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Homicidios en México han arrebatado 17 millones de años de vida desde 1990
Un estudio del Inegi demuestra que entre 1992 y 2007, la tasa de asesinatos mantenía bajas constantes; después, con la guerra contra el narco, volvió a crecer
Por: El Saxofón
Los homicidios en México han significado una pérdida total estimada de 17 millones 676 mil 009 años de vida durante el periodo comprendido entre 1990-2017. Medido a través de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) por homicidios, se estima que tan solo en la última década se perdieron 8 millones 938 mil 430 años, lo que representó un promedio de 40.2 años de vida perdidos por cada víctima de asesinato.
Lo anterior está considerado en el estudio “Patrones y tendencias de los Homicidios en México”, publicado por el Inegi recientemente.
El estudio reviste especial importancia debido al contexto de violencia que sufre el país en la última década y aporta datos muy interesantes sobre esta problemática.
El Inegi destaca que “en resumen, aunado al sufrimiento psicológico y social que el homicidio causa, estos datos evidencian los posibles impactos de corto, mediano y largo plazo que tienen las muertes prematuras de adultos en diversas variables económicas (ingreso, productividad, ahorro, logro educativo, etcétera).
“Por lo tanto, las intervenciones para controlar y prevenir los homicidios tienen efectos que van más allá de atender el problema de violencia e inseguridad, ya que de su éxito dependen las condiciones de desarrollo y bienestar de generaciones futuras”.
El reporte constata que “Durante la última década, en México se registraron 233 mil 219 víctimas de homicidio, cifra 2.5% superior a las 227 mil 434 víctimas registradas de 1990 a 2007. Dicho de otro modo, en tan solo 10 años sucedieron 50.6% de las víctimas documentadas en casi tres décadas, de 1990 a 2017″.
El estudio comprueba que la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes durante el periodo de 1990 a 2017 muestra dos tendencias: la primera se observa entre 1992 y 2007 que se caracterizó por una disminución sostenida y paulatina de la tasa. Fue en este periodo cuando se tuvo la tasa más baja registrada de ocho víctimas de homicidio por cada cien mil habitantes (en el año 2007).
La segunda tendencia comenzó al año siguiente con un aumento abrupto en el número de homicidios que duró hasta 2011, cuando se alcanzó un primer máximo con 23.5 víctimas por cada cien mil habitantes.
Destaca que hubo “un descenso significativo entre 2012 y 2014”, pero “a partir de 2015 se registró un crecimiento pronunciado de los homicidios en el país, alcanzando un nuevo máximo en 2017, con 26.0 homicidios por cada cien mil habitantes”.
Concretamente, en 2017 “se registraron 32 mil 79 víctimas de homicidios, equivalentes a 88 víctimas de homicidio por día, con lo que en el trienio de 2015 a 2017”, -durante la segunda mitad del sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto- “se observa el mayor registro de víctimas de homicidio en la historia reciente del país”, destaca el Inegi.
¿Quiénes son las víctimas de homicidio?
Según el reporte, “los hombres están en mayor riesgo de ser víctimas de homicidio que las mujeres”, por cada 10 hombres víctimas de homicidio hay una mujer que pierde la vida por esta causa.
Desde 1990, más de la mitad de los hombres víctimas de homicidio en el país, tenían entre 18 y 35 años; a partir de 2010 también más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio estaban en este grupo de edad.
Lo anterior, destaca el Inegi, coloca al homicidio como la principal causa de muerte de jóvenes en el país.
“Con alrededor de 5 mil 702 muertes anuales de hombres y 629 muertes de mujeres, la población de 15 a 29 años es particularmente vulnerable a la violencia homicida. Este grupo de edad concentró en promedio 37.1 por ciento del total de homicidios cometidos en la población, cifra superior en 33.7 puntos porcentuales a la proporción de muertes totales por otras causas en este grupo de edad”, resalta el estudio.
