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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” .
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
Destacadas
Gallardo y Sheinbaum acuerdan instalar 400 consultorios gratuitos en San Luis Potosí
El proyecto contempla una red de atención médica en las cuatro regiones del estado para ampliar el acceso a consultas, prevención y seguimiento de enfermedades
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acordaron avanzar en la instalación de 400 consultorios médicos gratuitos en San Luis Potosí, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de los servicios de salud en los municipios y comunidades de las cuatro regiones del estado.
Durante una reunión virtual de trabajo, ambos mandatarios dieron seguimiento a la planeación del proyecto, que busca acercar consultas de primer contacto, atención preventiva, detección oportuna y seguimiento de enfermedades a la población, con prioridad en las zonas donde existe una mayor demanda de servicios médicos.
Gallardo Cardona explicó que los consultorios serán distribuidos de manera estratégica en todo el territorio potosino para fortalecer la atención médica cercana y gratuita , con un modelo que permita ampliar el acceso a servicios básicos de salud para miles de familias.
El mandatario estatal señaló que esta nueva red se complementará con el programa Clínicas Rosas, mediante el cual se ofrecen consultas, medicamentos y atención especializada sin costo, con el objetivo de consolidar un sistema de atención accesible en todo el estado.
También lee: FGR logró la detención del autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo: Sheinbaum
Acento Ajeno
Las murallas de Chapultepec | Columna de Haniel Valdés
Acento ajeno
Por: Haniel Valdés Velázquez
La ciudad de las piscinas a desnivel, los puentes verdes y las licencias gratuitas, tiene un nuevo debate público, que lo mismo puede parecer ataque político vestido de periodismo ciudadano.
Resulta que a muchos cochistas les molestan los nuevos topes de la Avenida Chapultepec, porque autos volaron sobre ellos en su primera noche. Los quejosos voladores aducen a través de reportes, que aún los topes no estaba bien señalados; lo cierto es que quien va a la velocidad permitida, no sale volando.
Por primera vez una obra vial a nivel de la calle ocupa portadas y titulares en los medios, porque para los ingenieros viales o expertos de turno la solución siempre es que el peatón suba y baje 200 escalones de horribles estructuras de hierro o que los autos sigan a 100 km/h sobre un puente o paso a desnivel.
No soy un experto en ingeniería urbana, por lo que no pretendo entrar en detalles técnicos de si está bien o mal hecho, por eso me centro en los debates que quieren forzar las páginas de Facebook que se llaman medios de prensa.
Pocas veces he visto medios cuestionar la constante construcción de estructura cochista que lejos de mejorar la movilidad, como dicen los boletines oficiales, tienden solamente a favorecer la velocidad.
¿Quién se acuerda de los peatones? ¿Quién piensa en el que quiere cruzar la calle sin tener que subirse a un gigante de hierro de más de 6 metros de altura? Antes de que lo invada un pensamiento clasista, whitexican o retrógrado y termine llamando “pobre” al que camina, tómese los 30 minutos que tarda en cada semáforo para respirar y léame con la mente un poco menos cerrada.
Las primeras quejas llegaron porque no había señalética para avisarle a los conductores que había una barda en medio de la calle, pero la mayoría de los que piden la señal con el aviso son los mismos que, a propósito, no ven las que sí están, esas que indican un máximo en la velocidad, o ser cortés con los peatones que intentan cruzar.
Señales faltan más, como una que indique para qué o quién es el carril central de Chapultepec, que en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, otras en toda la ciudad, las que avisen que la ciclovía no es para que se estacionen autos de los negocios de Carranza o Himno Nacional.
La Avenida Chapultepec tiene varias señales que indican que el límite de velocidad es de 50 km/h, algunas casi borradas -ahí te encargo, Ayuntamiento- pero en los videos que circularon de autos voladores, en ninguno de los casos, la velocidad del vehículo estaba por debajo del límite permitido .
Sí hubo un fallo grande por parte de las autoridades viales municipales que no anunciaron a tiempo el tope y no colocaron la señal hasta que ya estaba listo el muro de los tormentos.
Sigue existiendo tardanza por parte de estas mismas autoridades para repintar o rescatar las señales que no solo ahí, sino en toda la ciudad, están mal pintadas, opacas, mal colocadas o tapadas por árboles.
Los medios que compartieron videos, que criticaron al gobierno municipal, que incitaron al odio de conductores hacia peatones (como si eso no fuera pan de cada día), ¿por qué no acompañaron sus post con un “circule con cuidado”, “cumpla con lo establecido”, “respete al peatón”?
A mis colegas de los medios: falta para el 2027, no empecemos desde ya a querer caerle mejor al que todavía no saben si va a seguir en el poder, hagamos periodismo útil, no crítica en busca de likes.
Conductores: respeten al peatón. Peatones: no usen el móvil mientras cruzan las calles, ni intenten ganarle al semáforo. Ciclistas: hay solo 3 ciclovías, pero usémoslas correctamente.
Autoridades: hagan su trabajo, pero háganlo bien, y no descuiden lo que hicieron antes por centrarse solo en obras nuevas.
Gobierno estatal: la obra municipal es para que las personas se sientan más seguras entrando a un parque bajo su cuidado, para evitar accidentes en una calle, de una ciudad que también es parte del estado.
Gobierno municipal: no se apresuren por hacer cosas solo de cara a la contienda electoral, échenle ganas y háganlas bien, respeten los tiempos, informen oportunamente a los usuarios de las vialidades.
Ya aprovechando, revisen las señales de tránsito de la zona, que necesitan mantenimiento, y luego dense una vuelta por la ciudad: hay banquetas que son estacionamientos, hay ciclovías intransitables, hay peatones en riesgo porque los conductores no siguen el reglamento.
En pocas palabras, bajemos todos la velocidad… en todo, hay topes.
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SEGE da por concluido el caso Universidad Potosina, pero Fiscalía sigue
La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
.El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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