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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” .
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
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Wolf o Viking se podrían instalar en SLP. Serían “el monstruo logístico” anunciado por gobierno
La llegada de fabricantes de estufas y electrodomésticos de alta gama, harían competencia a empresas como Mabe y Daikin
Por: Jorge Saldaña
En entrevista en exclusiva, el titular de SEDECO de San Luis Potosí, Jesús Salvador González, confirmó de manera implícita que la marca Wolf de Sub-Zero o Viking del corporativo Middleby, son las empresas detrás del megaproyecto logístico anunciado por el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, al que llamó un “monstruo logístico” y que llegaría con una inversión histórica de más de mil millones de pesos.
Al ser cuestionado directamente, el funcionario no desmintió ni desestimó la llegada de dichas marcas, e incluso reveló que existen cartas compromiso ya firmadas por parte de “esos” consorcios tanto con el estado como con parques industriales de la entidad, lo que es en sí misma una declaración afirmativa.
Las cartas compromiso son los documentos que garantizan las llegada de la inversión de una, otra u ambas empresas. En contexto, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, había adelantado en varias ocasiones que la inversión que viene al estado sería superior a mil millones de pesos, que sería un “monstruo logístico”, que sería una empresa de origen norteamericano y que sería la primera instalación logística de esas firmas fuera de su país de origen.
Ambas empresas cumplen todas las “pistas” adelantadas por el mandatario y confirmadas de manera implícita por el titular de SEDECO en San Luis Potosí, Jesús Salvador González en entrevista.
– “Secretario, el gobernador Gallardo y su oficina adelantaron algunos datos sobre una inversión de mil millones de pesos de un monstruo logístico en Villa de Reyes para abril… ¿el retraso para este anuncio se debe a las exigencias de infraestructura de la marca Wolf de Sub-zero, o es que la marca Viking de Middleby está pidiendo mejores condiciones por parte del estado?
—Aunque no se le cuestionó nada sobre una posible cancelación, el secretario respondió:
“Mira, bueno, eso es un cuestionamiento muy así muy directo y yo también voy a tratar de contestarlo de la misma manera. Fíjate que no, definitivamente no hay un tema de cancelación, de que se esté postergando la inversión a (la) qué te refieres. (sic)
Este tema, bueno, pues la empresa ya ha decidido que sea aquí en San Luis Potosí. Quiero comentarte que la próxima semana me reúno con ellos en Ciudad de México, pero también que estamos apegados 100% a los protocolos que nos va marcando.”
Ambas firmas norteamericanas se dedican a la fabricación de electrodomésticos de alta gama. La apuesta más fuerte es el corporativo SubZero y su marca Wolf que se mantienen como los reyes de las estufas y refrigeradores de super lujo en los Estados Unidos.
Por su parte, Middleby Corporation, tiene también su marca Viking, es un titán de la industria instalado en Illinois. Son una empresa global y sin embargo no cuentan con un “Mega-Hub” de manufactura integrada en México.
Además, la corporación ha estado adquiriendo marcas de electrodomésticos menores y un complejo instalado en territorio potosino, cerca de la carretera 57 y con espuela de ferrocarril podrá centralizar la producción de 5 o 6 marcas distintas bajo un mismo techo logístico.
Ambas firmas entrarían a competir por un mercado que en San Luis Potosí está consolidado por industrias como Mabe, y con Daikin, de origen japonés, que si bien fabrica en México aires acondicionados, tiene también lineas de producción de electrodomésticos y línea blanca.
Sobre el anuncio oficial, el secretario González informó que luego de una reunión que tendrá en la ciudad de México con los representantes de la empresa, se podría ya contar con “una fecha exacta de anuncio”.
Advirtió, no obstante, que el calendario podría extenderse hasta el cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, previsto para el segundo semestre de 2026.
Sobre los rumores de que el retraso del anuncio se originó porque se “cayó” el proyecto o se canceló, el secretario lo descartó e invocó el antecedente de la caída del proyecto de Ford durante el primer mandato de Donald Trump como razón por la que el gobierno estatal sigue “los protocolos que nos va marcando la iniciativa privada antes de formalizar cualquier anuncio público”.
