Destacadas
Hasta el lunes, 36% de las camas de hospital en SLP estaban ocupadas
Por: Redacción
Al cierre de este lunes, en San Luis Potosí hay 250 personas hospitalizadas con enfermedades respiratorias, en camas hospitalarias destinadas a la atención del covid-19.
De las 250 personas hospitalizadas, 31 están en situación crítica, 108 se encuentran en condición grave y 111 se mantienen estables.
Entre todas esas personas que ocupan camas hospitalarias para atender el covid-19, 135 han dado positivo al nuevo coronavirus, 25 han sido descartadas como portadoras del virus y 87 se mantienen pendientes de resultados, a la espera de que sus pruebas de laboratorio puedan obtenerse para las próximas horas.
De las camas hospitalarias destinadas a la atención del covid, hasta las 7 de la mañana de este lunes el 36 por ciento se encontraban ocupadas, con 30 unidades de terapia intensiva en utilización y 50 disponibles, que representan el 38 por ciento.
Esas estadísticas, sin embargo, se contraponen a las informadas por la Secretaría de Salud federal la noche de ayer, pues las autoridades a nivel nacional dijeron que San Luis Potosí tenía 24 por ciento de ocupación hospitalaria destinada al covid-19 y 26 por ciento respecto a las camas de terapia intensiva.
En lo que se refiere a las camas no destinadas al covid, el 61 por ciento están ocupadas, con 14 unidades de terapia intensiva en utilización y 48 disponibles.
Hasta este lunes, la Secretaría de Salud estatal ha dado de alta sanitaria a mil 16 personas que dieron positivo al covid-19, pero que lograron superar la enfermedad.
AYER, 104 CASOS NUEVOS DE COVID
En el inicio de su tercera semana consecutiva en semáforo naranja, la mañana de este lunes, San Luis Potosí reportó 104 casos nuevos de covid-19, además de 7 defunciones, por lo que en total, hay 3672 casos confirmados, 236 defunciones y 801 personas en calidad de sospechosos, informó en rueda de prensa el director de Salud Pública de los Servicios de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner.
En esta ocasión, no se han sumado nuevos municipios, sin embargo, 56 cuentan con al menos un caso confirmado, lo que supone el 96.6% del territorio estatal, siendo Cerritos y Armadillo, los únicos municipios sin algún caso de covid-19 registrado.
En ese sentido, las jurisdicciones de mayor incidencia de casos son la I, V y VI, donde entre los municipios más afectados se encuentran San Luis Potosí con 1343 casos y 86 defunciones y Soledad con 221 casos y 21 defunciones; Ciudad Valles con 564 casos y 28 defunciones; Tamazunchale con 514 casos y 27 defunciones, respectivamente .
Los nuevos casos corresponden a 55 mujeres y 49 hombres en el rango de edad de 5 a 96 años, con residencia en San Luis Potosí (20), Soledad (4), Mtehuala (1), Vanegas (1), Villa de la Paz (1), Ahualulco (1), Mexquitic (2), Salinas (1), Ciudad Fernández (1), Rioverde (2), Ciudad Valles (44), Tamuín (4), Axtla (5), Matlapa (1), Tamazunchale (6), Tampacán (2), Xilitla (3), Aquismón (1), Tanlajás (1), Tanquián (1) y otro estado (2).
De los 104 nuevos casos confirmados, 103 fueron clasificados como contagios locales y uno más foráneo.
Con relación a las defunciones, se trata de 4 mujeres y 3 hombres, en el rango de edad de 25 a 44 (1) años, 45 a 49 años (1), 50 a 59 años (2), y de 65 y más (3), residentes de San Luis Potosí (4), Soledad (1), El Naranjo (1) y Matlapa (1).
Los factores de riesgo de estos pacientes hipertensión (5), diabetes (3), obesidad (3), edad (3), enfermedad renal crónica (3), ninguno (2), tabaquismo (1) y enfermedad cardiovascular (1).
Con relación al grupo de edad y sexo, del total de casos (3672), el 47% corresponde a mujeres (1721) y el 53% hombres (1951), de estos, el grupo de edad con mayor incidencia es el que va de los 45 a los 49 años, seguido del grupo de 25 años 44 años.
En cuanto a los servicios de atención a pacientes, el 85 por ciento han sido ambulatorios (3117) mientras que el 15% han requerido hospitalización (555) en algún momento del combate a la enfermedad o aún lo están, de estos, el 42% son mujeres y el 58% hombres. En ese sentido, la mayor inicidencia de hospitalización está en adultos mayores.
Dentro de los principales factores de riesgo que han contribuido a los 236 decesos, se encuentran además de la edad, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, donde los principales afectados son personas mayores a 65 años (24.72%) seguida del grupo de edad de 60 a 64 años (22.47%).
Finalmente, en total, 3 mil 643 connacionales fueron sometidas a aislamiento preventivo, de estos 628 tienen residencia en la zona Altiplano, 255 en la zona Centro, 2 mil 441 en la zona Media y 319 en la zona Huasteca. Al día de hoy, 527 aún se encuentran en aislamiento.
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Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa
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