Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión

Por: Ana G Silva

En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.

De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.

La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.

En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado,

pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.

En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.

Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.

A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.

La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.

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Construida durante el sexenio de Carlos Jonguitud, la mansión de Montañas Rocallosas siempre estuvo rodeada de la crítica contra los excesos de los gobernadores potosinos

Por: Bernardo Vera

La Casa de Gobernadores, que por décadas fue destinada para los mandatarios de la entidad, será convertida en una estancia para albergar a niñas, niños y personas de la tercera edad en situación vulnerable. Luego del paso de once jefes del ejecutivo estatal, y tras la decisión de Ricardo Gallardo Cardona, ayer comenzaron las obras para la transición del inmueble ubicado en avenida Montañas Rocallosas 123, de la colonia Loma Alta.

Gallardo Cardona denunció ayer que la casa le costaba al erario cinco millones de pesos entre su mantenimiento y el pago de nómina de 150 trabajadores entre escoltas, jardineros, meseros, asistentes, etcétera. Ahora al final de su remodelación tendrá mil 873 metros cuadrados para que se atienda a 63 niños y niñas, además de contar con enfermería, dos aulas, comedor, cocina, dos áreas de estar, salón de juegos, usos múltiples, dos dormitorios para cuidadores, servicios sanitarios y generales.

La estancia para adultos mayores tendrá una superficie de 5 mil 488 metros cuadrados, con la capacidad de atender a 88 personas y contará con sala de fisioterapia, consultorios, enfermería, dos salas de televisión, salas de visita, cuatro salas de terapia y una terraza.

Esta casa fue construida durante la gestión del ex gobernador Carlos Jonguitud Barrios (1979 – 1985), bajo la justificación de que resultaba complejo atender a los ciudadanos que acudían a su domicilio particular para manifestarse. Sin embargo, la obra desató reclamos de la sociedad potosina al considerarla “un exceso” por parte del gobernador, quien prometió no utilizarla con fines personales. A pesar de ello, existe la idea entre la población de que pretendía hacerla su domicilio permanente.

El paso de los años y las diferentes administraciones, volvieron el espacio una extensión del Palacio de Gobierno, ya que se efectuaban reuniones de gabinete y se solía recibir a políticos invitados; de esa manera recibió la denominación de “Casa de Gobierno”, como otras residencias que existen en diferentes estados del país, con uso similar.

El caso más polémico fue durante la administración de Leopoldino Ortiz Santos (1987-1991) quien realizó distintas reuniones y fiestas en la casa junto a su familia, y al terminar su sexenio, esta terminó en pésimas condiciones.

Seis administraciones después, durante la gubernatura de Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), la casa fue remodelada,

se mejoraron sus condiciones y se adecuó a manera de una elegante oficina. El ex gobernador y su familia sí vivieron en ella por seis años.

Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), denunció en 2015, que la casa fue utilizada como domicilio particular de David Toranzo, hijo del entonces gobernador, Fernando Toranzo, en donde habitaba junto a su esposa y “sus tres perros”. Además, durante cinco años y nueve meses de la administración torancista, se erogaron 19 millones, 541 mil 371 pesos con 55 centavos en el mantenimiento de la Casa de Gobernadores, por conceptos como alimentación, limpieza, alberca y otros gastos.

En 2018, la asociación “Ciudadanos Observando” colocó carteles de venta a manera de protesta simbólica, luego de darse a conocer que su mantenimiento representaba casi 8 millones de pesos anuales. Además, se sugería a la administración de Juan Manuel Carreras, la venta de este espacio y recaudar fondos para infraestructura social, o que se destine el inmueble para brindar servicio a la población.

Juan Manuel Carreras López determinó que no habitaría la Casa de Gobierno, como parte de la política de austeridad que se había implementado, pues se buscaba obtener un ahorro en los gastos que representa para el erario. Sin embargo, funcionó para reuniones con delegados federales y otros funcionarios.

El 27 de septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Cardona, como gobernador recién electo, publicó un video en sus redes sociales, en el que mostró el interior de la Casa de Gobierno. En el material se mostró un despacho con decorado de lujo, habitaciones con baño completo, además de una cancha de tenis, una alberca vacía, una palapa, entre otras cosas.

Durante la grabación de este video, anunció que la administración a su cargo convertiría la casa en un albergue para personas en condiciones vulnerables, principalmente menores de edad y adultos mayores.

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