Estado
Ingreso mínimo vital como derecho humano, propone Betty Benavente
A nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la diputada presentó esta iniciativa
Por: Redacción
La diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó, en nombre del ciudadano José Mario de la Garza Marroquín, la iniciativa para adicionar el párrafo noveno al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objeto legal de incluir el mínimo vital como derecho humano en nuestra Constitución.
En la exposición de motivos, se indica que la actual crisis sanitaria ha servido para ilustrar de forma más contundente la necesidad de que las personas en mayor desventaja social cuenten con los recursos mínimos que les permitan subsistir.
Agrega que el derecho a mínimo vital cobra especial relevancia, sobre todo en los contextos como el que estamos viviendo de contingencia sanitaria, que ha significado el cese de actividades económicas y la pérdida o disminución de ingresos para millones de familias, más aún, cuando ni siquiera existe certeza de la fecha en la que se normalizará la situación.
Por ello, la adición propone que: “Atendiendo al principio de mínimo vital, el Estado y los Ayuntamientos deberán crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. El monto presupuestal que se asigne para tales efectos nunca será inferior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior“.
Se agrega, que el mínimo vital no debe confundirse con una prebenda asistencialista, ya que va mucho más allá. Es comprometer la acción estatal con la generación de las condiciones que permiten el desarrollo humano de las personas en su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la energía eléctrica, agua y servicios públicos, alimentación adecuada y seguridad social, entre otros.
“Hay quienes afirman que el mínimo vital se instrumentaliza en proveer a las personas de insumos alimentarios o materiales mínimos para que puedan acceder a la subsistencia física, lo cual desde nuestro punto de vista no es suficiente, por lo que nos pronunciamos por la otra postura, que le da al mínimo vital una proyección mucho más amplia que incluye garantizar los insumos mínimos necesarios indispensables para desarrollar una vida digna y en un contexto de progresividad en la que el mínimo vital solo es el piso base que debe asegurarse, aún en casos extraordinarios como la actual contingencia sanitaria, pero que se debe desplegar hacia el mejor escenario posible”.
Señala que en el Congreso de la Unión existen también varias iniciativas promovidas por diferentes grupos parlamentarios, con diferentes alcances y denominaciones, que en el fondo proponen, ya sea como medida de emergencia o permanente, el mínimo vital para los mexicanos, como ya lo hacen otros países como es el caso de España.
“Decir sí al mínimo vital en la Constitución de San Luis Potosí, sería una auténtica transformación jurídica, para responder de forma sensible y empática a la ingente necesidad de quienes han sido más golpeados por la pandemia, por la crisis y por la enorme desigualdad de nuestra sociedad”, indica.
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Estado
100 mil pesos de 27 diputados: el gesto que no apaga ninguna emergencia
La aportación ayuda pero no cubre una mínima parte de costos operativos de la corporación: Bomberos
Por: Cristian Betancourt
Un total de 27 diputados del Congreso del Estado realizaron una aportación económica de cien mil pesos para apoyar al H. Cuerpo de Bomberos como parte de un esfuerzo en conjunto para fortalecer la operación de la corporación durante el cierre de año.
Aunque el apoyo es un gesto positivo está lejos de representar una solución real para las necesidades de la corporación.
En ese contexto los cien mil pesos donados por cada uno de los 27 diputado
s (es decir tres mil 700 pesos cada uno) no alcanza para cubrir totalmente una reparación de unidad o la adquisición de equipo básico.Aún así el Cuerpo de Bomberos agradeció el gesto reiterando la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de financiamiento para garantizar que la corporación siga operando con seguridad y eficiencia.
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Estado
Villa de Pozos Destaca Interés de Visitantes
Más de siete mil turistas visitan mensualmente al municipio y se consolida como un destino gastronómico y religioso
Por: redacción
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la dirección de Turismo Municipal, reportó que más de siete mil turistas visitan el municipio cada mes, cifra que refleja el constante crecimiento del sector y el posicionamiento de la localidad como un atractivo referente turístico.
La directora de Turismo, Aurora Zamora Vázquez, detalló que la mayoría de los visitantes son extranjeros y señaló que este flujo turístico contribuye al fortalecimiento económico local y al impulso de los prestadores de servicios.
Informó que Villa de Pozos continúa consolidándose como un punto clave para el turismo religioso y gastronómico, dos de los pilares que distinguen a la localidad gracias a sus tradiciones históricas, festividades y su oferta culinaria.
La funcionaria resaltó el creciente interés de turistas y visitantes por seguir conociendo el municipio, lo que motiva al Gobierno Municipal a continuar trabajando en acciones que favorezcan el desarrollo turístico y preserven la identidad cultural de Villa de Pozos.
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Ciudad
Educación superior gratuita y de aplicación inmediata a nivel nacional
Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo
Por: Angel Bravo
El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.
Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.
La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:
La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.
El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.
El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.
A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.
Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo no ha obligado aún a las autoridades de los otros niveles de gobierno a destinar los recursos necesarios:
“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”
En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.
El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.
Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”
El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.
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