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Cascabeles, zorros y fauna silvestre invaden colonias de la capital por el calor
En lo que va del año se han atendido alrededor de 15 reportes de animales silvestres en zonas urbanas; la recomendación es llamar a emergencias y no intentar ahuyentarlos
Por: Redacción
El calor extremo de las últimas semanas está empujando a la fauna silvestre hacia las colonias urbanas de San Luis Potosí. Víboras de cascabel, alicantes, zorros y otras especies han aparecido en domicilios y zonas habitacionales, principalmente en las periferias de la capital y en colonias cercanas a zonas de monte o campo. Así lo informó César Manuel Rocha Moreno, encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
El funcionario explicó que el fenómeno tiene una lógica natural: las serpientes, al no poder soportar las altas temperaturas, buscan lugares frescos o secos, y los domicilios cercanos a zonas de vegetación se convierten en refugio. “La víbora tiende a buscar lugares secos o lugares frescos, y en colonias cercanas a zonas de monte o de campo es común que entren a los domicilios”, señaló Rocha Moreno.
En lo que va del periodo de calor, la Coordinación ha atendido alrededor de 15 reportes de avistamientos de fauna silvestre, entre los que destacan entre cinco y seis casos confirmados de víbora de cascabel , además de alicantes, culebras carreteras, culebras de agua y víboras chiruleras. El reporte más reciente incluyó también un zorro atropellado en la zona de Mezquitic. En la zona metropolitana, las especies de importancia médica a vigilar son la cascabel y el coralillo , aunque este último ha tenido pocos avistamientos reportados. En la Huasteca el panorama es más amplio, con especies como la cuatro narices y la mano de metate.
Rocha Moreno fue enfático en un punto: la población no debe intentar matar ni ahuyentar a los animales a pedradas. “Tenemos la mala costumbre de ver un animal silvestre y querer ahuyentarlo o matarlo, y ese no es el fin”, advirtió el funcionario, quien recordó que el instinto de una serpiente no es atacar, sino defenderse cuando se siente amenazada. “Si llegamos y la provocamos o la perturbamos, pues obviamente va a tender a defenderse”, explicó.
La indicación ante cualquier avistamiento es clara: llamar de inmediato a los servicios de emergencia, a bomberos o a Protección Civil, quienes cuentan con personal capacitado para el manejo, contención y reubicación del ejemplar sin causarle daño. El objetivo es preservar tanto la seguridad de la población como la integridad del animal.
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Hasta 10 exfuncionarios de Carreras podrían enfrentar nuevos procesos judiciales
Ricardo Gallardo comentó que María Manuela García Cázares ya entregó un reporte al Gobierno del Estado
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, reveló que la Fiscalía General del Estado (FGE) prepara la judicialización o presentación de entre ocho y diez casos considerados “relevantes” relacionados con presuntos delitos cometidos por exfuncionarios de la pasada administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras López.
El mandatario aseguró que recientemente recibió un reporte oficial por parte de la titular de la Fiscalía, María Manuela García Cázares, donde se le informó sobre el avance de diversas investigaciones derivadas de denuncias interpuestas por el actual gobierno estatal en distintas dependencias.
“Sí me estaba comentando hace un momento, el próximo días empezará la Fiscalía… ya nos mandó un reporte la fiscal María Manuela García Cázares”, declaró.
Gallardo Cardona explicó que, por razones jurídicas y para no afectar los procesos legales en curso, no puede revelar los nombres de las personas involucradas ni el contenido específico de las carpetas de investigación.
“No los puedo dar por consecuencia jurídica, pero nos mandó un reporte donde va a tener de ocho a 10 casos relevantes que estará sacando en los próximos 30 días”, afirmó.
El gobernador subrayó que esta es la información oficial que hasta el momento tiene el Gobierno del Estado y señaló que será la propia Fiscalía quien dé a conocer públicamente los avances y detalles de cada expediente conforme avancen los procedimientos legales.
“Hay que esperar quiénes son esos ocho o 10 casos relevantes”, añadió.
Las investigaciones forman parte de una serie de denuncias presentadas por la actual administración estatal relacionadas con presuntas irregularidades financieras, administrativas y posibles actos de corrupción detectados en diversas áreas del gobierno anterior.
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