La SSPC municipal informó que los detenidos descargaban maleza, ramas y muebles de una camioneta en un terreno al norte de la capital

Por: Redacción

Tres personas que manifestaron ser trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) fueron detenidas por policías municipales, luego de que presuntamente arrojaran residuos de manera clandestina en un lote baldío al norte de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este día, cuando los agentes detectaron a los individuos depositando desechos en una zona de terracería.

Las personas portaban chalecos correspondientes a Seduvop y descargaban de una camioneta Ford F-450, modelo 2011, residuos que incluían maleza, ramas y muebles, detalló la corporación municipal.

Los tres individuos fueron detenidos ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. La SSPC indicó que se realizaban las diligencias correspondientes para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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El servicio de agua comenzará a regularizarse gradualmente conforme se recuperen los niveles y la presión en la red de distribución

Por: Redacción

Interapas reactivó el pozo Villantigua, con lo que se restablece el suministro de agua potable por red en ocho colonias de la zona de influencia, informó el organismo este sábado 10 de octubre.

Las colonias beneficiadas son Garita de Jalisco, Colinas del Parque, Residencial del Parque, Loma Dorada, Loma Verde, Viveros, Villas del Pedregal y Villantigua.

El organismo señaló que el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de agua y la presión en la red de distribución

Interapas mantendrá el monitoreo del pozo para verificar su correcto funcionamiento. Para reportes o información, las y los usuarios pueden comunicarse a Acuatel, al 444 123 64 00, o consultar las redes sociales oficiales del organismo.

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La SSPC capitalina rechazó autorizar el cierre de calles y asignar agentes para la carrera “Un Legado a la Nación”; el oficio oficial recuerda que este tipo de eventos debe tramitarse con 15 días de anticipación. 

Por: Redacción

La suspensión de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, organizada por el Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), abrió un nuevo frente político entre el Poder Legislativo y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que el Congreso responsabilizara públicamente al gobierno capitalino de impedir la realización del evento programado para este domingo 11 de octubre.

En un comunicado, el presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, informó que la competencia sería suspendida temporalmente debido a la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal para autorizar el operativo vial y el cierre de calles requerido.

El Congreso destacó que más de mil personas se en contraban inscritas para participar en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros, incluyendo niñas, niños, familias y atletas de alto rendimiento, y anunció que la carrera será reprogramada, posiblemente en el Parque Tangamanga I o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Sin embargo, el propio oficio exhibido por el Congreso ofrece un elemento que no fue incluido en su comunicado.

En el documento SSPC/DGPVM/753/X/2026, fechado el viernes 9 de octubre, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad señala que no era posible autorizar el evento ni destinar agentes al operativo debido a que ya existían servicios y dispositivos de seguridad previamente programados, entre ellos otra carrera atlética.

Además, la autoridad municipal cita expresamente el artículo 133 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de San Luis Potosí, que establece que las solicitudes para caravanas, eventos deportivos y actividades que afecten la circulación deben realizarse por escrito y con 15 días de anticipación

De acuerdo con fuentes de la SSPCM consultadas sobre el caso, la solicitud del Congreso habría sido presentada apenas unas a las 18 horas del viernes, una circunstancia que habría hecho materialmente imposible organizar cierres viales, despliegue de agentes y medidas de seguridad para una carrera de esa magnitud.

El oficio municipal no precisa la hora exacta en que fue recibida la solicitud; sin embargo, el documento sí confirma que el trámite no cumplió con el plazo de 15 días previsto en el reglamento.

Pese a ello, en su comunicado el Congreso centró el señalamiento en la “negativa” del Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos, sin mencionar el requisito reglamentario de anticipación ni explicar cuándo fue presentada formalmente la petición.

El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación política entre actores del Congreso del Estado y el gobierno de la capital, por lo que la suspensión de la carrera terminó trasladándose rápidamente del terreno deportivo al de la disputa pública.

Mientras el Congreso presenta el caso como una negativa del Ayuntamiento para facilitar la realización del evento, la documentación oficial apunta a que la solicitud habría llegado fuera de los tiempos reglamentarios, cuando la Policía Vial ya tenía comprometido su personal en otros operativos.

Por ahora, el Congreso y el INPODE anunciaron que en los próximos días darán a conocer una nueva fecha y sede para la carrera.

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