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La CEEAV en SLP: 3 semanas de olvido, omisiones y revictimización
Un grupo de víctimas tomaron las oficinas de la CEEAV desde hace tres semanas; pese a ello, las autoridades locales no han atendido el problema
Por: María José Puente Zavala
Víctimas de feminicidios, de intentos de homicidio, o de la desaparición de sus familiares, han tenido que poner en pausa desde procesos legales, pasando por solicitudes de medidas de protección o atención psicológica, pues la sede de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), ha sido tomada desde hace tres semanas por un grupo de víctimas que exigen atención del gobierno estatal que, pese al tiempo y la magnitud de las afectaciones colaterales, no han recibido.
En entrevista, una trabajadora del área de peritaje en la CEEAV, ha dicho a La Orquesta que hay casos de víctimas que no pueden seguir su curso, pues en el interior de la sede tomada, ubicada en Rayón 450, se encuentran herramientas necesarias para dar continuidad al tratamiento de cada caso.
“Hay algunas cuestiones en las que sí se puede atender (en otro lado) pero hay otras en las que se necesitan las herramientas de trabajo, las cuales se encuentran dentro de las oficinas de Rayón. En mi trabajo particular son pruebas psicológicas que aplico a las víctimas, con las que realizo dictámenes que son para su medio de defensa, a juicio, son las que ofrece la asesoría jurídica para que puedan servir como una prueba en un juicio oral”, declaró.
Pese a que la versión oficial del gobierno estatal ha sido que las víctimas están recibiendo atención en sedes alternas, la perito también apunta: “a mí sí me afecta y afecta a las personas que no tienen para un perito particular”; además, sobre las versión oficial apunta que, si bien es cierto que el servicio no está completamente paralizado, ello es porque no todos los usuarios acuden a las oficinas de Rayón, en la capital del estado”.
“Al interior del estado, las oficinas están abiertas, ellos están apoyando. Los de Rayón somos los que estamos en una contingencia y somos los que estamos tratando de atender lo más que se pueda”; además, calcula que, entre los dos turnos que laboran en esa sede, debe haber un total de noventa trabajadores que, desde hace tres semanas, no han podido presentarse a laborar de manera regular en su centro de trabajo.
“Se afecta el derecho a la atención de las otras víctimas”, lamentó la perito, quien además aportó otro dato alarmante: “En cuestión de autopsia psicológica, soy la única que las hago, aspectos criminológicos, también, aquí en el estado”; incluso, indica, ha tenido ya que cancelar citas con algunos usuarios, pues resulta imposible ofrecerles avances o atenderles de la forma que lo señalan los protocolos.
Un Juez ordenó a Carreras y a otras 5 autoridades atender de inmediato a las víctimas
Michel Hernández, de la organización civil Cambio Por San Luis, informó a La Orquesta que un grupo que ahora componen cerca de cien víctimas, ha pedido el apoyo del colectivo para ejercer presión sobre las autoridades y lograr que, al margen de la negociación con quienes impiden el acceso al recinto, este sea reabierto para permitir el acceso tanto de los trabajadores, como de los usuarios.
“Lo que las víctimas nos han denunciado es que se habilitaron algunas dependencias como la Fiscalía, el mismo Palacio de Gobierno y otros espacios para atender a las víctimas, pero la realidad es que no son los espacios adecuados para brindar la atención“.
Inclusive, los mismos asesores legales de la Comisión nos han mencionado que los tienen hacinados en una oficina de la Fiscalía y las condiciones no son las adecuadas para atender a una víctima de violación, a una víctima de feminicidio”.
La semana pasada, la asociación Fe y Esperanza promovió un amparo ante un juzgado federal contra actos de la autoridad responsable, en este caso, el gobernador Juan Manuel Carreras, como presidente del Sistema Estatal de Atención a Víctimas; y, además, solicitaron una reunión con el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías.
Los activistas, aunque reconocen el rechazo de las víctimas afectadas sobre quienes mantienen la toma de la CEEAV, también reconocen que la responsabilidad de mediar en el caso y permitir que todos reciban atención es el gobierno estatal, en la figura de Alejandro Leal y el propio comisionado, Jorge Vega Arroyo.
