noviembre 18, 2025

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Juan Pablo Gómez Fierro, el juez potosino anti 4T

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El funcionario federal ha suspendido la multa de 10 mil millones contra Iberdrola, empresa involucrada en escándalos de corrupción en toda América

Por: Bernardo Vera

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, afirmó que el gobierno federal investigará a Juan Pablo Gómez Fierro, juez federal de origen potosino y actual titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, por otorgar un amparo para que Iberdrola -empresa dedicada a la producción y comercialización de energías involucrada en escándalos de corrupción en todo el continente americano- no pagara una multa de 10 mil millones de pesos

López Obrador señaló que se investigará la posible presentación de documentos falsos que sirvieron para frenar la multa. “Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos vamos a proceder legalmente”, mencionó el presidente de la república.

La semana pasada, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión definitiva a la multa de 9 mil 145 millones de pesos que le fue impuesta a Iberdrola, la segunda multa más grande en la historia del país, solo por debajo de la de Telcel en 2011 que fue de 11 mil 800 millones de pesos.

La resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, se pudo observar que la empresa española habría evitado el pago de la multa por ahora, pero el órgano regulador aún podrá impugnar, por lo que el asunto continuará su curso en tribunales y se prevé una primera audiencia en septiembre, en la que Iberdrola argumentará que no cometió ilegalidades con los esquemas de autoabasto.

Juan Pablo Gómez Fierro nació en San Luis Potosí en 1983, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2002 ingresó al Poder Judicial de la Federación, y ha desempeñado cargos de Oficial Judicial, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado, Secretario de Tribunal y Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte.

En 2015 fue nombrado Juez de Distrito, y actualmente es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Juan Pablo Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, y desde entonces ha estado en el radar de López Obrador, quien lo ha calificado de ser defensor de los ‘famosos’ grupos de intereses creados. Incluso, solicitó la intervención de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, para que lo investigara, pese a la autonomía de poderes.

En lo que va de su trayectoria ha otorgado suspensiones a la reforma eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos y recientemente a la política de la Secretaría de Energía que obliga comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Gómez Fierro concedió en marzo de 2021, un total de 14 suspensiones definitivas solicitadas por empresas que tramitaron amparos contra la reforma eléctrica de AMLO, y aceptó a trámite al menos tres juicios de amparo contra dicha reforma, en uno de los cuales concedió también la suspensión provisional.

En el mes de abril, concedió las primeras suspensiones contra la entrada en vigor del decreto por el que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panut). Gómez Fierro argumentó que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos (huellas digitales, el iris, el rostro o la retina) para registrar una línea de telefonía móvil en el Panut, viola derechos de las personas, aún más cuando en México 75 por ciento de la población tiene un teléfono móvil, y “podría no ser idónea ni proporcional”.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal, apuntó que el juez era utilizado “a contentillo por ciertos grupos” y empresas que promovían una campaña contra el registro en el padrón.

El juez federal otorgó en mayo de 2021, 14 suspensiones definitivas con efectos generales contra la Ley de Hidrocarburos, por presumir que la norma era inconstitucional. Y en junio de 2021, otorgó una suspensión definitiva para dejar sin efecto la reforma a la Ley de Hidrocarburos, lo que frenó por tiempo indefinido las modificaciones legislativas impulsadas por Morena y sus aliados en el Congreso que favorecían a Pemex sobre el resto de los participantes en el mercado de hidrocarburos.

El lunes pasado, concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que establece que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural en los puntos de internación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), deben acreditar que reciben el suministro por parte de alguna de las Empresas Productivas del Estado o sus subsidiarias o filiales.

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Estado anticipa monto para la UASLP en 2026: Gallardo

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El monto, que se incluirá en la Ley de Egresos, será equivalente al de este año mientras se define el convenio universitario

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Secretaría de Finanzas del Estado ya tomó previsiones para garantizar el recurso que corresponderá a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2026, y adelantó que dicha cantidad será integrada desde ahora en la Ley de Egresos que enviará al Congreso del Estado.

Gallardo explicó que, aunque el convenio anual entre la UASLP y el Gobierno del Estado se firma hasta enero, esta vez se decidió anticipar el monto estimado para evitar desfases como los ocurridos este año, cuando los tiempos entre la firma del convenio y la aprobación del presupuesto no coincidieron y generaron presiones financieras para la institución.

