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La guerra perdida del PAN en SLP: va contra el aborto
Aunque la jurisprudencia de la Suprema Corte obligará a los congreso locales a despenalizar, los diputados panistas prometen a la iglesia oponerse
Por: Ana G Silva
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) se reunió con Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, donde externaron su posicionamiento en contra del aborto. Luego de esto Rubén Guajardo Barrera, líder de bancada de este partido, indicó que, “al día de hoy, en San Luis Potosí la Constitución establece la penalización de la interrupción del embarazo, en las que hay tres excepciones”.
El congresista habló sobre la jurisprudencia de establecida por la Suprema Corte que obliga, en el corto plazo a los congresos locales a la despenalización para homologarse con su resolución: “la verdad el caso que pasó en la Suprema Corte es un caso muy específico para un estado en específico, en este momento así está la constitución y no hemos recibido por parte de la Suprema Corte alguna notificación para homologar en el estado, en su momento lo podremos debatir y analizar, siempre he sido un hombre de leyes y que respeta las instituciones”.
Rubén Guajardo indicó que durante la reunión con el arzobispo le externaron que desde su trinchera en el Congreso del Estado el PAN defenderá la vida desde la concepción: “siempre lo hemos defendido con los ciud adanos y ellos siempre nos han dado un voto, quiere decir los ciudadanos se identifican con esta agenda”, esto a pesar de que es un hecho de que la legislación local deberá homologarse al criterio de la corte.
El diputado indicó que en Acción Nacional siempre ha sido muy clara su postura en este tema, en la que su principio de doctrina nunca ha sido manejado con un doble discurso; “uno de nuestros pilares es el respeto a la dignidad de la persona humana y nosotros entendemos a persona humana desde la concepción hasta su muerte, es por eso que nosotros estamos a favor de la vida, porque así lo maneja nuestra doctrina y es por eso que coincidimos con algunos liderazgos sociales, en este caso el arzobispo porque coincidimos con algunas agendas”.
El legislador panista reiteró que su actuar y las iniciativas a favor de la vida que ha impulsado hablan por él, por lo que, reiteró, la posición del partido será clara. Agregó que no considera que pudiera suscitarse un conflicto al tocar este tema político con un grupo religioso: “nos podemos acercar con todos los grupos o liderazgos, creo que hay que tener apertura y en el PAN existe, pero no estamos haciendo algo que la gente no sepa, somos muy claros en nuestra agenda”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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