agosto 18, 2026

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Las figuras públicas de SLP que han sido asesinadas

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A propósito del asesinato de Crispín Ordaz, hicimos un seguimiento a todos los hechos de violencia que han costado la vida de políticos, empresarios y líderes sociales 

Por: Ana G Silva

El pasado 26 de octubre Crispín Ordaz, ex alcalde panista del ayuntamiento de Ébano en San Luis Potosí, fue asesinado en el restaurante Olímpico, ubicado en el municipio huasteco. Este político destacó pues gobernó en cuatro ocasiones en aquel municipio. Es por eso que La Orquesta recopiló algunos de los asesinatos de figuras públicas asesinadas en San Luis Potosí:

LIDY VILLALBA (2022)

Lidia Villalba, ex funcionaria, ex candidata priista y golfista, fue asesinada y cuatro personas más fueron heridas víctimas de una persecución realizada por militares que inició en Ojuelos, Jalisco, y terminó en Zacatecas el 17 de marzo de este año.

Los integrantes del Ministerio Público Federal dijeron que la camioneta donde viajaba Villalba iba a exceso de velocidad y no quisieron detenerse hasta que lograron cerrarles el paso, al no descender los agentes abrieron fuego y uno de esos disparos por la parte trasera del vehículo alcanzó a impactar en la víctima. Por su parte, el conductor y escolta de la ex priista indicó que no se detuvo al creer que se trataba de un asalto, pues ni los vehículos ni los elementos tenían visibles logotipos o identificaciones.

JULIO GALINDO (2021)

El primero de marzo de 2021 se confirmó la muerte de Julio César Galindo Pérez, entonces presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), luego de que fuera baleado por un comando armado que iba a bordo de un vehículo sobre avenida Potosí, en la colonia Lomas de la capital potosina. Aunque la víctima fue trasladada por medios propios a un hospital para recibir atención médica, no lograron salvar su vida.

Tan solo en dos meses se logró detener a cinco personas implicadas en el delito: cuatro de ellas en Ciudad Valles, quienes iban a bordo de la camioneta con la que habrían cometido el delito y que también portaban las armas con las que dispararon a Galindo Pérez. El último lo arrestaron en Nuevo León y fue señalado como el autor intelectual, quien contrató a los otros sujetos para asesinar a quien fuera su socio de negocios.

GUILLERMO PÉREZ (2020)

Guillermo Alberto Pérez Moreno, encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en San Luis Potosí, falleció tras ser víctima de un ataque armado ocurrido sobre el Anillo Periférico, a la altura de la Feria Nacional Potosina.

El funcionario de 55 años de edad fue interceptado en la avenida Juárez por hombres armados quienes abrieron fuego en su contra, sufrió tres disparos en el tórax por lo que fue trasladado a recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a las heridas.

Carlos Llamazares (2019)

Una madrugada de febrero de 2019, Carlos Emmanuel Llamazares Llamazares, ex alcalde de Xilitla, se encontraba al interior del bar del municipio “El Nogalito”, del que era dueño, en donde cuatro personas más ingerían bebidas embriagantes, cuando comenzaron a discutir con la víctima a quien hirieron con un arma de fuego en varias ocasiones para después salir huyendo.

Aunque el ex funcionario fue llevado a recibir atención médica, murió dos días después. En los meses posteriores a la agresión detuvieron a los cuatro implicados en el homicidio.

REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LA HUASTECA (2012)

Durante un fin de semana en el mes de diciembre asesinaron a tres representantes políticos de la Huasteca: la primera fue Amalia Terán, ex regidora y consejera estatal panista, fue herida con un arma blanca en la garganta al interior de su negocio en Huehuetlán; días antes la víctima informó que Julio Cesar Salinas Terán, entonces diputado local, la amenazó de muerte vía telefónica. El segundo fue Rafael Piña, candidato del PRD a la alcaldía del municipio ese año, ejecutado junto con una mujer en el interior de una camioneta en Ciudad Valles. El tercero fue Pablo Pintor Hernández, ex presidente municipal priista de Ciudad del Maíz,

que fue encontrado muerto en la colonia Infonavit Morales y que presentaba heridas de arma en el tórax y las piernas, además de que fue degollado.

