Estado
Ingreso mínimo vital como derecho humano, propone Betty Benavente
A nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la diputada presentó esta iniciativa
Por: Redacción
La diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó, en nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la iniciativa para adicionar el párrafo noveno al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objeto legal de incluir el mínimo vital como derecho humano en nuestra Constitución.
En la exposición de motivos, se indica que la actual crisis sanitaria ha servido para ilustrar de forma más contundente la necesidad de que las personas en mayor desventaja social cuenten con los recursos mínimos que les permitan subsistir.
Agrega que el derecho a mínimo vital cobra especial relevancia, sobre todo en los contextos como el que estamos viviendo de contingencia sanitaria, que ha significado el cese de actividades económicas y la pérdida o disminución de ingresos para millones de familias, más aún, cuando ni siquiera existe certeza de la fecha en la que se normalizará la situación.
Por ello, la adición propone que: “Atendiendo al principio de mínimo vital, el Estado y los Ayuntamientos deberán crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. El monto presupuestal que se asigne para tales efectos nunca será inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior“.
Se agrega, que el mínimo vital no debe confundirse con una prebenda asistencialista, ya que va mucho más allá. Es comprometer la acción estatal con la generación de las condiciones que permiten el desarrollo humano de las personas en su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía eléctrica, agua y servicios públicos, alimentación adecuada y seguridad social, entre otros.
“Hay quienes afirman que el mínimo vital se instrumentaliza en proveer a las personas de insumos alimentarios o materiales mínimos para que puedan acceder a la subsistencia física, lo cual desde nuestro punto de vista no es suficiente, por lo que nos pronunciamos por la otra postura, que le da al mínimo vital una proyección mucho más amplia que incluye garantizar los insumos mínimos necesarios indispensables para desarrollar una vida digna y en un contexto de progresividad en la que el mínimo vital solo es el piso base que debe asegurarse, aún en casos extraordinarios como la actual contingencia sanitaria, pero que se debe desplegar hacia el mejor escenario posible”.
Señala que en el Congreso de la Unión existen también varias iniciativas promovidas por diferentes grupos parlamentarios, con diferentes alcances y denominaciones, que en el fondo proponen, ya sea como medida de emergencia o permanente, el mínimo vital para los mexicanos, como ya lo hacen otros países como es el caso de España.
“Decir sí al mínimo vital en la Constitución de San Luis Potosí, sería una auténtica transformación jurídica, para responder de forma sensible y empática a la ingente necesidad de quienes han sido más golpeados por la pandemia, por la crisis y por la enorme desigualdad de nuestra sociedad”, indica.
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Al momento, los atletas potosinos suman 96 preseas, con resultados históricos en deportes como karate y racquetbol
Por: Redacción
San Luis Potosí mantiene una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2026, al acumular hasta el momento 96 medallas: 28 de oro, 32 de plata y 36 de bronce, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).
Entre los logros más sobresalientes, el karate potosino alcanzó por primera vez en su historia el primer lugar nacional con una cosecha de ocho medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, mientras que el ráquetbol obtuvo el segundo sitio nacional con tres preseas doradas, ocho plateadas y ocho más de bronce.
En materia individual, atletas como Paloma Palacios destacan con tres oros, una plata y dos bronces en natación, además de una presea plateada en aguas abiertas
La participación potosina continuará esta semana con disciplinas como charrería, con sede en San Luis Potosí, además de gimnasia rítmica, luchas asociadas, levantamiento de pesas, patinaje artístico y de velocidad.
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La fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, aseguró que su institución no es un ente inquisidor o sancionador
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), rechazó los señalamientos realizados por organizaciones civiles sobre una presunta persecución de la Fiscalía hacia periodistas y su derecho a la libertad de expresión, así como las acusaciones relacionadas con una supuesta falta de respeto al debido proceso en la reciente detención de tres personas por su probable responsabilidad en delitos contra la dignidad humana.
La fiscal general puntualizó que la coordinación institucional con los tres poderes del Estado no compromete la autonomía jurídica ni operativa de la FGESLP, ya que las actuaciones de la institución se sustentan en el Código de Procedimientos Penales del Estado y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Explicó que la Fiscalía encontró elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación y solicitar ante el Poder Judicial las medidas correspondientes
Finalmente, García Cázares aseguró que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales relacionados con personas dedicadas al periodismo en San Luis Potosí. Respecto a los señalamientos de presunta incomunicación de las personas detenidas, indicó que la Fiscalía actuó conforme a la ley y con respeto al debido proceso, por lo que cualquier afirmación en sentido contrario deberá ser acreditada por quien la emita.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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