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Morena debe fijar postura respecto a Reforma Educativa: Josefina Salazar
La legisladora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Josefina Salazar Báez, dijo que llegó la hora para que Morena defina su postura frente a la Reforma Educativa y vele por los derechos de las niñas y niños mexicanos, o siga protegiendo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como lo ha venido haciendo históricamente.
Salazar Báez dijo que los legisladores de Acción Nacional han estado trabajando desde diciembre del 2018, la iniciativa de Ley para reformar los artículos 3o, 31 y 73 de la Constitución Política y sus respectivas leyes secundarias. Propuesta que se sumó a otras 17 iniciativas que ingresaron a la Cámara de Diputados, incluida la que presentó el Poder Ejecutivo.
Sin embargo; explicó que en la última semana el poder Legislativo fue puesto a prueba por los miembros de la CNTE, al impedir el desarrollo de los trabajos en las sedes del Palacio Legislativo de San Lázaro y el Senado de la República, en la ruta de la dictaminación de la reforma en materia de educación.
Sin duda la estrategia de la CNTE es chantajear a López Obrador para que les otorgue la compra-venta de plazas en el magisterio, lo que dijo, “el PAN no va a permitir bajo ningún tipo de chantaje porque esto significa un retroceso para la educación de las niñas y niños”.
“Acción Nacional está en favor de la niñez, del maestro que cumple y llega a tiempo, aquel que con polvo y sudor recorre grandes distancias en la Huasteca Potosina, el Altiplano y la Zona Media para presentarse al salón de clases; el profesor en el que los padres de familia depositan su confianza cuando dejan a sus hijos, que saben que juntos están construyendo un México de personas de bien y no de vándalos obstaculizadores de la educación”; enfatizó.
Salazar Báez hizo énfasis en que la propuesta del PAN en materia educativa existe una clara separación entre el maestro y la dirigencia sindical, concibiendo a los profesores como los agentes fundamentales del proceso educativo, donde se reconoce su papel en la sociedad.
Destacó que los maestros tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. No se está regresando a la venta de plazas ni al pase automático en Escuelas Normales, se busca que el profesor tenga certeza de no regresar al régimen laboral del artículo 123 del apartado B.
Entre otras aportaciones que se incorporan a la iniciativa ciudadana trabajadas por los partidos políticos PAN, PRD, MC y PRI, cuya presentación la realizó Romero Hicks en la tribuna de la Cámara de Diputados, se enceuntran: El Estado garantizará la educación inicial y superior; Educación basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva; Incorporación de las evaluaciones diagnósticas en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento en el Sistema de Carrera Magisterial; Procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales en el Sistema de Carrera Magisterial; Nombramientos derivados de admisión, promoción y reconocimiento, únicamente otorgados conforme a la ley; Fortalecimiento a instituciones públicas de formación docente (normales); Incorporación de nuevos criterios: equitativo, inclusivo, intercultural, integral;
Rescate conceptual de la palabra calidad (excelencia); Reconocer el derecho de las personas a los beneficios de la ciencia; Restablecimiento de la fracción VII (autonomía universitaria); Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; Funciones del organismo que sustituirá al INEE, no sectorizado con autonomía técnica y de gestión y con personalidad jurídica, patrimonio propio y no sectorizado.
“Ya llegó el momento para Morena y para López Obrador de demostrar del lado de quien están, porque tipo de Educación van a votar, si por la que protege a la CNTE que históricamente le ha servido a su movimiento político, o si están del lado de las niñas y niños mexicanos, que necesitan mayores herramientas educativas y recursos que garanticen su desarrollo académico”; concluyó.
La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes
La senadora Ruth González Silva viajó este martes a Washington D.C., junto con una comitiva plural del Senado mexicano, con el objetivo de expresar ante congresistas estadounidenses la postura de México frente a la propuesta de gravar con un impuesto del 5% los envíos de remesas.
Dicho impuesto, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes de EE.UU., afectaría gravemente a la comunidad mexicana en el exterior y a millones de familias de México que dependen de esos recursos.
González Silva, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que “la defensa de las remesas es la defensa de nuestras familias. Este tipo de medidas castigan a quienes, con esfuerzo y sacrificio, continúan sosteniendo a sus comunidades desde el extranjero. No se trata solo de números: se trata de niñas y niños que estudian, de adultos mayores que sobreviven con dignidad”.
De las personas que reciben estos recursos, el 62% son mujeres y más de un tercio vive en localidades con menos de 2,500 habitantes, por lo que el gravamen tendría un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables.
