solo que no pueden realizarse algunas actividades como construcción de fraccionamientos.
Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito destacaron que no hay preocupación en el movimiento por el amparo, pues no se frena el decreto de ANP, por lo que consideran que están ante “una situación que es la noticia falsa del año”, pues es la información está manipulada y distorsionada.
“Si el decreto dijera que las tierras ya no son de los compañeros, evidentemente nosotros seríamos los primeros en impugnarlo, lo hicimos, en su momento defendimos cuando la Semarnat iba a darle a los fraccionadores mil 805 hectáreas, pero es muy diferente porque el decreto menciona que la tierra es de comuneros, que las actividades agrícolas y ganaderas se respeta y que el gobierno está obligado a generar condiciones de desarrollo rural y agropecuario para que la gente esté mejor y respetando los asentamientos de los dueños del territorio”.
Enrique Rivera indicó que con este amparo “patito” se está tratando de tergiversar las cosas, pues “los varones del concreto” están enojados; mientras que Guardianes de la Sierra agregaron que “buscaban obtener un golpe mediático y quedan en ridículo los medios que se colgaron a esta farsa”.
“Los que hemos participado siempre hemos estado en alerta, esto ya lo veíamos venir, de hecho se nos hace muy extraño que sea a lo único que hayan llegado, están tan débiles, y estos comuneros que andan creando frentes de familias afectadas son fachadas, porque están detrás los empresarios”, dijo Rivera.
El movimiento Guardianes de la Sierra destacó que será importante la postura que asuma el gobierno del estado, a cargo de Ricardo Gallardo, pues consideran que el mandatario siempre ha estado del lado de la Sierra:
“No en el sentido de dirigir la lucha, sino que está de acuerdo en protegerla, entonces cómo puede ser que algo con lo que todos están de acuerdo tantas personas vaya a desaparecer por un puñado de fraccionadores. Esto son signos de desesperación, se están dando un balazo ellos mismos”.
Rivera subrayó que es importante que Gallardo Cardona se involucre más en el tema y que apoye esta declaratoria de ANP: “no lo hemos visto muy metido, sabemos que debe tener compromisos con estos empresarios, pero que no olvide que con quien tiene compromiso es con San Luis Potosí, así como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al cumplirle al pueblo potosino”.
Finalmente, Guardianes de la Sierra indicaron que María Luisa Albores, titular de Semarnat, estará en el estado este miércoles 5 de enero para entablar diálogo con los 36 grupos agrarios involucrados en el decreto de ANP y firmar un documento de coordinación y trabajo con el gobierno de Gallardo.
A continuación anexamos el amparo:
Núm. de Expediente: 1364/2021
Fecha del Auto: 31/12/2021
Fecha de publicación: 03/01/2022
Síntesis:
Vista la demanda de amparo que promueven *****, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Comunal del Núcleo Agrario denominado Comunidad de San Juan de Guadalupe y Anexos, Tierra Blanca y San Miguelito contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 1364/2021-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, vista la demanda de amparo y a efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto del libelo constitucional, con fundamento en lo dispuesto por 108, fracción I; 110 y 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; prevéngase, a los promoventes, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Comunal del Núcleo Agrario denominado Comunidad de San Juan de Guadalupe y Anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias del ocurso aclaratorio necesarias para cada una de las partes. Apercíbase a los promoventes que, de no cumplir con lo anterior en el término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de mérito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Suspensión de plano. Por otro lado, como la parte quejosa reclama la desincorporación de 1805-48-42 hectáreas de la Comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, con fundamento en el numeral 126, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan y no se prive total o parcialmente de la superficie señalada de tierras de uso común pertenecientes a dicha comunidad, con motivo de la desincorporación reclamada; hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto. En el entendido de que la medida suspensión concedida, solo tendrá efectividad, siempre que el acto reclamado pudieran tener como consecuencia de manera inequívoca, la privación total o parcial, temporal o definitiva, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a la Comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, o sustracción del régimen jurídico ejidal, manteniéndose las cosas en el estado que actualmente guardan; ello, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a quienes se les atribuye el carácter de responsables. En la inteligencia de que quedan expeditas las facultades de las autoridades administrativas de verificar todos los actos de dominio que pretenda realizar el ejido. Informe sobe la suspensión de plano. Se requiere a las autoridades responsables que deberán informar a este órgano judicial, en forma inmediata, a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, sobre el cumplimiento dado a dicha suspensión de plano; previniéndosele que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal; apercibidas que de no hacerlo dentro del término señalado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II de la ley en cita. Se envía oficio vía telegrama. En la inteligencia de que a las autoridades responsables foráneas, deberá solicitarse su informe correspondiente mediante la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo por correo ordinario. Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de “juicio en línea”. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes, En la inteligencia de que a las autoridades responsables foráneas, deberá solicitarse su informe correspondiente mediante la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo por correo ordinario. Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de “juicio en línea”. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado “Servicios jurisdiccionales”, se encuentra el sistema “Agenda OJ”, donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circulación 12/2009. Notifíquese personalmente.
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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