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Policías potosinos entre los menos confiables del país
Tan solo el 37% de elementos de la SSPE cuentan con una aprobación vigente de confianza
Por El Saxofón
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 15 por ciento de los elementos policiacos en San Luis Potosí, incluyendo corporaciones municipales y estatales, reprobaron la Evaluación de control de confianza.
El SESNSP establece que de un universo de 6 mil 442 elementos, fue evaluado el 100 por ciento, de los cuales el 80 por ciento aprobaron los exámenes y el 15 por ciento no aprobaron, mientras que un 5 por ciento están pendientes del resultado de la evaluación.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) cuenta con un universo evaluable de 2 mil 689 elementos. La corporación estatal evaluó al cien por ciento de su plantilla, de los cuales, el 85 por ciento resultaron aprobados, mientras que un 10 por ciento no aprobaron los exámenes y 5 por ciento están en espera del resultado. Con estas cifras, la SSPE tiene solo el 37 por ciento de elementos aprobados vigentes.
En el caso de los elementos de Prevención y Reinserción social, es decir, el personal de custodia de los centros penitenciarios estatales, fueron evaluados el 99 por ciento de un universo de 684. De estos, el 78 por ciento resultaron aprobados, el 10 por ciento reprobaron, y un 11 por ciento están en espera del resultado de sus exámenes, mientras que el 1 por ciento están en espera de la evaluación. Los aprobados vigentes en este caso son el 37 por ciento.
La Fiscalía General del Estado (FGE) por su parte, evaluó al 100 por ciento de sus elementos, es decir los integrantes de la Policía Ministerial del Estado (PME), cuyo universo es de 746 agentes. De estos aprobaron la evaluación el 79 por ciento, el 19 por ciento la reprobaron y el 1 por ciento está pendiente del resultado. La corporación tiene un alto índice de reprobación pero el porcentaje de evaluados vigentes es de 53%.
En el caso de los policías municipales, el universo en San Luis Potosí es de 2 mil 323 elementos, de los cuales, el cien por ciento fueron evaluados. La evaluación arrojó un 74 por ciento aprobados, 22 por ciento reprobados y un 4 por ciento pendientes del resultado. En este caso, el porcentaje de evaluados vigentes es de 65 por ciento.
UNA DESCUIDO NACIONAL
Cabe mencionar que la media nacional es de 9 por ciento de elementos que no han aprobado los exámenes de control y confianza, lo que significa que un total de 28 mil 892 policías estatales, municipales, ministeriales y custodios de penales no están aptos para desempeñar sus labores en el cuidado de la población.
Los exámenes de control y confianza constan de pruebas clave que valoran el estado médico y psicológico del elemento. A los agentes se les aplica un examen toxicológico, un estudio socioeconómico y de entorno social, además de que se le somete al polígrafo o detector de mentiras.
El más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 30 de noviembre de 2018, revela que los policías de Sinaloa, Baja California, Nayarit, Guerrero y Zacatecas registran los más altos niveles de reprobación 
En Sinaloa, el 49 por ciento de los 6 mil 868 agentes de los cuerpos de seguridad, que incluye a policías estatales, municipales, ministeriales y custodios de penales, no han acreditado los exámenes de control y confianza.
Baja California Sur está en segundo lugar, con el 33 por ciento de sus 2 mil 903 elementos de seguridad.
Nayarit tiene un promedio de reprobación del 30 por ciento de sus 3 mil 236 elementos de seguridad; mientras que Guerrero y Zacatecas tienen un 24 por ciento de elementos de seguridad que no acreditaron la exámenes de control y confianza.
San Luis Potosí se encuentra entre los diez estados con altos niveles de reprobación.
Hidalgo y Sonora tienen un 19 por ciento de sus elementos de seguridad reprobados; en Tlaxcala los reprobados representan el 18 por ciento; Oaxaca y San Luis Potosí, tienen el 15 por ciento de sus elementos reprobados.
Otros estados con altos niveles de reprobación son ; Jalisco y Tabasco con 14; Veracruz con 13 por ciento y Michoacán con 12.
Según el ACUERDO 01/VIII/2013, “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación acuerda que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación” debe considerar para las evaluaciones al personal del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública, es decir, a Policías, Ministerios Públicos y Peritos, así como altos mandos de las mismas.
ELEMENTOS FEDERALES
En cuanto a los elementos de dependencias federales destaca el bajo porcentaje de reprobados.
De 15 mil 520 elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), el 96 por ciento pasaron los exámenes, solo el 1 por ciento resultaron no aprobados y 4 por ciento están en espera de los resultados. La proporción de aprobados vigentes es de 76%.
En el caso del Instituto Nacional de Migración (INM) de 4 mil 400 elementos fueron evaluados el 93 por ciento, el 79 por ciento pasaron la evaluación y el 2 por ciento reprobaron. Están pendientes de resultado el 12 por ciento, y esperan ser evaluados el 7 por ciento.
En cuanto a la Comisión Nacional de Seguridad, fueron evaluados sus 42 mil 232 elementos, de los cuales el 88 por ciento resultó aprobado, el 2 por ciento reprobó y 9 por ciento está pendiente de resultados.
En el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, es decir los custodios de penales federales el 100 por ciento de sus 3 mil 458 elementos fueron evaluados. El 91% pasó los exámenes, el 2 por ciento reprobó y 8 por ciento espera los resultados.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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