Congreso del Estado
Interapas expuso motivos de aumento a tarifa al Congreso
Los integrantes de la Comisión del Agua cuestionaron al director del organismo operador, que pretende un aumento del 25 por ciento en los costos del servicio
Por: Redacción
Las y los integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado se reunieron con los directores de los organismos operadores de agua potable Interapas, de Ciudad Valles y de Matehuala, respectivamente, para abundar en información respecto de sus propuestas de ajuste en la Ley de Cuotas y Tarifas, donde Dolores Eliza García Román, presidenta de la Comisión, señaló que “algunos de los presidentes de los organismos justificaron su propuesta, pero otro no lo hizo y no hay manera de que sustente el incremento que pretende obtener”.
Los diputados José Luis Fernández, Alejandro Leal Tovías, Liliana Flores y José Antonio Lorca, cuestionaron al director del Interapas sobre la propuesta de incremento del 24.9 por ciento.
El director del organismo expuso que la tarifa que se cobra es insuficiente porque es la misma desde hace 10 años y señaló que tampoco está en condiciones de contraer línea de crédito si no se le aprueba un aumento, como se ha mencionado, “apenas podemos pagar lo que debemos como para contraer nuevos compromisos”. Además, reconoció que hay deficiencias en la operación, esto por la denuncia realizada por el diputado José Luis Fernández, quien detalló que en la colonia Hogares Obreros y en otras, “hay valvulistas que cierran el flujo del agua por varios días para que los dueños de pipas hagan su negocio vendiendo el agua hasta en 400 pesos, por eso decimos que aquí se paga el agua más cara del país”.
Enrique Torres también aceptó que en la colonia Jacarandas, la infraestructura hidráulica es obsoleta y se pierde el 80 por ciento del agua en la red que es vieja y está mal interconectada, por lo que se invertirá en toda la renovación.
Los diputados le preguntaron su opinión sobre la posibilidad de que el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez deje de pertenecer al Interapas, a lo que el titular respondió que no está de acuerdo, 
La Comisión de Agua también se reunió con Francisco Gómez, presidente del organismo de Ciudad Valles, quien señaló que su propuesta de incremento es de un 7 por ciento al aumento de la tarifa, que prácticamente se cubre con la indexación del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP).
Francisco Gómez hizo una exposición sobre los compromisos financieros del organismo que tienen que ver con pagos de pensiones, pasivos no registrados, créditos contraídos en otras administraciones, pago de impuestos y reposición o mantenimiento de infraestructura obsoleta; los legisladores señalaron que analizarán toda la información que proporcionó, pues tienen señalamientos de los usuarios sobre el servicio que presta.
La última reunión del día fue con Juan Carlos Pérez Mendoza, presidente del organismo operador de agua potable de Matehuala, quien solicitó un ajuste del 9.8 por ciento para fondear diversos proyectos que fortalecerán la eficiencia de este organismo, que cobra el 98.45 por ciento del agua que se consume.
La diputada Dolores Eliza García expuso que en estos momentos se está recopilando toda la información necesaria, aclarando dudas y por ello son estas reuniones con los directores de organismos, por lo que seguirá la dinámica de reuniones ya que la Comisión está en sesión permanente.
También lee: Interapas explicará al Congreso la solicitud de aumento a la tarifa del agua
Congreso del Estado
Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP
Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.
Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,
Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.
La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres
Por: Redacción
El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.
La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.
De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.
Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.
La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.
Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.
El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.
El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.
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Congreso del Estado
Buscan reformar la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado
Se pretende garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva: dip. Luis Felipe Castro
Por: Redacción
Con la finalidad de hacer eficientes las acciones de rehabilitación de adicciones, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado en sus artículos 23 y 35.
El legislador indicó que con estas reformas, se busca armonizar el ordenamiento local con la Ley General de Salud, para eliminar el estigma y garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.
En su exposición de motivos, el diputado señala que la evidencia clínica establece que las adicciones a sustancias psicoactivas, no son eventos aislados de la conducta, sino trastornos de la salud mental con bases neurobiológicas, como de hecho ya es contemplado en la Ley General de Salud.
La iniciativa de reforma a la Ley estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, busca transitar de un modelo de “control social” a uno de “derecho a la salud”. Se señala que la terminología “Prevención y Control” sugiere una vigilancia sobre el individuo, y lo que la propuesta busca es posicionar al paciente como un sujeto de derechos.
En lo que se refiere a la especialización del personal profesional que tiene contacto con pacientes consumidores de sustancias psicoactivas
Por otra parte, la iniciativa propone la integración de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Salud del Estado.
El legislador indica que esta medida no solo faculta a la ciudadanía para tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
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