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Impungan a nivel federal, elección de Contraloría Interna de la ASE
Buscan la reposición del proceso debido a irregularidades
Por: Redacción
“Por incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico del presidente de la Comisión de Vigilancia, José Antonio Zapata Méraz”, Carlos Castillo Rodríguez, interpuso un juicio de amparo ante autoridades federales para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El contendiente al cargo aseguró que muchos aspectos del proceso resultan cuestionables, dado que considera, no se atendieron los términos de la propia convocatoria emitida por el Poder Legislativo: “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.
Consideró que la pandemia por covid-19 fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad de entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención; “como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el Super Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como Enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.
“Hay otros conceptos igualmente violatorios e ilegales, por eso se solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, radicándose el Juicio de Amparo 395/2020 en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, notificando y requiriendo en días pasados al Congreso del Estado por el informe con justificación establecido por la Ley de la Materia, para así determinar próximamente la fecha y hora de la audiencia constitucional dentro del Juicio de Amparo referido, contexto en donde se determinará la ilegalidad en el proceso de elección hoy cuestionado”.
De entre las irregularidades cometidas por José Antonio Zapata Meraz, destacó que en ningún momento propuso o solicitó al interior de la Comisión de Vigilancia que preside, un método de valoración y evaluación de la información acompañada a las constancias documentales que justificaran el currículum vitae de cada participante, e igualmente no existió ejercicio de comparativos técnicos de los participantes, “y menos de su experiencia comprobada en materia gubernamental y de control, relegando a sus asesores, la tarea de proporcionarles la lista de elegibles, por lo que no se tomó en consideración los mínimos requisitos formales establecidos y mucho menos lo previsto por la Ley de Responsabilidades, la Ley de Fiscalización, y el Manual de Organización de la propia ASE al mando de la cada vez más cuestionada Rocío Cervantes”.
Recordó que un titular de Órgano de Control o Contraloría interna, no debe guardar lazos partidistas, para evitar la intervención de sus intereses personales en el ejercicio de su encargo, lo que genera un evidente e innegable conflicto de interés “¿acaso la Contralora Morenista de la ASE, sancionará servidores de su misma filiación partidista?, ¿tendrá por encargo frenar a personas contrarias a su ideología política?” .
Para Carlos Castillo, se confirma que José Antonio Zapata Meraz no evaluó integralmente el perfil y el debido sustento de cada uno de los participantes inscritos en el proceso, para que en justicia y con bases sólidas se determinara quiénes deberían de integrar la lista de elegibles, lo que adicionalmente, acredita que desconoce el marco jurídico aplicable al interior de la ASE.
“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”.
Se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años, extremo que la protegida del diputado panista y del bloque de Morenistas si acredita, aseveró.
“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque, y ahí, tanto Zapata Meraz como la Gabinista, mintieron sobre dicha declaratoria “bajo protesta”, una por declarar falsamente, y él por aceptar dicha declaración como válida”.
Finalmente, dijo que previo a la votación, al menos cuatro diputados en tribuna, reclamaron el trabajo mal realizado en la Comisión de Vigilancia: “el proceso fue una mera simulación dado que ya existía una designación que únicamente formalizarían en el acto, la pregunta es: ¿a costa de qué?”.
Destacadas
La justicia le falló a Lupita: su asesino camina libre tras 13 años
Fue liberado sin medidas de alejamiento ni plan de reinserción, pese a las amenazas hacia la familia de la víctima
Por: Redacción
A trece años del feminicidio de Lupita Viramontes, una adolescente de 15 años asesinada en Soledad de Graciano Sánchez, el reclamo por justicia sigue vigente. Su asesino, Guillermo “N”, también menor de edad al momento de los hechos, fue liberado el 10 de octubre de 2024 tras una polémica resolución judicial que redujo su condena de 18 a solo 3 años. De ese periodo, únicamente cumplirá un año, siete meses y siete días en prisión, pese a haber huido de la justicia durante más de una década.
El feminicidio ocurrió el 29 de junio de 2012. Lupita fue secuestrada y asesinada por Guillermo “N”, de entonces 15 años, y Raúl “N”, de 18, identificado como el autor intelectual del crimen. A ellos se sumaron César y Juan Carlos, quienes extorsionaron a la familia de la víctima exigiendo dinero a cambio de supu esta información.