“Es una postura del gobierno del estado que se nos hace cuestionable, irresponsable, que diga que no se ha interrumpido la atención. Nuestro cuestionamiento es hacia la misma Comisión Estatal de Atención a Víctimas, hacia el Gobierno del Estado, por no resolver esta situación”.
El activista también indicó que el amparo solicitado recibió, justo este lunes 2 de septiembre, una suspensión provisional que insta a las autoridades a que “continúen brindando a las víctimas la atención requerida y los beneficios que la ley les otorga por su calidad dentro de las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o en el lugar que reglamentariamente dispongan para ello”.
En total, el documento señala como responsables de cumplir con el fallo al gobernador Juan Manuel Carreras; al secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías; al titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo; a Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; y también a dos autoridades municipales: el propio Xavier Nava Palacios, alcalde capitalino; y Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Policía Municipal en San Luis Potosí.
Michel Hernández Piña también informó que la petición hecha, hace una semana, al secretario general de gobierno, para concretar una cita, no ha sido respondida, lo que considera un acto de omisión que afecta, en primera instancia, a las víctimas que han denunciado no estar recibiendo el servicio que el estado debiera garantizarles.
El activista consideró que debe haber un acto de mediación por parte del gobierno carrerista y aclaró que no se sugiere, en modo alguno, el uso de la fuerza para retirar a quienes se manifiestan para exigir atención, sino que haya acercamiento y mesas de trabajo que faciliten negociaciones y, finalmente, un acuerdo; sin que por ello, quienes reciben atención en la sede de Rayón, se sigan viendo afectados.
De no recibir respuesta, anticipó, el gobierno estatal sería acusado ante otras instancias a nivel nacional por incurrir en desacato y, sobre todo, por ignorar un caso que, a tres semanas, solo ha traído afectaciones a quienes ya han sido víctimas de la incidencia delictiva que azota a la entidad potosina.
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Gloria Serrato, la titular de Semujeres, advierte sobre la delgada línea entre autonomía o empoderamiento y la cosificación
Por: Sergio Díaz
La venta de contenido erótico se ha convertido en una alternativa económica para muchas mujeres que, a través de fotografías o videos, encuentran una vía que les proporciona cierto nivel de estabilidad económica. Esta actividad, que en ocasiones no exige ajustarse a los estándares tradicionales de belleza, puede realizarse en plataformas especializadas como OnlyFans, o bien mediante aplicaciones de fácil acceso como Telegram.
Ya antes hemos documentado testimonios de mujeres que han optado por esta vía para sostenerse económicamente. Pero esto abre un debate mayor: ¿qué dicen la perspectiva de género y los marcos de lucha contra la violencia sobre esta práctica?
Gloria Serrato, comunicóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actual titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí (Semujeres), sostiene una visión clara: el respeto a las decisiones personales de cada mujer debe estar siempre acompañado por la defensa de su integridad, su dignidad y sus derechos fundamentales.
“El empoderamiento económico tiene que ver con las fortalezas que una mujer puede desarrollar para mejorar sus ingresos a partir de sus habilidades, conocimientos o proyectos de vida”, explicó Serrato Sánchez. Agregó que este concepto ha evolucionado e incluye hoy tanto aspectos financieros como emocionales.
No obstante, indicó que, desde la visión institucional, la venta de contenido erótico no se ajusta completamente a la definición de empoderamiento
“El empoderamiento implica el desarrollo de una habilidad, un oficio o una profesión… La línea entre la cosificación y el empoderamiento es muy delgada”, advirtió.
La funcionaria enfatizó que la cosificación puede reforzar estereotipos de belleza inalcanzables, lo que afecta la autoestima y percepción personal de muchas mujeres, generando barreras para construir un proyecto de vida sólido.
“Debemos partir de un principio fundamental: las personas no somos mercancía. Cuando normalizamos ciertas prácticas, retrocedemos en la lucha contra la cosificación”, expresó.
