mayo 2, 2026

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#LaHerenciaDeCarreras | El deficiente transporte público de SLP

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La Asociación Civil Cambio Por San Luis reclamó que más de la mitad de las unidades no cumplen con los estándares reglamentados para su circulación y pese a ello no se ha retirado ninguna concesión

Por: Karina González

Michel Hernández Piña, activista de Cambio Por San Luis, afirmó que uno de los grandes fracasos en el gobierno de Juan Manuel Carreras López es el ordenamiento del transporte público; una de las tantas promesas que engloba el acta de propuestas de gobierno 2015-2021 del mandatario estatal, en el apartado Infraestructura, Vivienda Y Desarrollo Urbano; afirmó que principalmente se arropó a la mafia del “pulpo” camionero, a los concesionario que durante seis años dominaron las decisiones del gobernador.

El activista potosino recordó que algunas de las obligaciones de los concesionarios debían cumplir para poder incrementar el costo del pasaje era instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en las unidades; y aunque según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, solo 30 de las mil 198 unidades no contaban con estos equipamientos, hay otros requisitos que no se cumplen, sin que haya una sanción por ello:

“Él (Juan Manuel Carreras) ofreció que iba a regular el tema y ver el tema de la tarifa, pero sucedió todo lo contrario, en este sexenio vimos un retroceso en el tema de movilidad, no hubo ningún tipo de beneficio para los usuarios, a la fecha la gran mayoría de los concesionarios siguen sin cumplir con los estándares de calidad con lo que marca la ley, no ha habido sanciones ejemplares como el retiro de concesiones, nunca se pudo regularizar el tema de las tarjetas, sigue habiendo dos sistemas de tarjetas Cytibus y Urban Pass, nunca pudo poner en orden a este grupo de concesionarios, como Margarito Terán, nunca quiso ni pudo, pasaron dos secretarios completamente intrascendentes, el primero Juan Ramiro Robledo fue removido por su mal manejo del tema por no poder solucionar la situación del prepago y porque se seguía brindando un mal servicio, con Fernando Chávez tampoco se concretó la mejora del transporte urbano, aparte del fracaso del Metrobús y la Red Metro”.

Michel recordó que en el tema de las obligaciones de los transportistas estaba el armonizar el sistema de prepago, que inició con la tarjeta Urban Pass y que en 2019 surgió Cytibus, hecho que provocó que algunos usuarios no pudieran ejercer el beneficio del prepago, pues las unidades solo contaban con alguno de los dos servicios de tarjetas, impidiendo que el pasajero pudiera acceder al descuento de prepago y obligándolo a pagar una tarifa completa, o bien, obligándolo a contratar los dos servicios. Otro de los requisitos era que las unidades no tuvieran más de 10 años de antigüedad; sin embargo, recordó que el Congreso del Estado intentó revocar este punto, marcando un retroceso en la movilidad del estado.

Hernández acusó que el Congreso del Estado fue “cómplice de la impunidad que reflejó el gobierno de Juan Manuel Carreras y aseguró que fue una Legislatura completamente ausente, negligente y corrupta en el tema de transporte urbano, que nunca quiso reformar la Ley de Transporte Público, sino que perdió el tiempo con pequeñeces como obligar a los concesionarios a dejar asientos especiales para personas de la tercera edad o discapacitados, cuando lo importante eran otros temas como la tarifa y ofrecer un servicio de altura en la zona metropolitana. También mencionó que le tuvieron miedo a los concesionarios y por ello, hoy en día los estándares de calidad no los cumplen más del 60 o 70 por ciento de las unidades y pese a ello, no hay retiros de concesiones”.

“Son los temas más importantes aparte de la deuda de generar otra alternativa de movilidad porque San Luis Potosí está quedando muy atrás en temas de movilidad”, dijo el activista, quien finalmente, agregó que esta herencia que el Juan Manuel Carreras deja en su sexenio, deberá resolverla el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, quien tendrá el deber de garantizar que el transporte público en San Luis Potosí esté a la altura de las necesidades de los potosinos; señaló que aún existe la posibilidad de que se pueda pagar una tarifa justa por el servicio, siempre y cuando los concesionarios cumplan con los requisitos de la ley y para quien no lo haga, dijo, que se le castigue retirándole los permisos para circular sus unidades.

