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#LaHerenciaDeCarreras | El deficiente transporte público de SLP
La Asociación Civil Cambio Por San Luis reclamó que más de la mitad de las unidades no cumplen con los estándares reglamentados para su circulación y pese a ello no se ha retirado ninguna concesión
Por: Karina González
Michel Hernández Piña, activista de Cambio Por San Luis, afirmó que uno de los grandes fracasos en el gobierno de Juan Manuel Carreras López es el ordenamiento del transporte público; una de las tantas promesas que engloba el acta de propuestas de gobierno 2015-2021 del mandatario estatal, en el apartado Infraestructura, Vivienda Y Desarrollo Urbano; afirmó que principalmente se arropó a la mafia del “pulpo” camionero, a los concesionario que durante seis años dominaron las decisiones del gobernador.
El activista potosino recordó que algunas de las obligaciones de los concesionarios debían cumplir para poder incrementar el costo del pasaje era instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en las unidades; y aunque según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, solo 30 de las mil 198 unidades no contaban con estos equipamientos, hay otros requisitos que no se cumplen, sin que haya una sanción por ello:
“Él (Juan Manuel Carreras) ofreció que iba a regular el tema y ver el tema de la tarifa, pero sucedió todo lo contrario, en este sexenio vimos un retroceso en el tema de movilidad, no hubo ningún tipo de beneficio para los usuarios, a la fecha la gran mayoría de los concesionarios siguen sin cumplir con los estándares de calidad con lo que marca la ley, no ha habido sanciones ejemplares como el retiro de concesiones, nunca se pudo regularizar el tema de las tarjetas, sigue habiendo dos sistemas de tarjetas Cytibus y Urban Pass, nunca pudo poner en orden a este grupo de concesionarios, como Margarito Terán, nunca quiso ni pudo, pasaron dos secretarios completamente intrascendentes, el primero Juan Ramiro Robledo fue removido por su mal manejo del tema por no poder solucionar la situación del prepago y porque se seguía brindando un mal servicio, con Fernando Chávez tampoco se concretó la mejora del transporte urbano, aparte del fracaso del Metrobús y la Red Metro”.
Michel recordó que en el tema de las obligaciones de los transportistas estaba el armonizar el sistema de prepago, que inició con la tarjeta Urban Pass y que en 2019 surgió Cytibus, hecho que provocó que algunos usuarios no pudieran ejercer el beneficio del prepago, pues las unidades solo contaban con alguno de los dos servicios de tarjetas, impidiendo que el pasajero pudiera acceder al descuento de prepago y obligándolo a pagar una tarifa completa, o bien, obligándolo a contratar los dos servicios. Otro de los requisitos era que las unidades no tuvieran más de 10 años de antigüedad; sin embargo, recordó que el Congreso del Estado intentó revocar este punto, marcando un retroceso en la movilidad del estado. 
Hernández acusó que el Congreso del Estado fue “cómplice de la impunidad que reflejó el gobierno de Juan Manuel Carreras y aseguró que fue una Legislatura completamente ausente, negligente y corrupta en el tema de transporte urbano, que nunca quiso reformar la Ley de Transporte Público, sino que perdió el tiempo con pequeñeces como obligar a los concesionarios a dejar asientos especiales para personas de la tercera edad o discapacitados, cuando lo importante eran otros temas como la tarifa y ofrecer un servicio de altura en la zona metropolitana. También mencionó que le tuvieron miedo a los concesionarios y por ello, hoy en día los estándares de calidad no los cumplen más del 60 o 70 por ciento de las unidades y pese a ello, no hay retiros de concesiones”.
“Son los temas más importantes aparte de la deuda de generar otra alternativa de movilidad porque San Luis Potosí está quedando muy atrás en temas de movilidad”, dijo el activista, quien finalmente, agregó que esta herencia que el Juan Manuel Carreras deja en su sexenio, deberá resolverla el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, quien tendrá el deber de garantizar que el transporte público en San Luis Potosí esté a la altura de las necesidades de los potosinos; señaló que aún existe la posibilidad de que se pueda pagar una tarifa justa por el servicio, siempre y cuando los concesionarios cumplan con los requisitos de la ley y para quien no lo haga, dijo, que se le castigue retirándole los permisos para circular sus unidades.
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El alcalde cuestionó los intentos de clasificar o desacreditar a quienes ejercen la comunicación y defendió el derecho de cualquier persona a expresarse en medios y redes sociales
Por: Haniel Valdés
En medio de la polémica generada por la llamada “Ley Serrano” y las declaraciones del diputado Héctor Serrano sobre quién puede considerarse periodista, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lanzó una crítica directa a la idea de que una autoridad o un político pueda erigirse como árbitro de la libertad de expresión.
