El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó acuerdos con el gobernador para intervenir El Saucito y la salida a Guadalajara, dos de los principales nudos de movilidad de la capital

Por: Redacción

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras reunirse con el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se alcanzaron acuerdos para realizar dos grandes obras de infraestructura vial de manera conjunta, con una inversión estimada de entre 700 y 800 millones de pesos, una cifra que, dijo, no se había destinado en años recientes bajo un esquema de coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Galindo Ceballos señaló que las obras prioritarias serán la salida al norte de la ciudad, en la zona de El Saucito, y la salida a Guadalajara, ambas consideradas puntos críticos de movilidad para la capital potosina.

En el caso de El Saucito, explicó que ya existe la instrucción para que los equipos técnicos del estado y el municipio se sienten a definir y empatar los proyectos existentes, con el objetivo de iniciar el proceso administrativo para la licitación de proyectos ejecutivos. Indicó que se busca que la obra arranque lo antes posible, incluso en los meses de mayo o junio, y que previamente se realizará un proceso de socialización con los vecinos, quienes, aseguró, están convencidos del proyecto.

Respecto a la salida a Guadalajara, el alcalde detalló que se acordó la construcción de un puente elevado que conecte el Periférico, permitiendo el paso de quienes se trasladan de Villamagna hacia la Zona Industrial, con el objetivo de aliviar la congestión vial en ese punto. Añadió que el Ayuntamiento aportará recursos al proyecto

Galindo Ceballos precisó que, aunque la obra de Villamagna continúa sobre la mesa, se tomó la decisión de adelantar El Saucito y la salida a Guadalajara, al considerarlas fundamentales para mejorar la movilidad y descongestionar dos de los nudos viales más fuertes de la ciudad.

En cuanto a la distribución de la inversión, señaló que se trata de un tema administrativo que aún deberá definirse técnicamente con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), incluyendo quién licita y qué parte corresponde a cada instancia.

El alcalde destacó que esta coordinación con el gobierno estatal también permitirá al municipio liberar recursos para ejecutar otras obras adicionales, las cuales, dijo, dará a conocer posteriormente.

Finalmente, adelantó que otro de los temas abordados en la reunión fue el Parque de Morales, donde ambos niveles de gobierno manifestaron su voluntad de intervenir y rescatar el espacio, incluso priorizándolo frente a otros proyectos. “La gente nos lo pide”, afirmó, al señalar que este parque ya forma parte de la agenda conjunta.

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Mauricio Ordaz Flores, director de la CEPC, señaló que se le negará la documentación a los recintos que no cumplan con los dictámenes correspondientes

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Mauricio Ordaz Flores, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), señaló que todavía existen 33 establecimientos de la Zona Centro que no han cumplido del todo con los requisitos para su operación.

El titular de la CEPC aseguró que si bien no han sido catalogados como “recintos de riesgo”, sí tienen que entregar un dictamen estructural y un dictamen de vulnerabilidad, o de lo contrario, se les negará cualquier documentación.

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Ordaz Flores añadió que la mayoría de estos negocios ya se encuentran haciendo reformas estructurales para cumplir con los requerimientos de la CEPC, quienes se han mantenido con constantes inspecciones.

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El diputado propuso evaluar modificaciones a la ley para obligar al cumplimiento de requisitos

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Rubén Guajardo Barrera, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), consideró que el exhorto para evitar que las unidades de transporte público que no cumplan con los requisitos legales apliquen el reciente aumento a la tarifa es una medida positiva, aunque insuficiente.

Al ser cuestionado sobre cómo se garantizará que los camiones que no cumplen con la normatividad no cobren el incremento de 12.50 a 13.50 pesos en la zona metropolitana, el legislador reconoció que el tema aún no ha sido analizado a fondo al interior del Congreso del Estado.

Guajardo Barrera explicó que el planteamiento actual consiste en un exhorto, el cual no es vinculante, por lo que su aplicación depende de la voluntad de las autoridades y de los concesionarios. “Es algo complejo, muy complicado. Al final es un exhorto, no es obligatorio”

Indicó que será necesario revisar el tema en comisiones y valorar si se requiere ir más allá del exhorto, incluso con una posible modificación a la ley, para garantizar que las unidades cumplan con los requisitos que establece la normatividad para operar y, en consecuencia, para acceder a los ajustes tarifarios anuales.

Finalmente, el diputado panista subrayó la importancia de que se fortalezca el marco legal del transporte público, a fin de que las condiciones de las unidades y la calidad del servicio estén alineadas con los aumentos que se autorizan cada año.

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