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Caso del perrito Hachi en Valles: lo sometieron de forma violenta y entregaron el cuerpo degollado

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El alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar del personal de Protección Civil, aseguró que “la intervención se realizó conforme a protocolo”

Por: Redacción

La muerte de “Hachi”, un perro de raza labrador, ha generado indignación en Ciudad Valles, luego de que su familia denunciara un sometimiento violento por parte de elementos de Protección Civil municipal, así como la entrega del cuerpo degollado, lo que que calificaron como indignantes.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el animal se encontraba bajo el cuidado de un tercero cuando, durante un paseo, reaccionó tras presunta agresión por parte de menores, lo que derivó en el reporte a autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes procedieron a asegurar al perro. Sin embargo, testigos y familiares señalan que el procedimiento incluyó uso excesivo de la fuerza, con inmovilización del animal mediante sujeción física que le impidió moverse, lo que —afirman— le provocó lesiones.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro sujeto contra una estructura, con el cuerpo restringido y sin posibilidad de movimiento, mientras era ahorcado por varios elementos con cuerdas y sogas.

Horas después, de acuerdo a información de C4 Jiménez, la familia denunció que el cuerpo de Hachi fue devuelto sin vida, dentro de una bolsa plástica y en condiciones que evidenciaban un manejo inadecuado y falta de respeto, pues el animal estaba degollado, en bolsas de plástico y otras partes del cuerpo cortadas.

Pese a estos señalamientos, el alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar de su personal, asegurando que la intervención se realizó conforme a protocolo.

En la misma línea, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que el procedimiento fue correcto.

Ante ello, ciudadanos y organizaciones han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

El caso de Hachi ha colocado en el centro del debate no solo la actuación de las autoridades, sino también los límites del llamado “protocolo” frente al respeto y protección de la vida animal.

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Tigrillo muere tras ser atropellado en autopista de la Huasteca

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Una usuaria de Facebook dijo que se dio aviso a Selva Teenek Ecopark y a Eco Huellas TMZ; denunció la falta de pasos de fauna en la zona

Por: Redacción

Un tigrillo fue encontrado agonizando tras ser atropellado en la autopista rumbo a San Luis Potosí, cerca de la entrada al municipio de Tamasopo, de acuerdo con el reporte realizado por una usuaria en redes sociales.

Según el testimonio difundido, el felino aún presentaba signos de vida al momento de ser localizado; sin embargo, su estado era crítico. Ante la situación, las personas que se encontraban en el lugar únicamente pudieron orillarlo fuera de la vialidad para evitar que otros vehículos lo arrollaran nuevamente.

Asimismo, se dio aviso a organizaciones dedicadas a la protección de fauna, entre ellas Selva Teenek Ecopark y Eco Huellas TMZ, con el fin de que pudieran intervenir en el caso.

De acuerdo con lo señalado en la publicación, la ausencia de pasos de fauna en esta zona contribuye a que estos incidentes ocurran con frecuencia.

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Buscan visibilizar a menores en orfandad tras feminicidios con nuevo registro

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La Ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, participó en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio

Por: Redacción

“Atender la orfandad derivada del feminicidio hace un imperativo contar con un marco jurídico integral, capaz de articular, de manera coherente, las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas, protección de la niñez, prevención y erradicación de la violencia, asistencia social y actuación procesal penal”, aseguró la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.

Durante su intervención en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio, la Ministra reconoció que se trata de una decisión clave para la atención de infancias y adolescencias con esta problemática.

Esquivel Mossa explicó que más allá de un padrón, este registro tiene mayores implicaciones: “hablamos de la realidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes quienes, tras el feminicidio de sus madres, quedan en situación de orfandad y enfrentan una ruptura que afecta tanto su dignidad como su estabilidad emocional, y las perspectivas de una vida que garantice sus derechos y los satisfactores que requieren para un desarrollo integral”.

Por ello, el registro nacional de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio es un instrumento que permitirá visibilizar de manera inmediata a las víctimas indirectas,

asegurar su incorporación oportuna a los mecanismos de protección y reparación previstos en la ley y coordinar la actuación de todas las instituciones involucradas.

Finalmente, la Ministra Esquivel se solidarizó con quienes hacen posible este esfuerzo, reiterando que en ella tienen una aliada, siempre a favor de las mujeres víctimas de violencia y las víctimas indirectas.

Esta actividad, convocada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, contó además con la presencia de Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias; Maribel Borjorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; así como Javier Valseca, director de Tecnologías de la Información del SNDIF.

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