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#LaHerenciaDeCarreras | El deficiente transporte público de SLP
La Asociación Civil Cambio Por San Luis reclamó que más de la mitad de las unidades no cumplen con los estándares reglamentados para su circulación y pese a ello no se ha retirado ninguna concesión
Por: Karina González
Michel Hernández Piña, activista de Cambio Por San Luis, afirmó que uno de los grandes fracasos en el gobierno de Juan Manuel Carreras López es el ordenamiento del transporte público; una de las tantas promesas que engloba el acta de propuestas de gobierno 2015-2021 del mandatario estatal, en el apartado Infraestructura, Vivienda Y Desarrollo Urbano; afirmó que principalmente se arropó a la mafia del “pulpo” camionero, a los concesionario que durante seis años dominaron las decisiones del gobernador.
El activista potosino recordó que algunas de las obligaciones de los concesionarios debían cumplir para poder incrementar el costo del pasaje era instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en las unidades; y aunque según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, solo 30 de las mil 198 unidades no contaban con estos equipamientos, hay otros requisitos que no se cumplen, sin que haya una sanción por ello:
“Él (Juan Manuel Carreras) ofreció que iba a regular el tema y ver el tema de la tarifa, pero sucedió todo lo contrario, en este sexenio vimos un retroceso en el tema de movilidad, no hubo ningún tipo de beneficio para los usuarios, a la fecha la gran mayoría de los concesionarios siguen sin cumplir con los estándares de calidad con lo que marca la ley, no ha habido sanciones ejemplares como el retiro de concesiones, nunca se pudo regularizar el tema de las tarjetas, sigue habiendo dos sistemas de tarjetas Cytibus y Urban Pass, nunca pudo poner en orden a este grupo de concesionarios, como Margarito Terán, nunca quiso ni pudo, pasaron dos secretarios completamente intrascendentes, el primero Juan Ramiro Robledo fue removido por su mal manejo del tema por no poder solucionar la situación del prepago y porque se seguía brindando un mal servicio, con Fernando Chávez tampoco se concretó la mejora del transporte urbano, aparte del fracaso del Metrobús y la Red Metro”.
Michel recordó que en el tema de las obligaciones de los transportistas estaba el armonizar el sistema de prepago, que inició con la tarjeta Urban Pass y que en 2019 surgió Cytibus, hecho que provocó que algunos usuarios no pudieran ejercer el beneficio del prepago, pues las unidades solo contaban con alguno de los dos servicios de tarjetas, impidiendo que el pasajero pudiera acceder al descuento de prepago y obligándolo a pagar una tarifa completa, o bien, obligándolo a contratar los dos servicios. Otro de los requisitos era que las unidades no tuvieran más de 10 años de antigüedad; sin embargo, recordó que el Congreso del Estado intentó revocar este punto, marcando un retroceso en la movilidad del estado. 
Hernández acusó que el Congreso del Estado fue “cómplice de la impunidad que reflejó el gobierno de Juan Manuel Carreras y aseguró que fue una Legislatura completamente ausente, negligente y corrupta en el tema de transporte urbano, que nunca quiso reformar la Ley de Transporte Público, sino que perdió el tiempo con pequeñeces como obligar a los concesionarios a dejar asientos especiales para personas de la tercera edad o discapacitados, cuando lo importante eran otros temas como la tarifa y ofrecer un servicio de altura en la zona metropolitana. También mencionó que le tuvieron miedo a los concesionarios y por ello, hoy en día los estándares de calidad no los cumplen más del 60 o 70 por ciento de las unidades y pese a ello, no hay retiros de concesiones”.
“Son los temas más importantes aparte de la deuda de generar otra alternativa de movilidad porque San Luis Potosí está quedando muy atrás en temas de movilidad”, dijo el activista, quien finalmente, agregó que esta herencia que el Juan Manuel Carreras deja en su sexenio, deberá resolverla el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, quien tendrá el deber de garantizar que el transporte público en San Luis Potosí esté a la altura de las necesidades de los potosinos; señaló que aún existe la posibilidad de que se pueda pagar una tarifa justa por el servicio, siempre y cuando los concesionarios cumplan con los requisitos de la ley y para quien no lo haga, dijo, que se le castigue retirándole los permisos para circular sus unidades.
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La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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El Congreso del Estado derogó este jueves con 22 votos la Ley Serrano, la reforma sobre inteligencia artificial que enfrentó críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte y meses de presión política
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este jueves, de manera unánime, con 22 votos a favor, la derogación total de la Ley Serrano, la reforma en materia de inteligencia artificial que en los últimos meses provocó una ola de críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presión de organismos de derechos humanos, colectivos de comunicadores y del propio alcalde de la capital.
La ley, impulsada por el diputado local Héctor Serrano y aprobada por mayoría del Congreso en un proceso que el diputado panista Rubén Guajardo calificó de “exprés” —de entre 10 y 11 días, sin un análisis profundo—, endureció las sanciones penales por manipulación de contenido digital y suplantación de identidad mediante inteligencia artificial.
La reforma fue impugnada ante la Suprema Corte por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que argumentó que vulneraba derechos humanos y la libertad de expresión, y motivó procesos penales contra al menos 10 personas señaladas como creadoras de contenido y comunicadores, de acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
La presión por derogarla escaló en julio. El 16 de julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que existía consenso entre los poderes del estado, medios de comunicación, academia y organismos descentralizados para derogar de manera “absoluta, total” la ley, y adelantó que una nueva legislación sobre inteligencia artificial se construiría en foros con todos los sectores.
Un día después, el Gobierno del Estado firmó formalmente la iniciativa de derogación, en acuerdo con el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía General, y la envió al Legislativo para su discusión.
Serrano, autor de la ley que coloquialmente fue nombrada con su apellido, defendió la reforma hasta el último momento. Horas antes de que el Congreso aprobara la derogación este jueves, el legislador había rechazado que las críticas internacionales representaran algo más que una opinión política, calificó el debate en su contra como “politizado por parte de grupos que tienen interés político” y remitió la determinación sobre la legalidad de la norma a la Suprema Corte.
Días antes, había insistido en que la Ley Serrano fue precursora de la regulación de la inteligencia artificial en el país, incluso cuando el propio Gobierno del Estado ya impulsaba su derogación.
El alcalde Galindo, uno de los principales críticos de la norma, había adelantado que la derogación debía significar la exención total de responsabilidad penal para los procesados, pues el tipo penal dejaría de existir, y que esas personas podrían exigir algún tipo de resarcimiento.
Con la derogación aprobada este jueves, el Gobierno del Estado deberá ahora avanzar en la construcción de la nueva ley de inteligencia artificial anunciada por Gallardo, que el mandatario señaló que “pondrá la dignidad humana por encima de cualquier cosa” y buscará proteger a periodistas, columnistas, caricaturistas e influencers, además de combatir a los llamados medios fake.
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