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Otro feminicidio en San Luis Potosí; el séptimo del año
La víctima tenía entre 16 y 17 años, según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado. El cadáver de la víctima presentaba varios golpes
Por Redacción
La tarde ayer, un nuevo feminicidio se presentó en el estado de San Luis Potosí, específicamente en Soledad de Graciano Sánchez.
La víctima tenía entre 16 y 17 años, según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) al cierre de esta edición. El cadáver de la víctima presentaba varios golpes.
Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Aldama, esquina con Narciso Mendoza, donde vecinos del lugar solicitaron la intervención de las autoridades.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Posteriormente, la Fiscalía informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes por este hallazgo aplicando el protocolo de feminicidio.
La dependencia detalló que el reporte se recibió a las 5:30 de la tarde de este lunes a los números de emergencia, en el cual se aseguraba de la presencia de una mujer sin signos vitales en el patio delantero de un domicilio en la calle Aldama.
La víctima fue identificada como una joven de 16 años de edad y su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Legista para realizar la necropsia respectiva y conocer la causa real del fallecimiento.
En los primeros dos meses de este año, en San Luis Potosí ocurrieron seis feminicidios, de acuerdo a las estadísticas con perspectiva de género del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizadas hasta febrero apenas ayer.
Según esas cifras, todas las víctimas de feminicidio en el estado en el primer bimestre de 2019 habían sido mayores de edad, a diferencia de la víctima del crimen registrado ayer.
En los primeros dos meses del año, Soledad de Graciano Sánchez no había registrado feminicidios. Los seis casos que habían ocurrido hasta febrero ocurrieron uno en cada uno de los siguientes municipios: Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Santa María del Río y Santo Domingo; y dos más en la capital del estado.
De enero a febrero de este año, fuera de los feminicidios, el estado de San Luis Potosí no registró homicidios dolosos de mujeres, es decir, aquellos que no hayan sido clasificados como feminicidios.
Según el Código Penal del Estado, comete el delito de feminicidio, quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
- Exista, o haya existido una relación de parentesco; afecto; docente; o laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o superioridad, entre la víctima y el agresor;
- Exista en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- Se haya infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento;
- Existen antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, familiar; laboral; o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual, relacionados con el hecho delictuoso, del sujeto activo en contra de la víctima;
- La víctima haya sido incomunicada, o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y
- El cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado, o arrojado en un lugar público.
Además, San Luis Potosí tuvo 286 mujeres víctimas de lesiones dolosas en el primer bimestre del año, lo que representó colocarse en el décimo lugar nacional en ese delito. Hubo también dos delitos de mujeres y un caso de tráfico de menores de edad del sexo femenino. De hecho, ese fue el único caso ocurrido en todo el país entre enero y febrero de 2019.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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