octubre 28, 2026

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Congreso del Estado

Interapas expuso motivos de aumento a tarifa al Congreso

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Los integrantes de la Comisión del Agua cuestionaron al director del organismo operador, que pretende un aumento del 25 por ciento en los costos del servicio

Por: Redacción

Las y los integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado se reunieron con los directores de los organismos operadores de agua potable Interapas, de Ciudad Valles y de Matehuala, respectivamente, para abundar en información respecto de sus propuestas de ajuste en la Ley de Cuotas y Tarifas, donde Dolores Eliza García Román, presidenta de la Comisión, señaló que “algunos de los presidentes de los organismos justificaron su propuesta, pero otro no lo hizo y no hay manera de que sustente el incremento que pretende obtener”.

Los diputados José Luis Fernández, Alejandro Leal Tovías, Liliana Flores y José Antonio Lorca, cuestionaron al director del Interapas sobre la propuesta de incremento del 24.9 por ciento.

El director del organismo expuso que la tarifa que se cobra es insuficiente porque es la misma desde hace 10 años y señaló que tampoco está en condiciones de contraer línea de crédito si no se le aprueba un aumento, como se ha mencionado, “apenas podemos pagar lo que debemos como para contraer nuevos compromisos”. Además, reconoció que hay deficiencias en la operación, esto por la denuncia realizada por el diputado José Luis Fernández, quien detalló que en la colonia Hogares Obreros y en otras, “hay valvulistas que cierran el flujo del agua por varios días para que los dueños de pipas hagan su negocio vendiendo el agua hasta en 400 pesos, por eso decimos que aquí se paga el agua más cara del país”.

Enrique Torres también aceptó que en la colonia Jacarandas, la infraestructura hidráulica es obsoleta y se pierde el 80 por ciento del agua en la red que es vieja y está mal interconectada, por lo que se invertirá en toda la renovación.

Los diputados le preguntaron su opinión sobre la posibilidad de que el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez deje de pertenecer al Interapas, a lo que el titular respondió que no está de acuerdo,

ya que “mientras todos los integrantes trabajen para sumar fortalezas, se alcanzarán los objetivos”.

La Comisión de Agua también se reunió con Francisco Gómez, presidente del organismo de Ciudad Valles, quien señaló que su propuesta de incremento es de un 7 por ciento al aumento de la tarifa, que prácticamente se cubre con la indexación del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP).

Francisco Gómez hizo una exposición sobre los compromisos financieros del organismo que tienen que ver con pagos de pensiones, pasivos no registrados, créditos contraídos en otras administraciones, pago de impuestos y reposición o mantenimiento de infraestructura obsoleta; los legisladores señalaron que analizarán toda la información que proporcionó, pues tienen señalamientos de los usuarios sobre el servicio que presta.

La última reunión del día fue con Juan Carlos Pérez Mendoza, presidente del organismo operador de agua potable de Matehuala, quien solicitó un ajuste del 9.8 por ciento para fondear diversos proyectos que fortalecerán la eficiencia de este organismo, que cobra el 98.45 por ciento del agua que se consume.

La diputada Dolores Eliza García expuso que en estos momentos se está recopilando toda la información necesaria, aclarando dudas y por ello son estas reuniones con los directores de organismos, por lo que seguirá la dinámica de reuniones ya que la Comisión está en sesión permanente.

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Congreso del Estado

Congreso endurece castigo por despojo y por retener pacientes por deudas

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El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.

Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.

Qué cambia con el despojo

El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.

Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:

  • Cuando se simulen actos de autoridad.
  • Cuando se use documentación falsa.
  • Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.
  • Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.

Hospitales que retengan por deudas

La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:

  • Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
  • Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
  • Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.

En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.

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Congreso del Estado

Propuesta de 3 mil mdp para transporte debe venir de la SCT, no de concesionarios: Serrano

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El diputado dijo que esperará a que la secretaría se pronuncie sobre cualquier propuesta de los concesionarios

Por: Redacción

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, dijo que una propuesta de casi 3 mil millones de pesos para mejorar el transporte urbano en 2027 “sí parece elevada”, y que antes de discutirla debe presentarla la secretaría responsable, no los concesionarios.

