Ciudad
Museo Francisco Cossío abre sus actividades de verano
Estas actividades serán para los niños y niñas, se cuenta con cursos y talleres para adolescentes y mayores de edad
Por Redacción:
La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita a conocer las actividades que iniciarán la próxima semana en el museo Francisco Cossío con el objetivo de crear espacios para que los niños y niñas tengan un lugar donde puedan explorar y conocer las distintas manifestaciones del arte para fomentar su creatividad y expresión artística.
Aunque existen actividades para todas las edades, se invita a niñas y niños de 6 a 12 años a que formen parte del “Verano en el museo”, en el que, durante cuatro semanas, llevarán a cabo actividades que les permitirán crear un panorama totalmente distinto de lo que es visitar un museo, además de descubrir sus propias habilidades.
Las actividades que realizarán durante la semana son cine, donde podrán conocerán la manera en la que se realiza una película, para después realizar su propio cortometraje; también aprenderán sobre escultura, teatro, fotografía, nutrición, impresión artística y creación de producto, que les permitirá despertar la creatividad con el uso de distintos materiales y técnicas, expresando emociones por medio de texturas, colores y formas.
Al concluir este “Verano en el museo” podrán llevarse sus productos, como el cortometraje, la escultura, la impresión que hayan realizado, entre otras, además, serán parte de juegos y dinámicas.
La fecha de inicio es este 15 de julio y finaliza el 9 de agosto, con un horario fijo de 10:00 a 14:00 h, y podrán asistir niños y niñas de 6 a 12 años. Tiene un costo total de $2200 por las 4 semanas de actividad o un pago semanal de $600. Para mayores informes comunicarse al 813.22.47 o en las redes sociales del museo.
Además de esta actividad para los niños y niñas, se cuenta con cursos y talleres para adolescentes y mayores de edad, tales como curso de baile para aprender ritmos latinos y salsa; curso de Antropología e Historia del pensamiento religioso, y pintura en gran formato.
Para conocer las actividades culturales que se presentan en los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, se invita al público a seguir las redes sociales institucionales y/o a descargar la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS.
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa
Ciudad
Gimnasio Beat y Comercio Municipal chocan por anuencia vecinal
Comercio Municipal asegura que las dos consultas vecinales realizadas en agosto resultaron desfavorables
Por: Redacción
La Dirección de Comercio Municipal clausuró el 10 de noviembre el gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en la avenida Tatanacho, por no contar con la anuencia vecinal requerida para obtener su licencia de funcionamiento. Sus propietarias denunciaron en redes sociales que ese requisito no estaba entre los que les pidió el Ayuntamiento al iniciar el trámite.
El director de Comercio Municipal, José Ángel de la Vega Pineda, informó que desde el 15 de mayo la dependencia recibió quejas vecinales reiteradas por exceso de ruido y problemas de tránsito, incluida la obstrucción de cocheras. Explicó que al gimnasio se le dieron plazos para regularizarse, entre ellos una licencia provisional por 90 días. Sin embargo, las consultas vecinales del 11 y 20 de agosto no resultaron favorables, por lo que el 28 de octubre se determinó improcedente otorgar la licencia.
En un video que se viralizó, Ale y Dani, fundadoras del gimnasio, dieron su versión. Explicaron que el municipio les pidió dictámenes de Protección Civil, vialidad, uso de suelo y ecología, y que los cuatro resultaron favorables. El de uso de suelo ratifica que el inmueble está en un corredor comercial, y el de ecología valida las modificaciones que hicieron para atender la queja por ruido.
Según su relato, el viernes 23 de octubre entregaron la documentación y realizaron el pago correspondiente, y les aseguraron que podían esperar la licencia sin riesgo de clausura. Cinco días después, personal de Comercio les notificó que el trámite fue rechazado por falta de anuencia vecinal. Afirman que reunieron 30 firmas de vecinos a favor del gimnasio, 18 de ellas ante notario, y pidieron que se les explique cómo se realizó la consulta vecinal.
“No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo claridad, transparencia y un trato justo”, señalaron.
En otro video, Gaby Coronel, funcionaria de la Dirección de Comercio, explicó que la anuencia vecinal es un requisito del artículo 21 del Reglamento de Actividades Comerciales. Afirmó que el gimnasio llevaba cerca de cuatro años operando sin licencia y que no cuenta con la anuencia de los vecinos que colindan pared con pared, en una zona de uso de suelo mixto, con viviendas y comercios.
El reglamento establece que no se otorgará licencia sin la anuencia vecinal, entendida como la conformidad de más de la mitad de los vecinos que residan en un radio de 100 metros del establecimiento.
De la Vega Pineda aseguró que el Ayuntamiento mantiene abierto el diálogo con ambas partes. El 11 de noviembre se realizó una mesa de trabajo con las propietarias en la Secretaría General, y el 12 de noviembre se recibió a los vecinos afectados, para explorar alternativas de conciliación. Añadió que el municipio no está en contra de la actividad comercial, pero que cualquier solución debe atender el origen del conflicto y cumplir con la ley.
“El diálogo siempre será nuestra primera opción. Hacer cumplir la ley es nuestra obligación y ambas cosas son perfectamente compatibles”, afirmó.
En junio, la Dirección de Comercio informó que había clausurado alrededor de 20 gimnasios por irregularidades en licencias, uso de suelo y quejas vecinales.
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