Estado
No debieron promover juicio de amparo por consulta indígena: Congreso
“Siempre estuvimos dispuestos a dialogar”, dijo la diputada Vianey Montes
Por: Redacción
Luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación decidiera sobreseer el juicio de amparo promovido por el Comité Técnico Operativo para la consulta Indígena, la presidenta de la Directiva diputada Vianey Montes Colunga señaló que siempre hubo disposición al diálogo y era innecesario acudir a esas instancias.
“Nosotros siempre mantuvimos apertura, se hicieron mesas de trabajo con ellos, ahora ya es la decisión del juez determina con toda claridad que el Congreso del Estado no tiene responsabilidad en este asunto”, expuso.
En la resolución se establece que “en esta instancia constitucional la litis se centra en el hecho de que los quejosos refieren que se les discrimina porque no han recibido el pago de las remuneraciones que les corresponde por haber llevado a cabo los trabajos encomendados como parte del Comité Técnico Operativo”.
“Mientras que las autoridades responsables del Congreso del Estado, refieren que ese incumplimiento se debe a que no cuentan con la documentación necesaria para realizar el pago adeudado a los quejosos.
Es decir, se trata de un conflicto de carácter meramente administrativo en el que se deben dirimir cuestiones relativas al cumplimiento o no de los trabajos realizados por los quejosos como miembros del Comité
Técnico Operativo”.
Añade que “cuestión que se estima escapa de la materia de análisis del juez de amparo, pues los actos reclamados (falta de pago) no pueden considerarse como un actuar unilateral, imperativo y coercitivo por parte de las autoridades responsables”.
“Ello, puesto que se dice que los actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; circunstancia que en el caso no acontece ya que para que las autoridades responsables estén en aptitud de realizar el pago correspondiente dependerá del acreditamiento por parte de los quejosos de los trabajos encomendados, es decir, se trata de una cuestión de análisis del cumplimiento de la contraprestación pactada”.
Por lo tanto, el juez decidió que “al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a las consecuencias que los quejosos reclaman como acto reclamado”.
La diputada Vianey Montes Colunga estableció que el Poder Legislativo siempre ha actuado con apego a la legalidad y ha mostrado disposición para encontrar solución a cualquier controversia por la vía del diálogo.
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Estado
Solo 19% de casos de violación llegan a sentencia en SLP
Marco Gama pide demostrar que la reforma al STJE mejora la justicia, tras advertencia sobre ampliación de plazos para dictar sentencias
Por: Angel Bravo
Según información de Quadratín, en estos últimos dos años solamente el 19 por ciento de los casos de violacion que llegan al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), terminan en sentencia.
Con estos datos, Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, pidió al Poder Judicial demostrar que la reforma estructural no fue solo administrativa, sino un cambio capaz de mejorar la respuesta institucional en delitos de alto impacto.
Gama subrayó que la advertencia de la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, sobre la ampliación de plazos para dictar sentencias, debe tomarse como una llamada de atención interna para revisar procesos y cerrar brechas.
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Estado
FGESLP Investiga el hallazgo de múltiples cuerpos en Ahualulco
Los cuerpos se contaban con signos de violencia y disparos de arma de fuego
Por: Angel Bravo
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que se ha llevado a cabo la investigación para esclarecer los hechos que derivaron en el fallecimiento de cinco personas que fueron localizadas cerca de la entrada a la comunidad de Paso Blanco, en el municipio de Ahualulco.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar la mañana d el
martes 18 de noviembre de 2025, y confirmaron la presencia de los finados, y empezaron trabajos de identificaciónHasta el momento no hay información oficial sobre el hecho ni sobre posibles detenidos, pero según el medio Al Instante SLP, las víctimas eran cinco hombres, estaban “maniatados” y presentaban disparos de arma de fuego; en algunos se mostraban signos de tortura.
La FGESLP mantiene abiertas diversas líneas de investigación y continúa con las diligencias para llegar a los responsables y el esclarecimiento total del caso.
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Congreso del Estado
Congreso propone creación de Fiscalía Especializada en delitos de desaparición
Esta reforma tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda
Por: Redacción
El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presentó una iniciativa de reforma a LA Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí.
Busca complementar el proyecto presentado y elaborado en base a los planteamientos de asociaciones civiles que han manifestado su interés en la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los d elitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sumando los aspectos que mandata la citada reforma a la Ley General.
Tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General en la materia, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda y fortaleciendo la capacidad institucional para enfrentar este flagelo social.
El diputado Gámez Macías dijo que “la desaparición de personas es una problemática lacerante y prioritaria para nuestro Estado, no podemos quedarnos atrás en la protección de los derechos humanos y pasaremos de una unidad con capacidades limitadas a una institución robusta, con personal calificado y unidades mínimas que nos permitirán investigar y perseguir estos delitos con el enfoque de derechos humanos que las víctimas y sus familias merecen”.
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