Estado
Ingreso mínimo vital como derecho humano, propone Betty Benavente
A nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la diputada presentó esta iniciativa
Por: Redacción
La diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó, en nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la iniciativa para adicionar el párrafo noveno al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objeto legal de incluir el mínimo vital como derecho humano en nuestra Constitución.
En la exposición de motivos, se indica que la actual crisis sanitaria ha servido para ilustrar de forma más contundente la necesidad de que las personas en mayor desventaja social cuenten con los recursos mínimos que les permitan subsistir.
Agrega que el derecho a mínimo vital cobra especial relevancia, sobre todo en los contextos como el que estamos viviendo de contingencia sanitaria, que ha significado el cese de actividades económicas y la pérdida o disminución de ingresos para millones de familias, más aún, cuando ni siquiera existe certeza de la fecha en la que se normalizará la situación.
Por ello, la adición propone que: “Atendiendo al principio de mínimo vital, el Estado y los Ayuntamientos deberán crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. El monto presupuestal que se asigne para tales efectos nunca será inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior“.
Se agrega, que el mínimo vital no debe confundirse con una prebenda asistencialista, ya que va mucho más allá. Es comprometer la acción estatal con la generación de las condiciones que permiten el desarrollo humano de las personas en su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía eléctrica, agua y servicios públicos, alimentación adecuada y seguridad social, entre otros.
“Hay quienes afirman que el mínimo vital se instrumentaliza en proveer a las personas de insumos alimentarios o materiales mínimos para que puedan acceder a la subsistencia física, lo cual desde nuestro punto de vista no es suficiente, por lo que nos pronunciamos por la otra postura, que le da al mínimo vital una proyección mucho más amplia que incluye garantizar los insumos mínimos necesarios indispensables para desarrollar una vida digna y en un contexto de progresividad en la que el mínimo vital solo es el piso base que debe asegurarse, aún en casos extraordinarios como la actual contingencia sanitaria, pero que se debe desplegar hacia el mejor escenario posible”.
Señala que en el Congreso de la Unión existen también varias iniciativas promovidas por diferentes grupos parlamentarios, con diferentes alcances y denominaciones, que en el fondo proponen, ya sea como medida de emergencia o permanente, el mínimo vital para los mexicanos, como ya lo hacen otros países como es el caso de España.
“Decir sí al mínimo vital en la Constitución de San Luis Potosí, sería una auténtica transformación jurídica, para responder de forma sensible y empática a la ingente necesidad de quienes han sido más golpeados por la pandemia, por la crisis y por la enorme desigualdad de nuestra sociedad”, indica.
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El diputado del PAN señaló que las inconformidades en clínicas y hospitales federalizados reflejan problemas estructurales y cuestionó la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del INSABI y las dificultades del IMSS-Bienestar
Por: Redacción
El diputado Rubén Guajardo Barrera pidió atender a la brevedad las demandas del personal médico de clínicas y hospitales federalizados, cuyas inconformidades han derivado en marchas y bloqueos pacíficos en distintas partes del país.
El legislador señaló que las condiciones del sistema de salud han generado malestar entre los trabajadores del sector y consideró que las protestas reflejan problemas estructurales que requieren soluciones inmediatas
Guajardo Barrera sostuvo que las deficiencias en materia de salud no son recientes, pero afirmó que se han acentuado desde el inicio de la actual administración federal. Entre los cambios que cuestionó mencionó la desaparición del Seguro Popular
El diputado recordó que la Federación asumió la responsabilidad de la política pública de salud, mientras que los gobiernos estatales dejaron de operar hospitales y mantienen principalmente funciones relacionadas con la prevención.
Ante este escenario, consideró necesario revisar de manera integral las políticas públicas implementadas para mejorar el sector, así como conocer las condiciones actuales de los servicios médicos y las responsabilidades de las autoridades involucradas.
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La Secretaría General de Gobierno reportó avances en trámites de identidad y más de 21 mil beneficiarios de la campaña “Meses del Testamento” durante los cinco años de la actual administración
Por: Redacción
El Registro Civil de San Luis Potosí digitalizó más de 130 mil actas de nacimiento durante el último año e instaló 11 cajeros para expedir documentos certificados, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.
El funcionario presentó resultados de distintas dependencias y destacó la importancia de la política interior para mantener la estabilidad, atender las necesidades sociales y garantizar derechos. También señaló que se pidió a las y los funcionarios mantener el ritmo de trabajo durante el último año de la administración estatal y dar continuidad a los servicios públicos.
Entre los resultados expuestos, Torres Sánchez destacó la campaña “Meses del Testamento”, que desde 2024 amplió su periodo de septiembre a diciembre y ofrece descuentos preferenciales en trámites notariales. De acuerdo con el informe, el programa acumula más de 21 mil beneficiarios durante los cinco años de la actual administración.
La Secretaría General de Gobierno señaló que continuará la coordinación entre dependencias para acercar los servicios públicos a la población y atender las necesidades ciudadanas.
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El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación para atender la violencia contra el personal educativo
Por: Redacción
Cuando un estudiante agreda a un maestro o a otro trabajador de su escuela, sus madres, padres o tutores deberán participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento. Así lo establece una reforma a la Ley de Educación del Estado que el Congreso aprobó por unanimidad en sesión ordinaria.
La reforma agrega el artículo 83 Bis a la ley. Además de atender la violencia contra el personal docente, obliga a las escuelas a aplicar programas de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos.
Qué deberán hacer las escuelas
En los casos en que un estudiante cometa actos de violencia contra el personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas “con enfoque educativo y restaurativo”. Se trata de que el estudiante entienda el daño y lo repare, más que de un castigo.
Si hubo daños, las autoridades deberán promover los mecanismos legales para que se reparen, conforme a la ley.
La reforma también pide a las escuelas que tengan acciones para prevenir, detectar a tiempo y atender la violencia escolar; que capaciten de forma continua a docentes y directivos en manejo de conflictos, y que tengan protocolos claros de actuación ante agresiones contra cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular contra los maestros.
Otras reformas de la sesión
En la misma sesión, el Congreso aprobó la convocatoria para la Presea al Mérito Plan de San Luis 2026 y reformas para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin necesidad de un representante legal.
También aprobó reconocer la violencia digital contra las personas adultas mayores y definir en la ley qué es un evento deportivo masivo.
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