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Noviembre sangriento en SLP: más de 1 ejecutado, embolsado o destazado diario
En noviembre se han registrado 30 ejecutados en apenas 24 días; la mayoría en la capital, Soledad, Salidas y Villa de Reyes
Por: El Saxofón
La ola de ejecuciones que se ha registrado durante el mes de noviembre ha dejado al menos 30 víctimas, en tan solo veinticuatro días. Tan solo el sábado 8 personas fueron asesinadas. Ocho cuerpos sin vida, la mayoría de ellos sin identificar fueron encontrados en 4 municipios: San Luis Potosí, Soledad, Salinas de Hidalgo y Villa de Reyes, donde se escenificó el más cruel de estos actos violentos, pues los cuerpos mutilados de tres personas fueron dejados en la vía pública.
La cuenta inició el pasado 3 de noviembre, cuando se encontró el cuerpo sin vida de un hombre en el cerro de La Virgen del Chorrito, cerca del camino Los Arroyos. El cadáver presentaba huellas de violencia. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría sido asesinado en otro sitio, y arrojado en el lugar del hallazgo por sus victimarios.
El 5 de noviembre se reportó el hallazgo de tres personas ejecutadas en una vivienda en la calle Eucalipto, en la colonia San José, en Soledad de Graciano Sánchez. Se trataba de dos hombres y una mujer que fueron ultimados por disparos de arma de fuego. En el sitio fueron encontrados varios casquillos percutidos.
El 6 de noviembre se localizó el cuerpo de un hombre envuelto en plásticos en un canalón que cruza la carretera Rioverde a la altura del colegio Valladolid.
Ese mismo día se encontró el cuerpo sin vida de un joven, a un costado de la Carretera Rioverde, a la altura de Los Gómez. El cadáver presentaba un disparo de arma de fuego, tenía la cara “enteipada”, y una soga atada al cuello. El cuerpo estaba bocabajo entre la maleza, vestía camisa roja, pants negro, una chamarra azul y tenis negros. En el momento no fue identificado.
Al día siguiente, 7 de noviembre, se halló el cuerpo decapitado de un hombre en el Fraccionamiento Los Vargas, perteneciente a la capital potosina. El cadáver se encontraba encobijado y a simple vista se notaba que le había sido cortada la extremidad cefálica, la cual fue encontrada unos metros más adelante.
Ese mismo día, fue encontrado el cadáver de una mujer en una maleta. Este hallazgo ocurrió en un predio cerca del camino a Santa Rita, en la delegación de Villa de Pozos, San Luis Potosí.
El 11 de noviembre, se encontró el cadáver de un hombre en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Charco Blanco, perteneciente al municipio de Guadalcázar. La víctima tenía aproximadamente 72 horas de haber fallecido; vestía un suéter en color verde, playera color negra, pantalón de mezclilla en color azul, tenis en color negro marca Everland, calcetas blancas. En el cuello tenía una cuerda de nylon negra sin nudos, a simple vista presentaba tres lesiones; una en la barbilla, otro en el lado derecho del abdomen y uno en la espalda. En el lugar se apreciaba una rodada de vehículo.
El 15 de noviembre, vecinos de la colonia Joyas del Aguaje, descubrieron el cuerpo de un hombre flotando en una poza. Se dio a conocer que el hombre tenía ocho días que había sido reportado como desaparecido.
Ese mismo día, se reportó el hallazgo de un vehículo calcinado en cuyo interior se encontraron restos óseos. Esto ocurrió en la comunidad de Rincón de Leijas, en el municipio de Villa de Arriaga.
El automóvil es un Volkswagen, de la línea Vento, placas AEJ-977-B, modelo 2015, en el interior se descubrieron restos óseos de un cuerpo calcinado, en la parte donde estuvieron los asientos posteriores. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha confirmado si se trataba o no de restos humanos.
El 16 de noviembre fue hallado el cuerpo sin vida de otra mujer en un terreno baldío ubicado en la colonia Las Flores, de San Luis Potosí capital. El cadáver tenía huellas de violencia, y estaba envuelto en plástico azul y negro. Para su posible identificación se informó que contaba con al menos tres tatuajes: uno de ellos en la muñeca con la palabra “Libertad” y otro más con las iniciales “MR”. Es de aproximadamente 35 a 40 años de edad.
Ese mismo día fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre a un lado de la carretera 490, San Luis-Torreón, tramo San Luis-Zacatecas, presentaba orificios de proyectiles de arma de fuego en la cabeza.
Llama la atención que ambas víctimas estaban “embolsadas” en plástico negro y azul, sin embargo, la Fiscalía no aclaró si ambos homicidios están relacionados.
