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Mónica Rangel regresó a Salud a persona sentenciada por acoso sexual
Por: Redacción
Un grupo de trabajadoras de los Servicios de Salud en el estado denuncian acoso sexual por parte del jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel de esa dependencia, de nombre Óliver, ante la protección de la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.
Las trabajadoras, que solicitaron mantenerse en anonimato por temor a represalias, aseguran que, a pesar de que hace semanas se hizo público el acoso por parte de Óliver, la situación ha empeorado.
Las denunciantes aseguran que Óliver reingresó a la Secretaría de Salud con ayuda de una carta de no antecedentes penales apócrifa, pues fue expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, por el subdirector de la Unidad Jurídica del Fuero Común de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Rodolfo Peña Velázquez.
Sin embargo, según el Registro Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado, la constancia de no antecedentes penales debe ser expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con las denunciantes, la carta apócrifa fue necesaria porque en 2015, Óliver fue detenido por acoso sexual. Su regreso, pese a estas circunstancias, su recontratación se debería a que es un protegido de Adrián Lárraga Zamarrón, el esposo de la secretaria Mónica Liliana Rangel.
Óliver recibió sentencia en 2017, en la que se le impuso una pena de un año de prisión y una sanción de 9 mil 500 pesos. El año de cárcel se cambió por 23 mil pesos de multa.
Una de las personas que denuncia al funcionario de Salud asegura que él “ha provocado ya renuncias de enfermeras, a las que amenaza con mandarlas lejos. Es imposible trabajar con él, se dirige a mí de forma grosera, con gritos, sin importarle que la gente se dé cuenta. En muchas ocasiones ha salido de su oficina, se acerca a donde yo estoy y me dice que soy una inepta, que no se hacer nada, que por eso él prefiere trabajar solo”, dijo una de las denunciantes.
Otra queja, para la que aseguran que hay testigos, es porque Óliver hace pasar a su oficina a las enfermeras “y después de un rato salen llorando, diciendo que no van a acceder a las peticiones del doctor Óliver. Hasta donde me he dado cuenta, les pide tener relaciones sexuales con él para que puedan conservar su trabajo, o bien, para darles un código más alto”.
Óliver volvió a los Servicios de Salud, al cargo de jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel el 16 de agosto del año pasado, hace casi un año. Desde entonces, dicen, ha convertido su área de trabajo en un infierno, pues avienta papeles a sus trabajadores, “les dice que son unos pendejos y que él se encuentra en los Servicios de Salud bajo la protección de alguien muy influyente. Ya no se puede trabajar así”.
Según dieron a conocer las personas que denuncian a Óliver, el caso de acoso sexual por el que fue detenido en 2015, data del año 2014. En aquel momento, se aseguró que la violencia y acoso había escalado tanto que fue necesario proceder penalmente. La sentencia respecto a este proceso penal se desconoce hasta el momento.
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El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal
Por: Redacción
Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.
El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.
Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.
Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.
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Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación
Por: Redacción
Patricia Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.
La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica
Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.
Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.
Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.
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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.
Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.
Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.
Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez
De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.
El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.
Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.
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