El funcionario federal ha suspendido la multa de 10 mil millones contra Iberdrola, empresa involucrada en escándalos de corrupción en toda América

Por: Bernardo Vera

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, afirmó que el gobierno federal investigará a Juan Pablo Gómez Fierro, juez federal de origen potosino y actual titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, por otorgar un amparo para que Iberdrola -empresa dedicada a la producción y comercialización de energías involucrada en escándalos de corrupción en todo el continente americano- no pagara una multa de 10 mil millones de pesos

López Obrador señaló que se investigará la posible presentación de documentos falsos que sirvieron para frenar la multa. “Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos vamos a proceder legalmente”, mencionó el presidente de la república.

La semana pasada, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión definitiva a la multa de 9 mil 145 millones de pesos que le fue impuesta a Iberdrola, la segunda multa más grande en la historia del país, solo por debajo de la de Telcel en 2011 que fue de 11 mil 800 millones de pesos.

La resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, se pudo observar que la empresa española habría evitado el pago de la multa por ahora, pero el órgano regulador aún podrá impugnar, por lo que el asunto continuará su curso en tribunales y se prevé una primera audiencia en septiembre, en la que Iberdrola argumentará que no cometió ilegalidades con los esquemas de autoabasto.

Juan Pablo Gómez Fierro nació en San Luis Potosí en 1983, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2002 ingresó al Poder Judicial de la Federación, y ha desempeñado cargos de Oficial Judicial, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado, Secretario de Tribunal y Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte.

En 2015 fue nombrado Juez de Distrito, y actualmente es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Juan Pablo Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, y desde entonces ha estado en el radar de López Obrador, quien lo ha calificado de ser defensor de los ‘famosos’ grupos de intereses creados. Incluso, solicitó la intervención de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, para que lo investigara, pese a la autonomía de poderes.

En lo que va de su trayectoria ha otorgado suspensiones a la reforma eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos y recientemente a la política de la Secretaría de Energía que obliga comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Gómez Fierro concedió en marzo de 2021, un total de 14 suspensiones definitivas solicitadas por empresas que tramitaron amparos contra la reforma eléctrica de AMLO, y aceptó a trámite al menos tres juicios de amparo contra dicha reforma, en uno de los cuales concedió también la suspensión provisional.

En el mes de abril, concedió las primeras suspensiones contra la entrada en vigor del decreto por el que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panut). Gómez Fierro argumentó que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos (huellas digitales, el iris, el rostro o la retina) para registrar una línea de telefonía móvil en el Panut, viola derechos de las personas, aún más cuando en México 75 por ciento de la población tiene un teléfono móvil, y “podría no ser idónea ni proporcional”.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal, apuntó que el juez era utilizado “a contentillo por ciertos grupos” y empresas que promovían una campaña contra el registro en el padrón.

El juez federal otorgó en mayo de 2021, 14 suspensiones definitivas con efectos generales contra la Ley de Hidrocarburos, por presumir que la norma era inconstitucional. Y en junio de 2021, otorgó una suspensión definitiva para dejar sin efecto la reforma a la Ley de Hidrocarburos, lo que frenó por tiempo indefinido las modificaciones legislativas impulsadas por Morena y sus aliados en el Congreso que favorecían a Pemex sobre el resto de los participantes en el mercado de hidrocarburos.

El lunes pasado, concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que establece que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural en los puntos de internación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), deben acreditar que reciben el suministro por parte de alguna de las Empresas Productivas del Estado o sus subsidiarias o filiales.

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