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Mónica Rangel regresó a Salud a persona sentenciada por acoso sexual
Por: Redacción
Un grupo de trabajadoras de los Servicios de Salud en el estado denuncian acoso sexual por parte del jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel de esa dependencia, de nombre Óliver, ante la protección de la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.
Las trabajadoras, que solicitaron mantenerse en anonimato por temor a represalias, aseguran que, a pesar de que hace semanas se hizo público el acoso por parte de Óliver, la situación ha empeorado.
Las denunciantes aseguran que Óliver reingresó a la Secretaría de Salud con ayuda de una carta de no antecedentes penales apócrifa, pues fue expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, por el subdirector de la Unidad Jurídica del Fuero Común de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Rodolfo Peña Velázquez.
Sin embargo, según el Registro Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado, la constancia de no antecedentes penales debe ser expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con las denunciantes, la carta apócrifa fue necesaria porque en 2015, Óliver fue detenido por acoso sexual. Su regreso, pese a estas circunstancias, su recontratación se debería a que es un protegido de Adrián Lárraga Zamarrón, el esposo de la secretaria Mónica Liliana Rangel.
Óliver recibió sentencia en 2017, en la que se le impuso una pena de un año de prisión y una sanción de 9 mil 500 pesos. El año de cárcel se cambió por 23 mil pesos de multa.
Una de las personas que denuncia al funcionario de Salud asegura que él “ha provocado ya renuncias de enfermeras, a las que amenaza con mandarlas lejos. Es imposible trabajar con él, se dirige a mí de forma grosera, con gritos, sin importarle que la gente se dé cuenta. En muchas ocasiones ha salido de su oficina, se acerca a donde yo estoy y me dice que soy una inepta, que no se hacer nada, que por eso él prefiere trabajar solo”, dijo una de las denunciantes.
Otra queja, para la que aseguran que hay testigos, es porque Óliver hace pasar a su oficina a las enfermeras “y después de un rato salen llorando, diciendo que no van a acceder a las peticiones del doctor Óliver. Hasta donde me he dado cuenta, les pide tener relaciones sexuales con él para que puedan conservar su trabajo, o bien, para darles un código más alto”.
Óliver volvió a los Servicios de Salud, al cargo de jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel el 16 de agosto del año pasado, hace casi un año. Desde entonces, dicen, ha convertido su área de trabajo en un infierno, pues avienta papeles a sus trabajadores, “les dice que son unos pendejos y que él se encuentra en los Servicios de Salud bajo la protección de alguien muy influyente. Ya no se puede trabajar así”.
Según dieron a conocer las personas que denuncian a Óliver, el caso de acoso sexual por el que fue detenido en 2015, data del año 2014. En aquel momento, se aseguró que la violencia y acoso había escalado tanto que fue necesario proceder penalmente. La sentencia respecto a este proceso penal se desconoce hasta el momento.
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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
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María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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