agosto 21, 2026

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La CEEAV en SLP: 3 semanas de olvido, omisiones y revictimización

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CEEAV

Un grupo de víctimas tomaron las oficinas de la CEEAV desde hace tres semanas; pese a ello, las autoridades locales no han atendido el problema

Por: María José Puente Zavala

Víctimas de feminicidios, de intentos de homicidio, o de la desaparición de sus familiares, han tenido que poner en pausa desde procesos legales, pasando por solicitudes de medidas de protección o atención psicológica, pues la sede de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), ha sido tomada desde hace tres semanas por un grupo de víctimas que exigen atención del gobierno estatal que, pese al tiempo y la magnitud de las afectaciones colaterales, no han recibido.

En entrevista, una trabajadora del área de peritaje en la CEEAV, ha dicho a La Orquesta que hay casos de víctimas que no pueden seguir su curso, pues en el interior de la sede tomada, ubicada en Rayón 450, se encuentran herramientas necesarias para dar continuidad al tratamiento de cada caso.

“Hay algunas cuestiones en las que sí se puede atender (en otro lado) pero hay otras en las que se necesitan las herramientas de trabajo, las cuales se encuentran dentro de las oficinas de Rayón. En mi trabajo particular son pruebas psicológicas que aplico a las víctimas, con las que realizo dictámenes que son para su medio de defensa, a juicio, son las que ofrece la asesoría jurídica para que puedan servir como una prueba en un juicio oral”, declaró.

Pese a que la versión oficial del gobierno estatal ha sido que las víctimas están recibiendo atención en sedes alternas, la perito también apunta: “a mí sí me afecta y afecta a las personas que no tienen para un perito particular”; además, sobre las versión oficial apunta que, si bien es cierto que el servicio no está completamente paralizado, ello es porque no todos los usuarios acuden a las oficinas de Rayón, en la capital del estado”.

“Al interior del estado, las oficinas están abiertas, ellos están apoyando. Los de Rayón somos los que estamos en una contingencia y somos los que estamos tratando de atender lo más que se pueda”; además, calcula que, entre los dos turnos que laboran en esa sede, debe haber un total de noventa trabajadores que, desde hace tres semanas, no han podido presentarse a laborar de manera regular en su centro de trabajo.

“Se afecta el derecho a la atención de las otras víctimas”, lamentó la perito, quien además aportó otro dato alarmante: “En cuestión de autopsia psicológica, soy la única que las hago, aspectos criminológicos, también, aquí en el estado”; incluso, indica, ha tenido ya que cancelar citas con algunos usuarios, pues resulta imposible ofrecerles avances o atenderles de la forma que lo señalan los protocolos.

Un Juez ordenó a Carreras y a otras 5 autoridades atender de inmediato a las víctimas

Michel Hernández, de la organización civil Cambio Por San Luis, informó a La Orquesta que un grupo que ahora componen cerca de cien víctimas, ha pedido el apoyo del colectivo para ejercer presión sobre las autoridades y lograr que, al margen de la negociación con quienes impiden el acceso al recinto, este sea reabierto para permitir el acceso tanto de los trabajadores, como de los usuarios.

“Lo que las víctimas nos han denunciado es que se habilitaron algunas dependencias como la Fiscalía, el mismo Palacio de Gobierno y otros espacios para atender a las víctimas, pero la realidad es que no son los espacios adecuados para brindar la atención“.

Inclusive, los mismos asesores legales de la Comisión nos han mencionado que los tienen hacinados en una oficina de la Fiscalía y las condiciones no son las adecuadas para atender a una víctima de violación, a una víctima de feminicidio”.

La semana pasada, la asociación Fe y Esperanza promovió un amparo ante un juzgado federal contra actos de la autoridad responsable, en este caso, el gobernador Juan Manuel Carreras, como presidente del Sistema Estatal de Atención a Víctimas; y, además, solicitaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.

Los activistas, aunque reconocen el rechazo de las víctimas afectadas sobre quienes mantienen la toma de la CEEAV, también reconocen que la responsabilidad de mediar en el caso y permitir que todos reciban atención es el gobierno estatal, en la figura de Alejandro Leal y el propio comisionado, Jorge Vega Arroyo.

“Es una postura del gobierno del estado que se nos hace cuestionable, irresponsable, que diga que no se ha interrumpido la atención. Nuestro cuestionamiento es hacia la misma Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hacia el Gobierno del Estado, por no resolver esta situación”.

