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Los pendientes de Horacio Sánchez Unzueta en el Centro Histórico
10 años de proyectos frustrados para modernizar el primer cuadro de la ciudad
Por: Itzel Márquez
Horacio Sánchez Unzueta, fue gobernador de San Luis Potosí entre 1993 y 1997, y desde entonces ha sido una de las figuras políticas más influyentes y polémicas en el estado. Su más reciente labor fue la de coordinador ejecutivo del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, la cual desempeñó desde el 2011 hasta hace unos días, cuando el gobernador Ricardo Gallardo nombró en su lugar a Juan Carlos Machinena. Después de 10 años en el cargo, vale la pena hacer una retrospectiva para considerar qué cambió en el Centro de la ciudad con Horacio.
Sánchez Unzueta hizo muchos compromisos y firmó convenios de colaboración; sin embargo, la mayoría de estas iniciativas quedaron sin concretarse:
Durante 2011, cuando se encontraba en su campaña rumbo a la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó compromisos por todo México, entre ellos uno en San Luis Potosí para rehabilitar el centro. Horacio tomó el cargo de coordinador, por lo que la responsabilidad de la gestión era suya. Se anunció un mega proyecto que contaría con la colaboración de los gobiernos federal, estatal y municipal que consistía en la remodelación de la Alameda Juan Sarabia, para ello se volverían peatonales los tramos de las cuatro calles que la rodean (Constitución, Universidad y Manuel José Othón). La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) proyectó la construcción de pasos a desnivel como la solución al tráfico; se agregó la edificación de la zona de transferencia para el transporte público, en donde se encontraría una biblioteca y el Museo del Ferrocarril. En su momento Sánchez Unzueta afirmó que la construcción terminaría antes de la conclusión del gobierno de Fernando Toranzo (2015), no obstante, solo se construyó la estación de transferencia.
En diciembre de 2015, el entonces subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo nacional, Carlos Joaquín González 
Además, en marzo de 2016, el gobernador Juan Manuel Carreras, el entonces alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez y Horacio Sánchez, firmaron un convenio de colaboración para trabajar en el repoblamiento e impulso de comercio y cultura en el Centro Histórico, 
Un mes después, en abril de 2016, comerciantes y funcionarios de bancos ubicados en la calle Álvaro Obregón, manifestaron su repudio ante Horacio Sánchez y solicitaron una indemnización, esto debido a las afectaciones que les causaron las obras en dicha calle, mismas que llevaban diez meses en proceso.
En mayo de 2018, Horacio Sánchez habló sobre la remodelación de la Plaza de Fundadores y añadió que una de las principales acciones sería la peatonalización del Centro Histórico, así como el cambio de sentido de la calle Julián de los Reyes.
Posteriormente, en julio del mismo año, el titular del Consejo Consultivo dijo que el siguiente paso previsto en la remodelación del Centro Histórico sería la rehabilitación de la calle Vicente Guerrero, lo que incluiría ampliación de banquetas, cableado subterráneo y sustitución de luminarias; acciones que, según afirmó, no se concretaron por falta de recursos económicos.
Durante diciembre de 2019, el titular del Consejo Consultivo del Centro Histórico mencionó que el proyecto de crear un paso a desnivel en la Alameda sobre Constitución no estaba descartado, pero por el momento no hay mayor información.
En septiembre del año pasado, Sánchez Unzueta afirmó que la rehabilitación del primer cuadro de la ciudad está al 80% esto en cuanto a su pavimentación.
Durante marzo de este año, Horacio Sánchez Unzueta informó sobre la reactivación de la restauración del Edificio Ipiña, esto por parte de inversionistas particulares, y aseveró que la Plaza de Fundadores también recibiría mantenimiento, lo que, hasta el momento, no ha arrancado.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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