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Ladrilleras: el problema ambiental que las autoridades no resuelven
Los responsables llevan a cabo una producción altamente contaminante, pero detrás de ellos está la anuencia de empresarios constructores que nadie toca
Por El Saxofón
Los responsables de que las ladrilleras potosinas mantengan el método de producción artesanal, altamente contaminante por los residuos utilizados para la combustión de los hornos son los empresarios constructores, quienes hasta ahora no han entrado en el debate sobre esta problemática, porque les conviene seguir adquiriendo este material a bajo costo para mantener intactas sus ganancias.
Autoridades y sociedad culpan únicamente a los ladrilleros, que son por lo regular, gente de bajos recursos que realiza esta actividad para subsistir, sin embargo, omiten que el trabajo de estas personas alimenta una de las industrias de mayor peso económico en el país y en el estado: la industria de la construcción.
Hoy por hoy, hay otras alternativas de materiales para la construcción, como el block de concreto o el ladrillo extruido sin embargo, los constructores siguen usando el ladrillo rojo, principalmente en la edificación de viviendas de interés social, interés medio, residenciales, e incluso en construcciones industriales, principalmente por su bajo costo.
Los acercamientos tanto periodísticos como por parte de las autoridades realizados a esta actividad, no aportan muchos datos sobre el costo del ladrillo, sin embargo, un estudio realizado por la Semarnat en 2016, indica que el precio del ladrillo “a pie de horno”, oscila entre los 800 y los 2 mil 500 pesos por millar, dependiendo de la oferta y la demanda en el mercado.
En una tesis realizada por Catalina López Reyna, estudiante de maestría de El Colegio de San Luis, dirige una mirada hacia el sector ladrillero en San Luis Potosí. La investigación titulada “La Tercera Chica: los usos y prácticas del agua entre cultivos, ladrillos y viviendas”, revela que en esta colonia ubicada al norte de la ciudad se asientan al menos 70 ladrilleras, que “debido a la creciente urbanización han quedado encerradas y sin posibilidades de reubicación por motivos económicos, ecológicos y políticos”.
Esta investigación concluida en 2017, revela, según testimonios de ladrilleros, que “los dueños de estas, tratan como cualquier otra industria, de ganar lo más que se pueda a costa de mano barata y materiales que no requieran de grandes costos”.
Un ladrillero entrevistado, explica que a los trabajadores que elaboran el ladrillo se les pagan 30 centavos por pieza, y las ladrilleras los venden a los intermediarios en 90 centavos, “y ellos lo dan más caro para sacar su ganancia”.
Quienes elaboran el ladrillo, conviven diariamente con el material con el cual se elabora este material de construcción, a saber: basura, tierra y estiércol.
Aunado a ello, se exponen a las altas emisiones de humo contaminante generado por los materiales que se queman en los hornos: llantas, colchones viejos y otros desechos. En días de lluvia, se prefiere el uso de llantas ya que la combustión que generan ayuda a mantener el calor de los hornos el cual abona a la calidad del material.
Las enfermedades relacionadas a las labores propias del sector ladrillero: 
UN SECTOR EN EL ABANDONO
El oficio del sector ladrillero es una de las actividades económicas más abandonadas y menos reconocidas en el país a pesar de que es una fuente de abasto de una de las industrias de mayor importancia en el desarrollo social y económico de México como lo es la industria de la construcción.
Las condiciones de pobreza de los productores artesanales de ladrillo requieren una evaluación cuidadosa como potenciales causas de deterioro del tejido social tales como la violencia intrafamiliar y las adicciones. Las fuentes de información para dicha evaluación no pueden provenir de los propios productores, pues el 95% de ellos no manifiestan reconocer tales situaciones, así que debería ser realizada a partir de un diagnóstico que determine los programas de atención y de monitoreo específicos.
El estudio “Análisis de Mercado del Sector de la Construcción y Proyecto Piloto a Nivel Región Basado en un Portafolio de Políticas Públicas con el Objetivo de Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) de Ladrilleras Artesanales en México”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 2016, señala que “los diferentes intentos que se han realizado para establecer estrategias de mejoramiento de la actividad artesanal no han tenido éxito y la planeación de nuevas acciones encuentra un obstáculo en la carencia de datos oficiales”.
La intención de reubicar a las ladrilleras en San Luis Potosí data desde el 2007, es decir, las autoridades llevan más de 10 años intentando alejarlas de los núcleos poblacionales y cambiar su modo de producción por uno más amigable con el ambiente. El problema ha trascendido administraciones sin conseguir ningún resultado.
El Diagnóstico Nacional del Sector Ladrillero, estudio realizado en 2012 por la empresa Servicios Profesionales para el Desarrollo Económico, S. C., contabilizaba al menos 241 ladrilleras, distribuidas en diez municipios de San Luis Potosí. Si se toma en cuenta que en la Tercera Chica hay el menos 70 y una cantidad similar se asientan en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se puede decir que más del 50 por ciento de ellas se ubican en la zona metropolitana de la entidad.
Como se ve, el tema de las ladrilleras amerita un análisis y soluciones integrales; no basta con la estrategia represora que ha emprendido la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.
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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC
Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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