Estado
No debieron promover juicio de amparo por consulta indígena: Congreso
“Siempre estuvimos dispuestos a dialogar”, dijo la diputada Vianey Montes
Por: Redacción
Luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación decidiera sobreseer el juicio de amparo promovido por el Comité Técnico Operativo para la consulta Indígena, la presidenta de la Directiva diputada Vianey Montes Colunga señaló que siempre hubo disposición al diálogo y era innecesario acudir a esas instancias.
“Nosotros siempre mantuvimos apertura, se hicieron mesas de trabajo con ellos, ahora ya es la decisión del juez determina con toda claridad que el Congreso del Estado no tiene responsabilidad en este asunto”, expuso.
En la resolución se establece que “en esta instancia constitucional la litis se centra en el hecho de que los quejosos refieren que se les discrimina porque no han recibido el pago de las remuneraciones que les corresponde por haber llevado a cabo los trabajos encomendados como parte del Comité Técnico Operativo”.
“Mientras que las autoridades responsables del Congreso del Estado, refieren que ese incumplimiento se debe a que no cuentan con la documentación necesaria para realizar el pago adeudado a los quejosos.
Es decir, se trata de un conflicto de carácter meramente administrativo en el que se deben dirimir cuestiones relativas al cumplimiento o no de los trabajos realizados por los quejosos como miembros del Comité
Técnico Operativo”.
Añade que “cuestión que se estima escapa de la materia de análisis del juez de amparo, pues los actos reclamados (falta de pago) no pueden considerarse como un actuar unilateral, imperativo y coercitivo por parte 
“Ello, puesto que se dice que los actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; circunstancia que en el caso no acontece ya que para que las autoridades responsables estén en aptitud de realizar el pago correspondiente dependerá del acreditamiento por parte de los quejosos de los trabajos encomendados, es decir, se trata de una cuestión de análisis del cumplimiento de la contraprestación pactada”.
Por lo tanto, el juez decidió que “al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las consecuencias que los quejosos reclaman como acto reclamado”.
La diputada Vianey Montes Colunga estableció que el Poder Legislativo siempre ha actuado con apego a la legalidad y ha mostrado disposición para encontrar solución a cualquier controversia por la vía del diálogo.
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Recientemente se han desarticulado células delictivas relacionadas a este delito, con detenidos en Valles y Tamasopo
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que recientemente se han intensificado las detenciones por extorsiones en la Zona Huasteca.
El titular comentó que en los últimos días han desarticulado a varias células delictivas que ya tenían previamente identificadas, con algunos detenidos en Tamasopo y Ciudad Valles, principalmente por el cobro de piso.
Juárez Hernández indicó que se han visto reforzados con la nueva Ley General contra extorsión, con lo que han podido intervenir directamente en los penales para prevenir las llamadas de chantaje que se puedan realizar en ellos.
Finalmente, el secretario añadió que si bien son esporádicas las llamadas que reciben para reportar extorsiones, se mantiene la confianza de la población para reportar estos casos ante la SSPCE, sobre todo por el acompañamiento que brindan.
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El STJE tiene deficiencia en áreas como Secretaría de Acuerdos, proyectistas y actuarios
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado reconoce un déficit de personal en juzgados y salas del Supremo Tribunal de Justicia, particularmente en áreas clave como secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas y secretarios de actuarios, informó Lourdes Anahi Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE).
La magistrada explicó que esta carencia ha sido abordada en reuniones con el órgano de administración, donde se confirmó que durante el presente mes se emitirá una convocatoria para atender esta problemática de manera inmediata.
Detalló que, aunque no se ha definido el número exacto de aspirantes, el órgano de administración estima que , en una primera etapa se podrían cubrir alrededor de 30 plazas
La magistrada señaló que el objetivo es cubrir de manera prioritaria las vacantes que actualmente impactan en el funcionamiento de juzgados y salas, al tratarse de personal indispensable.
Finalmente, indicó que el Poder Judicial analiza medidas adicionales para atender esta necesidad específica, con el fin de fortalecer la operación del Supremo Tribunal y mejorar la atención a la ciudadanía.
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La presidenta del STJE señaló que la decisión respondió a limitaciones presupuestales
Por: Redacción
Lourdes Anahi Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), aseguró que no hubo despidos dentro del Poder Judicial, sino que se trató de la no renovación de contratos de personal.
La magistrada explicó que la información que le proporcionó el órgano de administración indica que dichas personas laboran bajo un esquema contractual el cual concluyó sin que fuera renovado.
“No fue un despido como tal. Ellos eran personal que tenía contrato, esa es la información que tengo. El contrato feneció y ya no se renovó”, señaló.
Respecto a las razones por las cuales no se renovaron, la magistrada presidenta indicó que, de acuerdo con el órgano de administración, la decisión obedeció a cuestiones meramente presupuestarias
“Es una cuestión presupuestal, había que ver las necesidades del presupuesto que se tenía y se vio esa necesidad”, explicó.
Finalmente, reiteró que el Poder Judicial actuó dentro del marco legal y que las determinaciones fueron tomadas con base en la disponibilidad de recursos y planeación administrativa de la institución.
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