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¿Habrá cárcel para la “herencia maldita”? | Columna de Jorge Saldaña
Tercera Llamada
Culto Público, me regresó la comezón de las preguntas a partir de la filtración del amparo de Daniel Pedroza Gaitán, la versión desmentida sobre su supuesta huida y el detonador nacional del tema, luego de la detención y vinculación a proceso del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”. ¿La administración de Ricardo Gallardo meterá a la cárcel a funcionarios carreristas? ¿Al propio Carreras? ¿Existe una narrativa de justicia que pueda desvincularse de lo político? Al respecto les comparto algunas reflexiones:
1. La aprehensión de Jaime Pineda Arteaga tiene mucho más que ver con un asunto complejo y poco conocido que involucra a particulares en la renta de una vivienda, que con una estrategia gubernamental para encarcelar a funcionarios de la pasada administración.
2. Si Mónica Rangel, Daniel Pedroza y otros tramitaron amparos, sus razones tendrán. Entre ellas puede caber la posibilidad de la prevención en la construcción de una eventual defensa, pues al solicitar el amparo en automático se enteran si existe algún expediente en su contra interpuesto en juzgados.
3. Independientemente del resultado de las investigaciones o eventuales juicios o detenciones, el gobernador sabe que para la opinión pública se circulará la versión de la “venganza política” contra sus antecesores, es decir, no importa si se actúa con apego puro al derecho, la connotación política es inherente en este tipo de acciones y además es inevitable.
4. La versión efectista de la llamada “legitimación del gobierno” a través de la detención de sus antecesores es muy frágil. Ni se ha operado en ese sentido desde el inicio del actual gobierno ni existen señales para que, a casi 6 meses iniciado, sea esa su prioridad.
5. Por otra parte, su primer obra insignia, la primera que arrancó junto a su mandato, como lo es la rehabilitación del Tangamanga I y la creación del Consejo Potosí, en el que aglutina a la oligarquía empresarial potosina como sus aliados, lo legitima mucho más que una detención que le abre frentes y especulaciones.
6. El tema específico de Daniel Pedroza Gaitán, lleva además un tinte político electoral filial por tratarse del hermano del excandidato de la coalición Sí Por San Luis, Octavio Pedroza. Encarcelar a Daniel Pedroza parecería, solo en materia de percepción, todavía más un asunto de revancha y no de justicia.
7. No obstante, esa circunstancia no puede detener ni mucho menos contener el rumbo y destino de las investigaciones, como se dijo en el tercer punto, de una manera u de otra, en materia de opinión pública jamás se estará a salvo de la duda, por lo tanto no actuar de ser necesario y justificado no es una opción para la Fiscalía.
8. La detención en Nuevo León del ex gobernador Jaime Rodríguez, enciende los reflectores hacia otros ex gobernadores, entre ellos a Juan Manuel Carreras.
9. El gobierno de Ricardo Gallardo, a como va, no tiene motivo para abrir frentes, mas sí tiene una obligación de denunciar y pedir que se investigue todo aquello que encontró en el manejo gubernamental y que considere deba de aclararse.
10. Si alguien tiene algo que pagar, pues que lo pague, que sea vencido o vencedor en juicio y asuma en uno u otro sentido las consecuencias de la responsabilidad pública que tuvieron y que sabían desde el principio de sus encargos. No hay espacio ni ánimo, ni motivo, me parece, para entregar a una ofrenda carcelaria a una turba iracunda, sería un error además muy poco productivo. 
BONUS 11: En un universo paralelo, en el que el ganador de la contienda gubernamental hubiera sido Octavio Pedroza… justificada o injustificadamente ¿No se estaría persiguiendo a Ricardo Gallardo y a sus allegados?
¿Los aludidos de la “Herencia Maldita” se van a defender?
BEMOLES.
VISITAS
Los New Orange, los interesados en MC, tienen visita de gala el domingo y lunes. Viene Dante Delgado, el dirigente nacional y el senador Clemente Castañeda. Los ex panistas Marco Gama, Jorge Lozano, Marcela Zapata, Josefina Salazar y Francisco Salazar tendrán reunión en conjunto. De acuerdo a la información que tengo, el senador Gama aprovechará la reunión para dar a conocer su renuncia a Acción Nacional y es el que se apunta con mayores posibilidades de tomar la dirigencia local. Versiones incluso ya lo hacen como el dirigente desde la noche de ayer miércoles.
El resto de los interesados también tendrán oportunidad de ir a la “última auscultación” sin embargo todo parece indicar que la decisión ya está tomada y que MC tendrá un nuevo senador, María Cristina potosina nueva dirigencia y todos los demás tendrán cabida en ese proyecto. #NosTienenConUnPendijente
LOS NO INVITADOS
A los que no se tiene en agenda para reunirse con Dante Delgado y Clemente Castañeda son el corruptito Ricardo Villarreal y Adriana Urbina. A los dirigentes nacionales de MC les pareció que reunirse con ellos de plano era “perder el tiempo”. #YpuesSí
CAMBIOS
Solo diré que los cambios en el palacio municipal, responden a los intereses de otro palacio y no es el de gobierno. Las posiciones se mantienen, pero cambian de sitio. Hasta el miércoles en la noche se esperaba que Ericka Velazquez tomara la dirección de la Puerta Violeta tras dejar la dirección de Recursos Humanos, no obstante, al parecer Ericka regresa a su plaza en el poder judicial, en la Puerta se queda, por el momento, una encargada de despacho y a Recursos Humanos llegaría Gaby Dorador que se desempeña en la Secretaría Técnica. #NoTeAcabesGaleana
Hasta la próxima
Atentamente, Jorge Saldaña.
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Indicaron que el objetivo es seguir protegiendo a la comunidad educativa, por lo que la medida se aplicará este miércoles y jueves
Por: Redacción
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informa que la medida de prevención de suspender clases en educación básica en las regiones Media y Huasteca para proteger a la comunidad educativa se amplía el miércoles 25 y jueves 26 de junio.
La dependencia detalló que el regreso se programa para el viernes 27 de junio, sin embargo, se abre la posibilidad de seguir aplicando la medida
Cabe mencionar que las escuelas están funcionando como albergues en los distintos municipios afectados por lo que es necesario mantenerse al tanto de las indicaciones que emitan las autoridades estatales y municipales por medio de sus canales oficiales.
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Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial
Por: Redacción
La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.
“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.
La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia
El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.
También lee: Habrá cambios en el proyecto del paso a desnivel del Saucito
Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí
La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”
Por: Carlos Hernández
A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto.
Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.
La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.
Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.
Mariano Ávila #224
Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos
Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”
En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.
Supuesto manual de operaciones
Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos
Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.
Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.
Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.
Formato de afiliación del supuesto sindicato
A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.
Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.
Checa el documento dando click AQUÍ.
Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.
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