El mandatario señaló que Finanzas partirá del mismo monto asignado este año

—refiriéndose a los recursos que se destinan al inicio del ejercicio— mientras la universidad y la Federación definen la cifra exacta en su próximo convenio. Con esto, precisó, los legisladores tendrán que ajustar el presupuesto para asegurar que la cantidad prevista quede protegida en la Ley de Egresos 2025, que corresponde al ejercicio fiscal del próximo año.

Gallardo afirmó que el objetivo de esta previsión es que la UASLP arranque 2026 sin complicaciones, sin necesidad de solicitar recursos prestados durante los primeros meses del año, como ha sucedido históricamente debido a la demora en la llegada del recurso federal y estatal.

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FGESLP requiere 5 mdp para echar a andar Fiscalía de Búsqueda

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María Manuela García dijo que el monto servirá para contratar personal y fortalecer prospecciones

Por: Redacción

Tras entregar su informe anual de labores ante la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, la fiscal María Manuela García Cázares reconoció que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí enfrenta “muchos retos”, entre ellos el más urgente: transformar la actual Unidad de Desaparecidos en una Fiscalía Especializada, como lo exige la Ley General.

La fiscal destacó que todas las áreas han estado enfocadas en judicializar carpetas y atender los casos más sensibles denunciados por la ciudadanía, aunque admitió que el avance aún es insuficiente frente a la demanda existente.

En materia financiera, García Cázares confirmó que la institución solicitará una ampliación presupuestal para 2025, derivada precisamente de los costos que implica la creación de la nueva Fiscalía de Desaparecidos: más personal, más material, más prospecciones y mayor capacidad operativa.

La ampliación solicitada asciende a 5 millones de pesos como mínimo.

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Frinné Azuara advierte recorte del 53% a la salud para SLP

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La diputada señaló que la reducción presupuestal pone en riesgo la operación de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud en SLP

Por: Cristian Betancourt

La diputada local Frinné Azuara alertó sobre un recorte presupuestal para 2026 al sector salud, específicamente al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA), recurso esencial para el funcionamiento de IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.

Azuara explicó que este fondo es clave porque con él se pagan sueldos del personal médico, de enfermería y otros trabajadores del sector. “Trae un recorte del 53% para San Luis Potosí. Yo no sé cómo le va a hacer Bienestar y la propia Secretaría, porque con esa clave se paga al personal”, advirtió.

La legisladora señaló que el Gobierno Federal continúa realizando recortes que afectan directamente la salud de los mexicanos y advirtió que las afectaciones no solo serán salariales, sino que también alcanzarán la compra de medicamentos.

“En el FASA, que es el Fondo de Servicios de Salud, viene un recorte muy grande para San Luis Potosí. No sé cómo le va a hacer IMSS-Bienestar y la propia Secretaría de Salud, porque ahí, con esa clave, con esos recursos, se paga también al personal. Ese es un recurso que se utiliza para pago de personal. Trae un recorte del 53% para el Estado, para IMSS-Bienestar y para la Secretaría de Salud”, reiteró.

Azuara Yarzábal añadió que “no es creíble que los recortes presupuestales del Gobierno Federal sigan afectando la salud de los potosinos, de los mexicanos. Hay un recorte muy importante también a nivel nacional. Estoy revisando todavía qué repercusiones va a tener aquí sobre salud materna. Estamos viendo que la mortalidad materna se incrementó

durante estos seis, siete años y aun así le recortan a este tipo de programas”.

La diputada reprochó que “es increíble que la salud no le importe al Gobierno Federal, pero a los potosinos sí nos importa, sobre todo por las repercusiones que tiene en el bolsillo de los trabajadores de la salud. Es la tercera vez que presento el exhorto sobre la aprobación que se hizo al artículo 123, sobre el salario digno de médicos, enfermeras, policías y profesores. Fue aprobado por todos los Congresos y por el Congreso de la Unión, pero por la falta de publicación del Senado no se ha hecho oficial en el Diario Oficial de la Federación para que el gobierno pueda aplicarlo”.

Azuara también denunció el desabasto de medicamentos y un recorte al abasto que calificó como “cruel para el pueblo de México”. Criticó que la Federación haya centralizado los recursos que antes manejaban los estados de manera eficiente: “Les quitan los recursos a los gobiernos estatales. Quieren hacerse responsables, pero no es cierto; a la hora de la verdad, los gobernadores son los que tienen que entrarle con el hombro”.

Aquí afortunadamente el gobernador le ha entrado; está metiendo más dinero de lo que tendría que estar metiendo a salud y a otras áreas”, puntualizó.

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