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La tercera es la vencida: SLP, ¿a punto de tener un fiscal carnal?
Tras el rechazo por segunda ocasión de la terna enviada por el gobernador al Congreso, organizaciones de la sociedad civil piden a Carreras una propuesta autónoma
Por: Redacción
Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización Ciudadanos Observando, mencionó en entrevista para La Orquesta que “sería verdaderamente irresponsable que se discuta la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción y se hubiera aprobado un nuevo fiscal”, luego de que diputados del Congreso del Estado rechazaron ayer la terna enviada por el gobernador Juan Manuel Carreras para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción por segunda vez.
“No se nos olvide que esa terna proviene de una mentira muy grande a la sociedad de parte de Alejandro Leal Tovías, quien dijo que esta terna se había consensuado con organizaciones de la sociedad civil, el gremio de los abogados y organizaciones empresariales y académicas, lo cual es una aberrante mentira. Fue una tena que Juan Manuel Carreras quiso imponer, por eso la reacción de los diputados en regresarla”.
González Covarrubias mencinó que hay una opción en la ley que le daría la oportunidad a Juan Manuel Carreras de designar un fiscal anticorrupción sin la intervención del Poder Legislativo, al rechazarse de nueva cuenta la terna enviada por el Ejecutivo, “pero eso ya sería el acabose. Aquí la propuesta es la siguiente: Al mandarle este mensaje a Juan Manuel Carreras de que escuche a la sociedad, él tiene que hacer una terna basada en las propuestas de la ciudadanía. La próxima terna tiene que venir propuesta por organizaciones de la sociedad civil, el gremio de abogados, las cámaras empresariales y académicas, pero por escrito”.
Explicó que el próximo fiscal anticorrupción tiene muchos temas por atender en la agenda, “lo que pasa es que de entrada es sumamente importante que sea autónomo, porque si va a depender del fiscal general nada va a avanzar como está pasando actualmente, que el fiscal detiene casos muy concretos”.
Por otra parte, Teresa Carrizales Hernández, exoficial del Registro Civil y una de las personas que se manifestó el miércoles para decir “no al fiscal carnal”, afirmó que lo sucedido ayer es “una cosa inédita, no sé si los diputados en ese momento hicieron conciencia. Todo mundo esperaba que la terna de hoy se votara a favor y se regresó”.
Añadió que, antes de elegir a un nuevo titular, la fiscalía anticorrupción debe ser autónoma, “no se trata de poner a otro fiscal con las manos amarradas como estaba el licenciado Jorge Vera, quien prefirió irse antes de estar en esa simulación”.
Carrizales Hernández dijo que “sería muy dañino” el hecho de que el próximo fiscal anticorrupción no actúe de manera autónoma, pues hay muchos asuntos por atender en la fiscalía anticorrupción.
“Hay muchos temas urgentes, hay muchas denuncias en contra de la administración municipal, seguridad pública, Gobierno del Estado también tiene, ahora sí que todos están amarrados con todos”.
Los peligros de un fiscal carnal
Cabe recordar que las personas que integran esta terna son Leticia García Torres, Xóchitl Martínez Calderón y Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Este último sería el principal candidato a ocupar este cargo, a cambio de que Héctor Vega Robles o Rafael Aguilar Hernández sean nombrados magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Así, Torres Zúñiga sería un fiscal a modo.
Entre los representados por el despacho de abogados de Héctor Vega Robles se encuentran personajes como el exdiputado Enrique Flores, a quien le dieron 8 meses de prisión por el delito de cohecho evidenciado en el caso de “la ecuación corrupta” y Gabriel Salazar, presidente de Grupo Infinite acusado de fraude por socios e inversionistas.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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