junio 12, 2026

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Otro feminicidio en San Luis Potosí; el séptimo del año

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La víctima tenía entre 16 y 17 años, según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado. El cadáver de la víctima presentaba varios golpes

Por Redacción

 

La tarde ayer, un nuevo feminicidio se presentó en el estado de San Luis Potosí, específicamente en Soledad de Graciano Sánchez.

La víctima tenía entre 16 y 17 años, según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) al cierre de esta edición. El cadáver de la víctima presentaba varios golpes.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Aldama, esquina con Narciso Mendoza, donde vecinos del lugar solicitaron la intervención de las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Posteriormente, la Fiscalía informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes por este hallazgo aplicando el protocolo de feminicidio.

La dependencia detalló que el reporte se recibió a las 5:30 de la tarde de este lunes a los números de emergencia, en el cual se aseguraba de la presencia de una mujer sin signos vitales en el patio delantero de un domicilio en la calle Aldama.

La víctima fue identificada como una joven de 16 años de edad y su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Legista para realizar la necropsia respectiva y conocer la causa real del fallecimiento.

En los primeros dos meses de este año, en San Luis Potosí ocurrieron seis feminicidios, de acuerdo a las estadísticas con perspectiva de género del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizadas hasta febrero apenas ayer.

Según esas cifras, todas las víctimas de feminicidio en el estado en el primer bimestre de 2019 habían sido mayores de edad, a diferencia de la víctima del crimen registrado ayer.

En los primeros dos meses del año, Soledad de Graciano Sánchez no había registrado feminicidios. Los seis casos que habían ocurrido hasta febrero ocurrieron uno en cada uno de los siguientes municipios: Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Santa María del Río y Santo Domingo; y dos más en la capital del estado.

De enero a febrero de este año, fuera de los feminicidios, el estado de San Luis Potosí no registró homicidios dolosos de mujeres, es decir, aquellos que no hayan sido clasificados como feminicidios.

Según el Código Penal del Estado, comete el delito de feminicidio, quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

  • Exista, o haya existido una relación de parentesco; afecto; docente; o laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación, o superioridad, entre la víctima y el agresor;
  • Exista en la víctima signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  • Se haya infligido a la víctima, lesiones, o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento;
  • Existen antecedentes de violencia, sexual, física, psicológica, patrimonial, económica, o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito, familiar; laboral; o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.
  • Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual, relacionados con el hecho delictuoso, del sujeto activo en contra de la víctima;
  • La víctima haya sido incomunicada, o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y
  • El cuerpo de la víctima sea expuesto de cualquier forma, depositado, o arrojado en un lugar público.

Además, San Luis Potosí tuvo 286 mujeres víctimas de lesiones dolosas en el primer bimestre del año, lo que representó colocarse en el décimo lugar nacional en ese delito. Hubo también dos delitos de mujeres y un caso de tráfico de menores de edad del sexo femenino. De hecho, ese fue el único caso ocurrido en todo el país entre enero y febrero de 2019.

 

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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Ciudad

Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí

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El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.

El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.

“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.

El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.

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