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Las figuras públicas de SLP que han sido asesinadas
A propósito del asesinato de Crispín Ordaz, hicimos un seguimiento a todos los hechos de violencia que han costado la vida de políticos, empresarios y líderes sociales
Por: Ana G Silva
El pasado 26 de octubre Crispín Ordaz, ex alcalde panista del ayuntamiento de Ébano en San Luis Potosí, fue asesinado en el restaurante Olímpico, ubicado en el municipio huasteco. Este político destacó pues gobernó en cuatro ocasiones en aquel municipio. Es por eso que La Orquesta recopiló algunos de los asesinatos de figuras públicas asesinadas en San Luis Potosí:
LIDY VILLALBA (2022)
Lidia Villalba, ex funcionaria, ex candidata priista y golfista, fue asesinada y cuatro personas más fueron heridas víctimas de una persecución realizada por militares que inició en Ojuelos, Jalisco, y terminó en Zacatecas el 17 de marzo de este año.
Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron que la camioneta donde viajaba Villalba iba a exceso de velocidad y no quisieron detenerse hasta que lograron cerrarles el paso, al no descender los agentes abrieron fuego y uno de esos disparos por la parte trasera del vehículo alcanzó a impactar en la víctima. Por su parte, el conductor y escolta de la ex priista indicó que no se detuvo al creer que se trataba de un asalto, pues ni los vehículos ni los elementos tenían visibles logotipos o identificaciones.
JULIO GALINDO (2021)
El primero de marzo de 2021 se confirmó la muerte de Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), luego de que fuera baleado por un comando armado que iba a bordo de un vehículo sobre avenida Potosí, en la colonia Lomas de la capital potosina. Aunque la víctima fue trasladada por medios propios a un hospital para recibir atención médica, no lograron salvar su vida.
Tan solo en dos meses se logró detener a cinco personas implicadas en el delito: cuatro de ellas en Ciudad Valles, quienes iban a bordo de la camioneta con la que habrían cometido el delito y que también portaban las armas con las que dispararon a Galindo Pérez. El último lo arrestaron en Nuevo León y fue señalado como el autor intelectual, quien contrató a los otros sujetos para asesinar a quien fuera su socio de negocios.
GUILLERMO PÉREZ (2020)
Guillermo Alberto Pérez Moreno, encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí, falleció tras ser víctima de un ataque armado ocurrido sobre el Anillo Periférico, a la altura de la Feria Nacional Potosina.
El funcionario de 55 años de edad fue interceptado en la avenida Juárez por hombres armados quienes abrieron fuego en su contra, sufrió tres disparos en el tórax por lo que fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a las heridas.
Carlos Llamazares (2019)
Una madrugada de febrero de 2019, Carlos Emmanuel Llamazares Llamazares, ex alcalde de Xilitla, se encontraba al interior del bar del municipio “El Nogalito”, del que era dueño, en donde cuatro personas más ingerían bebidas embriagantes, cuando comenzaron a discutir con la víctima a quien hirieron con un arma de fuego en varias ocasiones para después salir huyendo.
Aunque el ex funcionario fue llevado a recibir atención médica, murió dos días después. En los meses posteriores a la agresión detuvieron a los cuatro implicados en el homicidio.
REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LA HUASTECA (2012)
Durante un fin de semana en el mes de diciembre asesinaron a tres representantes políticos de la Huasteca: la primera fue Amalia Terán, ex regidora y consejera estatal panista, fue herida con un arma blanca en la garganta al interior de su negocio en Huehuetlán; días antes la víctima informó que Julio Cesar Salinas Terán, entonces diputado local, la amenazó de muerte vía telefónica. El segundo fue Rafael Piña, candidato del PRD a la alcaldía del municipio ese año, ejecutado junto con una mujer en el interior de una camioneta en Ciudad Valles. El tercero fue Pablo Pintor Hernández, ex presidente municipal priista de Ciudad del Maíz, 
LA FAMILIA TURRUBIARTES (2012)
La familia Turrubiartes había acumulado un gran poder dentro del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En 2012 Xicoténcatl Turrubiartes Flores, siendo director general del SEER, murió luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de su vehículo en el municipio de Soledad. Las causas de su muerte nunca fueron debidamente aclaradas, pues se tiene la versión que fue un comando armado quien abrió fuego en su contra y también un intento de suicidio.
En 2015, Rafael Turrubiartes Macías, jefe político de la Sección 52 del SNTE y padre de Xicoténcatl, se quitó la vida al dispararse en su oficina. Se menciona que fue por depresión por la pérdida de su hijo.
EDGAR MORALES (2012)
Un comando armado a bordo de dos vehículos le quitaron la vida a Edgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, y a Juan Francisco Hernández, su jefe de campaña, cuando viajaban en su auto durante la madrugada del 12 de agosto de 2012 en una de las calles del municipio; otra persona que viajaba con ellos resultó ilesa.
Días posteriores detuvieron a cinco policías que vigilaban la fiesta a la que acudió Morales Pérez momentos antes de ser acribillado y quienes después pidieron regresar a la base, sin embargo, fueron liberados al demostrar su inocencia.
El 1 de octubre, el cabildo de Matehuala eligió a Héctor Fermín Ávila Lucero, primer regidor de mayoría, como presidente municipal interno.
GABRIEL CASTILLO (2011)
Gabriel Castillo, ex director operativo de la Policía Estatal de San Luis Potosí, fue encontrado sin vida en avenida Salk y boulevard Antonio Rocha Cordero, quien presentaba impactos de bala y signos de tortura, además vestía aún el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Castillo tenía más de 20 años dentro de la corporación.
ALEXANDER LÓPEZ (2010)
Durante la tarde del 9 de septiembre del 2010, integrantes de un grupo delictivo entraron hasta la oficina de la presidencia municipal de Alexander López García, entonces alcalde de El Naranjo, que estaba reunido con varios integrantes de su gabinete a quienes exigieron hacerse a un lado y al quedar solo el alcalde le dispararon.
Los sujetos huyeron del lugar a bordo de una camioneta, pues no tenían elementos de seguridad que los detuvieran, ya que los únicos cuatro que había renunciaron meses atrás por falta de equipo.
JUAN ANTONIO LEDEZMA (1982)
Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de que las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.
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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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