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Hubo 2 recomendaciones a Salud por muerte de bebés en hospitales de SLP
La CEDH dio a conocer que en 2 casos de embarazos atendidos en el Hospital General de Ciudad Valles, los bebés fallecieron debido a la mala atención por parte del personal
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió las Recomendaciones 25/2019 y 26/2019, dirigidas a la Secretaría de Salud por la inadecuada atención medica en los centros de salud de los municipios de Ciudad Valles y Xilitla.
En el caso de Ciudad Valles, la CEDH inició una investigación luego de que una mujer acudiera a este organismo autónomo y denunciara que, con motivo de su primer embarazo y al tener síntomas inherentes a trabajo de parto, acudió al Hospital Básico Comunitario en el municipio de Tamuín, donde le indicaron que se debía trasladar al Hospital General de Ciudad Valles para ser atendida, debido a que requería que su parto fuera por cesárea; sin embargo, al arribar a este Centro de Salud fue valorada por una médica del “Módulo Mater” quien le indicó que no presentaba dilatación, pero su parto sería natural.
Al presentar malestares constantes, la mujer tuvo que esperar más de 30 horas desde su primer contacto médico para ser atendida, lo que dio como resultado que la recién nacida presentara asfixia perinatal, lo que derivó en su deceso 48 horas después de su nacimiento a causa de insuficiencia respiratoria y síndrome de aspiración meconial y sufrimiento fetal agudo.
En cuanto a la recomendación 26/2019, la CEDH inició una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de una mujer que también recibió una deficiente atención médica en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla y en el Hospital General de Ciudad Valles, con motivo su embarazo de 8 meses de gestación que culminó en muerte prenatal por desprendimiento prematuro de placenta.
El esposo de la víctima dijo que acudió con la mujer al Hospital Básico Comunitario de Xilitla, toda vez se le había “roto la fuente”; sin embargo, no fue atendida por 48 horas y finalmente fue trasladada al Hospital General de Ciudad Valles, donde se le informó que el bebé nació sin vida porque hubo un desprendimiento en la placenta, y que esto se derivó por la demora en el traslado para ser atendida.
La CEDH señaló que en ambos casos se contó con la colaboración del Colegio de la Profesión Médica quien en sus opiniones determino que hubo deficiencia en la atención a las pacientes.
Al respecto, la CEDH hizo las recomendaciones a la Dirección General de Servicios de Salud del Estado, bajo los siguientes puntos:
1.- Garantizar a los padres de los infantes fallecidos el acceso a la Reparación del Daño, la autoridad en colaboración con la CEDH deberá inscribirlos como víctimas al Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, con el fin de que se les otorgue atención psicológica especializada, y en su caso, tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del daño.
2.- Sobre el caso de la Recomendación 25/2019, se giren instrucciones para que se colabore de manera activa con la Agencia del Ministerio Público con el fin de que se integre y se resuelva debidamente la Carpeta de Investigación iniciada por las víctimas contra personal de Servicios de Salud, enviando las constancias que acrediten su cumplimiento a la CEDH.
3.- Se giren instrucciones a efecto de que, en el Hospital General de Ciudad Valles, se cuente con suficiente personal especializado en ginecología para la atención y seguimiento oportuno de atención del embarazo, parto y puerperio, con conocimiento específico en el protocolo de manejo de inducción de trabajo de parto así como que en el Hospital Básico Comunitario de Xilitla se cuente con el material e insumos necesarios para la práctica de estudios que corresponden a ese nivel de atención médica.
4.- Se giren instrucciones para que la Contraloría Interna de Servicios de Salud investigue y de pronta resolución de los Procedimientos Administrativos que se iniciaron para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir los servidores públicos.
5.- Se imparta a los servidores públicos del Hospital General de Ciudad Valles y del Hospital Básico Comunitario de Xilitla, una capacitación en materia de Derechos Humanos y sus implicaciones en la protección a la salud, enfatizando el conocimiento, manejo y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas NOM007-SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida y NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, así como de la Guía de Práctica Clínica No. 446 Diagnóstico y Tratamiento de la ruptura prematura de membranas en pretérmino y envíe a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.
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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso .
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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