La Fiscalía General del Estado lleva registro desde el año 2000. Desde el gobierno federal se dice que la problemática alcanza proporciones de crisis humanitaria

Por Redacción

En San Luis Potosí hay al menos 542 personas desaparecidas de acuerdo a la información disponible en la página de la Fiscalía General del Estado que lleva registro desde el año 2000.

Del total, al menos 145 de las personas desaparecidas corresponden al sexo femenino, que van desde niñas hasta mujeres de la tercera edad. El resto de los casos son del sexo masculino en donde igual hay un amplio espectro de edad.

Las cifras de la Fiscalía estatal difieren de las que pueden hallarse en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, en donde solo existe constancia de 82 personas desaparecidas en San Luis Potosí. Ese portal no reporta una sola desaparición en el estado del 1 de enero de 2018 a la fecha.

En contraste, las cifras de la Fiscalía muestran que tan solo en 2018 recibió reportes de 654 potosinos desaparecidos. 362 de los casos correspondían a mujeres, de las cuales 79 no han sido encontradas. Además, 292 hombres fueron reportados, de los cuales 69 no han sido encontrados. Es así que el total de desaparecidos del año pasado es de 148.

La dinámica parece no detenerse. En lo que va de 2019 se han reportado 82 personas desaparecidas. 42 hombres y 40 mujeres. 19 de los hombres no han sido encontrados y siete de las mujeres tampoco, de nuevo con las cifras de la Fiscalía.

Alejandro Encinas

UN DESASTRE NACIONAL

La divergencia entre los datos de las plataformas es una muestra del desajuste que existe en lo que respecta a la coordinación institucional y la categorización del delito en el país, un hecho que fue denunciado esta semana por Alejandro Encinas, quien funge como Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación.

La desaparición de personas, dijo el funcionario, es una problemática que alcanza las cotas de una crisis humanitaria que se extiende a lo largo de todo el territorio nacional.

De acuerdo a datos del gobierno federal, en todo México existen alrededor de 40 mil personas desaparecidas. Debido a lo anterior, Encinas acusó a la administración de Enrique Peña Nieto de no ejercer los 468 millones de pesos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda, de los que apenas se utilizaron seis millones de pesos, por lo cual infirió que se “simuló la búsqueda de desaparecidos”.

Acaso debido a ello desde el gobierno federal se han puesto como meta fortalecer los sistemas de búsqueda de personas, y para ello se emplearán 400 millones de pesos para el rastreo de aquellos individuos que siguen buscados por sus familias.

En este sentido, San Luis Potosí juega una posición importante, ya que es parte de los 8 estados de la república que cuentan con una comisión de búsqueda de personas, aunque como detalló el gobierno federal, aún se debe “fortalecer”.

De hecho apenas en octubre de 2018, en una visita al Colegio de San Luis, Alejandro Encinas calificó de “lamentable” la situación de seguridad en el estado, al referirse a la desaparición de personas, así como los feminicidios.

LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO, EN SUSPENSO

El año pasado, Federico Garza Herrera celebró la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que junto a la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas contribuirían a atender la tarea.

“Vamos a establecer líneas que permitan el buen trabajo y que se puedan obtener de manera conjunta hallazgos importantes para poder ayudar en ese tema”, aseguró el encargado de la impartición de justicia en la entidad potosina.

Fue así que quedó determinado que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizaría acciones del ámbito administrativo con las víctimas, mientras que el Ministerio Público especializado llevaría a cabo acciones concretas para poder identificar a los responsables en la comisión de delitos.

Si bien la noticia fue bien recibida por la población en general, hubo voces que matizaron el discurso y que si bien aplaudieron la creación de la comisión, pidieron que su trabajo fuera profesional y ajustado a la realidad potosina.

Ricardo Sánchez García, representante del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, aseguró que la creación de la Comisión era necesaria y una exigencia de la sociedad civil,  ya que hay rezagos por más de doce años por casos que fueron dejados a la deriva en su momento.

El activista recomendó que la Comisión cuente con un cuerpo de abogados y psicólogos para que asesoren y acompañen a las víctimas durante las investigaciones, así como la integración de un comisionado con un perfil adecuado: “que no solamente sea como un investigador, tiene que tener otras cualidades de gestor para saber armar y administrar un cuerpo de profesionales que van a acompañar a las víctimas de esos asuntos, que sí respalde a las víctimas”.

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