noviembre 19, 2026

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Las figuras públicas de SLP que han sido asesinadas

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A propósito del asesinato de Crispín Ordaz, hicimos un seguimiento a todos los hechos de violencia que han costado la vida de políticos, empresarios y líderes sociales 

Por: Ana G Silva

El pasado 26 de octubre Crispín Ordaz, ex alcalde panista del ayuntamiento de Ébano en San Luis Potosí, fue asesinado en el restaurante Olímpico, ubicado en el municipio huasteco. Este político destacó pues gobernó en cuatro ocasiones en aquel municipio. Es por eso que La Orquesta recopiló algunos de los asesinatos de figuras públicas asesinadas en San Luis Potosí:

LIDY VILLALBA (2022)

Lidia Villalba, ex funcionaria, ex candidata priista y golfista, fue asesinada y cuatro personas más fueron heridas víctimas de una persecución realizada por militares que inició en Ojuelos, Jalisco, y terminó en Zacatecas el 17 de marzo de este año.

Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron que la camioneta donde viajaba Villalba iba a exceso de velocidad y no quisieron detenerse hasta que lograron cerrarles el paso, al no descender los agentes abrieron fuego y uno de esos disparos por la parte trasera del vehículo alcanzó a impactar en la víctima. Por su parte, el conductor y escolta de la ex priista indicó que no se detuvo al creer que se trataba de un asalto, pues ni los vehículos ni los elementos tenían visibles logotipos o identificaciones.

JULIO GALINDO (2021)

El primero de marzo de 2021 se confirmó la muerte de Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), luego de que fuera baleado por un comando armado que iba a bordo de un vehículo sobre avenida Potosí, en la colonia Lomas de la capital potosina. Aunque la víctima fue trasladada por medios propios a un hospital para recibir atención médica, no lograron salvar su vida.

Tan solo en dos meses se logró detener a cinco personas implicadas en el delito: cuatro de ellas en Ciudad Valles, quienes iban a bordo de la camioneta con la que habrían cometido el delito y que también portaban las armas con las que dispararon a Galindo Pérez. El último lo arrestaron en Nuevo León y fue señalado como el autor intelectual, quien contrató a los otros sujetos para asesinar a quien fuera su socio de negocios.

GUILLERMO PÉREZ (2020)

Guillermo Alberto Pérez Moreno, encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí, falleció tras ser víctima de un ataque armado ocurrido sobre el Anillo Periférico, a la altura de la Feria Nacional Potosina.

El funcionario de 55 años de edad fue interceptado en la avenida Juárez por hombres armados quienes abrieron fuego en su contra, sufrió tres disparos en el tórax por lo que fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a las heridas.

Carlos Llamazares (2019)

Una madrugada de febrero de 2019, Carlos Emmanuel Llamazares Llamazares, ex alcalde de Xilitla, se encontraba al interior del bar del municipio “El Nogalito”, del que era dueño, en donde cuatro personas más ingerían bebidas embriagantes, cuando comenzaron a discutir con la víctima a quien hirieron con un arma de fuego en varias ocasiones para después salir huyendo.

Aunque el ex funcionario fue llevado a recibir atención médica, murió dos días después. En los meses posteriores a la agresión detuvieron a los cuatro implicados en el homicidio.

REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LA HUASTECA (2012)

Durante un fin de semana en el mes de diciembre asesinaron a tres representantes políticos de la Huasteca: la primera fue Amalia Terán, ex regidora y consejera estatal panista, fue herida con un arma blanca en la garganta al interior de su negocio en Huehuetlán; días antes la víctima informó que Julio Cesar Salinas Terán, entonces diputado local, la amenazó de muerte vía telefónica. El segundo fue Rafael Piña, candidato del PRD a la alcaldía del municipio ese año, ejecutado junto con una mujer en el interior de una camioneta en Ciudad Valles. El tercero fue Pablo Pintor Hernández, ex presidente municipal priista de Ciudad del Maíz,

que fue encontrado muerto en la colonia Infonavit Morales y que presentaba heridas de arma en el tórax y las piernas, además de que fue degollado.

LA FAMILIA TURRUBIARTES (2012)

La familia Turrubiartes había acumulado un gran poder dentro del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En 2012 Xicoténcatl Turrubiartes Flores, siendo director general del SEER, murió luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de su vehículo en el municipio de Soledad. Las causas de su muerte nunca fueron debidamente aclaradas, pues se tiene la versión que fue un comando armado quien abrió fuego en su contra y también un intento de suicidio.

En 2015, Rafael Turrubiartes Macías, jefe político de la Sección 52 del SNTE y padre de Xicoténcatl, se quitó la vida al dispararse en su oficina. Se menciona que fue por depresión por la pérdida de su hijo.

EDGAR MORALES (2012)

Un comando armado a bordo de dos vehículos le quitaron la vida a Edgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, y a Juan Francisco Hernández, su jefe de campaña, cuando viajaban en su auto durante la madrugada del 12 de agosto de 2012 en una de las calles del municipio; otra persona que viajaba con ellos resultó ilesa.

Días posteriores detuvieron a cinco policías que vigilaban la fiesta a la que acudió Morales Pérez momentos antes de ser acribillado y quienes después pidieron regresar a la base, sin embargo, fueron liberados al demostrar su inocencia.

El 1 de octubre, el cabildo de Matehuala eligió a Héctor Fermín Ávila Lucero, primer regidor de mayoría, como presidente municipal interno.

GABRIEL CASTILLO (2011)

Gabriel Castillo, ex director operativo de la Policía Estatal de San Luis Potosí, fue encontrado sin vida en avenida Salk y boulevard Antonio Rocha Cordero, quien presentaba impactos de bala y signos de tortura, además vestía aún el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Castillo tenía más de 20 años dentro de la corporación.

ALEXANDER LÓPEZ (2010)

Durante la tarde del 9 de septiembre del 2010, integrantes de un grupo delictivo entraron hasta la oficina de la presidencia municipal de Alexander López García, entonces alcalde de El Naranjo, que estaba reunido con varios integrantes de su gabinete a quienes exigieron hacerse a un lado y al quedar solo el alcalde le dispararon.

Los sujetos huyeron del lugar a bordo de una camioneta, pues no tenían elementos de seguridad que los detuvieran, ya que los únicos cuatro que había renunciaron meses atrás por falta de equipo.

JUAN ANTONIO LEDEZMA (1982)

Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de que las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.

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Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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