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Mitzi: un feminicidio que no quedará impune
Brayan Juárez, quien era pareja de la maestra de kínder, fue encontrado culpable de su muerte, la cual perpetró para cobrar un seguro de vida
Por: Bernardo Vera
El 19 de agosto de 2019 a las ocho de la mañana, el cuerpo de una mujer fue encontrado en la calle Basalto casi esquina con Hernán Cortés en la colonia Las Piedras de la capital potosina, había sido asesinada. Se trataba de Berenice N, conocida también como Mitzi, una joven de 24 años de edad, quien era maestra de preescolar. Desde ese día su memoria estuvo presente en marcha y protestas en las que se exigía a las autoridades justicia por su asesinato. Casi cuatro años después, su caso podría tener resolución, luego de que el pasado 19 de abril, un tribunal encontró culpable de su feminicidio a Brayan Alberto Juárez Canales, quien ahora espera sentencia, con la mirada de la opinión pública sobre el castigo que se le otorgará. Previo a esa resolución, hace un repaso por este crimen, para entender su importancia en un país donde la impunidad es la constante.
Los reportes acerca de la desaparición de Mitzi mencionaban que asistió a una fiesta en la colonia Morales, en la que, incluso, hizo una publicación en sus redes sociales con la frase: “Fiesta de prepa en Morales!! Vamonooos”. Luego de eso, ella habría solicitado un transporte por aplicación de teléfono móvil, en ese momento se perdió el contacto con ella. Horas después sus familiares y amistades comenzaron la búsqueda.
Aarón Edmundo Castro Sánchez, entonces vicefiscal general de San Luis Potosí, dio a conocer la noticia del asesinato de Mitzi al poco tiempo. El de la maestra se convirtió en el segundo feminicidio ocurrido en 48 horas. El otro hecho correspondía a una chica que perdió la vida en el Hospital Central, luego de ser ingresada por quemaduras, presuntamente efectuadas por dos sujetos que le prendieron fuego.
Inicialmente se señaló al chofer de Uber como sospechoso de haber cometido el ilícito; sin embargo, la empresa emitió un comunicado en el que extendía sus condolencias a la familia, pero también manifestaba lo siguiente: “luego de realizar una investigación, podemos confirmar que el suceso no está relacionado con un viaje realizado a través de la aplicación” 
El 27 de agosto de ese año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre de 24 años de edad identificado como Brayan Alberto Juárez Canales por los delitos de homicidio y violación. Además, su departamento en la avenida Muñoz fue cateado. El móvil, según determinó la FGESLP, pudo haber sido el cobro de un seguro de vida por más de un millón de pesos, debido a que encontraron un certificado de defunción, con el que Brayan pretendía hacer válido el pago tras haber mantenido una relación sentimental con la víctima.
El 2 de septiembre de 2019 se le dictó prisión preventiva contra Brayan, tras ser señalado como responsable de asesinar a su pareja mediante ahorcarla hasta la muerte, y haberse dirigido a la calle Basalto de la colonia Las Piedras, cerca de un terreno baldío, en donde abandonó el cuerpo.
El pasado 19 de abril de 2023, el Tribunal de Juicio Oral de San Luis Potosí declaró culpable a Brayan Alberto Juárez Canales por su responsabilidad en el delito. El órgano jurisdiccional confirmó que en la autopsia de la víctima se encontró que falleció por una fractura luxación cervical por desnucamiento, así como por asfixia por sofocación.
El Tribunal indicó que la cantidad de años que deberán imponerse, se decidirá en la próxima audiencia del 21 de abril de 2023, que de acuerdo con el artículo 325 del Código Penal Federal la sanción sería de 25 a 60 años en prisión.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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