Esta condena penal por desvío de recursos se suma a la que recibió en octubre de 2024 por 38 años de prisión

Por Roberto Mendoza

Una corte civil del condado de Miami-Dade, en Florida, dictó este jueves una sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, condenandolos a pagar 2,488 millones de dólares por su responsabilidad en un esquema de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo con la resolución emitida por la jueza Lisa Walsh, García Luna deberá cubrir un monto de 748 millones 829 mil 626 dólares, mientras que Pereyra fue condenada a pagar 1,740 millones 540 mil dólares. La sentencia deriva de una demanda civil presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante su gestión como servidor público, García Luna habría facilitado contratos gubernamentales irregulares

por más de 250 millones de dólares a través de sus empresas vinculadas. Posteriormente, los fondos fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos con la finalidad de ocultar su origen ilícito.

Las investigaciones apuntan a que estos recursos fueron utilizados para adquirir diversos bienes inmuebles en el estado de Florida. Las propiedades fueron decomisadas, vendidas por las autoridades estadounidenses y los ingresos transferidos al gobierno mexicano como parte del proceso de restitución.

Este fallo se suma a la condena penal que García Luna recibió en octubre de 2024, cuando un tribunal de Nueva York lo sentenció a 38 años de prisión tras ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

La UIF ha confirmado que continuará las acciones legales correspondientes para garantizar la recuperación integral de los recursos desviados y perseguir a los responsables del entramado financiero ilegal que operó durante el sexenio de Felipe Calderón.

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El exconsejero del INE aseguró que el sistema electoral mexicano fue concebido para elegir representantes políticos, no jueces.

Por: Roberto  Mendoza 

Durante su participación en la segunda mesa de análisis sobre el impacto de la elección judicial, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió sobre los riesgos que implica para la democracia mexicana la inedita elección por voto popular de jueces.

Córdova inició su intervención señalando que los ciudadanos se enfrentan a un dilema que no debería existir en una democracia: votar o no votar como consecuencia de decisiones ideológicas recientes.
Planteó que, en efecto, el sistema de justicia en México requiere una reforma profunda, pero aclaró que el problema central no está en el Poder Judicial, sino en la procuración de justicia y el desempeño de las policías. Desde su perspectiva, reformas previas como las de 1994, 2008, 2011 y 2022 se han centrado exclusivamente en el aparato judicial, dejando desatendidos otros componentes fundamentales.

Córdova estructuró su análisis en tres ejes principales:

1. La politización del Poder Judicial:
Afirmó que la elección de jueces mediante el voto popular, lejos de fortalecer la independencia judicial, la pone en entredicho. En las democracias modernas, dijo, el Poder Judicial no representa intereses ciudadanos sino que garantiza una aplicación imparcial de la ley, tanto para mayorías como minorías. Si un juez debe su cargo a las mayorías, éstas podrían influir en su imparcialidad, dejando a las minorías desprotegidas.

Recordó que, donde se ha intentado la elección de jueces —como en Bolivia— los resultados han sido negativos. Según Córdova, este tipo de elecciones responde a un propósito claro: politizar al Poder Judicial, que debe ser el árbitro neutral de los conflictos entre individuos, con el Estado y entre poderes del propio Estado.

2. Un sistema electoral no diseñado para este tipo de elecciones:
Córdova subrayó que el sistema electoral mexicano fue concebido para elegir representantes políticos, no jueces. Tanto las instituciones como las reglas y procedimientos fueron construidos durante tres décadas con ese único objetivo. Introducir ahora una elección de jueces, con normas improvisadas, trastoca principios fundamentales que daban integridad al proceso democrático.

3. Alteraciones que comprometen la equidad democrática:
Enumeró al menos doce elementos que modifican de fondo las condiciones del voto. Mencionó, por ejemplo, que algunos jueces con competencia nacional serán elegidos solo por ciudadanos de ciertas zonas, rompiendo con el principio de “un ciudadano, un voto”. En sus palabras, habrá sufragios que valgan más que otros, lo cual vulnera la equidad del proceso.

Córdova advirtió que el diseño de esta elección fue apresurado y carente de reflexión, con boletas complejas y procedimientos que pueden confundir al electorado. Concluyó que este ejercicio no sólo es atípico, sino que puede dañar los principios democráticos que han tardado décadas en construirse.

“Ayer estuve con ella… abrazándola y que sepa que no está sola, el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la CDMX tampoco”

Por: Redacción

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para recordarle que no está sola y reiterar su compromiso y colaboración para esclarecer los hechos que privaron de la vida a de dos de sus colaboradores.

“A la jefa de gobierno, a Clara Brugada, que sepa que no está sola, el día de ayer estuve unos minutos con ella, ella estuvo aquí en Palacio Nacional, estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, el gobierno de la ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo. Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el Gabinete de Seguridad, el gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el Gabinete de Seguridad para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia como es nuestra política en todos los casos en el país”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.