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Parajes de la Huasteca potosina están en riesgo, autoridades no las cuidan
En la zona Huasteca se ha fomentado el turismo pero las autoridades no se han preocupado por cuidar los recursos naturales, generando un riesgo para el ecosistema
Por: El Saxofón
Las autoridades de San Luis Potosí fomentan el turismo en la Huasteca potosina, mientras descuidan los recursos naturales que son el principal atractivo de esta región y cuya explotación han generado en los últimos años una importante derrama económica pero, sin duda, también ha generado un riesgo para el ecosistema.
La cascada de Tamul es un claro ejemplo de la problemática en la que se encuentran inmersos los parajes de la entidad, ante la indolencia de las autoridades, que llevan años sin aportar o buscar soluciones a un problema que amerita una atención integral.
El pasado 4 de mayo, de nueva cuenta, la caída de agua en la cascada de Tamul se detuvo. La cascada estaba seca una vez más. “Afortunadamente”, dirán aquellos que solo se preocupan por el turismo, el fenómeno se produjo después de la temporada vacacional de Semana Santa, por lo que los turistas que acudieron al paraje durante esas fechas, pudieron apreciar la majestuosidad de la caída de más de 105 metros de altura, y los lugareños pudieron allegarse algunos recursos al ofrecer sus servicios a los visitantes.
Otros se lamentarán porque no solo en Semana Santa llegan los turistas, sino que durante todo el año, personas de otros municipios, de otros estados del país, o incluso de otros países visitan la región con el objetivo de apreciar el paisaje que se ofrece a la vista, y dicho disfrute significa ingresos económicos para las familias que viven de brindar servicios a los turistas
Sin embargo, la sequía en la cascada de Tamul también pone en relieve un problema ecológico que es la sobre-explotación de los cuerpos de agua para el riego de cultivos, otra actividad económica propia de la zona, y cuyos efectos se hacen sentir conforme pasa el tiempo.
Como se sabe, la cascada de Tamul es una caída de agua proveniente del Río Gallinas, cuyo cauce es aprovechado para el riego de los cañaverales de la zona, una clase de cultivos que consumen mucho líquido. Los habitantes han propuesto que se planteé una estrategia que evite el desabasto en la Cascada de Tamul y, al mismo tiempo, permita a los agricultores aprovechar el agua para el riego de la caña.
Hasta ahora, dicha estrategia consiste solo en el tandeo del agua para su uso agropecuario, sin embargo, como se ha visto, este sistema no impide que, periódicamente, la cascada se seque.
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En abril de 2012, las cascadas de Tamul quedaron totalmente secas. Literalmente desaparecieron, y era plena Semana Santa. El fenómeno volvió a producirse en 2016 y en 2017; incluso en 2016 la caída de agua se detuvo en dos ocasiones, una en marzo y otra en abril de ese año.
Cada que esto ocurre, las autoridades señalan que el estiaje es una de las causas, y reconocen que la sobreexplotación del agua del Río Gallinas para el riego de cultivos es otra. Sin embargo, también hay versiones de que existe un uso clandestino del agua, e incluso que el agua se pierde en el abismo de una falla geológica.
En marzo pasado, el titular de la Comisión Estatal del Agua, Jesús Medina Salazar, declaró a la prensa que «La extracción agrícola no es del todo la responsable de la sequía en la cascada, esta falla geológica detectada es en su mayoría, la causante de que en temporadas, la cascada esté totalmente seca, la CEA ya analiza crear una obra de infraestructura para rescatar el vital líquido»,
Afirmó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevan a cabo un estudio con el objetivo de desarrollar un proyecto para desviar el agua en ese punto del río para que se afecte a la cascada, pero tampoco a lo que podría abastecer el agua que se filtra a través de la falla.
El Salto
La historia de la cascada de El Salto, en el municipio del El Naranjo, que desapareció hace más de 50 años, podría repetirse en Tamul. En el caso de El Salto, fue una planta hidroeléctrica, que se instaló en el lugar en 1960, la que desvió el cauce del agua, y provocó la desaparición de la que era considerada una de las caídas de agua más impresionantes del país.
Tenía 70 metros de altura, y el tono azul turquesa de sus aguas la volvía especialmente bella. Pero como paraje natural no existe más, si acaso, sigue funcionando como atractivo turístico, durante las temporadas de Semana Santa o de lluvias o bien, los visitantes pueden disfrutar de las pozas que conservan la tonalidad azul turquesa de sus aguas.
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Sobre quiénes son los mayores beneficiados del turismo llamado ecológico, sería importante determinarlo, cómo se reparte, es decir, a qué sectores de la población llega qué porcentaje del dinero que se gastan los turistas que visitan la Huasteca.
La región sigue siendo una zona con una población empobrecida, y una minoría que tiene la capacidad y los medios de explotar los recursos naturales.
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
(SICT), donde se analizaron los trazos preliminares de los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
.
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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