Estado
Ingreso mínimo vital como derecho humano, propone Betty Benavente
A nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la diputada presentó esta iniciativa
Por: Redacción
La diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó, en nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la iniciativa para adicionar el párrafo noveno al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objeto legal de incluir el mínimo vital como derecho humano en nuestra Constitución.
En la exposición de motivos, se indica que la actual crisis sanitaria ha servido para ilustrar de forma más contundente la necesidad de que las personas en mayor desventaja social cuenten con los recursos mínimos que les permitan subsistir.
Agrega que el derecho a mínimo vital cobra especial relevancia, sobre todo en los contextos como el que estamos viviendo de contingencia sanitaria, que ha significado el cese de actividades económicas y la pérdida o disminución de ingresos para millones de familias, más aún, cuando ni siquiera existe certeza de la fecha en la que se normalizará la situación.
Por ello, la adición propone que: “Atendiendo al principio de mínimo vital, el Estado y los Ayuntamientos deberán crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. El monto presupuestal que se asigne para tales efectos nunca será inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior“.
Se agrega, que el mínimo vital no debe confundirse con una prebenda asistencialista, ya que va mucho más allá. Es comprometer la acción estatal con la generación de las condiciones que permiten el desarrollo humano de las personas en su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía eléctrica, agua y servicios públicos, alimentación adecuada y seguridad social, entre otros.
“Hay quienes afirman que el mínimo vital se instrumentaliza en proveer a las personas de insumos alimentarios o materiales mínimos para que puedan acceder a la subsistencia física, lo cual desde nuestro punto de vista no es suficiente, por lo que nos pronunciamos por la otra postura, que le da al mínimo vital una proyección mucho más amplia que incluye garantizar los insumos mínimos necesarios indispensables para desarrollar una vida digna y en un contexto de progresividad en la que el mínimo vital solo es el piso base que debe asegurarse, aún en casos extraordinarios como la actual contingencia sanitaria, pero que se debe desplegar hacia el mejor escenario posible”.
Señala que en el Congreso de la Unión existen también varias iniciativas promovidas por diferentes grupos parlamentarios, con diferentes alcances y denominaciones, que en el fondo proponen, ya sea como medida de emergencia o permanente, el mínimo vital para los mexicanos, como ya lo hacen otros países como es el caso de España.
“Decir sí al mínimo vital en la Constitución de San Luis Potosí, sería una auténtica transformación jurídica, para responder de forma sensible y empática a la ingente necesidad de quienes han sido más golpeados por la pandemia, por la crisis y por la enorme desigualdad de nuestra sociedad”, indica.
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Estado
Analiza SSPCE construcción de un nuevo centro penitenciario
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría, comentó que la idea es poder albergar a mil presos en el potencial nuevo penal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que ya analizan la posibilidad de construir un nuevo centro penitenciario para cubrir la sobrepoblación que tienen en algunos penales.
El titular de la SSPCE reconoció que registran algunos excedentes de ocupación, principalmente en el Centro Penitenciario La Pila, lo que ha generado que comiencen a pensar en la creación de más instalaciones.
Añadió que, actualmente, cubren esta situación trasladando a algunos reos a penales federales, remitiendo a cerca de 400 personas en lo que va del sexenio, seleccionándolas según su comportamiento dentro de la cárcel.
Sobre la posibilidad de trasladar presos a otros penales del estado como de Valles o el de Tamazunchale, mencionó que no es lo ideal, ya que a menos que registren malas conductas, es difícil moverlos de su ciudad de residencia.
Continuando con el tema de la potencial nueva prisión, indicó que ya realizaron las evaluaciones preliminares para identificar la viabilidad del proyecto, en el cual, tienen la intención de poder albergar a hasta mil presos.
Juárez Hernández recalcó que el objetivo es poder contar con instalaciones suficientes para poder brindar atención personalizada a los internos, promoviendo los cinco ejes de reinserción social.
