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Mónica Rangel regresó a Salud a persona sentenciada por acoso sexual
Por: Redacción
Un grupo de trabajadoras de los Servicios de Salud en el estado denuncian acoso sexual por parte del jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel de esa dependencia, de nombre Óliver, ante la protección de la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.
Las trabajadoras, que solicitaron mantenerse en anonimato por temor a represalias, aseguran que, a pesar de que hace semanas se hizo público el acoso por parte de Óliver, la situación ha empeorado.
Las denunciantes aseguran que Óliver reingresó a la Secretaría de Salud con ayuda de una carta de no antecedentes penales apócrifa, pues fue expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, por el subdirector de la Unidad Jurídica del Fuero Común de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Rodolfo Peña Velázquez.
Sin embargo, según el Registro Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado, la constancia de no antecedentes penales debe ser expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con las denunciantes, la carta apócrifa fue necesaria porque en 2015, Óliver fue detenido por acoso sexual. Su regreso, pese a estas circunstancias, su recontratación se debería a que es un protegido de Adrián Lárraga Zamarrón, el esposo de la secretaria Mónica Liliana Rangel.
Óliver recibió sentencia en 2017, en la que se le impuso una pena de un año de prisión y una sanción de 9 mil 500 pesos. El año de cárcel se cambió por 23 mil pesos de multa.
Una de las personas que denuncia al funcionario de Salud asegura que él “ha provocado ya renuncias de enfermeras, a las que amenaza con mandarlas lejos. Es imposible trabajar con él, se dirige a mí de forma grosera, con gritos, sin importarle que la gente se dé cuenta. En muchas ocasiones ha salido de su oficina, se acerca a donde yo estoy y me dice que soy una inepta, que no se hacer nada, que por eso él prefiere trabajar solo”, dijo una de las denunciantes.
Otra queja, para la que aseguran que hay testigos, es porque Óliver hace pasar a su oficina a las enfermeras “y después de un rato salen llorando, diciendo que no van a acceder a las peticiones del doctor Óliver. Hasta donde me he dado cuenta, les pide tener relaciones sexuales con él para que puedan conservar su trabajo, o bien, para darles un código más alto”.
Óliver volvió a los Servicios de Salud, al cargo de jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel el 16 de agosto del año pasado, hace casi un año. Desde entonces, dicen, ha convertido su área de trabajo en un infierno, pues avienta papeles a sus trabajadores, “les dice que son unos pendejos y que él se encuentra en los Servicios de Salud bajo la protección de alguien muy influyente. Ya no se puede trabajar así”.
Según dieron a conocer las personas que denuncian a Óliver, el caso de acoso sexual por el que fue detenido en 2015, data del año 2014. En aquel momento, se aseguró que la violencia y acoso había escalado tanto que fue necesario proceder penalmente. La sentencia respecto a este proceso penal se desconoce hasta el momento.
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La movilización partirá de la Alameda Juan Sarabia y recorrerá el Centro Histórico para exigir justicia, visibilizar casos de violencia y recordar a las víctimas de feminicidio
Por: Ana G Silva
Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo en San Luis Potosí la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, cuyo recorrido atravesará el primer cuadro de la ciudad para visibilizar la exigencia de justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres.
La movilización iniciará a las 16:00 horas en la Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José, y será encabezada por familiares de víctimas de feminicidio.
El contingente avanzará por la calle Chicosein, detrás del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde se realizará una primera parada simbólica en memoria de Odalis Hipólito, joven localizada sin vida en ese sitio años atrás. Aunque el caso fue cerrado como suicidio, su familia continúa exigiendo la reapertura de la investigación y que sea tipificado como feminicidio.
Posteriormente, la marcha se integrará a la avenida 20 de Noviembre, donde se sumará el colectivo Mujeres con Discapacidad, para continuar por la calle Reforma y después incorporarse al Eje Vial.