La senadora advirtió que aplicar este impuesto, además de representar una doble tributación, podría incentivar el uso de canales informales para el envío de remesas, lo que dificultaría su trazabilidad y pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de inclusión financiera entre la comunidad migrante.
La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes y velar por los intereses de sus familias: “No merecen castigo. Merecen respeto, reconocimiento y políticas que fortalezcan su papel en el desarrollo de nuestra región”, concluyó.
Se habrían solicitado más de 5 millones de pesos entre abril y mayo de 2024, fechas que también coinciden con la veda electoral
Por: Ana G Silva
La Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí enfrenta una acusación por presuntos actos de corrupción, en la que a través de documentos, se evidencía un supuesto desvío de recursos durante la veda electoral de 2024.
Tras una denuncia hecha a través de redes sociales por un ex empleado de la dependencia llamado Dorian Morua, quien laboraba en el programa federal para adultos mayores, denunció que fue despedido sin justificación, decidió exponer una serie de solicitudes de recursos millonarios realizadas por la dependencia en fechas en las que los programas sociales deberían estar suspendidos por ley, pues se efectuaban las campañas a elecciones de la presidencia de México.
“Solicitaron millones de pesos para operativos inexistentes, en plena veda electoral. Esto no es solo inmoral, es ilegal”, escribió en su publicación, en la que anexó copias de varios oficios internos con detalles de los gastos.
Entre los recursos solicitados durante la veda electoral se encuentran: el 2 de abril de 2024 donde se solicitaron 148 mil 588 pesos con número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0366/2024 con el concepto “Productos alimenticios para personal en campo”; solo en alimentos, 113 mil 588 pesos. El 23 de abril de 2024 la cantidad fue por 94 mil pesos, con oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0349/2024 con el concepto “Gastos para operativos y trabajos de campo en zonas rurales, impresión y material informativo”.
El 9 de mayo de 2024 se solicitó la cantidad de un millón 180 mil pesos, con el número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0398/2024 usando el concepto “Arrendamiento de mobiliario (250 mil pesos), operativos en áreas naturales (302 mil pesos), entre otros”. Para el 17 de mayo de 2024 el monto fue por un millón 136 mil 100 pesos,
El ex trabajador aseguró que estos recursos no se vieron reflejados en acciones reales, y acusa que fueron parte de una simulación para justificar gastos durante una etapa en la que los programas debían estar detenidos.
Además, denunció prácticas como acoso laboral, represión a empleados críticos y el uso de programas sociales como herramientas de presión política durante procesos electorales. Sumado a ello, denunció que fue despedido sin justificación; razón por la que decidió exhibir dichas prácticas.
Hasta ahora, ni el delegado Guillermo Morales ni la Secretaría del Bienestar han ofrecido una postura pública ante estas acusaciones. La denuncia ya circula en redes sociales y ha comenzado a llamar la atención de organizaciones ciudadanas y medios locales.
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El Ayuntamiento capitalino rehabilitará espacios en Morales, General I. Martínez, entre otras; vecinos de Arbolitos no quieren ser reconocidos como zona de riesgo, aseguró Galindo
Por: Redacción
La tarde de este lunes, el Ayuntamiento de San Luis Potosí comenzó con la rehabilitación de espacios en la colonia Arbolitos, donde fue derribado un salón de usos múltiples en condiciones de abandono y usado por jóvenes infractores.
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, aseguró que los vecinos de la colonia no quieren ser reconocidos como un sitio conflictivo, por lo que se trabajará en esa y otras zonas de la ciudad para mejorar las condiciones de vida.
“La principal petición de los vecinos; querían quitarse el estigma de una zona extremadamente violenta, complicada, con venta de droga. Y yo ofrecí ser un aliado de ellos para quitarles ese estigma”.
Mencionó que se intervendrán espacios en colonias como San Ángel, Morales, Simón Díaz, Satélite, General I. Martínez, entre otras. Además de implementar programas para combatir el consumo de sustancias ilícitas e insertar a las y los jóvenes en actividades productivas
“Seguridad Pública, Servicios Municipales, les van a dar actividades remunerativas. Ellos lo que necesitan es tener ingresos para ser productivos; Desarrollo Económico también está trabajando con ellos, y la intención es meter más chavos a la fuerza laboral formal para que dejen de andar en estas actividades”, declaró.
Galindo Ceballos indicó que estas colonias son detectadas como puntos críticos mediante un mapa de calor, donde se valora la zona de influencia en el consumo de sustancias ilícitas, de inseguridad u otras actividades de desorden público.
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