El activista también indicó que el amparo solicitado recibió, justo este lunes 2 de septiembre, una suspensión provisional que insta a las autoridades a que “continúen brindando a las víctimas la atención requerida y los beneficios que la ley les otorga por su calidad dentro de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o en el lugar que reglamentariamente dispongan para ello”.

En total, el documento señala como responsables de cumplir con el fallo al gobernador Juan Manuel Carreras; al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías; al titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo; a Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; y también a dos autoridades municipales: el propio Xavier Nava Palacios, alcalde capitalino; y Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal en San Luis Potosí.

Michel Hernández Piña también informó que la petición hecha, hace una semana, al secretario general de gobierno, para concretar una cita, no ha sido respondida, lo que considera un acto de omisión que afecta, en primera instancia, a las víctimas que han denunciado no estar recibiendo el servicio que el estado debiera garantizarles.

El activista consideró que debe haber un acto de mediación por parte del gobierno carrerista y aclaró que no se sugiere, en modo alguno, el uso de la fuerza para retirar a quienes se manifiestan para exigir atención, sino que haya acercamiento y mesas de trabajo que faciliten negociaciones y, finalmente, un acuerdo; sin que por ello, quienes reciben atención en la sede de Rayón, se sigan viendo afectados.

De no recibir respuesta, anticipó, el gobierno estatal sería acusado ante otras instancias a nivel nacional por incurrir en desacato y, sobre todo, por ignorar un caso que, a tres semanas, solo ha traído afectaciones a quienes ya han sido víctimas de la incidencia delictiva que azota a la entidad potosina.

También lee: Diputados reprueban a Pineda; lamentan que minimice feminicidios

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“Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro

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Blanca Estela Hernández asegura que recibe llamadas intimidatorias y que ya no puede trabajar tranquila. Desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista

Por: Ana G Silva

“Yo ahorita sí tengo miedo”. Blanca Estela Hernández Martínez dice que ya no puede trabajar con tranquilidad. Que teme abrir su negocio, que ha recibido llamadas intimidatorias y que, en una de las agresiones que denuncia, escuchó una frase que todavía recuerda: “Te voy a matar”.

“Ahí en el Cerro nadie te quiere”, asegura que le dicen en algunas de las llamadas que recibe.

Este testimonio, recabado en exclusiva por La Orquesta, es el de Blanca Estela Hernández Martínez, maestra y comerciante de Cerro de San Pedro, quien desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal,  Jesús “Chuy” Nava Loredo.

La mujer acusa a J. Santos de haberla agredido físicamente, amenazado y de intentar despojarla de un terreno que asegura es de su propiedad. Su denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 18077-23, iniciada tras hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023.

Pero el miedo, asegura, fue precisamente una de las razones por las que dejó de impulsar el procedimiento durante un tiempo: “Yo sí recibí amenazas y dije: ‘No, ya mejor me detengo’”, relató. Ahora decidió volver a hablar.

Blanca Estela asegura que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por un terreno.

Dice que el temor la acompaña en su trabajo cotidiano y que ha llegado a sentirse insegura incluso dentro de su propio negocio: “Ya no trabajo a gusto”, explicó.

Según su testimonio, J. Santos ha llegado hasta la puerta de su establecimiento acompañado por varias personas y en una actitud que considera intimidatoria. También aseguró que ha recibido llamadas constantes con mensajes que interpreta como amenazas.

Hace unos días, relató, incluso solicitó apoyo de la Guardia Civil ante una situación que le generó temor. Asegura que esperó cerca de tres horas, pero los elementos nunca llegaron: “Yo ahorita, en estos momentos, sí tengo miedo”, insistió.

Una denuncia desde 2023

El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela fue informada de que había personas dentro de un predio que considera de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.

Al llegar, aseguró haber encontrado una barra para la venta de cerveza y a varias personas trabajando en el lugar.

Según su relato, cuando cuestionó qué estaban haciendo en el terreno, J. Santos Nava Arista reaccionó de forma agresiva.

La mujer asegura que fue insultada, empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro.

También afirma que fue amenazada de muerte.

“Te voy a matar”, recuerda que le dijo.

Por estos hechos presentó la denuncia que dio origen a la carpeta 18077-23.

