junio 24, 2025

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Juan Pablo Gómez Fierro, el juez potosino anti 4T

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El funcionario federal ha suspendido la multa de 10 mil millones contra Iberdrola, empresa involucrada en escándalos de corrupción en toda América

Por: Bernardo Vera

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, afirmó que el gobierno federal investigará a Juan Pablo Gómez Fierro, juez federal de origen potosino y actual titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, por otorgar un amparo para que Iberdrola -empresa dedicada a la producción y comercialización de energías involucrada en escándalos de corrupción en todo el continente americano- no pagara una multa de 10 mil millones de pesos

López Obrador señaló que se investigará la posible presentación de documentos falsos que sirvieron para frenar la multa. “Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos vamos a proceder legalmente”, mencionó el presidente de la república.

La semana pasada, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión definitiva a la multa de 9 mil 145 millones de pesos que le fue impuesta a Iberdrola, la segunda multa más grande en la historia del país, solo por debajo de la de Telcel en 2011 que fue de 11 mil 800 millones de pesos.

La resolución emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, se pudo observar que la empresa española habría evitado el pago de la multa por ahora, pero el órgano regulador aún podrá impugnar, por lo que el asunto continuará su curso en tribunales y se prevé una primera audiencia en septiembre, en la que Iberdrola argumentará que no cometió ilegalidades con los esquemas de autoabasto.

Juan Pablo Gómez Fierro nació en San Luis Potosí en 1983, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2002 ingresó al Poder Judicial de la Federación, y ha desempeñado cargos de Oficial Judicial, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado, Secretario de Tribunal y Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte.

En 2015 fue nombrado Juez de Distrito, y actualmente es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Juan Pablo Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, y desde entonces ha estado en el radar de López Obrador, quien lo ha calificado de ser defensor de los ‘famosos’ grupos de intereses creados. Incluso, solicitó la intervención de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, para que lo investigara, pese a la autonomía de poderes.

En lo que va de su trayectoria ha otorgado suspensiones a la reforma eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos y recientemente a la política de la Secretaría de Energía que obliga comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Gómez Fierro concedió en marzo de 2021, un total de 14 suspensiones definitivas solicitadas por empresas que tramitaron amparos contra la reforma eléctrica de AMLO, y aceptó a trámite al menos tres juicios de amparo contra dicha reforma, en uno de los cuales concedió también la suspensión provisional.

En el mes de abril, concedió las primeras suspensiones contra la entrada en vigor del decreto por el que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panut). Gómez Fierro argumentó que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos (huellas digitales, el iris, el rostro o la retina) para registrar una línea de telefonía móvil en el Panut, viola derechos de las personas, aún más cuando en México 75 por ciento de la población tiene un teléfono móvil, y “podría no ser idónea ni proporcional”.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal, apuntó que el juez era utilizado “a contentillo por ciertos grupos” y empresas que promovían una campaña contra el registro en el padrón.

El juez federal otorgó en mayo de 2021, 14 suspensiones definitivas con efectos generales contra la Ley de Hidrocarburos, por presumir que la norma era inconstitucional. Y en junio de 2021, otorgó una suspensión definitiva para dejar sin efecto la reforma a la Ley de Hidrocarburos, lo que frenó por tiempo indefinido las modificaciones legislativas impulsadas por Morena y sus aliados en el Congreso que favorecían a Pemex sobre el resto de los participantes en el mercado de hidrocarburos.

El lunes pasado, concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que establece que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural en los puntos de internación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), deben acreditar que reciben el suministro por parte de alguna de las Empresas Productivas del Estado o sus subsidiarias o filiales.

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Amplían suspensión de clases en la Huasteca y Zona Media por lluvias

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Indicaron que el objetivo es seguir protegiendo a la comunidad educativa, por lo que la medida se aplicará este miércoles y jueves

Por: Redacción

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informa que la medida de prevención de suspender clases en educación básica en las regiones Media y Huasteca para proteger a la comunidad educativa se amplía el miércoles 25 y jueves 26 de junio.

La dependencia detalló que el regreso se programa para el viernes 27 de junio, sin embargo, se abre la posibilidad de seguir aplicando la medida

pues se pronostica que continúen las lluvias de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Cabe mencionar que las escuelas están funcionando como albergues en los distintos municipios afectados por lo que es necesario mantenerse al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades estatales y municipales por medio de sus canales oficiales.

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#NuevoPleito | SCT no sabe sobre obra en El Saucito

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Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial

Por: Redacción

La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.

La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.

“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.

La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia

. Sin embargo, señaló que no cualquier calle puede ser utilizada por los autobuses, debido a sus dimensiones y necesidades técnicas: “Estas unidades son de 12 metros, no pueden circular por todas las calles y la ruta establecida es justamente donde se puede acceder con las unidades”.

El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.

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Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal

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Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí

La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”

 

Por: Carlos Hernández

A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto. 

Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.

La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.

Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.


Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”

En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.


Supuesto manual de operaciones


Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos

Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.

Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.

Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.


Formato de afiliación del supuesto sindicato

A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.

Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.

Checa el documento dando click AQUÍ.

Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.

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