Otros datos interesantes son que siete de cada diez víctimas de homicidio tenían apenas escolaridad básica (primaria y secundaria) y solo el 6.9 por ciento contaba con estudios superiores, sin embargo en los últimos años, aumentó el número de víctimas de homicidio que contaban con escolaridad media superior y superior, y en 2016 alcanzó el 26.4 por ciento del total de víctimas de asesinato.
Cabe destacar también, que según el estudio, 9 de cada 10 hombres y 4 de cada diez mujeres asesinadas, realizaban alguna actividad laboral antes de su deceso.
Sin embargo, en el caso de los hombres, las víctimas que trabajaban decreció de 93.7 por ciento en 1992 a 89.4 por ciento en 2012.
En el caso de las mujeres, las víctimas de homicidio que laboraban aumentó de 35.2 por ciento en 1990 a 45.2 por ciento en 2012.
Cómo se cometen los homicidios
La agresión con arma de fuego es el método más frecuente para asesinar personas en el país. Se calcula que siete de cada 10 víctimas hombres fueron atacadas a balazos.
En contraste, cinco de cada diez mujeres asesinadas fueron muertas por disparos.
“El grupo más afectado por este tipo de agresión fue la población de 18 a 29 años, ya que en promedio 72.3% de los hombres y 51.5% de las mujeres víctimas en esas edades fallecieron por disparo con arma de fuego”.
En el caso de las mujeres también resalta que al menos una de cada cinco víctimas de asesinato fueron muertas por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. También una de cada cinco fue víctima de heridas punzocortantes.
“Estos resultados sugieren que, si los medios que causan los homicidios de hombres y mujeres son distintos, entonces las motivaciones y dinámicas por la que ocurren estas defunciones también podrían ser diferentes”, explica el estudio.
“Adicionalmente, en el caso de niños, niñas y adolescentes, resalta que uno de los principales medios de homicidio contra estos fue la agresión por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. En promedio, este tipo de agresión representó 12.4 por ciento de los homicidios de niños y 30.9 por ciento de niñas de entre 0 y 17 años; incluso del año 1990 a 2009 fue la principal causa de homicidio de niñas menores de 11 años”.
Morir en domingo
La incidencia de homicidios en México “tiende a incrementarse los fines de semana, principalmente los días domingo. Por ejemplo, en 2017, 17.2 por ciento de los homicidios fueron cometidos en domingo y 15.5 por ciento los días sábado
En cuanto a la hora de ocurrencia, los datos revelan que 61.4 por ciento de los homicidios registrados en el último año se cometieron entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, observándose un patrón similar para ambos sexos. Estas tendencias se mantuvieron sin cambios importantes durante el periodo de análisis.
Homicidios se desplazan a las ciudades
Los hombres suelen ser asesinados en la calle, las mujeres en el hogar o en viviendas particulares. Según el estudio, más del 60 por ciento de los homicidios de los hombres ocurrió en la vía pública y el 15 por ciento en hogares o viviendas particulares.
En contraste el 40 por ciento de las mujeres tuvo lugar en el hogar o en una vivienda particular.
“El análisis también reveló que, en promedio, 18.3 por ciento de los homicidios de hombres y 53.6 por ciento de homicidios de mujeres ocurridos en la vivienda fueron perpetrados con objeto punzocortante, proporción mayor a los homicidios cometidos con este medio en otros espacios”.
Cabe destacar que según el estudio, más del 70 por ciento de los homicidios ocurrieron en zonas urbanas, particularmente en municipios que tienen 100 mil habitantes o más, mientras que en los municipios rurales, con menos de 2 mil 500 habitantes, ocurrieron menos de 1 mil de los homicidios registrados en el país.
El estudio subraya que “Los resultados muestran que en los últimos años los homicidios se han desplazado hacia zonas urbanas, que son también las de menor rezago social en términos de carencias de servicios de salud, educación y vivienda”.
Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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