El conflicto volvió a escalar, según su versión, en marzo de este año, cuando se enteró de que nuevamente se realizaban trabajos y excavaciones dentro del mismo terreno.

Blanca Estela asegura que acudió al lugar y volvió a recibir insultos y amenazas. También afirmó que, durante uno de estos episodios, J. Santos hizo un gesto con la mano simulando un arma.

El antecedente de la detención de julio

La denuncia de Blanca Estela surge apenas semanas después de que J. Santos “N” fuera detenido, el pasado 3 de julio, tras un incidente en agravio de otra mujer, identificada como Mayra “N”.

En ese caso, habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron públicamente que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de haber sido asegurado.

Fuentes cercanas al caso consultadas por La Orquesta señalaron entonces que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.

De manera previa, este medio también obtuvo información sobre otras posibles investigaciones relacionadas con J. Santos “N”, correspondientes a los años 2019 y 2020.

A estos antecedentes se suma ahora la carpeta iniciada por Blanca Estela en 2023.

El caso adquiere una nueva dimensión luego de que, hace unos días, la titular de la Fiscalía General del Estado asegurara no conocer ningún caso en contra de J. Santos.

Sin embargo, la defensa de Blanca Estela presentó públicamente el número de carpeta 18077-23, abierta desde hace tres años.

Antonio Pérez Oldevilla, abogado de Blanca Estela, explicó que buscan reactivar las diligencias y que la investigación sea canalizada a las áreas especializadas correspondientes. También solicitarán medidas de protección para la denunciante.

El abogado sostuvo que el temor fue una de las razones por las que Blanca Estela dejó de dar seguimiento constante a la carpeta, pero aseguró que ahora busca continuar con el procedimiento.

Para ella, volver a hablar públicamente no significa que el miedo haya desaparecido. Pero, pese a ello, decidió retomar su denuncia. “Esto tiene que seguir adelante”, concluyó.

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Casos de dengue caen 92% en San Luis Potosí durante 2026

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La caída estatal casi triplica el ritmo con el que baja el dengue en el país

Por: Carlos Ruíz

San Luis Potosí registró 22 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, una caída de 91.8% frente a los 269 casos del mismo corte del año anterior, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal.

La reducción estatal contrasta con la nacional: los casos confirmados de dengue en el país bajaron de 6,405 a 4,152 en el mismo periodo —una caída de 35.2%—, mientras las defunciones pasaron de 32 a siete, según el corte a la Semana Epidemiológica 32, con información al 17 de agosto de 2026.

De los 22 casos confirmados en la entidad, 10 corresponden a dengue no grave, 10 a dengue con signos de alarma y dos a dengue grave. San Luis Potosí no registra defunciones por la enfermedad ni en 2025 ni en lo que va de 2026.

La tasa de incidencia estatal es de 0.73 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del 3.09 nacional. El único serotipo identificado por pruebas de PCR en tiempo real en la entidad es el DENV-3, presente en los seis casos con serotipo confirmado.

El 72% de los casos confirmados en el país se concentra en cinco estados: Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Baja California Sur. San Luis Potosí no forma parte de ese grupo.

El Panorama Epidemiológico de Dengue se actualiza cada semana; el corte usado aquí corresponde a la Semana Epidemiológica 32, publicada este jueves 20 de agosto.

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Gallardo atribuye los apagones de la Huasteca a la sobrecarga por calor

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El gobernador pidió a la CFE anunciar las líneas y transformadores nuevos

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la Huasteca Potosina es la región del estado con más apagones recurrentes, y que San Luis Potosí figura entre los tres estados con más cortes de luz del país, de acuerdo con una investigación de NMAS Monterrey.

Gallardo atribuyó el problema a la sobrecarga de las líneas por el uso masivo de aires acondicionados en temporada de calor, y dijo que la falla se repite desde hace unos 20 años en toda la franja huasteca del país, incluidos Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. Precisó que no es un problema frecuente en la zona metropolitana de la capital.

El mandatario dijo que ya hay diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y calificó de “muy buen delegado” a Elizondo, representante de la dependencia en el estado, a quien atribuyó capacidad de respuesta rápida cuando ocurren las fallas.

Gallardo adelantó que la CFE prepara “cuatro inversiones fuertes” en la región, aunque no dio montos, líneas ni número de transformadores a sustituir; dijo que corresponde a la propia dependencia federal detallar esa información en una rueda de prensa.

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