Uno de los puntos centrales del recorrido será la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde integrantes de colectivos, especialmente el Colectivo de Madres, expondrán públicamente casos de violencia y omisiones institucionales que han enfrentado.
El contingente continuará por la calle Los Bravo hasta llegar a Plaza de Armas, pasando a un costado de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.
La movilización concluirá en la Plaza de los Fundadores, frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizarán pronunciamientos finales.
Las organizadoras informaron que durante el recorrido habrá módulos de primeros auxilios médicos y psicológicos para brindar atención a las asistentes.
Asimismo, recomendaron a quienes participen acudir con ropa cómoda, calzado adecuado, hidratación suficiente y tomar rutas alternas ante los cierres viales previstos en el Centro Histórico.
La marcha se realiza bajo la consigna de exigir que no sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), al considerar que las condiciones de violencia aún persisten.
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Tras los hechos registrados en Jalisco, el Gobierno estatal aseguró que el estado se mantiene “blindado” y sin presencia activa del CJNG
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que la ausencia de hechos violentos en la entidad tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes responde al fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.
El funcionario estatal señaló que, derivado de operativos permanentes contra la delincuencia organizada, se ha logrado debilitar e incluso erradicar la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio potosino.
“Este grupo criminal está relacionado con los hechos ocurridos en Jalisco; sin embargo, en San Luis Potosí prácticamente está desaparecido. Esto ha sido resultado del combate frontal y permanente que el estado y la federación han mantenido”, expresó.
Torres Sánchez indicó que, pese al escenario actual, las autoridades mantienen vigilancia preventiva ante posibles reacomodos entre grupos delictivos tras la muerte del líder criminal, con el objetivo de evitar bloqueos carreteros o actos violentos.
Asimismo, aseguró que el estado se encuentra “blindado” para impedir el llamado efecto cucaracha, es decir, el desplazamiento de delincuentes provenientes de otras entidades que intenten refugiarse en San Luis Potosí ante operativos de seguridad.
El secretario general precisó que estos operativos no responden a medidas emergentes, sino que forman parte de una estrategia permanente de control territorial para supervisar el ingreso y salida de personas en la entidad y preservar las condiciones de seguridad.
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Juárez Hernández afirmó que no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad confirmó que hay investigaciones abiertas contra elementos por presuntos abusos en Salinas y por la detención de tres policías relacionados con un grupo armado en Tanquián, casos que —aseguró la autoridad— demuestran que no se tolerarán conductas fuera de la ley dentro de la corporación.
La corporación estatal abrió una investigación interna por la presunta actuación arbitraria de seis elementos que habrían ingresado a un restaurante en el municipio de Salinas, tras la denuncia del propietario, quien consideró irregular el operativo. El titular de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, informó que mandos operativos acudieron al lugar para recabar información y solicitar apoyo del ayuntamiento para identificar a los agentes involucrados.
El funcionario explicó que se revisaron cámaras de vigilancia y se solicitó material adicional para ubicar la patrulla y al personal participante, aunque hasta ahora no se ha logrado su plena identificación. Señaló que ya existe una carpeta abierta y pidió a los afectados presentar denuncia formal para avanzar en el proceso y aplicar sanciones. Mientras tanto, los elementos continúan en funciones al no estar plenamente identificados.
En un segundo caso, la dependencia confirmó la detención de seis personas armadas en Tanquián, entre ellas tres policías estatales que presuntamente mantenían vínculos con un grupo delictivo
Juárez Hernández detalló que el operativo fue coordinado por mandos regionales con apoyo de un grupo táctico desplegado en Ciudad Valles, lo que permitió ubicar a los sospechosos y asegurar armas de uso federal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso por la naturaleza de los delitos y el armamento asegurado; actualmente se encuentran en un centro penitenciario.
El secretario subrayó que la detención de los propios elementos es un mensaje claro tanto al interior de la corporación como a la ciudadanía: no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad. Añadió que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control interno.
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