El presidente municipal sostuvo que en la actualidad la comunicación pública ya no está limitada a quienes poseen un título universitario o trabajan en medios tradicionales, por lo que consideró un error intentar establecer categorías entre periodistas, comunicadores, creadores de contenido o ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar opiniones.
Galindo afirmó que el debate no debería centrarse en quién tiene derecho a hablar, sino en garantizar que nadie sea perseguido, censurado o criminalizado por hacerlo.
“Yo no soy quién para calificar quién comunica y quién no”, declaró.
La respuesta surge luego de que Héctor Serrano defendiera públicamente que no cualquiera puede asumirse como periodista, una postura que ha sido cuestionada por distintos sectores al considerar que desconoce la evolución de los medios digitales y el ejercicio contemporáneo de la comunicación.
Para Galindo, intentar desacreditar a quienes ejercen la crítica pública con el argumento de que no cuentan con determinada formación académica resulta particularmente delicado en un contexto donde la libertad de expresión se encuentra en el centro del debate estatal.
El alcalde recordó que algunos de los periodistas más influyentes de México construyeron su prestigio a partir de su trabajo y trayectoria, no necesariamente de una formación universitaria específica en periodismo o comunicación.
“Muchos grandes periodistas de este país no estudiaron ni periodismo ni ciencias de la comunicación”, señaló.
Las declaraciones del presidente municipal también pueden leerse como una crítica de fondo a la visión que ha acompañado la reforma sobre inteligencia artificial y violencia digital
El alcalde sostuvo que la realidad digital ha transformado la forma en que circula la información y que hoy millones de personas participan en la conversación pública a través de plataformas digitales, por lo que intentar restringir o jerarquizar esas voces representa una visión anacrónica.
“Todo mundo opina. Vivimos en el mundo de las redes sociales, en un mundo muy abierto”, expresó.
La controversia ocurre en un momento en que organizaciones civiles, periodistas y creadores de contenido han advertido que la discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí se ha desplazado hacia un debate más amplio sobre libertad de expresión, censura y uso del derecho penal para castigar publicaciones en internet.
En ese contexto, la postura de Galindo apunta a una crítica de fondo: que el problema ya no es únicamente una ley, sino la idea de que desde el poder se pueda definir quién tiene derecho a ejercer la comunicación pública y quién no. Una discusión que, para muchos de los actores involucrados, toca uno de los principios fundamentales de cualquier democracia.
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Se cerró temporalmente el principal aeropuerto del país
Por: Roberto Mendoza
Al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas tras los dos poderosos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, informaron autoridades del país, mientras continúan las labores de rescate entre edificios colapsados y zonas severamente afectadas.
Los movimientos telúricos, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia y con epicentro en la región costera de Carabobo, provocaron daños considerables en Caracas y el estado de La Guaira, considerado uno de los puntos más golpeados por la emergencia. Decenas de inmuebles sufrieron derrumbes parciales o totales, lo que obligó a intensificar la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó además más de 30 réplicas
El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo extraordinario de 200 millones de dólares para atender la reconstrucción de infraestructura estratégica, hospitales y vialidades, aunque organismos internacionales estiman que las pérdidas económicas podrían superar los 10 mil millones de dólares debido a la magnitud de los daños.
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El Gobierno Federal asignó los trabajos que permitirán evaluar los impactos ambientales del tramo de 203 kilómetros
Por: Redacción
El proyecto del tren de pasajeros entre Querétaro y San Luis Potosí registró un nuevo avance luego de que el Gobierno Federal adjudicara los estudios ambientales necesarios para continuar con la planeación de la obra ferroviaria.
Será el consorcio conformado por Ingeniería y Construcción 3G y Ecosfera Consultoría Desarrollo y Supervisión Ambiental el que se encargue de esta parte del proyecto.
Los trabajos forman parte del proceso previo a la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, considerado dentro del corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, una de las principales apuestas de infraestructura de la administración federal.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi)
El tramo contemplado tiene una longitud aproximada de 203 kilómetros y atravesaría municipios de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En territorio potosino, la ruta considera el paso por Santa María del Río, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Como parte de los trabajos también deberá elaborarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como estudios relacionados con cobertura vegetal, uso de suelo, manejo ambiental y evaluación técnico-económica del proyecto.
El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la segunda fase de expansión de la red nacional de trenes de pasajeros impulsada por el Gobierno Federal, junto con los tramos San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Querétaro y Mazatlán-Los Mochis.
Aunque la adjudicación de los estudios no implica el inicio inmediato de las obras, sí representa uno de los pasos indispensables para obtener las autorizaciones ambientales y definir la viabilidad final del proyecto ferroviario.
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