La mañana del 19 de noviembre fue localizado el cadáver de un hombre de entre 40 y 45 años de edad en el boulevard Río Santiago. El cuerpo de complexión robusta, se hallaba boca abajo y maniatado. A simple vista presentaba lesiones por arma de fuego.
Ese mismo día se informó sobre el hallazgo de los cuerpos sin vida de 4 personas originarias de Villa de Arriaga. Los cadáveres fueron encontrados en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, no obstante fue la fiscalía de aquel estado la que atrajo la investigación.
La tarde del lunes 18 fue encontrada una camioneta volcada sobre un arroyo en la comunidad Cerrito de Dolores perteneciente al municipio de Pinos, Zacatecas, colindante al municipio de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, junto al vehículo se encontraron los cuerpos de cuatro hombres, que presentaban heridas de proyectil de arma de fuego; todos fueron identificados como habitantes de Villa de Arriaga.
Al llegar al lugar, las autoridades hallaron una camioneta Hilux Toyota color gris, volcada sobre un riachuelo y a su alrededor, los cuerpos de cuatro hombres, que presentaban heridas por disparos de grueso calibre en la cabeza, lo que se conoce como el “tiro de gracia”.
La mañana del 20 de noviembre se reportó el hallazgo de un cuerpo masculino sin vida, en un predio del Camino Antiguo a Chicosein, en la colonia La Virgen en Soledad de Graciano Sánchez. A simple vista presentaba diferentes lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego, además, en aún lado se localizó una cartulina con un mensaje, una mochila con herramientas, una gorra y otros indicios.
Ese mismo día se halló el cuerpo de otra persona, también del sexo masculino, en un camino de terracería a un costado del Río Santiago, cerca del Periférico Oriente. Presentaba al menos dos balazos y estaba recostado bocabajo, con las manos atadas a la espalda.
El 22 de noviembre fueron asesinados a tiros dos jóvenes en la comunidad de El Mirador, en Villa de Reyes. Los hechos ocurrieron por la tarde. El primer reporte fue de dos personas lesionadas, pero cuando llegaron los paramédicos, se dieron cuenta ambas habían fallecido.
Los asesinos se dieron a la fuga en el mismo vehículo en el cual llegaron, una camioneta gris.
La violencia parecer haberse apoderado del municipio de Villa de Reyes, pues luego de estas dos ejecuciones perpetradas el viernes, el sábado 23 de noviembre fueron localizados los cuerpos desmembrados de 3 personas en distintos puntos de la ciudad.
La Fiscalía General del Estado (FGESLP) informó que antes de las seis de la mañana se dio el reporte de un primer cuerpo sin vida en la vía pública, sobre la carretera Villa de Reyes – Bledos, cerca de las vías del ferrocarril.
Posteriormente se dio aviso sobre otros dos cuerpos, uno en Carretera 37 y Prolongación Hidalgo, y otro en Ponciano Pérez y Libramiento Carretera 37, salida a Guanajuato.
Las tres personas del sexo masculino se encontraban desmembradas, los restos fueron puestos en bolsas de color negro, con cartulinas con mensajes delictivos.
Horas más tarde se dio a conocer el hallazgo de otras dos personas ejecutadas, una en el municipio de Salinas de Hidalgo, y otra en Soledad de Graciano Sánchez, con lo cual la cifra de víctimas de la violencia desatada por el crimen organizado llegó a 27.
El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en un camino de terracería con dirección hacia la comunidad de San Tadeo, en el municipio de Salinas de Hidalgo.
El occiso tenía aproximadamente entre 20 y 25 años de edad. En el sitio se localizaron tres casquillos calibre . 223 mm. y uno al parecer de 9mm.
En un camino de terracería a quinientos metros de la carretera Matehuala la altura del km. 10+200, cerca de la comunidad de Enrique Estrada en Soledad de Graciano Sánchez, fue hallada otra víctima. El cuerpo estaba maniatado, en posición fetal.
Mientras se escribían estas líneas, nuevas víctimas seguían sumándose a la lista de ejecuciones del crimen organizado.
A las 9 de la noche del sábado, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en las vías México-Laredo, en la colonia Matamoritos, de esta capital. La víctima presentaba impactos de bala, y los asesinos le dejaron un mensaje escrito en una cartulina.
Todavía a las once de la noche, este redactor no podía cerrar el reportaje, pues dos personas más fueron asesinadas y sus cuerpos quedaron abandonados en el Río Paisanos. Eran dos hombres con visibles huellas de violencia y orificios por disparos de arma de fuego.
Con estos tres asesinatos suman 30 las víctimas de la violencia que sigue asolando la entidad, más las que se sumen en las horas previas a la publicación de este artículo.
El crimen organizado ha convertido los de noviembre en días de muertos para San Luis Potosí.
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Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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