APUNTES

Entre los integrantes de la Comisión de Vigilancia, el Instituto de Fiscalización y el Ayuntamiento capitalino, hay fuego cruzado y no se avisora tregua.

Al respecto y si me lo permite, vamos poniendo las diéresis en las “us”, los puntos sobre las íes y las cartas sobre la mesa.

Quien encendió la hoguera, que hoy ya no saben controlar, fue el titular del Instituto de Fiscalización, Rodrigo Joaquín Lecortois, que desde diciembre pasado soltó una declaración precoz y maliciosa (en política lo que parece, es) respecto al monto y origen de supuestas y millonarias observaciones detectadas en las cuentas de algunos entes obligados pero al mismo tiempo haciendo un énfasis “velado” en el caso de la capital potosina.

Técnicamente y siendo muy “puristas” el titular del IFSE, no rompió ninguna norma y reglamento al hablar del tema, pero no le faltó nada para hacerlo y eso huele a imprudencia programada, a golpe sin que parezca golpe, y a la rienda suelta para la politización del asunto. Y así fue.

La postura del gobierno de Enrique Galindo por su parte, es la más simple: Primero ser notificados, segundo cumplir con el primer plazo para desahogo de observaciones (que terminó hoy) y usar los 60 días que restan y que marca la ley para que se sigan solventando las dudas y observaciones de cualquier índole y de cualquier tamaño.

Llamar, de cualquiera de las partes involucradas en este fuego cruzado, a la “no politización” del asunto no les queda. A ninguno. Ya están grandecitos.

El asunto es político por donde se le vea, y estando las cosas en el grado de tensión entre palacios, la intervención del IFSE en ese grado no puede creerse que sea obra ni de la casualidad ni de la “inocencia”. (¿O será que yo soy el único mal pensado?)

Están jugando a la bolsa de valores del descrédito, o al menos ese es el mensaje que están enviando. ¿De qué les sirve? Yo tengo mis teorías, pero la mejor opinión es la de Usted, mi Culto Público.

Entre tanto, los episodios declarativos y esgrimas verbales entre los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, específicamente entre el diputado presidente de dicha comisión, Fernando Gámez Macías y el legislador Marco Gama, vinieron a echar gasolina a la hoguera que inició en diciembre.

Por un lado, el legislador naranja puso de manifiesto que no se había tenido acceso al dictamen y se quejó del uso político de los “adelantos” a la opinión pública,

lo que interpretó (igual que muchos) como un acto de ataque dirigido.

En contra parte, la narrativa del diputado Fernando Gámez se centró dos líneas: demostrar que desde diciembre pasado todos los integrantes pudieron revisar los dictámenes y querer quejarse en último de enero era demasiado tarde.

Le dijeron a Gama algo así como “tu no hiciste la tarea y yo no te presto la mía”.

Por otro lado, tanto Gámez como el Instituto de Fiscalización acuden al argumento de los nuevos tiempos y de la transparencia encima de la prudencia que corresponde al manejo de las observaciones, que apenas entran a una segunda etapa de desahogo por 60 días más, es decir, no es tiempo de acusaciones completas. Ni hay nadie con un pié fuera de su esfera.

El argumento fue reforzado por declaraciones de éste mismo sábado en la mañana por el diputado José Luis Fernández y el senador Gilberto Hernández Villafuerte, ambos del Partido Verde, que respaldan al diputado Fernando Gámez y a Rodrigo Joaquín Lecortois y tienen razón, nadie en su sano juicio está en contra de que se explique y transparente el uso de los recursos, sin embargo el modo en que lo están haciendo, estando las circunstancias como están, se presta por lo menos a interpretaciones.

Sin embargo, hay que ser muy claros: adelantado o no, precoz o no, politizado o no, prudente o no, filtrado o no, si el ayuntamiento capitalino y otros entes obligados tienen encima millonarias observaciones pues deben ponerse a trabajar, evitar la esgrima mediática de asuntos técnicos, cumplir en tiempo y forma, dar la cara, ser responsables y cumplir no solamente con los personajes al frente de las instituciones, sino asumir responsabilidad ética y moral que tienen con nosotros los ciudadanos.

Jorge Saldaña.

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El ex funcionario de Salud en el periodo de Juan Manuel Carreras llevará su proceso en prisión domiciliaria en respuesta a un amarpo para revocar la prisión preventiva

Por. Redacción

La defensa legal de Miguel Ángel Lutzow Steiner, ex titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí durante el periodo de Juan Manuel Carreras López, logró retirar la prisión preventiva justificada, por lo que se determinó que llevará su proceso en arraigo domiciliario.

Luego de una audiencia efectuada este sábado por un Tribunal de Alzada, el ex funcionario estatal abandonó el Centro de Reinserción Social de La Pila, luego de determinarse en la audiencia que deberá llevar el cumplimiento de su sentencia en resguardo domiciliario, por lo que no podrá salir de su domicilio durante el tiempo que dure el procedimiento, además de otras medidas cautelares que estableció.

El Tribunal de Alzada presidido por la jueza Claudia Hernández Ibarra, sesionó por casi cuatro horas, en la que se dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo 1646-2924

del juzgado cuarto de distrito en San Luis Potosí, interpuesto en contra de la prisión preventiva justificada impuesta en agosto de 2023 por el Juez de Control, Javier Pérez Contreras.

Miguel Ángel Lutzow Steiner fue detenido el 3 de mayo de 2022, acusado por ejercicio abusivo de funciones en grado de coautoría, por lo cual permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila; posteriormente, condenado desde el 7 de octubre de 2024 a cinco años y tres meses de prisión, una multa de 46 mil 046 pesos (equivalente a 530 UMAs), y la reparación solidaria del daño al erario público.

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En la comunidad de Agua Dulce se inició la recuperación de éstos para su posterior identificación a través de métodos científicos

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí (CEBP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil Estatal localizó un área con restos biológicos humanos en la comunidad de Agua Dulce, durante las jornadas de labores en el municipio de Rioverde.

Derivado del trabajo que realiza la dependencia estatal para la localización de personas no localizadas y/o desaparecidas en la entidad y brindar apoyo a las familias de las cuatro regiones fue posible la detección de un área con restos óseos.

Durante las jornadas que se realizan en Agua Dulce, personal de la CEBP identificó distintos tipos de restos óseos que serán recolectados y sometidos a pruebas por la Vicefiscalía Científica para determinar su identificación, en cumplimiento con la política del Gobierno del Estado de San Luis Potosí de fortalecer la búsqueda de las y los potosinos no localizados.

Los trabajos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para el rastreo de restos humanos en Rioverde comenzaron desde el pasado 24 de enero y continuarán hasta la recuperación de todos los indicios.

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