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Pintora acusó al director del Museo Francisco Cossío de violentarla
Soraya Peña pidió a Elizabeth Torres, secretaria de Cultura, empatizar como mujer para intervenir contra Odín Patiño
Por: Bernardo Vera
Odín Patiño, ex futbolista profesional y actual director del Museo Francisco Cossío, fue señalado por la pintora Soraya Peña de haberle exigido realizar una pintura del gobernador Ricardo Gallardo montando a caballo y entregarle el 30% de las ventas de su obra, a cambio de permitirle exponer en el recinto cultural, lo que podría representar un acto de corrupción y un mal desempeño de sus funciones, situación que ya ha sido cuestionada por el propio jefe del Ejecutivo, quien pidió a Elizabeth Torres, secretaria de Cultura (Secult), que tome cartas en asunto.
La Orquesta conversó con Peña quien el pasado 14 de marzo entregó una carta a la Secult dirigida a Torres en la que le pide ayudarla, pues se consideró víctima de violencia estructural por parte del museo. La afectada solicitó la intervención de la secretaria en el caso, tanto en su condición de máxima autoridad del área, así como de mujer al frente de la cultura en la administración estatal:
“Yo he vivido violencia estructural por ser mujer. También violencia física, sexual, económica… y te sigues encontrando eso en el espacio público. Por tal motivo en mi carta le pido encarecidamente a Elizabeth Torres que ponga atención en nosotras, las mujeres”.
Peña manifestó que su interés primordial ha sido trabajar en la creación artística, por lo que consideró injusto que necesite de favores políticos para poder dar a conocer su trabajo en un espacio público: “Si yo hubiera ido apoyada por un grupo, no me hubieran tratado así. Es indigno que uno se dedique al arte, y que no te puedan garantizar acceso a espacios para exponer tu producción de una manera libre y digna”.
La pintora potosina manifestó que en el pasado participó dentro de la vida pública en torno a la difusión cultural y artística del estado. Sin embargo, dijo que se ausentó de esa labor al encontrarse con un grupo de poder que durante las administraciones de Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras mantenían el control de esta secretaría. 
”En esta administración se puso a una persona que era diferente de ese grupo y me parecía bien. Además, que fuera mujer. En una entrevista, Elizabeth Torres, dijo que los artistas o las personas que quisieran recibir apoyo o colaboración en los espacios por medio de la Secretaría de Cultura nos podíamos acercar”.
La pintora potosina confesó que la anterior declaración la motivó para solicitar el Museo Francisco Cossío, debido a las facilidades técnicas que cuenta para una obra como la suya:
“Mi obra es de gran formato. Es de 1.60 por 1.60 metros, no la puedes meter en cualquier lugar. Revisando todas las galerías que están dentro de la Secult, veo que es un espacio bien ubicado. La distribución de la galería es muy bonita, y además está como a tres cuadras de mi taller, donde rento y donde doy clases de pintura, entonces me puedo llevar la obra hasta caminando”.
Soraya Peña cuestionó el ejercicio directivo realizado por Odín Patiño al frente de este museo, y se refirió a la realización de eventos deportivos en un espacio cultural, su uso como foro de entrevistas sin relación a temas de difusión cultural, y la asignación de 17.9 millones de pesos de presupuesto estatal para el mismo, dado que no se especifica a qué partida iría destinado.
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Estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”
Por: Redacción
Al continuar las acciones impulsadas por el alcalde Enrique Galindo para rescatar el esplendor del primer cuadro de la ciudad, personal de Servicios Municipales intervino en 6 puntos de esta zona para eliminar el grafiti.
La dependencia informó que como parte del programa Centro Histórico: Corazón de San Luis, personal del área de Imagen Urbana utilizó equipo especial para limpiar espacios grafiteados en la calle Iturbide, esquina con 5 de Mayo.
Igualmente, las cuadrillas intervinieron en dos lugares de la calle Guerrero, frente al número 430 y frente al 550; en la calle Aldama en la Plaza de la Mujer; en Iturbide frente al 515; en Los Bravo frente al 180 y frente al 155.
Señaló que estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, como la rehabilitación integral de la Plaza de Armas, el mejoramiento de calles y el ordenamiento vial con la habilitación de espacios exclusivos para motociclistas, entre otras.
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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