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Homicidios en México han arrebatado 17 millones de años de vida desde 1990
Un estudio del Inegi demuestra que entre 1992 y 2007, la tasa de asesinatos mantenía bajas constantes; después, con la guerra contra el narco, volvió a crecer
Por: El Saxofón
Los homicidios en México han significado una pérdida total estimada de 17 millones 676 mil 009 años de vida durante el periodo comprendido entre 1990-2017. Medido a través de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) por homicidios, se estima que tan solo en la última década se perdieron 8 millones 938 mil 430 años, lo que representó un promedio de 40.2 años de vida perdidos por cada víctima de asesinato.
Lo anterior está considerado en el estudio “Patrones y tendencias de los Homicidios en México”, publicado por el Inegi recientemente.
El estudio reviste especial importancia debido al contexto de violencia que sufre el país en la última década y aporta datos muy interesantes sobre esta problemática.
El Inegi destaca que “en resumen, aunado al sufrimiento psicológico y social que el homicidio causa, estos datos evidencian los posibles impactos de corto, mediano y largo plazo que tienen las muertes prematuras de adultos en diversas variables económicas (ingreso, productividad, ahorro, logro educativo, etcétera).
“Por lo tanto, las intervenciones para controlar y prevenir los homicidios tienen efectos que van más allá de atender el problema de violencia e inseguridad, ya que de su éxito dependen las condiciones de desarrollo y bienestar de generaciones futuras”.
El reporte constata que “Durante la última década, en México se registraron 233 mil 219 víctimas de homicidio, cifra 2.5% superior a las 227 mil 434 víctimas registradas de 1990 a 2007. Dicho de otro modo, en tan solo 10 años sucedieron 50.6% de las víctimas documentadas en casi tres décadas, de 1990 a 2017″.
El estudio comprueba que la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes durante el periodo de 1990 a 2017 muestra dos tendencias: la primera se observa entre 1992 y 2007 que se caracterizó por una disminución sostenida y paulatina de la tasa. Fue en este periodo cuando se tuvo la tasa más baja registrada de ocho víctimas de homicidio por cada cien mil habitantes (en el año 2007).
La segunda tendencia comenzó al año siguiente con un aumento abrupto en el número de homicidios que duró hasta 2011, cuando se alcanzó un primer máximo con 23.5 víctimas por cada cien mil habitantes.
Destaca que hubo “un descenso significativo entre 2012 y 2014”, pero “a partir de 2015 se registró un crecimiento pronunciado de los homicidios en el país, alcanzando un nuevo máximo en 2017, con 26.0 homicidios por cada cien mil habitantes”.
Concretamente, en 2017 “se registraron 32 mil 79 víctimas de homicidios, equivalentes a 88 víctimas de homicidio por día, con lo que en el trienio de 2015 a 2017”, -durante la segunda mitad del sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto- “se observa el mayor registro de víctimas de homicidio en la historia reciente del país”, destaca el Inegi.
¿Quiénes son las víctimas de homicidio?
Según el reporte, “los hombres están en mayor riesgo de ser víctimas de homicidio que las mujeres”, por cada 10 hombres víctimas de homicidio hay una mujer que pierde la vida por esta causa.
Desde 1990, más de la mitad de los hombres víctimas de homicidio en el país, tenían entre 18 y 35 años; a partir de 2010 también más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio estaban en este grupo de edad.
Lo anterior, destaca el Inegi, coloca al homicidio como la principal causa de muerte de jóvenes en el país.
“Con alrededor de 5 mil 702 muertes anuales de hombres y 629 muertes de mujeres, la población de 15 a 29 años es particularmente vulnerable a la violencia homicida. Este grupo de edad concentró en promedio 37.1 por ciento del total de homicidios cometidos en la población, cifra superior en 33.7 puntos porcentuales a la proporción de muertes totales por otras causas en este grupo de edad”, resalta el estudio.
