Estado
Ingreso mínimo vital como derecho humano, propone Betty Benavente
A nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la diputada presentó esta iniciativa
Por: Redacción
La diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó, en nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la iniciativa para adicionar el párrafo noveno al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objeto legal de incluir el mínimo vital como derecho humano en nuestra Constitución.
En la exposición de motivos, se indica que la actual crisis sanitaria ha servido para ilustrar de forma más contundente la necesidad de que las personas en mayor desventaja social cuenten con los recursos mínimos que les permitan subsistir.
Agrega que el derecho a mínimo vital cobra especial relevancia, sobre todo en los contextos como el que estamos viviendo de contingencia sanitaria, que ha significado el cese de actividades económicas y la pérdida o disminución de ingresos para millones de familias, más aún, cuando ni siquiera existe certeza de la fecha en la que se normalizará la situación.
Por ello, la adición propone que: “Atendiendo al principio de mínimo vital, el Estado y los Ayuntamientos deberán crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. El monto presupuestal que se asigne para tales efectos nunca será inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior“.
Se agrega, que el mínimo vital no debe confundirse con una prebenda asistencialista, ya que va mucho más allá. Es comprometer la acción estatal con la generación de las condiciones que permiten el desarrollo humano de las personas en su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía eléctrica, agua y servicios públicos, alimentación adecuada y seguridad social, entre otros.
“Hay quienes afirman que el mínimo vital se instrumentaliza en proveer a las personas de insumos alimentarios o materiales mínimos para que puedan acceder a la subsistencia física, lo cual desde nuestro punto de vista no es suficiente, por lo que nos pronunciamos por la otra postura, que le da al mínimo vital una proyección mucho más amplia que incluye garantizar los insumos mínimos necesarios indispensables para desarrollar una vida digna y en un contexto de progresividad en la que el mínimo vital solo es el piso base que debe asegurarse, aún en casos extraordinarios como la actual contingencia sanitaria, pero que se debe desplegar hacia el mejor escenario posible”.
Señala que en el Congreso de la Unión existen también varias iniciativas promovidas por diferentes grupos parlamentarios, con diferentes alcances y denominaciones, que en el fondo proponen, ya sea como medida de emergencia o permanente, el mínimo vital para los mexicanos, como ya lo hacen otros países como es el caso de España.
“Decir sí al mínimo vital en la Constitución de San Luis Potosí, sería una auténtica transformación jurídica, para responder de forma sensible y empática a la ingente necesidad de quienes han sido más golpeados por la pandemia, por la crisis y por la enorme desigualdad de nuestra sociedad”, indica.
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Estado
Adriana “N” es vinculada a proceso por caso de huachicol fiscal
La empresaria, capturada en San Luis Potosí por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó la detención de Adriana “N”, en San Luis Potosí, por su presunta vinculación con el caso de Ernesto “N” y el huachicol fiscal.
Fue detenida el pasado 17 de julio en la capital potosina durante un operativo federal. La Fiscalía General de la República (FGR) la identifica como accionista y representante legal de la empresa Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con operaciones en la Zona Industrial de San Luis Potosí, y la señala como presunta integrante de la estructura empresarial utilizada para importar combustibles de manera irregular.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización habría importado combustibles declarando únicamente una parte del volumen real para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante una red integrada por empresarios, agentes aduanales y representantes de diversas compañías.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México negó conceder la suspensión solicitada por la defensa de Adriana “N”, al considerar que los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por los que es investigada ameritan prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la Ley de Amparo.
La jueza fijó para el próximo 28 de julio la audiencia en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva solicitada por la defensa. Paralelamente, un juez de control federal continúa la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Adriana “N”, Ernesto “N” y los demás imputados.
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Ciudad
Guardia Civil de Pozos se capacita por nuevas reformas al Código Penal
Además de fortalecer las capacidades operativas, en la capacitación se proporcionaron herramientas para que policías orienten a la ciudadanía
Por: Redacción
Elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos participaron en una capacitación sobre las recientes reformas al Código Penal que permiten investigar de oficio este ilícito.
El director de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, informó que la capacitación fue impartida por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, quienes acudieron a las instalaciones de la Comandancia Magueyes para brindar a las y los elementos los conocimientos necesarios sobre la aplicación de las modificaciones legales y los nuevos procedimientos de actuación.
Explicó que, como parte de la estrategia impulsada por la Federación, se instruyó a los elementos a recabar la mayor cantidad de información posible para fortalecer el trabajo de los grupos de inteligencia, con el propósito de evolucionar de un modelo reactivo a uno basado en inteligencia policial, mediante la generación y análisis de datos que permitan prevenir e investigar este tipo de delitos con mayor eficacia.
Además de fortalecer las capacidades operativas de la corporación, durante la capacitación se proporcionaron herramientas para que las y los policías orienten a la ciudadanía y al sector comercial sobre las nuevas disposiciones legales, las medidas de prevención y la forma adecuada de actuar en caso de ser víctimas de una extorsión; información que será incorporada a los operativos y acciones preventivas que desarrolla la Guardia Civil Municipal como parte de las actividades para fortalecer la seguridad en Villa de Pozos.
Estado
Congreso de SLP aprueba reforma para prevenir la adicción digital en menores
La modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deberán implementar estrategias para proteger la salud mental infantil frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí para fortalecer la protección de la salud mental de menores de edad ante los efectos del uso excesivo de dispositivos digitales.
La iniciativa, presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha, establece que las autoridades estatales y municipales deberán desarrollar estrategias de prevención, detección y atención de riesgos asociados al uso intensivo de la tecnología, entre ellos la adicción digital.
Entre las acciones contempladas se encuentran campañas de concientización dirigidas a madres, padres de familia, docentes y estudiantes , así como la elaboración de protocolos que promuevan un uso equilibrado de las herramientas digitales.
En la exposición de motivos del dictamen se advierte que el uso de pantallas como herramienta para entretener o distraer a niñas y niños pequeños puede representar riesgos para su salud mental, por lo que la reforma busca incorporar este tema al marco de protección integral de los derechos de la infancia en la entidad.
Con la modificación, las autoridades educativas, de salud, seguridad pública y de protección de niñas, niños y adolescentes deberán implementar medidas orientadas a prevenir los efectos negativos derivados del uso excesivo de dispositivos digitales y promover hábitos tecnológicos saludables.
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