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La brecha digital: reflejo de la desigualdad de género, social y laboral
En México solo 3 de cada 10 personas económicamente activas y que utilizan tecnología son mujeres
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo(ENOE), México cuenta con casi 976 mil personas formadas en las ciencias de la computación y las tecnologías de la información y la comunicación, de las cuales 68% son hombres y 32% son mujeres, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Del total de personas formadas en las TIC, pertenecen a la población económicamente activa (PEA) poco más de 760 mil personas (78%). De cada 100 de estas personas que desarrollan una actividad económica, 72 son hombres y 28 mujeres. Sin duda alguna, estas cifras revelan la brecha digital de género que persiste en el país.
El INEGI, dio a conocer las “Estadísticas a propósito de las personas formadas en las ciencias de la computación y las tecnologías de la información y la comunicación en México”, en esta información, destaca que estas personas ocupadas perciben en promedio $69 pesos por hora y laboran en promedio 42 horas a la semana. De cada 100 trabajadores, 81 laboran 35 y más horas, 16 ejercen de 15 a 34 horas y tres lo hacen menos de 15 horas en el mismo lapso. De las personas que trabajan 35 y más horas, 27 por ciento son mujeres y 73 por ciento son hombres.
Desde finales del siglo XX, miles de mujeres se han insertado en la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sin embargo, y a pesar de que algunas han llegado a ocupar cargos directivos, más de 20 años no han sido suficientes para que exista equidad de género en este sector.
Una de las causas que explican la poca presencia de mujeres en el ámbito de las TIC en el terreno profesional, obedece a que la participación de las mujeres en carreras relacionadas con la tecnología, es muy baja.
La brecha digital de género no es solo un problema de México. Tan es así que en 2010, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de las Naciones Unidas especializado en telecomunicaciones instauró el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con el objetivo de alentar las vocaciones tecnológicas en niñas y jóvenes. Esta fecha se celebra el cuarto jueves de abril, y la primera vez que se conmemoró fue el 21 de abril de 2011.
Cinco años más tarde, en 2016, se dieron a conocer cifras que revelaban que en 2014, el 80 por ciento de los puestos en las profesiones tecnológicas en la Unión Europea, eran desempeñados por hombres.
Volviendo a México, de acuerdo con la Encuesta sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares (ENDUTIH) se calcula que en la actualidad el 51.5 por ciento de los usuarios de Internet son mujeres. Este porcentaje es ligeramente mayor que el de los hombres, que representan solo el 48.5 por ciento de los usuarios de Internet.
Sin embargo, en el terreno laboral, las mujeres tienen menos oportunidades de desarrollarse profesionalmente en este ámbito.
Lo anteriormente dicho, nos revela que en México, las mujeres tienen acceso a las TICs, sin embargo, problemas estructurales como el machismo, la misoginia, la desigualdad laboral, las alejan de la posibilidad de prepararse profesionalmente en este rubro y luego acceder al campo de trabajo.
Es una realidad que las TICs, en el ámbito profesional siguen siendo terreno de hombres, y aunque hay mujeres que han logrado abrirse paso, e incluso han llegado a ocupar puestos directivos en empresas de tecnología, su poca visibilidad es un freno que les impide inspirar a otras mujeres, niñas y jóvenes principalmente a seguir este camino.
Ahora bien, quizás se podría decir que el panorama no es tan desesperanzador: En 2017, las mujeres representaban apenas 22.8% del total de personas empleadas en el sector de las telecomunicaciones. Es decir, unas 207 mil 652 mujeres se desempeñaban en este rubro de la actividad económica, según un informe elaborado por The Social Intelligence Unit (The SIU) en base a datos propios y del INEGI.
Si se compara con las cifras que presenta el INEGI actualmente, esto revela que en tres años, la participación de las mujeres en este sector ha crecido en un 10 por ciento, una proporción nada despreciable, si se considera el reto que representa para las mujeres abrirse camino en el terreno laboral, y más aún en actividades relacionadas con la tecnología.
OTROS DATOS NO MENOS IMPORTANTES SOBRE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LAS TICS
El INEGI revela que respecto a la ocupación que desempeñan las personas formadas en las TICs que pertenecen a la Población Económicamente Activa, es decir, que cuentan con un empleo: 55% trabajan como profesionistas, 14% participan en actividades de oficina; 10% en tareas relacionadas con el comercio, 7% ejerce algún puesto de mando (funcionarios y directivos) y 6% laboran en el ámbito industrial o de la manufactura; el restante 8% presta sus servicios en actividades como transporte, servicios personales, servicios de protección o vigilancia o la agrícola.
“Desde la perspectiva de la actividad económica de la empresa donde laboran, estas personas ocupadas se desempeñan en los sectores de los servicios profesionales, financieros y corporativos (26%), comercio (14%), industria manufacturera (13%), servicios sociales (12%), gobierno y organismos internacionales (9%) y transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento (8 por ciento).
“Laboran principalmente en tres ámbitos: el de las empresas constituidas en sociedad y corporaciones (52%), en instituciones públicas (20%) y en negocios no constituidos en sociedad (15 por ciento). Las restantes laboran en el sector de los hogares, esencialmente de manera informal (10%) o bien en instituciones privadas (3 por ciento).
“Trabajan principalmente en forma subordinada y remunerada (86%), seguidos por quienes laboran por cuenta propia (10%), en tercer lugar los empleadores (3%) y para finalizar los trabajadores no remunerados (1%).
“Por último, respecto a estas personas ocupadas que son subordinadas y remuneradas, 84 de cada 100 cuentan con la prestación de servicio médico, 89 de cada 100 con otro tipo de prestaciones y 70 de cada 100 con un contrato escrito de base, planta o tiempo indefinido”.
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
También lee: Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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