Otros datos interesantes son que siete de cada diez víctimas de homicidio tenían apenas escolaridad básica (primaria y secundaria) y solo el 6.9 por ciento contaba con estudios superiores, sin embargo en los últimos años, aumentó el número de víctimas de homicidio que contaban con escolaridad media superior y superior, y en 2016 alcanzó el 26.4 por ciento del total de víctimas de asesinato.
Cabe destacar también, que según el estudio, 9 de cada 10 hombres y 4 de cada diez mujeres asesinadas, realizaban alguna actividad laboral antes de su deceso.
Sin embargo, en el caso de los hombres, las víctimas que trabajaban decreció de 93.7 por ciento en 1992 a 89.4 por ciento en 2012.
En el caso de las mujeres, las víctimas de homicidio que laboraban aumentó de 35.2 por ciento en 1990 a 45.2 por ciento en 2012.
Cómo se cometen los homicidios
La agresión con arma de fuego es el método más frecuente para asesinar personas en el país. Se calcula que siete de cada 10 víctimas hombres fueron atacadas a balazos.
En contraste, cinco de cada diez mujeres asesinadas fueron muertas por disparos.
“El grupo más afectado por este tipo de agresión fue la población de 18 a 29 años, ya que en promedio 72.3% de los hombres y 51.5% de las mujeres víctimas en esas edades fallecieron por disparo con arma de fuego”.
En el caso de las mujeres también resalta que al menos una de cada cinco víctimas de asesinato fueron muertas por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. También una de cada cinco fue víctima de heridas punzocortantes.
“Estos resultados sugieren que, si los medios que causan los homicidios de hombres y mujeres son distintos, entonces las motivaciones y dinámicas por la que ocurren estas defunciones también podrían ser diferentes”, explica el estudio.
“Adicionalmente, en el caso de niños, niñas y adolescentes, resalta que uno de los principales medios de homicidio contra estos fue la agresión por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. En promedio, este tipo de agresión representó 12.4 por ciento de los homicidios de niños y 30.9 por ciento de niñas de entre 0 y 17 años; incluso del año 1990 a 2009 fue la principal causa de homicidio de niñas menores de 11 años”.
Morir en domingo
La incidencia de homicidios en México “tiende a incrementarse los fines de semana, principalmente los días domingo. Por ejemplo, en 2017, 17.2 por ciento de los homicidios fueron cometidos en domingo y 15.5 por ciento los días sábado
En cuanto a la hora de ocurrencia, los datos revelan que 61.4 por ciento de los homicidios registrados en el último año se cometieron entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, observándose un patrón similar para ambos sexos. Estas tendencias se mantuvieron sin cambios importantes durante el periodo de análisis.
Homicidios se desplazan a las ciudades
Los hombres suelen ser asesinados en la calle, las mujeres en el hogar o en viviendas particulares. Según el estudio, más del 60 por ciento de los homicidios de los hombres ocurrió en la vía pública y el 15 por ciento en hogares o viviendas particulares.
En contraste el 40 por ciento de las mujeres tuvo lugar en el hogar o en una vivienda particular.
“El análisis también reveló que, en promedio, 18.3 por ciento de los homicidios de hombres y 53.6 por ciento de homicidios de mujeres ocurridos en la vivienda fueron perpetrados con objeto punzocortante, proporción mayor a los homicidios cometidos con este medio en otros espacios”.
Cabe destacar que según el estudio, más del 70 por ciento de los homicidios ocurrieron en zonas urbanas, particularmente en municipios que tienen 100 mil habitantes o más, mientras que en los municipios rurales, con menos de 2 mil 500 habitantes, ocurrieron menos de 1 mil de los homicidios registrados en el país.
El estudio subraya que “Los resultados muestran que en los últimos años los homicidios se han desplazado hacia zonas urbanas, que son también las de menor rezago social en términos de carencias de servicios de salud, educación y vivienda”.
El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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