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#LaHerenciaDeCarreras | El deficiente transporte público de SLP
La Asociación Civil Cambio Por San Luis reclamó que más de la mitad de las unidades no cumplen con los estándares reglamentados para su circulación y pese a ello no se ha retirado ninguna concesión
Por: Karina González
Michel Hernández Piña, activista de Cambio Por San Luis, afirmó que uno de los grandes fracasos en el gobierno de Juan Manuel Carreras López es el ordenamiento del transporte público; una de las tantas promesas que engloba el acta de propuestas de gobierno 2015-2021 del mandatario estatal, en el apartado Infraestructura, Vivienda Y Desarrollo Urbano; afirmó que principalmente se arropó a la mafia del “pulpo” camionero, a los concesionario que durante seis años dominaron las decisiones del gobernador.
El activista potosino recordó que algunas de las obligaciones de los concesionarios debían cumplir para poder incrementar el costo del pasaje era instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en las unidades; y aunque según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, solo 30 de las mil 198 unidades no contaban con estos equipamientos, hay otros requisitos que no se cumplen, sin que haya una sanción por ello:
“Él (Juan Manuel Carreras) ofreció que iba a regular el tema y ver el tema de la tarifa, pero sucedió todo lo contrario, en este sexenio vimos un retroceso en el tema de movilidad, no hubo ningún tipo de beneficio para los usuarios, a la fecha la gran mayoría de los concesionarios siguen sin cumplir con los estándares de calidad con lo que marca la ley, no ha habido sanciones ejemplares como el retiro de concesiones, nunca se pudo regularizar el tema de las tarjetas, sigue habiendo dos sistemas de tarjetas Cytibus y Urban Pass, nunca pudo poner en orden a este grupo de concesionarios, como Margarito Terán, nunca quiso ni pudo, pasaron dos secretarios completamente intrascendentes, el primero Juan Ramiro Robledo fue removido por su mal manejo del tema por no poder solucionar la situación del prepago y porque se seguía brindando un mal servicio, con Fernando Chávez tampoco se concretó la mejora del transporte urbano, aparte del fracaso del Metrobús y la Red Metro”.
Michel recordó que en el tema de las obligaciones de los transportistas estaba el armonizar el sistema de prepago, que inició con la tarjeta Urban Pass y que en 2019 surgió Cytibus, hecho que provocó que algunos usuarios no pudieran ejercer el beneficio del prepago, pues las unidades solo contaban con alguno de los dos servicios de tarjetas, impidiendo que el pasajero pudiera acceder al descuento de prepago y obligándolo a pagar una tarifa completa, o bien, obligándolo a contratar los dos servicios. Otro de los requisitos era que las unidades no tuvieran más de 10 años de antigüedad; sin embargo, recordó que el Congreso del Estado intentó revocar este punto, marcando un retroceso en la movilidad del estado. 
Hernández acusó que el Congreso del Estado fue “cómplice de la impunidad que reflejó el gobierno de Juan Manuel Carreras y aseguró que fue una Legislatura completamente ausente, negligente y corrupta en el tema de transporte urbano, que nunca quiso reformar la Ley de Transporte Público, sino que perdió el tiempo con pequeñeces como obligar a los concesionarios a dejar asientos especiales para personas de la tercera edad o discapacitados, cuando lo importante eran otros temas como la tarifa y ofrecer un servicio de altura en la zona metropolitana. También mencionó que le tuvieron miedo a los concesionarios y por ello, hoy en día los estándares de calidad no los cumplen más del 60 o 70 por ciento de las unidades y pese a ello, no hay retiros de concesiones”.
“Son los temas más importantes aparte de la deuda de generar otra alternativa de movilidad porque San Luis Potosí está quedando muy atrás en temas de movilidad”, dijo el activista, quien finalmente, agregó que esta herencia que el Juan Manuel Carreras deja en su sexenio, deberá resolverla el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, quien tendrá el deber de garantizar que el transporte público en San Luis Potosí esté a la altura de las necesidades de los potosinos; señaló que aún existe la posibilidad de que se pueda pagar una tarifa justa por el servicio, siempre y cuando los concesionarios cumplan con los requisitos de la ley y para quien no lo haga, dijo, que se le castigue retirándole los permisos para circular sus unidades.
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El gobernador explicó que Matehuala, Ciudad Valles, Tamazunchale y la capital ya fueron sedes anteriormente
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio más detalles sobre su próximo informe de gobierno y confirmó que este año únicamente realizará un evento oficial en el municipio de Rioverde, como parte de su estrategia de llevar estos ejercicios a distintas regiones del estado.
El mandatario explicó que la intención es descentralizar los informes y acercarlos a cada una de las zonas más importantes de San Luis Potosí, luego de que en años anteriores estos eventos se realizaron en municipios como Matehuala, Ciudad Valles, Tamazunchale y la capital potosina.
“No, solamente va a ser en Rioverde”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de repetir un doble informe, uno en la capital y otro en la zona Media.
Gallardo Cardona señaló que la elección de Rioverde responde al objetivo de cubrir todas las regiones del estado durante el sexenio.
“Siguiendo el tema de poder tener un informe en cada zona del estado, nos falta Rioverde. Ya se hizo Matehuala, se hizo Ciudad Valles, se hizo Tamazunchale, la capital… ya estamos en Rioverde”
Además, adelantó que muy probablemente el último informe de su administración se realizará en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El gobernador también reveló que actualmente su equipo analiza distintas opciones de sedes para el evento en Rioverde, aunque todavía no existe una decisión definitiva.
“Ya estamos buscando varios lugares”, comentó.
Respecto a la fecha, Gallardo indicó que tradicionalmente buscan realizar el informe entre el 25 y el 28 de septiembre, aunque todavía no se confirma el día exacto.
La gira regional de informes ha sido una de las estrategias impulsadas por el mandatario estatal para llevar actos oficiales fuera de la capital y reforzar presencia en las distintas zonas del estado.
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Autoridades aseguraron ocho armas de fuego, entre ellas un AK-47, un AR-15 y decenas de cartuchos útiles
Por: Redacción
Isidro “N”, exalcalde de Tampamolón Corona, conocido como “Chilo Mejía”, fue detenido este sábado junto con su esposa, Gabriela “N”, durante un operativo de seguridad realizado en la Huasteca potosina.
La captura ocurrió sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, luego de que corporaciones de seguridad detectaran una camioneta Dodge RAM color rojo cuyos ocupantes presuntamente intentaron evadir a los agentes al percatarse de la presencia policial.
Tras marcarles el alto y realizar una inspección al vehículo, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47, un rifle AR-15 y una escopeta semiautomática, además de cargadores y decenas de cartuchos útiles.
Tanto el exfuncionario como su esposa fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Isidro “N” fue presidente municipal de Tampamolón Corona entre 2018 y 2021 bajo las siglas del Partido Nueva Alianza. Posteriormente buscó mantenerse en la vida política acercándose a Morena.
Durante y después de su administración enfrentó diversos señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, así como acusaciones sobre posibles nexos con grupos criminales que operan en la región Huasteca.
En 2021, el Congreso del Estado de San Luis Potosí lo inhabilitó por seis años y a integrantes de su cabildo debido a irregularidades relacionadas con consultas indígenas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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