Estado
No debieron promover juicio de amparo por consulta indígena: Congreso
“Siempre estuvimos dispuestos a dialogar”, dijo la diputada Vianey Montes
Por: Redacción
Luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación decidiera sobreseer el juicio de amparo promovido por el Comité Técnico Operativo para la consulta Indígena, la presidenta de la Directiva diputada Vianey Montes Colunga señaló que siempre hubo disposición al diálogo y era innecesario acudir a esas instancias.
“Nosotros siempre mantuvimos apertura, se hicieron mesas de trabajo con ellos, ahora ya es la decisión del juez determina con toda claridad que el Congreso del Estado no tiene responsabilidad en este asunto”, expuso.
En la resolución se establece que “en esta instancia constitucional la litis se centra en el hecho de que los quejosos refieren que se les discrimina porque no han recibido el pago de las remuneraciones que les corresponde por haber llevado a cabo los trabajos encomendados como parte del Comité Técnico Operativo”.
“Mientras que las autoridades responsables del Congreso del Estado, refieren que ese incumplimiento se debe a que no cuentan con la documentación necesaria para realizar el pago adeudado a los quejosos.
Es decir, se trata de un conflicto de carácter meramente administrativo en el que se deben dirimir cuestiones relativas al cumplimiento o no de los trabajos realizados por los quejosos como miembros del Comité
Técnico Operativo”.
Añade que “cuestión que se estima escapa de la materia de análisis del juez de amparo, pues los actos reclamados (falta de pago) no pueden considerarse como un actuar unilateral, imperativo y coercitivo por parte 
“Ello, puesto que se dice que los actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; circunstancia que en el caso no acontece ya que para que las autoridades responsables estén en aptitud de realizar el pago correspondiente dependerá del acreditamiento por parte de los quejosos de los trabajos encomendados, es decir, se trata de una cuestión de análisis del cumplimiento de la contraprestación pactada”.
Por lo tanto, el juez decidió que “al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las consecuencias que los quejosos reclaman como acto reclamado”.
La diputada Vianey Montes Colunga estableció que el Poder Legislativo siempre ha actuado con apego a la legalidad y ha mostrado disposición para encontrar solución a cualquier controversia por la vía del diálogo.
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La iniciativa busca que el Estado pueda actuar ante riesgos ambientales y propone reglas claras para evitar daños irreversibles así como fortalecer la protección a la salud y al medio ambiente
Por: Redacción
La Senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) con el propósito de incorporar de manera expresa el principio de precaución como eje rector de la política ambiental del país.
González Silva explicó que este principio permite al Estado actuar antes de que el daño ambiental sea irreversible. Con ello, se busca proteger tanto al medio ambiente como a la salud humana frente a riesgos graves o emergentes.
“El principio de precaución es una herramienta ética y jurídica para actuar antes de lamentar”, afirmó la senadora.
La iniciativa fortalece la capacidad de las autoridades ambientales para adoptar medidas precautorias cuando existan indicios razonables de riesgo, al tiempo que establece criterios claros para evitar arbitrariedades y garantizar seguridad jurídica. Estos criterios son:
• Proporcionalidad, para asegurar decisiones equilibradas.
• No discriminación, para evitar sesgos o favoritismos.
• Coherencia, para mantener consistencia con precedentes y políticas similares.
• Revisión científica periódica,
La legisladora por San Luis Potosí recordó que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y que la Suprema Corte ya ha establecido que el Estado debe actuar con cautela ante amenazas ambientales.
“Hacer del principio de precaución un mandato legal es convertir la responsabilidad y la prudencia en política de Estado. Es garantizar que México actúe con visión de futuro”, subrayó.
La legisladora aseguró que el principio de precaución no es un freno al desarrollo, sino una guía para que el crecimiento ocurra con responsabilidad y respeto a la naturaleza.
“Actuar a tiempo es la mejor forma de proteger el futuro. La precaución debe ser parte de nuestra ley y de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.
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Ricardo Gallardo detalló que se modernizarán las salas del museo, incorporando tecnología de última generación
Por: Readacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la renovación del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, con una inversión de 20 millones de pesos, tras casi dos décadas de su creación sin que ningún gobierno de la herencia maldita lo hubiera intervenido, para consolidarlo como un referente de ciencia, cultura y aprendizaje interactivo para la niñez, la juventud y las familias potosinas.
Ricardo Gallardo detalló que se modernizarán las salas del museo, incorporando tecnología de última generación, experiencias inmersivas y entornos pedagógicos que permitirán que más niñas, niños y jóvenes vivan un acercamiento dinámico y sin límites al conocimiento, además de obras y trabajos de rehabilitación y pintura, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop)
El gobernador del Estado adelantó que San Luis Potosí también contará con un nuevo Museo del Tiempo, proyecto que se sumará al impulso cultural y como parte de una estrategia integral que contempla infraestructura moderna, mayor movilidad y espacios urbanos para las familias.
Las denuncias pasadas incluyeron limitación de recursos, agresiones y amenazas a familias
Por: Redacción
La consejera Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), advirtió que durante los próximos comicios ordinarios se espera un incremento en las denuncias por violencia política de género, tal como ocurrió en el último proceso electoral del Poder Judicial.
Blanco explicó que, aunque actualmente no se han registrado nuevos casos relevantes más allá de los ya reportados en la elección pasada, el aumento de denuncias es común en periodos electorales. Particularmente, porque en 2024 muchas mujeres —especialmente quienes buscaban un cargo por primera vez en la elección judicial— enfrentaron escenarios adversos al incursionar en campañas políticas sin experiencia previa.
Detalló que el Ceepac fortaleció la cap acitación y acompañamiento a mujeres candidatas a través de redes especializadas y destacó que el área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Género cuentan con certificación para brindar atención de primer contacto
Las denuncias por violencia política recibidas en la elección anterior abarcaron casos diversos: desde limitación al acceso a recursos de campaña hasta agresiones directas, amenazas contra las aspirantes o incluso contra sus familias.
La consejera informó que ya se trabaja en la edición del diagnóstico más reciente sobre violencia política de género en San Luis Potosí, documento que será presentado a medios entre finales de este año o los primeros meses de 2026. Con este análisis, el organismo busca ofrecer un panorama estadístico más claro sobre la incidencia y tipos de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.
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