México
Investigan a dos expresidentes del PRI por caso Lozoya
Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell estarían involucrados en la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los que integraban el Consejo de Administración de Pemex por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados.
El pasado 27 de septiembre la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación en la que no solo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está señalado por irregularidades en la compraventa de la planta de fertilizantes.
De acuerdo con información de El Universal, la ASF señaló que la compra de la planta fue realizada a través de Grupo PMI y no de Pemex Petroquímica; para ello, Lozoya Austin argumentó que había premura del Gobierno Federal para efectuar la producción de fertilizantes.
“Los integrantes del Consejo de Administración de Pemex tomaron conocimiento de actos indebidos al margen del marco jurídico que lo regula y sin realizar los pronunciamientos que sobre este aspecto estaban dentro de sus facultades para atender que la operación de compra de activos de la planta de Agro Nitrogenados se realizara por conducto de Pemex Petroquímica”, indicó la ASF.
Además de Lozoya Austin, en la lista aparecen Edgar Torres Garrido, entonces asesor ejecutivo del exdirector de Pemex; José Manuel Carrera Panizzo, residente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica; Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y Enrique Ochoa Reza, en ese momento subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
La ASF dio a conocer que el daño por la adquisición de la planta es de 93.2 millones de dólares y que esta operación se realizó sin estudios previos de integridad mecánica de equipos ni la revisión técnica de los bienes para clasificar los activos.
“En el proyecto de inversión que dio a conocer Emilio Lozoya en la sesión del 17 de diciembre, se consideró como costo de la rehabilitación de la planta 180 millones de dólares, muy por debajo del que dio a conocer la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos, con anticipación a la fecha de compra, por 406.4 millones de dólares, montos que inclusive resultan inferiores a los 453.2 millones de dólares que han sido erogados a diciembre de 2018″, apuntó la ASF.
Con información de: El Universal
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Gobierno del Estado
Gallardo apoya a Sheinbaum, pero se alinearán con el Verde para reforma electoral
El gobernador señaló estar con su partido “a morir”, y que en las próximas horas definirán su postura
Por: Redacción
Al ser cuestionado sobre su postura en torno a la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que van a apoyar a la jefa de estado, pero que en cuestión de esta votación, se alinearán a lo que decida el Partido Verde.
El gobernador indicó que tanto él como sus diputados y senadores afines son institucionales y “están con el Verde a morir”, aunque considera que una de las prioridades de su bancada siempre va a ser la presidenta.
Señaló que desconoce cuál vaya a ser la postura de su partido, pero aseguró que este jueves por la mañana, Manuel Velasco citó a todos sus diputados en la Ciudad de México para analizar la propuesta y definir su posición.
Al término de esta reunión, el mandatario estatal se pondrá en comunicación con Velasco para que se le informe cómo procederán desde el Verde , e ir planificando cómo procederán en los próximos días.
Gallardo destacó que el debate sobre la reforma será muy provechoso, y que desde el grupo parlamentario de Morena se muestra cada vez más apertura, por lo que espera que se abra la posibilidad de revisar específicamente algunos puntos de la propuesta.
Al contar con el 12.4% de los asientos en San Lázaro, el apoyo del Partido Verde es fundamental para que el proyecto presidencial sea aprobado, ya que se requiere que dos tercios de los congresistas voten a favor.
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México
Sheinbaum tiene “Plan B” por si no se aprueba la reforma electoral
La presidenta sostuvo que para ella es un triunfo el haber presentado la propuesta, y el pueblo juzgará a quienes voten en contra
Por: Redacción
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que la reforma electoral no sea aprobada por el Congreso de la Unión; Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que ya tienen un “plan b” por si se diera esta situación.
La presidenta no quiso dar mayores detalles en torno a en qué consiste este plan alternativo, pero indicó que incluso si la reforma es rechazada, se quedaría escrita para una posible revisión futura.
Sheinbaum mantuvo su postura de las última semanas y no se mostró preocupada en torno a la respuesta negativa de los diputados, pues insistió que para ella ya es una victoria el mero hecho de presentar una propuesta que “le han pedido los mexicanos”.
Añadió que si bien cada uno de los partidos es libre de tomar la postura que quiera en esta votación, la gente acabará juzgando a aquellos que se muestren en contra, sean partidos aliados o de oposición.
Tras varios días de espera donde se realizaron modificaciones puntuales a la reforma, ésta finalmente fue entregada el día de ayer por la tarde al Congreso, donde se procederá a su análisis.
Se planea que la votación se realice el 24 de marzo en San Lázaro, y en caso de conseguir la mayoría calificada, se pasará al Senado para el segundo filtro.
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México
Reforma electoral plantea reducir financiamiento a partidos y el Senado
La propuesta reduce en 25 % la fórmula de financiamiento a partidos, cambia la asignación de plurinominales y elimina 32 senadores de representación proporcional
Por: Roberto Mendoza
La reforma electoral que llegó hoy a la Cámara de Diputados plantea modificar el financiamiento público a los partidos políticos, la integración del Senado, el mecanismo de asignación de diputados de representación proporcional y diversas reglas sobre fiscalización, propaganda electoral y uso de tecnología en procesos democráticos.
El documento establece que el cálculo del financiamiento ordinario pasaría de 65 % de la Unidad de Medida y Actualización por cada ciudadano del padrón electoral a 48.75 %, lo que representa una reducción efectiva de 25 %. Se mantiene la distribución actual de los recursos: 30 % igualitario entre los partidos y 70 % de acuerdo con la votación obtenida en la elección anterior.
La Cámara de Diputados conservaría su tamaño de 500 integrantes: 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. El cambio se plantea en la forma de asignar estos últimos. De los 200, cien corresponderían a candidatos denominados “mejores perdedores”, es decir, quienes no obtuvieron el triunfo en su distrito pero registraron los mayores porcentajes de votación, y los otros cien se elegirían mediante votación directa en circunscripciones regionales que incluirían representación de mexicanos en el extranjero. El Senado se reduciría de 128 a 96 integrantes al eliminarse los 32 escaños de representación proporcional nacional
y mantener el esquema de dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría por estado.El documento también establece nuevas reglas para el financiamiento privado y la fiscalización de campañas, con la prohibición de recibir recursos de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas residentes fuera del país y la obligación de que las aportaciones se realicen a través del sistema financiero, sin uso de efectivo. Además, plantea reducir de 48 a 35 minutos diarios los tiempos del Estado en radio y televisión para propaganda electoral, exigir que el contenido electoral generado con inteligencia artificial esté etiquetado y permitir el uso de tecnología digital en consultas populares.
La propuesta también incluye ampliar mecanismos de democracia directa, modificar el inicio de los cómputos distritales para que comiencen desde la recepción del primer paquete electoral, establecer candidaturas para pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos históricamente subrepresentados, y permitir que autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera compartan información con la autoridad electoral sobre candidatos y financiamiento de campañas para proteger la integridad del proceso electoral.
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