LA FAMILIA TURRUBIARTES (2012)

La familia Turrubiartes había acumulado un gran poder dentro del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En 2012 Xicoténcatl Turrubiartes Flores, siendo director general del SEER, murió luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de su vehículo en el municipio de Soledad. Las causas de su muerte nunca fueron debidamente aclaradas, pues se tiene la versión que fue un comando armado quien abrió fuego en su contra y también un intento de suicidio.

En 2015, Rafael Turrubiartes Macías, jefe político de la Sección 52 del SNTE y padre de Xicoténcatl, se quitó la vida al dispararse en su oficina. Se menciona que fue por depresión por la pérdida de su hijo.

EDGAR MORALES (2012)

Un comando armado a bordo de dos vehículos le quitaron la vida a Edgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, y a Juan Francisco Hernández, su jefe de campaña, cuando viajaban en su auto durante la madrugada del 12 de agosto de 2012 en una de las calles del municipio; otra persona que viajaba con ellos resultó ilesa.

Días posteriores detuvieron a cinco policías que vigilaban la fiesta a la que acudió Morales Pérez momentos antes de ser acribillado y quienes después pidieron regresar a la base, sin embargo, fueron liberados al demostrar su inocencia.

El 1 de octubre, el cabildo de Matehuala eligió a Héctor Fermín Ávila Lucero, primer regidor de mayoría, como presidente municipal interno.

GABRIEL CASTILLO (2011)

Gabriel Castillo, ex director operativo de la Policía Estatal de San Luis Potosí, fue encontrado sin vida en avenida Salk y boulevard Antonio Rocha Cordero, quien presentaba impactos de bala y signos de tortura, además vestía aún el uniforme de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Castillo tenía más de 20 años dentro de la corporación.

ALEXANDER LÓPEZ (2010)

Durante la tarde del 9 de septiembre del 2010, integrantes de un grupo delictivo entraron hasta la oficina de la presidencia municipal de Alexander López García, entonces alcalde de El Naranjo, que estaba reunido con varios integrantes de su gabinete a quienes exigieron hacerse a un lado y al quedar solo el alcalde le dispararon.

Los sujetos huyeron del lugar a bordo de una camioneta, pues no tenían elementos de seguridad que los detuvieran, ya que los únicos cuatro que había renunciaron meses atrás por falta de equipo.

JUAN ANTONIO LEDEZMA (1982)

Juan Antonio Ledezma Zavala, ex alcalde de San Luis Potosí, murió en un accidente automovilístico provocado por al menos tres autores materiales, pero también María de la Luz Adrián Madrazo, su esposa fue copartícipe del delito. A pesar de que las autoridades lograron armar el caso en contra de los involucrados, uno de ellos logró huir y la esposa del político fue liberada, en gran parte debido a su relación con las familias más poderosas del estado.

También lee: Mil 200 elementos de la Guardia Civil realizará operativo por el Día de Muertos en SLP

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A TIEMPO Y MARCANDO EL RITMO La agenda del poder – Dirige: Jorge Saldaña

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Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD

Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:

Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:

Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?

Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.

Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:

En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.

Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-

Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.

El timming, el medio y el tono cuentan.

Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.

En ambos casos hay que preguntarse

¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?

Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.

Dato irrefutable:

Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.

En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.

¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?

BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —

EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.

NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.

MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.

INDICADORES ÚTILES:

El Realito funciona.

El Gobernador anda estrenando lentes.

El Alcalde anda de muy buen talante.

Yo soy Jorge Saldaña.

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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada

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Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia

Por: Haniel Valdés Velázquez

Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.

Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.

El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”

Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.

En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.

Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.

Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.

Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”

También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía

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Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección

Por: Redacción

El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.

Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección

, la medida cautelar que se dicta a favor de quien está en riesgo de sufrir violencia.

Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.

Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.

También lee: Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema

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