noviembre 19, 2026

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Homicidios en México han arrebatado 17 millones de años de vida desde 1990

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Un estudio del Inegi demuestra que entre 1992 y 2007, la tasa de asesinatos mantenía bajas constantes; después, con la guerra contra el narco, volvió a crecer

Por: El Saxofón

Los homicidios en México han significado una pérdida total estimada de 17 millones 676 mil 009 años de vida durante el periodo comprendido entre 1990-2017. Medido a través de los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) por homicidios, se estima que tan solo en la última década se perdieron 8 millones 938 mil 430 años, lo que representó un promedio de 40.2 años de vida perdidos por cada víctima de asesinato.

Lo anterior está considerado en el estudio “Patrones y tendencias de los Homicidios en México”, publicado por el Inegi recientemente.

El estudio reviste especial importancia debido al contexto de violencia que sufre el país en la última década y aporta datos muy interesantes sobre esta problemática.

El Inegi destaca que “en resumen, aunado al sufrimiento psicológico y social que el homicidio causa, estos datos evidencian los posibles impactos de corto, mediano y largo plazo que tienen las muertes prematuras de adultos en diversas variables económicas (ingreso, productividad, ahorro, logro educativo, etcétera).

“Por lo tanto, las intervenciones para controlar y prevenir los homicidios tienen efectos que van más allá de atender el problema de violencia e inseguridad, ya que de su éxito dependen las condiciones de desarrollo y bienestar de generaciones futuras”.

El reporte constata que “Durante la última década, en México se registraron 233 mil 219 víctimas de homicidio, cifra 2.5% superior a las 227 mil 434 víctimas registradas de 1990 a 2007. Dicho de otro modo, en tan solo 10 años sucedieron 50.6% de las víctimas documentadas en casi tres décadas, de 1990 a 2017″.

El estudio comprueba que la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes durante el periodo de 1990 a 2017 muestra dos tendencias: la primera se observa entre 1992 y 2007 que se caracterizó por una disminución sostenida y paulatina de la tasa. Fue en este periodo cuando se tuvo la tasa más baja registrada de ocho víctimas de homicidio por cada cien mil habitantes (en el año 2007).

La segunda tendencia comenzó al año siguiente con un aumento abrupto en el número de homicidios que duró hasta 2011, cuando se alcanzó un primer máximo con 23.5 víctimas por cada cien mil habitantes.

Destaca que hubo “un descenso significativo entre 2012 y 2014”, pero “a partir de 2015 se registró un crecimiento pronunciado de los homicidios en el país, alcanzando un nuevo máximo en 2017, con 26.0 homicidios por cada cien mil habitantes”.

Concretamente, en 2017 “se registraron 32 mil 79 víctimas de homicidios, equivalentes a 88 víctimas de homicidio por día, con lo que en el trienio de 2015 a 2017”, -durante la segunda mitad del sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto- “se observa el mayor registro de víctimas de homicidio en la historia reciente del país”, destaca el Inegi.

¿Quiénes son las víctimas de homicidio?

Según el reporte, “los hombres están en mayor riesgo de ser víctimas de homicidio que las mujeres”, por cada 10 hombres víctimas de homicidio hay una mujer que pierde la vida por esta causa.

Desde 1990, más de la mitad de los hombres víctimas de homicidio en el país, tenían entre 18 y 35 años; a partir de 2010 también más de la mitad de las mujeres víctimas de homicidio estaban en este grupo de edad.

Lo anterior, destaca el Inegi, coloca al homicidio como la principal causa de muerte de jóvenes en el país.

“Con alrededor de 5 mil 702 muertes anuales de hombres y 629 muertes de mujeres, la población de 15 a 29 años es particularmente vulnerable a la violencia homicida. Este grupo de edad concentró en promedio 37.1 por ciento del total de homicidios cometidos en la población, cifra superior en 33.7 puntos porcentuales a la proporción de muertes totales por otras causas en este grupo de edad”, resalta el estudio.