Raúl fue condenado a 37 años de prisión y Guillermo a 18, pero este último permaneció prófugo hasta su captura en febrero de 2024. En marzo, ya en custodia, solicitó la revisión de su sentencia ante el Juzgado Especializado en Adolescentes y Ejecución de Medidas del Sistema Tradicional, el cual aceptó disminuir su condena. Posteriormente, un juzgado le concedió la libertad anticipada a cambio de trabajo comunitario, sin imponer medidas de alejamiento ni exigir un plan de reinserción.
La familia de Lupita, junto con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), apelaron esta resolución. Sin embargo, la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la liberación bajo el argumento del efecto retroactivo de una nueva ley.
Ante esto, el 9 de enero de 2025 se promovió un juicio de amparo que aún no ha sido resuelto. Mientras tanto, el feminicida se encuentra en libertad, sin restricciones, y la familia de Lupita continúa expuesta a actos de intimidación y violencia por parte de su agresor y entorno.
A través de un comunicado difundido el día de hoy, los familiares de Lupita exigen:
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Que se tomen en cuenta los 10 años que Guillermo “N” permaneció prófugo y que durante ese periodo intimidó a la familia.
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Que se dicten medidas de protección efectivas para evitar nuevos actos de violencia.
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Que se respete la Alerta de Violencia de Género activa en Soledad de Graciano Sánchez, la cual busca garantizar justicia y seguridad a mujeres y niñas.
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Que el Estado reconozca que decisiones como esta envían un mensaje de permisividad frente al feminicidio.
El caso de Lupita es una herida abierta que expone las grietas del sistema de justicia en San Luis Potosí. A pesar del dolor y las amenazas, su familia continúa firme en su lucha.
“La impunidad persiste, pero no dejaremos de exigir justicia”, concluyen en su comunicado.
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Ayuntamiento de SLP
Adiós a los antros de Himalaya; podrían ser reubicados en agosto
El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que los cuatro centros nocturnos más grandes podrían moverse; “trabajamos con empresarios en una nueva zona”, adelantó
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, anunció que han mantenido cercanía con empresarios de antros ubicados en la avenida Cordillera Himalaya, para trabajar en una propuesta de reubicación de dichos establecimientos.
El alcalde capitalino adelantó que cuatro de los centros nocturnos más grandes de la zona podrían trasladarse a una nueva zona dedicada exclusivamente a bares y antros. Para ello, han entrado en contacto con los empresarios y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital.
“Tenemos seis meses platicando con ellos y posiblemente en agosto sea la fecha en que los cuatro antros más grandes de ahí se muevan de la avenida Himalaya . Estamos también trabajando con ellos una nueva zona donde no molesten a los vecinos, que se vuelva una zona de antros, que la puede haber, y es cuando uno planea a la ciudad”, mencionó.
Galindo Ceballos remarcó que esta decisión podría efectuarse en beneficio de los vecinos de esta zona y con la finalidad de regresar el carácter familiar a esta vialidad. Así mismo, agregó que esta propuesta es una oportunidad de la ciudad para desarrollar un polo de esparcimiento en una zona específica de la ciudad.
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Destacadas
Conductor de transporte público ebrio arrolla a director de Seguridad de capital
El hecho se registró en la glorieta Real Inn, donde Juan Antonio Villa coordinaba el tránsito vehicular tras las lluvias
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informa que, durante un operativo de control vial por la lluvia registrada la tarde-noche del lunes, el titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, fue atropellado por un vehículo de transporte público en la glorieta de la salida a Guadalajara, resultando con lesiones no graves.
El incidente ocurrió mientras el Comisario coordinaba el tránsito en la glorieta Real Inn ante la alta carga vehicular. El conductor de la unidad de transporte público hizo caso omiso a las indicaciones y lo impactó de frente
. En la certificación médica se detectó estado de ebriedad en el conductor, por lo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.El Comisario Villa Gutiérrez continúa en recuperación y mantiene seguimiento a temas operativos desde su convalecencia.
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