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Mónica Rangel habría autorizado compra por 85.1 mdp a empresa fantasma
Como secretaria de Salud, la hoy candidata de Morena a gobernadora de SLP firmó un decreto para que la dependencia pudiera repartir 525 mdp en adjudicaciones directas
Por: Redacción
La Secretaría de Salud del gobierno San Luis Potosí, que hasta hace unos meses estaba a cargo de Mónica Rangel, hoy candidata de Morena, gastó durante el último año, y bajo el pretexto del combate al covid-19, 525.3 millones de pesos en adjudicaciones directas, esto de acuerdo con información presentad a este sábado por el diario Pulso.
Llama la atención que el proveedor más favorecido por la dependencia estatal fue Tangamanga Innovación y Negocios con 85.1 millones de pesos, esto para comprar pruebas de detección del virus, dicha empresa presentó un domicilio fiscal asociado a una empresa “fantasma” utilizada por el pasado Congreso para desviar fondos de la partida de gestión institucional.
Se trata de 317 operaciones que se realizaron de manera discrecional, gracias a un decreto administrativo firmado por Mónica RAngel en el que se dio a la Secretaría de Salud la facultad de adquirir bienes y servicios “esenciales” para el combate al covid.
Un particular de nombre, Mauricio Ayala Gallegos, obtuvo un contrato por 40.4 millones de pesos entre marzo y mayo del 2020, por servicios integrales para la realización de la conferencia de prensa diaria de la SS, las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad en Salud y la erección de las unidades Centinela en la entidad.
La empresa Public Health Supply & Equipment de México se llevó 32.7 millones de pesos por la compra de insecticida. Aunque la justificación fue el combate al Covid, la SS usó la compra para tratar de controlar los brotes de dengue registrados el año pasado.
Finalmente, la empresa Infra SA de CV se llevó 24.7 millones de pesos por la renta de tanques de oxígeno y la compra de gas medicinal.
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Ayuntamiento de SLP
Capital de SLP, sin otorgar permisos a ambulantes
El alcalde Enrique Galindo refirió el censo elaborado por la administración municipal, que no supera los 500 comerciantes en más de tres años y medio
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que en los últimos tres años y medio no se han otorgados nuevos permisos para la colocación de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico de la capital, además que actualmente de acuerdo a un censo conjunto entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la asociación “Nuestro Centro”, no existen más de 500 comerciantes dedicados a esta actividad
Lo anterior, tras el señalamiento e Alejandrina Cedillo, empresaria potosina, de una falta de atención a esta materia por parte de la Dirección de Comercio. Agregó que Alejandrina ha formado parte de las reuniones entre el Ayuntamiento capitalino y la organizacion Nuestro Centro (presidida por Monica Heredia), con quienes se han logrado acuerdos y planes de accion en la material
Señaló que estos 500 comerciantes suelen trasladarse entre las diferentes plazas y calles del primer cuadro de la ciudad, por lo que se ha buscado mantener el control de esta actividad informal.
El alcalde capitalino, asimismo, señaló que el comercio informal representa una oportunidad de vida para quienes la ejercen, por lo que recordó que la intención de la administración municipal es mantener económicamente activo a este sector y no ejerciendo actividades ilícitas.
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Destacadas
“Legislatura de la Transformación”: diputado destaca logros en Congreso de SLP
Tras el primer año de la actual legislatura, Cuauhtli Badillo resaltó la aprobación de 19 reformas constitucionales
Por: Redacción
El diputado local Cuauhtli Badillo calificó el primer año del Congreso del Estado como “la Legislatura de la Transformación”, pues en ese periodo se aprobaron 19 reformas constitucionales y avances en temas rezagados como la interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria y la creación de leyes de consulta ciudadana.
Señaló que la Ley de Amnistía e Indulto —pendiente desde hace años— podría aprobarse en un próximo periodo extraordinario. Sin embargo, aún hay iniciativas relevantes sin resolver, como la castración química a violadores, la Ley de Movilidad y otras propu estas que han quedado en espera de discusión.
Un punto que ha generado críticas es que, en lo que va de esta legislatura, todas las iniciativas ciudadanas presentadas han sido desechadas , lo que contrasta con el discurso de apertura y cercanía con la población.
En el plano político, Badillo aseguró que desde el inicio de la legislatura los 27 diputados acordaron priorizar el consenso sobre las diferencias ideológicas para trabajar en ordenamientos que beneficien a la ciudadanía.
“Yo creo que al día de hoy hemos trabajado con respeto, todos y cada uno se ha conducido con cordialidad. Así seguirá la dinámica para seguir dando resultados positivos y favorables”, afirmó.
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Destacadas
SEGE llama a denunciar retención ilegal de documentos escolares
Juan Carlos Torres recordó que ninguna escuela en SLP puede condicionar la entrega de certificados o boletas a pagos o compras obligatorias
Por: Redacción
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), pidió a madres, padres y tutores denunciar cualquier caso en el que escuelas condicionen la entrega de documentos oficiales a pagos o compras de materiales.
Explicó que, aunque estas prácticas ocurren en ocasiones, no están permitidas en escuelas públicas. “A veces condicionan a que paguen una cuota, compren un uniforme, un libro o algún bien, y esto no está permitido”, señaló.
En el caso de instituciones particulares, reconoció que pueden existir acuerdos con asociaciones de padres de familia, pero recalcó que las cuotas son voluntarias. “Agradecemos a los padres que colaboran con material de limpieza y mantenimiento, pero no es obligatorio”, añadió.
Torres Cedillo dijo que, cuando se detecta una irregularidad, la SEGE interviene para resolver el conflicto y, en casos graves, aplicar sanciones. Sin embargo, afirmó que no se busca “desprestigiar” a las instituciones y que solo se hace público el nombre de las escuelas cuando se llega a un procedimiento sancionador formal.
El funcionario reiteró que la prioridad es velar por los derechos de los estudiantes, sin importar si asisten a instituciones públicas o privadas, desde preescolar hasta universidad.
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