La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló en qué se tradujo el ahorro de 83.8 mil millones de pesos en dos años

Por: Redacción

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) generó un ahorro de 83.8 mil millones de pesos en dos años a través de acciones de prevención, entre ellas mejores prácticas de compra, seguimiento a contratos y cobro de multas y adeudos.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que el ahorro se dividió en 29 mil millones de pesos por mejoras en compras mediante diálogo con proveedores; 42.2 mil millones por el seguimiento a la administración de contratos; 4.8 mil millones por el cobro de multas y adeudos, y 7.8 mil millones por la eficiencia en la organización del gobierno.

“En dos años, son cerca de 83 mil millones de pesos que hemos logrado evitar, ya sea por altos costos de algún producto, de algún servicio o de alguna obra pública”, señaló Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

“Cuando se encuentra que hay una m ala práctica en algún lugar, se actúa: como sanción administrativa se envía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y si es muy grave, a la Fiscalía General de la República”, agregó.

Sheinbaum Pardo informó que la SABG trabaja de manera colaborativa con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una serie de leyes para mejorar la gestión pública y evitar la corrupción.

Buenrostro Sánchez señaló que México ocupa el quinto lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor confianza ciudadana en el Gobierno nacional, solo detrás de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo, y el octavo lugar en confianza en el servicio público.

También informó que se han brindado 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad, y que el 97.7 por ciento de los servidores públicos presentó su declaración patrimonial en tiempo y forma, la cifra más alta registrada.

La Federación fija reglas por nivel educativo mientras la iniciativa estatal de Gallardo sigue sin dictamen en el Congreso

Por: Redacción

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció que a partir del 3 de noviembre entra en vigor la regulación federal del uso de celulares en las escuelas, luego de un acuerdo con las y los gobernadores del país y una consulta con maestros de todos los niveles educativos.

En Educación Básica no podrá usarse el celular durante la jornada escolar; los alumnos podrán guardarlo en la mochila para casos de emergencia. En Educación Media Superior, cada institución fijará sus propios límites de uso responsable, y en Educación Superior se fomentará el uso responsable y seguro del dispositivo.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos”, señaló Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Las medidas se publicaron el martes 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de esa fecha corre un plazo de 30 días para realizar asambleas informativas en las escuelas sobre el contenido del acuerdo, previo al arranque de su implementación en noviembre.

La medida federal llega después de que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, presentó, el 11 de septiembre, una iniciativa propia ante el Congreso del Estado para regular celulares en las aulas potosinas, que hasta el 21 de septiembre seguía sin dictamen en comisiones. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado había participado, días antes, en la reunión de la Conferencia Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) donde se acordó la ruta que ahora formaliza la Presidencia.

Previo al acuerdo, 16 entidades del país ya aplicaban regulaciones propias sobre el uso de dispositivos digitales en las aulas.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, indicó que en la consulta realizada a docentes sobre la regulación, el 81 por ciento se manifestó a favor, y calificó las medidas como un paso para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su salud mental, aprendizaje y desarrollo integral.

El gobierno federal subirá el gasto en los tres rubros para 2027, pero buena parte de lo que llama ciencia es en realidad dinero para becas universitarias

Por: Carlos Ruíz

El gobierno federal quiere gastar más en educación, ciencia y cultura el próximo año. Eso es lo que dice, en números, el Paquete Económico 2027 que la Secretaría de Hacienda entregó el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Pero cuánto suba cada rubro, y en qué se va a gastar exactamente, son dos preguntas con respuestas muy distintas.

Educación: el billón de pesos que en buena parte es beca

Según la publicación, la Secretaría de Educación Pública recibiría 576,600 millones de pesos. Si se suma todo el paquete educativo (educación, ciencia y cultura juntas, como las agrupa el gobierno en sus cuentas) la cifra llega a 1.4 billones de pesos, 7.2% más que el año pasado descontando la inflación. Es, básicamente, el equivalente a 3.50 de cada 100 pesos que produce el país en un año.

De ese billón y medio, las tres becas que el gobierno agrupa bajo el nombre “Benito Juárez” (la de educación básica (Rita Cetina), la de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro) se llevan juntas 190,552 millones de pesos: es la partida más grande de todo el rubro educativo, más que cualquier programa de infraestructura o de formación docente.

Esa cifra es apenas 3.2% mayor a lo que las mismas tres becas recibieron en 2026 (184,595 millones de pesos), un aumento uniforme, idéntico en las tres becas, muy por debajo del ritmo con el que ha crecido el resto del gasto en ciencia y tecnología.

El contraste, y de donde surge la queja de muchos opositores, es que en la prueba PISA de 2025 se encontró que 4 de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, lectura o ciencias. Con ese dato en la mano, algunos legisladores ya han justificado medidas como prohibir los celulares en el salón de clases, y se alega que más dinero no es, por sí solo, garantía de mejores resultados.

Ciencia: sube 18%, pero la mayor parte no es para investigar

El presupuesto para ciencia y tecnología (que ahora maneja la Secihti, la dependencia que sustituyó al viejo Conacyt) sería de 193,333.7 millones de pesos. Es apenas medio punto porcentual del PIB, pero representa un salto real de 18% respecto a 2026, el mayor de los tres rubros.

La bolsa más grande dentro de ese presupuesto, llamada “generación de conocimiento”, suma 136,571 millones de pesos, y de ahí, 85,616 millones de pesos son becas y colegiaturas de educación superior, no laboratorios ni proyectos de investigación. A los Centros Públicos de Investigación, que son las instituciones dedicadas justamente a investigar, les tocan 7,139.7 millones de pesos: menos del cinco por ciento de todo el rubro.

Cultura: crece en papel, pero varios museos e institutos pierden

A la Secretaría de Cultura le tocarían 15,858 millones de pesos, un alza de apenas 1.9% ya descontada la inflación… la más baja de los tres rubros.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) van a recibir más pesos que el año pasado, pero al ajustar por inflación, en realidad pierden poder de compra: 2.2% y 2.9% menos, respectivamente.

La Subsecretaría de Desarrollo Cultural, mientras tanto, se desploma de 692.8 a 184.4 millones de pesos, una caída de más de dos terceras partes.

No todos pierden: el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Radio Educación, la Cineteca Nacional y el Centro de Capacitación Cinematográfica sí ganan terreno real, entre 10.8% y 18.2%.

¿Y esto cómo aplica en San Luis?

De todo este paquete nacional, hay una sola cifra que se puede rastrear con precisión hasta San Luis Potosí, porque el propio documento la desglosa estado por estado: la del Ramo 33, que es el mecanismo por el que la federación reparte dinero directo a los gobiernos estatales. Para 2027, a San Luis Potosí le corresponden 28,577.5 millones de pesos por esa vía.

De ese total, 19,422 millones de pesos están etiquetados para educación. Y de esos 19,422 millones, 18,617 millones, es decir, 96 de cada 100 pesos, son para pagar la nómina de los maestros de educación básica, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Lo que queda se reparte entre infraestructura escolar y asistencia social (547.3 millones de pesos) y educación tecnológica y para adultos (257.9 millones de pesos).

En resumen, casi todo el dinero educativo que le llega al estado ya está comprometido antes de que empiece el año, porque paga sueldos. Lo que sobra para construir, equipar o abrir programas nuevos es, en comparación, muy poco.

Nada de esto es definitivo todavía. La Cámara de Diputados y el Senado tienen hasta el 20 y el 31 de octubre, respectivamente, para aprobar la Ley de Ingresos, y los diputados tienen plazo hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ese proceso, los montos, incluidos los que le tocan a San Luis Potosí, todavía se pueden mover.

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