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Las figuras públicas de SLP que han sido asesinadas
A propósito del asesinato de Crispín Ordaz, hicimos un seguimiento a todos los hechos de violencia que han costado la vida de políticos, empresarios y líderes sociales
Por: Ana G Silva
El pasado 26 de octubre Crispín Ordaz, ex alcalde panista del ayuntamiento de Ébano en San Luis Potosí, fue asesinado en el restaurante Olímpico, ubicado en el municipio huasteco. Este político destacó pues gobernó en cuatro ocasiones en aquel municipio. Es por eso que La Orquesta recopiló algunos de los asesinatos de figuras públicas asesinadas en San Luis Potosí:
LIDY VILLALBA (2022)
Lidia Villalba, ex funcionaria, ex candidata priista y golfista, fue asesinada y cuatro personas más fueron heridas víctimas de una persecución realizada por militares que inició en Ojuelos, Jalisco, y terminó en Zacatecas el 17 de marzo de este año.
Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron que la camioneta donde viajaba Villalba iba a exceso de velocidad y no quisieron detenerse hasta que lograron cerrarles el paso, al no descender los agentes abrieron fuego y uno de esos disparos por la parte trasera del vehículo alcanzó a impactar en la víctima. Por su parte, el conductor y escolta de la ex priista indicó que no se detuvo al creer que se trataba de un asalto, pues ni los vehículos ni los elementos tenían visibles logotipos o identificaciones.
JULIO GALINDO (2021)
El primero de marzo de 2021 se confirmó la muerte de Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), luego de que fuera baleado por un comando armado que iba a bordo de un vehículo sobre avenida Potosí, en la colonia Lomas de la capital potosina. Aunque la víctima fue trasladada por medios propios a un hospital para recibir atención médica, no lograron salvar su vida.
Tan solo en dos meses se logró detener a cinco personas implicadas en el delito: cuatro de ellas en Ciudad Valles, quienes iban a bordo de la camioneta con la que habrían cometido el delito y que también portaban las armas con las que dispararon a Galindo Pérez. El último lo arrestaron en Nuevo León y fue señalado como el autor intelectual, quien contrató a los otros sujetos para asesinar a quien fuera su socio de negocios.
GUILLERMO PÉREZ (2020)
Guillermo Alberto Pérez Moreno, encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí, falleció tras ser víctima de un ataque armado ocurrido sobre el Anillo Periférico, a la altura de la Feria Nacional Potosina.
El funcionario de 55 años de edad fue interceptado en la avenida Juárez por hombres armados quienes abrieron fuego en su contra, sufrió tres disparos en el tórax por lo que fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a las heridas.
Carlos Llamazares (2019)
Una madrugada de febrero de 2019, Carlos Emmanuel Llamazares Llamazares, ex alcalde de Xilitla, se encontraba al interior del bar del municipio “El Nogalito”, del que era dueño, en donde cuatro personas más ingerían bebidas embriagantes, cuando comenzaron a discutir con la víctima a quien hirieron con un arma de fuego en varias ocasiones para después salir huyendo.
Aunque el ex funcionario fue llevado a recibir atención médica, murió dos días después. En los meses posteriores a la agresión detuvieron a los cuatro implicados en el homicidio.
REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LA HUASTECA (2012)
Durante un fin de semana en el mes de diciembre asesinaron a tres representantes políticos de la Huasteca: la primera fue Amalia Terán, ex regidora y consejera estatal panista, fue herida con un arma blanca en la garganta al interior de su negocio en Huehuetlán; días antes la víctima informó que Julio Cesar Salinas Terán, entonces diputado local, la amenazó de muerte vía telefónica. El segundo fue Rafael Piña, candidato del PRD a la alcaldía del municipio ese año, ejecutado junto con una mujer en el interior de una camioneta en Ciudad Valles. El tercero fue Pablo Pintor Hernández, ex presidente municipal priista de Ciudad del Maíz, 
LA FAMILIA TURRUBIARTES (2012)
La familia Turrubiartes había acumulado un gran poder dentro del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En 2012 Xicoténcatl Turrubiartes Flores, siendo director general del SEER, murió luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de su vehículo en el municipio de Soledad. Las causas de su muerte nunca fueron debidamente aclaradas, pues se tiene la versión que fue un comando armado quien abrió fuego en su contra y también un intento de suicidio.
En 2015, Rafael Turrubiartes Macías, jefe político de la Sección 52 del SNTE y padre de Xicoténcatl, se quitó la vida al dispararse en su oficina. Se menciona que fue por depresión por la pérdida de su hijo.
EDGAR MORALES (2012)
Un comando armado a bordo de dos vehículos le quitaron la vida a Edgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, y a Juan Francisco Hernández, su jefe de campaña, cuando viajaban en su auto durante la madrugada del 12 de agosto de 2012 en una de las calles del municipio; otra persona que viajaba con ellos resultó ilesa.
Días posteriores detuvieron a cinco policías que vigilaban la fiesta a la que acudió Morales Pérez momentos antes de ser acribillado y quienes después pidieron regresar a la base, sin embargo, fueron liberados al demostrar su inocencia.
El 1 de octubre, el cabildo de Matehuala eligió a Héctor Fermín Ávila Lucero, primer regidor de mayoría, como presidente municipal interno.
GABRIEL CASTILLO (2011)
Gabriel Castillo, ex director operativo de la Policía Estatal de San Luis Potosí, fue encontrado sin vida en avenida Salk y boulevard Antonio Rocha Cordero, quien presentaba impactos de bala y signos de tortura, además vestía aún el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Castillo tenía más de 20 años dentro de la corporación.
ALEXANDER LÓPEZ (2010)
Durante la tarde del 9 de septiembre del 2010, integrantes de un grupo delictivo entraron hasta la oficina de la presidencia municipal de Alexander López García, entonces alcalde de El Naranjo, que estaba reunido con varios integrantes de su gabinete a quienes exigieron hacerse a un lado y al quedar solo el alcalde le dispararon.
Los sujetos huyeron del lugar a bordo de una camioneta, pues no tenían elementos de seguridad que los detuvieran, ya que los únicos cuatro que había renunciaron meses atrás por falta de equipo.
JUAN ANTONIO LEDEZMA (1982)
Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de que las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.
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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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