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La bronca de Branca: Crisis en Canaco
Los conflictos internos en la cámara empresarial provocaron que ayer casi se llegara a los golpes
Por: Jorge Saldaña
Ayer por la mañana, la sede local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de San Luis Potosí fue el escenario de un altercado entre consejeros del organismo y Juan Servando Branca, su presidente.
La discusión, de acuerdo a algunas versiones, estuvo a punto de convertirse en una pelea a golpes, lo que no pudo ser confirmado. De acuerdo a los testimonios de los consejeros presentes, el desencuentro fue producto de una triple expulsión de miembros destacados de la mesa directiva por parte de la Comisión de Honor y Justicia del propio organismo.
El dictamen de dicha comisión estableció que desde ayer quedaron expulsados Federico Cuadra Zuñiga, secretario de la mesa directiva; Luis Obregón Cervantes, vicepresidente de comercio, y el vocal Christian Adam Campos.
El propio Juan Servando Branca fue amonestado también, sin embargo, no fue expulsado ni retirado de su encargo.
Los antecedentes de la crisis que vive Canaco San Luis, y que quedó en evidencia durante la sesión ordinaria de ayer, se remontan a las fricciones y desacuerdos entre los miembros en la asignación de las carteras directivas, así como el supuesto “acaparamiento” del que señalan a Juan Branca y su equipo cercano respecto de las posiciones que se otorgan a la iniciativa privada en los consejos y comités tanto de transparencia y compras por parte de los distintos ámbitos e instancias gubernamentales.
Crucial para entender el conflicto es el caso de la también reciente expulsión de Fernanda Álvarez Montejano, ahora ex presidenta de jóvenes Canaco.
Fernanda Álvarez había denunciado a principios de este año, a través de sus cuentas de redes sociales, ser víctima de discriminación y violencia psicológica en Canaco, e incluso, de acuerdo a sus declaraciones en medios, también interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer adscrita la FGE en los mismos términos.
Los argumentos que Álvarez Monteja no expuso en su momento fueron que por ser una rival fuerte para competir por la presidencia de Canaco 
La Comisión entonces, y una más formada ex profeso por el propio Juan Servando Branca a la que se le denominó “Comisión de equidad y paridad de género”, deliberaron en conjunto la expulsión de Fernanda, la amonestación a Branca y finalmente ayer la expulsión también del secretario, vocal y vicepresidente de comercio del organismo.
Cuestionado vía telefónica, Juan Servando Branca negó que durante la sesión extraordinaria se haya llegado a los golpes, aunque aceptó que “hubo voces que no estuvieron de acuerdo con la resolución de las comisiones y lo pusieron de manifiesto”
Para el presidente de Canaco, la situación se trata únicamente de asuntos de la vida interna de los organismos y que se dirimen estrictamente conforme a sus estatutos.
Juan Servando Branca aseguró que la Canaco en San Luis se encuentra sólida, seguirá trabajando en beneficio de sus afiliados y “seguirá para adelante”, respetando las decisiones de las comisiones, haciendo y fortaleciendo su equipo.
Branca Gutiérrez forma parte del Consejo Potosí, convocado por el gobierno del estado para el estudio y toma de decisiones sobre infraestructura e inversión y se ha convertido en un vocero de la iniciativa privada en muchos de los asuntos públicos.
Hoy miércoles, al medio día en un salón del Club Libanés Potosino se llevará a cabo la “Toma de Compromiso” del consejo directivo 2022-2024 de la Coparmex del que está al frente Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. Al evento se ha confirmado la presencia de José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, así como de varios líderes empresariales y representantes camerales de organismos nacionales y locales.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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