Finalmente, comentó que todavía no tienen una fecha definida para comenzar las obras del nuevo centro penitenciaria, pero remarcó que lo estarán abordando con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
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Estado
Violencia sigue normalizada; Semujeres refuerza cultura de denuncia
La dependencia informó que ha distribuido más de 172 mil cartillas de derechos y atiende semanalmente a cerca de 100 mujeres que buscan apoyo ante situaciones de violencia
Por: Redacción
Gloria Serrato Sánchez, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), informó que la dependencia mantiene como eje prioritario el fortalecimiento del empoderamiento económico integral de las mujeres, con el objetivo de que cuenten con ingresos estables que les permitan independencia y mejores condiciones de vida.
La funcionaria explicó que el propósito no es únicamente impulsar emprendimientos temporales, sino garantizar que las mujeres —muchas de ellas jefas de familia— tengan acceso a fuentes reales y sostenibles de ingreso.
Como parte de esta estrategia, Semujeres ha distribuido alrededor de 172 mil cartillas de derechos de las mujeres, acción que busca que niñas, jóvenes y adultas conozcan las garantías legales que las protegen e identifiquen posibles situaciones de violencia.
Serrato Sánchez señaló que uno de los principales retos es que la violencia continúa normalizada, lo que impide que muchas mujeres reconozcan que pueden estar siendo víctimas incluso de delitos. Por ello, se ha reforzado la difusión del derecho a denunciar y el acompañamiento institucional.
Actualmente, la dependencia recibe alrededor de 100 solicitudes de atención semanal, principalmente de mujeres que buscan orientación o apoyo psicológico. No obstante, aclaró que no todas presentan denuncias en su primera visita, ya que muchas requieren procesos previos de acompañamiento emocional antes de tomar esa decisión.
Para dar seguimiento a los casos, Semujeres mantiene trabajo social permanente y opera el programa Código Rosa, una línea de atención disponible las 24 horas, atendida por personal psicológico y jurídico especializado.
La funcionaria destacó que, durante enero y febrero, no se ha registrado un incremento en los índices de violencia contra las mujeres en comparación con el mismo periodo del año anterior; sin embargo, se han intensificado acciones preventivas e intervenciones directas en comunidades.
Entre ellas, mencionó recorridos casa por casa en la colonia Las Flores y en la comunidad de Pardo, en Villa de Reyes, tras registrarse feminicidios en ambas zonas, con el fin de acercar información, atención y mecanismos de denuncia a las mujeres.
Finalmente, reiteró que la prevención de la violencia es una responsabilidad compartida entre autoridades estatales y municipales, por lo que continuarán los talleres, cursos y acciones comunitarias para fortalecer la cultura de denuncia y evitar que las víctimas enfrenten solas situaciones de riesgo.
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Estado
Se acabó la novela: el Estado destinará 516 mdp a la UASLP
El monto representa casi 200 millones más de los que había aprobado en un inicio el Congreso
Por: Redacción
Parece que, por fin, el cuento de nunca acabar se acerca a su conclusión. Tras varias semanas de incertidumbre, el Gobierno del Estado dio a conocer que firmaron el Convenio Federación-Estado, mediante el cual, aportarán 516 millones de pesos para el funcionamiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El monto representa un incremento de 10 millones de pesos con respecto del entregado el año pasado, y si bien no es el aumento proporcional a la inflación que buscaba el rector Alejandro Zermeño Guerra, tampoco es la disminución que había aprobado el Congreso.
Durante el mes de diciembre, desde el Poder Legislativo se determinó que la aportación a la Universidad fuera de 320 millones de pesos, una reducción de 186 millones con respecto del que se había entregado en el ejercicio anterior.
En el mes de enero, las autoridades universitarias señalaron que no habían recibido el convenio para firmarlo, y cuando les llegó, se negaron a aceptarlo, indicando que encontraron irregularidades y que, con el presupuesto presentado, no sería suficiente para garantizar su operación.
Ya en 2025 se había tenido un problema similar, pues el Congreso únicamente aprobó 300 millones de pesos para la UASLP, generando un conflicto que duró casi todo el año, pero que acabó con el Gobierno proporcionando 206 millones más en el mes de noviembre.
Sobre esto, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), aseguró que en esta ocasión no se tendrán estos retrasos que afecten la liquidez universitaria, y que todo se cubrirá dentro del calendario establecido.
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