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La bronca de Branca: Crisis en Canaco
Los conflictos internos en la cámara empresarial provocaron que ayer casi se llegara a los golpes
Por: Jorge Saldaña
Ayer por la mañana, la sede local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de San Luis Potosí fue el escenario de un altercado entre consejeros del organismo y Juan Servando Branca, su presidente.
La discusión, de acuerdo a algunas versiones, estuvo a punto de convertirse en una pelea a golpes, lo que no pudo ser confirmado. De acuerdo a los testimonios de los consejeros presentes, el desencuentro fue producto de una triple expulsión de miembros destacados de la mesa directiva por parte de la Comisión de Honor y Justicia del propio organismo.
El dictamen de dicha comisión estableció que desde ayer quedaron expulsados Federico Cuadra Zuñiga, secretario de la mesa directiva; Luis Obregón Cervantes, vicepresidente de comercio, y el vocal Christian Adam Campos.
El propio Juan Servando Branca fue amonestado también, sin embargo, no fue expulsado ni retirado de su encargo.
Los antecedentes de la crisis que vive Canaco San Luis, y que quedó en evidencia durante la sesión ordinaria de ayer, se remontan a las fricciones y desacuerdos entre los miembros en la asignación de las carteras directivas, así como el supuesto “acaparamiento” del que señalan a Juan Branca y su equipo cercano respecto de las posiciones que se otorgan a la iniciativa privada en los consejos y comités tanto de transparencia y compras por parte de los distintos ámbitos e instancias gubernamentales.
Crucial para entender el conflicto es el caso de la también reciente expulsión de Fernanda Álvarez Montejano, ahora ex presidenta de jóvenes Canaco.
Fernanda Álvarez había denunciado a principios de este año, a través de sus cuentas de redes sociales, ser víctima de discriminación y violencia psicológica en Canaco, e incluso, de acuerdo a sus declaraciones en medios, también interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer adscrita la FGE en los mismos términos.
Los argumentos que Álvarez Monteja no expuso en su momento fueron que por ser una rival fuerte para competir por la presidencia de Canaco , la mesa directiva decidió denunciarla ante la Comisión de Honor y Justicia (integrada por ex presidentes y ex consejeros) acusándola de no usar los canales indicados en los estatutos del organismo empresarial para exponer sus inconformidades.
La Comisión entonces, y una más formada ex profeso por el propio Juan Servando Branca a la que se le denominó “Comisión de equidad y paridad de género”, deliberaron en conjunto la expulsión de Fernanda, la amonestación a Branca y finalmente ayer la expulsión también del secretario, vocal y vicepresidente de comercio del organismo.
Cuestionado vía telefónica, Juan Servando Branca negó que durante la sesión extraordinaria se haya llegado a los golpes, aunque aceptó que “hubo voces que no estuvieron de acuerdo con la resolución de las comisiones y lo pusieron de manifiesto”
Para el presidente de Canaco, la situación se trata únicamente de asuntos de la vida interna de los organismos y que se dirimen estrictamente conforme a sus estatutos.
Juan Servando Branca aseguró que la Canaco en San Luis se encuentra sólida, seguirá trabajando en beneficio de sus afiliados y “seguirá para adelante”, respetando las decisiones de las comisiones, haciendo y fortaleciendo su equipo.
Branca Gutiérrez forma parte del Consejo Potosí, convocado por el gobierno del estado para el estudio y toma de decisiones sobre infraestructura e inversión y se ha convertido en un vocero de la iniciativa privada en muchos de los asuntos públicos.
Hoy miércoles, al medio día en un salón del Club Libanés Potosino se llevará a cabo la “Toma de Compromiso” del consejo directivo 2022-2024 de la Coparmex del que está al frente Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante. Al evento se ha confirmado la presencia de José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, así como de varios líderes empresariales y representantes camerales de organismos nacionales y locales.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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