octubre 21, 2026

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#LaHerenciaDeCarreras | El deficiente transporte público de SLP

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La Asociación Civil Cambio Por San Luis reclamó que más de la mitad de las unidades no cumplen con los estándares reglamentados para su circulación y pese a ello no se ha retirado ninguna concesión

Por: Karina González

Michel Hernández Piña, activista de Cambio Por San Luis, afirmó que uno de los grandes fracasos en el gobierno de Juan Manuel Carreras López es el ordenamiento del transporte público; una de las tantas promesas que engloba el acta de propuestas de gobierno 2015-2021 del mandatario estatal, en el apartado Infraestructura, Vivienda Y Desarrollo Urbano; afirmó que principalmente se arropó a la mafia del “pulpo” camionero, a los concesionario que durante seis años dominaron las decisiones del gobernador.

El activista potosino recordó que algunas de las obligaciones de los concesionarios debían cumplir para poder incrementar el costo del pasaje era instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en las unidades; y aunque según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, solo 30 de las mil 198 unidades no contaban con estos equipamientos, hay otros requisitos que no se cumplen, sin que haya una sanción por ello:

“Él (Juan Manuel Carreras) ofreció que iba a regular el tema y ver el tema de la tarifa, pero sucedió todo lo contrario, en este sexenio vimos un retroceso en el tema de movilidad, no hubo ningún tipo de beneficio para los usuarios, a la fecha la gran mayoría de los concesionarios siguen sin cumplir con los estándares de calidad con lo que marca la ley, no ha habido sanciones ejemplares como el retiro de concesiones, nunca se pudo regularizar el tema de las tarjetas, sigue habiendo dos sistemas de tarjetas Cytibus y Urban Pass, nunca pudo poner en orden a este grupo de concesionarios, como Margarito Terán, nunca quiso ni pudo, pasaron dos secretarios completamente intrascendentes, el primero Juan Ramiro Robledo fue removido por su mal manejo del tema por no poder solucionar la situación del prepago y porque se seguía brindando un mal servicio, con Fernando Chávez tampoco se concretó la mejora del transporte urbano, aparte del fracaso del Metrobús y la Red Metro”.

Michel recordó que en el tema de las obligaciones de los transportistas estaba el armonizar el sistema de prepago, que inició con la tarjeta Urban Pass y que en 2019 surgió Cytibus, hecho que provocó que algunos usuarios no pudieran ejercer el beneficio del prepago, pues las unidades solo contaban con alguno de los dos servicios de tarjetas, impidiendo que el pasajero pudiera acceder al descuento de prepago y obligándolo a pagar una tarifa completa, o bien, obligándolo a contratar los dos servicios. Otro de los requisitos era que las unidades no tuvieran más de 10 años de antigüedad; sin embargo, recordó que el Congreso del Estado intentó revocar este punto, marcando un retroceso en la movilidad del estado.

Hernández acusó que el Congreso del Estado fue “cómplice de la impunidad que reflejó el gobierno de Juan Manuel Carreras y aseguró que fue una Legislatura completamente ausente, negligente y corrupta en el tema de transporte urbano, que nunca quiso reformar la Ley de Transporte Público, sino que perdió el tiempo con pequeñeces como obligar a los concesionarios a dejar asientos especiales para personas de la tercera edad o discapacitados, cuando lo importante eran otros temas como la tarifa y ofrecer un servicio de altura en la zona metropolitana. También mencionó que le tuvieron miedo a los concesionarios y por ello, hoy en día los estándares de calidad no los cumplen más del 60 o 70 por ciento de las unidades y pese a ello, no hay retiros de concesiones”.

“Son los temas más importantes aparte de la deuda de generar otra alternativa de movilidad porque San Luis Potosí está quedando muy atrás en temas de movilidad”, dijo el activista, quien finalmente, agregó que esta herencia que el Juan Manuel Carreras deja en su sexenio, deberá resolverla el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, quien tendrá el deber de garantizar que el transporte público en San Luis Potosí esté a la altura de las necesidades de los potosinos; señaló que aún existe la posibilidad de que se pueda pagar una tarifa justa por el servicio, siempre y cuando los concesionarios cumplan con los requisitos de la ley y para quien no lo haga, dijo, que se le castigue retirándole los permisos para circular sus unidades.

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Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre

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La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc

Por: Ana G Silva

La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.

En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.

Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.

En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos

menos en el periodo comparado.

El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.

CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL

Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.

Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.

Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.

En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.

Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.

También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %

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Congreso del Estado

Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE

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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior

Por: Redacción

La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.

También para maestros

A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.

Las excepciones

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.

Cuotas escolares, bajo revisión

En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.

También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE

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Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa

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A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.

La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.

El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.

Por qué es un precedente

La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.

El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.

Lo que falta por cumplir

A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.

Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.

Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.

También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE

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