Otros datos interesantes son que siete de cada diez víctimas de homicidio tenían apenas escolaridad básica (primaria y secundaria) y solo el 6.9 por ciento contaba con estudios superiores, sin embargo en los últimos años, aumentó el número de víctimas de homicidio que contaban con escolaridad media superior y superior, y en 2016 alcanzó el 26.4 por ciento del total de víctimas de asesinato.

Cabe destacar también, que según el estudio, 9 de cada 10 hombres y 4 de cada diez mujeres asesinadas, realizaban alguna actividad laboral antes de su deceso.

Sin embargo, en el caso de los hombres, las víctimas que trabajaban decreció de 93.7 por ciento en 1992 a 89.4 por ciento en 2012.

En el caso de las mujeres, las víctimas de homicidio que laboraban aumentó de 35.2 por ciento en 1990 a 45.2 por ciento en 2012.

Cómo se cometen los homicidios

La agresión con arma de fuego es el método más frecuente para asesinar personas en el país. Se calcula que siete de cada 10 víctimas hombres fueron atacadas a balazos.

En contraste, cinco de cada diez mujeres asesinadas fueron muertas por disparos.

“El grupo más afectado por este tipo de agresión fue la población de 18 a 29 años, ya que en promedio 72.3% de los hombres y 51.5% de las mujeres víctimas en esas edades fallecieron por disparo con arma de fuego”.

En el caso de las mujeres también resalta que al menos una de cada cinco víctimas de asesinato fueron muertas por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. También una de cada cinco fue víctima de heridas punzocortantes.

“Estos resultados sugieren que, si los medios que causan los homicidios de hombres y mujeres son distintos, entonces las motivaciones y dinámicas por la que ocurren estas defunciones también podrían ser diferentes”, explica el estudio.

“Adicionalmente, en el caso de niños, niñas y adolescentes, resalta que uno de los principales medios de homicidio contra estos fue la agresión por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. En promedio, este tipo de agresión representó 12.4 por ciento de los homicidios de niños y 30.9 por ciento de niñas de entre 0 y 17 años; incluso del año 1990 a 2009 fue la principal causa de homicidio de niñas menores de 11 años”.

Morir en domingo

La incidencia de homicidios en México “tiende a incrementarse los fines de semana, principalmente los días domingo. Por ejemplo, en 2017, 17.2 por ciento de los homicidios fueron cometidos en domingo y 15.5 por ciento los días sábado

En cuanto a la hora de ocurrencia, los datos revelan que 61.4 por ciento de los homicidios registrados en el último año se cometieron entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, observándose un patrón similar para ambos sexos. Estas tendencias se mantuvieron sin cambios importantes durante el periodo de análisis.

Homicidios se desplazan a las ciudades

Los hombres suelen ser asesinados en la calle, las mujeres en el hogar o en viviendas particulares. Según el estudio, más del 60 por ciento de los homicidios de los hombres ocurrió en la vía pública y el 15 por ciento en hogares o viviendas particulares.

En contraste el 40 por ciento de las mujeres tuvo lugar en el hogar o en una vivienda particular.

“El análisis también reveló que, en promedio, 18.3 por ciento de los homicidios de hombres y 53.6 por ciento de homicidios de mujeres ocurridos en la vivienda fueron perpetrados con objeto punzocortante, proporción mayor a los homicidios cometidos con este medio en otros espacios”.

Cabe destacar que según el estudio, más del 70 por ciento de los homicidios ocurrieron en zonas urbanas, particularmente en municipios que tienen 100 mil habitantes o más, mientras que en los municipios rurales, con menos de 2 mil 500 habitantes, ocurrieron menos de 1 mil de los homicidios registrados en el país.

El estudio subraya que “Los resultados muestran que en los últimos años los homicidios se han desplazado hacia zonas urbanas, que son también las de menor rezago social en términos de carencias de servicios de salud, educación y vivienda”.

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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Opinión

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