“Yo creo que toda propuesta hay que revisarla, pero de entrada yo sí considero que existen muchas otras necesidades sociales por atender”, afirmó.

Serrano dijo que la cantidad podría ser “mucho, mucho, mucho menos”, y que aun así tendría que llegar al Congreso como parte de una valoración de la política pública que quiera aplicar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“No son propietarios”

El legislador recordó que el transporte público es una obligación del Estado, que da concesiones a particulares para que presten el servicio. “Las concesiones son potestad del Estado, no son propiedad de los concesionarios. Por eso son concesiones, no son propietarios de ellas”, dijo.

Agregó que el Estado tiene la obligación de aportar al transporte, pero insistió en que esperará a que la SCT se pronuncie sobre “cualquier propuesta que venga de concesionarios” y que la incluya en una propuesta global para el próximo año.

Gratuidad y presupuesto

Serrano reconoció que el Gobierno del Estado “está haciendo un esfuerzo” para que el transporte público sea gratuito, y dijo que ya existe “todo un mecanismo” que subsidia ese servicio. Con la tarjeta Mi Pase, estudiantes y adultos mayores viajan gratis en el transporte público, incluido el concesionado.

El diputado señaló que el tema será parte de la discusión del Presupuesto de Egresos 2027. “Ya empezamos hoy a hablar del tema. Ya muy pronto vamos a verlo”, dijo.

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Congreso del Estado

Relaciones familiares de una mujer no retiran derecho a competir: Serrano

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El coordinador del Verde en el Congreso dijo que quien cumple los requisitos de ley tiene derecho a registrarse

Por: Redacción

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, defendió el derecho de la senadora Ruth González Silva a participar en el proceso electoral de 2027 si así lo decide, y sostuvo que el término nepotismo “no tiene una relación de forma directa” con su caso.

Serrano recordó que la senadora ha dicho que esperará los tiempos electorales para tomar una decisión y que esta “es exclusivamente de ella”.

“Si tú te puedes registrar y puedes participar en un proceso electoral es porque cumpliste previamente con los requisitos que la ley establece. No veo por qué se te negaría el derecho a participar si así lo decides”, afirmó.

“La esposa de”

Serrano dijo que se le ha dado “una connotación totalmente distinta” a la palabra nepotismo, que en términos jurídicos, explicó, no impide que una mujer participe por tener una relación familiar. El nepotismo es dar cargos o beneficios a familiares desde una posición de poder.

El legislador recordó la Epístola de Melchor Ocampo, un texto que durante décadas se leyó en las bodas civiles, y dijo que antes la mujer “pasaba a ser de” su esposo, algo que “se ha venido anulando” y que considera un avance en los derechos de las mujeres.

Agregó que la senadora considera violencia política en razón de género que se le ubique “como la esposa de, y no con su valor propio”. La violencia política en razón de género son los actos que buscan limitar o anular los derechos políticos de una mujer por el hecho de ser mujer.

“No las exime”

“Hay una gran cantidad de expresiones que a mi juicio contienen violencia política de género, y bueno, pues las mujeres que lo hacen no las exime de que tengan responsabilidad”, dijo Serrano.

Advirtió que las denuncias por violencia política “también limitan las participaciones políticas de quienes las hacen”, es decir, de quienes emiten esas expresiones.

El informe de la senadora

Este lunes, en su Segundo Informe como senadora, González Silva dijo que ha sido blanco de “mentiras, de señalamientos, de críticas” contra ella, su familia y su género, y negó haber dicho que quiera participar en la elección de 2027. Sostuvo que ninguna mujer debe ser excluida de la vida pública por sus vínculos familiares.

Serrano calificó ese mensaje como “contundente en cuanto a los derechos de las mujeres”.

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Opinión

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