Ciudad
Interapas viola protección de datos y sigue amenazando con embargos en SLP
La diputada Isabel González afirmó que el despacho de cobranzas contratado por Interapas coloca avisos en sus domicilios con datos personales
Por: Ana Dora
“Interapas infringe la Ley de Protección de Datos Personales”, indicó la diputada Isabel González Tovar, respecto a la información privada de los usuarios que el organismo operador del agua potable facilita a los despachos que contrata para la recuperación de la cartera vencida en la capital de San Luis Potosí.
A través de un documento en poder de La Orquesta, con el membrete ABC ASSESOR LEGAL CONSULTING, el despacho ha estado dando aviso a los usuarios sobre la existencia de un adeudo con el Interapas, institución a la “que representan”, según se indica.
Este papel, una hoja tamaño carta cortada por la mitad, es colocado en las puertas de los domicilios de los morosos y contiene datos personales como dirección, número de contrato y adeudo, además de la leyenda: “evite el procedimiento de embargo”.
De acuerdo con la legisladora, este acto no “está sustentado por los principios de legalidad” que marca la ley; ni mucho menos protege los datos personales de los usuarios morosos.
Refirió que en la Ley de Protección de Datos Personales para San Luis Potosí se señala en su artículo trece los Principios Generales, “licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad”.
También menciona, en el numeral diecinueve, que la autoridad responsable en este caso el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) deberá “obtener el consentimiento del titular para el tratami ento de sus datos personales” 
González Tovar mencionó al respecto que el Interapas “expone a los morosos al hacer público sus datos personales”, puesto que la notificación de embargo suele colocarse en las puertas de los domicilios.
Puntualizó que el Aviso de Privacidad del organismo no es “claro” y aunque señala el uso de éstos para “cobranza”, en el mismo párrafo refiere que la información no se puede entregar sin previa autorización.
La diputada puntualizó que “los despachos jurídicos que contrata el Interapas están tratando de intimidar”, puesto que, de acuerdo con los establecido por la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef): “no pueden amenazarte de embargo o privación de la libertad”, sin que exista un “procedimiento jurídico”.
La legisladora hizo un llamado al Interapas para que “no utilice estos métodos intimidatorios” con la ciudadanía, agregó que el Organismo tiene la obligación de “ofrecer planes de pago” a los deudores.
También reconoció que los usuarios deben “cumplir y pagar”, pues han consumido el líquido, por lo que recomienda “acercarse a la ventanilla de pago” y cumplir con su responsabilidad.
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El titular Juan Antonio Villa, informó que actualmente se encuentran activos más de 13 botones activos en la Zona Universitaria así como otra decena en algunas partes estratégicas del Centro Histórico como lo son los corredores estudiantiles
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la capital potosina aseguró en entrevista que desde el 2022 se trabaja en conjunto con la Federación Universitaria Potosina (FUP) y en días recientes se atendió la solicitud para rehabilitar y poner en funcionamiento los botones de pánico ubicados en los campus universitarios.
Villa Gutierrez informó ademas que los 13 botones de pánico ubicados en diferentes puntos de la zona universitaria están funcionando de manera correcta y que de los otros 10 botones instalados en la Zona Centro, algunos están recibiendo mantenimiento.
Además de esta herramienta, se cuenta con cámaras de vigilancia en dichas zonas que conectadas directamente al C4.
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Torres Cedillo aclaró que el protocolo estatal autoriza cualquier prenda que proteja a los alumnos, tras el conflicto en la Ciriaco Cruz
Por: Cristian Betancourt
El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, reiteró que ninguna escuela está autorizada a condicionar el uso de otra ropa diferente que no sea el uniforme deportivo.
El funcionario recordó que existe un protocolo que permite a los estudiantes asistir con pants, chamarras, sudaderas o cualquier prenda que les proteja del clima, sin que pueda ser motivo de sanciones o restricciones esto tras los hechos recientes sucedidos en la escuela Secundaria José Ciriaco Cruz: donde se reportó que los alumnos no podían usar uniforme deportivo.
Torres Cedillo informó que la SEGE ya tomó medidas respecto al caso de la secundaria Ciriaco Cruz, luego de comunicarse con el director del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y advirtió que los directivos que incumplan la instrucción recibirán sanciones.
El secretario destacó que, hasta el momento no se han recibido más reportes de escuelas que limiten el uso de ropa abrigadora. También hizo un llamado a padres de familia y alumnos para que denuncien cualquier caso que les impide usar prendas para protegerse del frío.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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