Destacadas
No hay condiciones para eliminar la alerta de género: FGESLP
La integración interinstitucional y el cumplimiento de los criterios son aspectos para no retirar dicho mecanismo de la entidad potosina, señaló el fiscal José Luis Ruiz Contreras
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo la comparecencia de José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) durante la mañana de este martes, y mencionó que actualmente no existen condiciones para concluir el nombramiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado potosino.
Lo anterior ante el planteamiento de la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien recordó las manifestaciones de 25N, y aludir que uno de los reclamos de las mujeres fue la permanencia de dicho nombramiento.
El fiscal del estado detalló que existe una corresponsabilidad con todas las instituciones involucradas, por lo que, en atribuciones de la FGESLP, se debe cumplir con lo ordenado desde 2017 en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
“El día de hoy no están dadas las condiciones para concluir una alerta de violencia de género –puesto que existe una corresponsabilidad con todas las instituciones involucradas–. Desde nuestra opinión, en representación de la Fiscalía, al menos tenemos que cumplir con las condiciones, con las obligaciones que se impusieron en esta Alerta de Violencia de Género, con la Fiscalía General del Estado, y es a partir de ahí donde también se generan estas acciones principales”, mencionó en su interv ención.
Ruiz Contreras explicó que existen dos criterios estipulados en la Alerta de Género y uno más que se ha añadido, a los cuales, la FGESLP ha dado cumplimiento.
“Fiscalía está dando cumplimiento a las condiciones que fueron impuestas al momento de emitirse la Alerta de Violencia de Género, que son dos y una tercera más que se ha incorporado, previsto, por parte del GIM (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario) que le da seguimiento, en coordinación con CONAVIM, que es la institución que supervisa el cumplimiento de las condiciones en que cada autoridad debe cumplir, a efecto de que en su momento, puedan disminuir o eliminar la violencia de género. Pero la FGESLP está dando cumplimiento a las mismas de manera puntual”, detalló.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que la entidad potosina posee desde junio de 2017, y establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consta de una serie de acciones de emergencia a emprender desde los gobiernos para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, como un municipio o entidad federativa.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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