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PAN exige cambios en el gabinete de Seguridad
El presidente del PAN argumentó que los integrantes no han dado resultados positivos en el estado respecto a seguridad
Por: Redacción
Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, consideró que además del cambio de estrategia en el tema de seguridad, el ejecutivo del estado debe cambiar de gabinete, debido a que los resultados en el tema son nulos y no hay voluntad de los integrantes para atender el problema que golpea todos los días a los potosinos.
Aguilar Hernández recordó que los delitos van en aumento mes a mes; sin embargo; en las últimas semanas han sacudido a la ciudadanía porque ahora no se pueden sentir seguros ni en sus propios hogares.
Dijo que antes se hablaba de que los delitos eran de alto impacto y justificaban que se trataba de grupos delictivos e incluso se “echaban la pelotita” con el gobierno federal, responsabilizándolos de no realizar bien su trabajo; hoy en día los delitos que más se cometen son aquellos que dañan la economía de las y los potosinos; que atentan contra su patrimonio y se roban la tranquilidad.
8 de cada 10 potosinos se sienten inseguros en las calles de San Luis Potosí; hay un récord en este sexenio de homicidios dolosos y asesinatos violentos los que se dispararon hasta el mes de agosto en 51.2 por cientos; pero que viendo lo sangriento que han resultados los últimos dos meses, ese porcentaje ya es mucho mayor.
Indicó que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en San Luis Potosí el narcomenudeo se incremento 95.3 por ciento y resulta irrisoria la postura del Secretario General de Gobierno quien dice que es difícil detectar donde están o por donde entran los grupos delictivos, lo que habla de la falta de capacidad para atender el problema más grave que enfrentan las y los potosinos.
Invitó al Ejecutivo a no sólo reflexionar en torno al fracaso que ha resultado su gabinete de seguridad; si no demostrar que el tema le interesa y dar un golpe de timón que evite que delitos que lastiman a la sociedad sigan en aumento, como viene ocurriendo hasta el momento con feminicidios, secuestros, extorsiones, violaciones de índole sexual y abuso sexual; robo a negocios y vivienda, asalto en la vía pública y robo a vehículos.
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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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