Aun así, Serrato Sánchez aclaró que la Secretaría no juzga a las mujeres que deciden incursionar en estas actividades
“Lo más importante es que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y libres, con acceso a recursos económicos que les permitan salir de situaciones de crisis”, reconoció, haciendo referencia a quienes lo hacen por falta de opciones laborales o para cuidar a sus hijos o familiares enfermos.
Subrayó la importancia de distinguir entre autonomía económica y autonomía personal.
“No siempre se tiene control sobre el destino del material compartido… Esa falta de control puede vulnerar la dignidad de la mujer”, advirtió.
Por ello, recomendó que la seguridad y la autoconfianza que algunas mujeres encuentran en esta actividad puedan trasladarse a otros proyectos que no representen riesgos para su integridad ni su vida. También pidió tener especial cuidado con las personas que acceden al contenido, ya que podrían ejercer presión, manipulación o violencia.
“El respeto hacia las mujeres que toman estas decisiones por sí mismas es esencial, pero también es importante observar si hay alguien externo que las esté influyendo o controlando. Existen leyes que las protegen”, recalcó.
Finalmente, destacó los avances del marco legal en violencias digitales y protección de la privacidad, como lo establece la Ley Olimpia. Reiteró que la Secretaría está para brindar apoyo, orientación y respaldo a todas las mujeres, independientemente de las decisiones que tomen sobre su cuerpo y su economía.
“Desde la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva creemos firmemente que lo más importante es que las mujeres conozcan sus derechos, y que, desde ese conocimiento, puedan decidir lo que les haga sentirse libres, seguras y dignas”, concluyó.
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El gobernador Ricardo Gallardo dijo que debe haber consenso con vecinos del nuevo sitio; el alcalde Enrique Galindo señaló que el miércoles se reunirán con líderes del sector
Por: Redacción
La reubicación de centros nocturnos de la avenida cordillera Himalaya hacia otros sitios de la ciudad, es un tema que mantiene la atención de autoridades del Estado, así como el ayuntamiento de la capital potosina.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se pronunció sobre este tema y manifestó que la reubicación de estos establecimientos debe ser acorde a la realidad de las personas que ya habitan las zonas en que se pretendan reubicar, tomando como ejemplo la avenida Venustiano Carranza, uno de los puntos que se mencionaron para su recolocación, pero en el que aún habitan personas, particularmente adultos mayores
El mandatario estatal insistió que antes de tomar una decisión, las autoridades deben acercarse con los habitantes de la zona para llegar a un consenso.
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital potosina, dio a conocer que este próximo miércoles se reunirá con empresarios y líderes de la industria del entretenimiento en la capital para replantear, junto a ellos, la idea de reubicar los centros nocturnos del poniente de la ciudad.
Mencionó que se le dará oportunidad a los empresarios para plantear otras ideas, regidos bajo el Plan Municipal de Desarrollo.
Agregó que para ello se podrían considerar otros sitios como la carretera 57. No obstante, esto no garantiza su reubicación a esta zona, ya que sólo es una opción a considerar.
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Más de 200 fragmentos fueron enviados como parte del Programa de Identificación Humana de la ONU
Por: Redacción
Durante el pasado mes de junio, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) envió más de 200 restos óseos a un laboratorio forense en Alemania, como parte del Programa de Identificación Humana (IDH) impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México.
Así lo informó la titular de la FGESLP, María Manuela García Cázares, quien detalló que los restos fueron sometidos a análisis de huellas dactilares y procesamiento genético en territorio alemán, con el fin de ayudar a identificar personas desaparecidas en San Luis Potosí.
Los fragmentos óseos fueron recolectados en diferentes fechas del último año en el municipio de Ciudad Valles, y se presume que el crimen organizado los disolvió en ácido con el objetivo de dificultar la recuperación de ADN e impedir su identificación.
La fiscal aclaró que, además de los resultados genéticos, los restos óseos serán devueltos a las autoridades estatales una vez concluido el análisis.
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